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Sentencia

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Por: Melissa Vargas

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Autor Melissa Vargas
Título de la obra Sentencia
Año 2009
Técnica Obra sonora

La obra

 Sentencia es una composición sonora hecha a partir de textos de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a los casos específicos de las masacres ocurridas en Pueblo Bello, Mapiripán y La Rochela. Fue compuesta para ser interpretada por dos cantantes, dos lectores(as) y un(a) director(a). La ubicación de los cuatro intérpretes debe crear una cruz en el espacio. En el centro de esta cruz, se encuentra el (la) director(a) quien durante aproximadamente diez minutos dirige los movimientos de los cantantes, la duración y el resultado sonoro.

En septiembre de 2013 Sentencia se presentó dos veces en el marco de la Semana del sonido, bajo la dirección de Carolina Gamboa (Ensamble de exploración vocal de los Andes). Primero se produjo en el domo del Planetario de Bogotá y después en el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes.

 

Contexto

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hasta el 2012, el Estado colombiano ha sido juzgado y condenado en trece ocasiones por esta institución. Una de las sentencias corresponde al caso de la masacre de la Rochela. El 18 de enero de 1989, en el corregimiento de la Rochela, en Simacota, Santander, un grupo de aproximadamente 15 paramilitares de las Autodefensas de Puerto Boyacá asesinaron a 12 funcionarios de una comisión judicial. Según declaró Alonso de Jesús Baquero, alias ‘El Negro Vladimir’, que dirigió la masacre, varios miembros de la fuerza pública estuvieron involucrados en los hechos, incluido el fallecido general Faruk Yanine Díaz. La Corte IDH condenó al Estado colombiano por la masacre y ordenó continuar con los procesos judiciales para encontrar a los culpables.

Poco después, el grupo paramilitar ‘Los Tangueros’ llegó el 14 de enero de 1990 al corregimiento de Pueblo Bello en el municipio de Turbo y se llevó a 43 campesinos en dos camiones hasta el municipio de Valencia, en Córdoba donde fueron torturados y asesinados. La masacre fue ordenada por Fidel Castaño, quien buscaba vengar el supuesto robo de 42 vacas en una de sus fincas a finales de 1989. Después de 21 años, 37 cadáveres siguen desaparecidos. En el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano a pedir perdón público e indemnizar a las familias de los desaparecidos, por la falta de presencia estatal en la zona.

Siete años más adelante, el 14 de julio de 1997, 120 miembros de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, (Accu) llegaron al municipio de Mapiripán donde asesinaron y torturaron cerca de medio centenar de personas. La crueldad de los ‘paras’ llegó al punto de jugar fútbol con la cabeza de una víctima y produjo el desplazamiento del 70 por ciento de los pobladores. En el año 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por colaboración entre miembros del Ejército colombiano y los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en la masacre.

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