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Colombia tiene que saber dónde están los archivos de las guerrillas y paramilitares

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Publicado

19 Oct 2014




Colombia tiene que saber dónde están los archivos de las guerrillas y paramilitares

Trudy Peterson es una de las expertas que más conoce acerca de archivos de Derechos Humanos. Trabajó durante veinticuatro años con los Archivos Nacionales de Estados Unidos (NARA), algunos de ellos decidiendo qué tipo de información debía ser desclasificada y en qué condiciones.


Después de su retiro del gobierno, fue la Directora Ejecutiva y fundadora del Open Society Archives en Budapest, Hungría, y luego, la directora de Archivos y Gestión Documental para el Alto Comisionado de Refugiados de Naciones Unidas. Sus conocimientos en esta materia la llevaron a ser consultora de comisiones de la verdad en Sudáfrica y Honduras, en la Corte Especial para Sierra Leona y en el Tribunal de Reclamaciones Nucleares de la República de las Islas Marshall.

Peterson será una de las ponentes del seminario internacional  ‘Archivos para la paz, elementos para una política pública’ #Archivosparalapaz, organizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Fondo de Justicia Transicional-PNUD, que se realizará en Bogotá el próximo 28, 29 y 30 de octubre.

En una anterior visita al CNMH, auspiciada por el programa de cooperación alemana ProFiz, Peterson habló de los retos que le esperan en Colombia, en materia de archivos, de cara al posconflicto o a una eventual comisión de la verdad.

¿Cuál es la importancia de los archivos en un país en el posconflicto?

Los archivos son esenciales en procesos de posconflicto. Si los colombianos quieren que alguien rinda cuentas de algo, entonces los archivos que se refieren a esa persona son evidencia esencial ante la Corte. Si ustedes esperan absolver a algunas personas y deciden que solo algunas personas deben hacer parte de un nuevo gobierno, ustedes necesitan documentos que muestren qué hicieron ellos, para quién estuvieron trabajando,  qué clase de actividades emprendieron.

¿Y qué rol cumplirían los archivos en una eventual comisión de la verdad?

Si uno quiere reconstruir la sociedad uno tiene que entender qué fue lo que pasó y así puede decidir algún tipo de solución, de modo que se pueda avanzar con ‘el pasado’ luciendo como ‘el pasado’, reconociéndolo tal como fue.

El número dos de la Comisión de la verdad de Sudáfrica, Alex Boraine, tuvo que enfrentarse a mucha gente que quería pasar la página, seguir adelante, y él les respondía “antes de pasar la página, tenemos que leerla”, y es en los archivos donde nosotros podemos leerla.    

Los archivos también son muy importantes porque las comisiones de la verdad nunca pueden resolver casos muy específicos, ellos son muy generales, y en realidad lo que la gente quiere saber es qué pasó con sus seres queridos. Yo recuerdo que durante la Comisión de la verdad en Perú, yo leí un artículo en que se le preguntaba a la gente de la calle qué pensaban del reporte de la Comisión y un hombre respondió: “Ellos no me dijeron que pasó con mi hermano”. Y esa es la verdad, aunque haya una comisión de la verdad, los documentos son esenciales para empezar seguirle la pista de lo que pudo haber pasado con alguien que desapareció.

La otra razón por la que los archivos son importantes es para que las víctimas puedan acceder a algún tipo de compensación. La gente quiere que le retornen sus casas, sus trabajos y para todas esas cosas nosotros necesitamos documentos que determinen ¿Realmente esta gente tenía esta casa? ¿Realmente trabajaba allí?

¿Y cuáles serían los archivos claves para un proceso de paz o una comisión de la verdad?

Yo no creo que haya un archivo clave, porque un proceso de paz incluye al menos dos partes o tres, o cuatro y todo el mundo tiene una parte de la parte, entonces nosotros necesitamos saber dónde están los archivos de todos los bandos y cómo van a ser usados, para un proceso de paz, para una rendición de cuentas ante una corte, una comisión de verdad o un proceso de compensación. Cada parte tiene que dejar claro dónde están los archivos y cuáles son las reglas para acceder a esos archivos.    

En Colombia hace poco nos enteramos que los archivos de nuestra ex agencia de inteligencia, el DAS, desaparecieron ¿Cómo se podría evitar que esto siga ocurriendo?

Estos registros fueron creados por el Estado y los archivos no solo guardan registros de cuando el Estado se porta bien, los archivos también guardan información de cuando el Estado se porta mal, lo que uno debe hacer es alejarlos de las manos de quienes los crearon y llevarlos a las manos de personas confiables dentro del cuerpo del Estado. Pueden ser los archivos nacionales, con una consejería especial, pueden ser un cuerpo especial creado temporalmente. Hay muchas opciones, pero el Estado debería ser responsable, ellos necesitan protegerla y crear las reglas para su acceso.

¿Cuáles creen que serán los retos más grandes que tiene Colombia de cara al proceso de paz que está viviendo el país?

El reto más grande es saber dónde están los archivos de las guerrillas y los paramilitares y saber quién va a garantizar que estos están bajo protección. Es obvio que esas cosas son importantes, nosotros no sabemos dónde están y no sabemos a quién se los confiarán, pero es muy importante que estén seguros. El otro reto son los archivos de inteligencia del Estado[MD1] , se debe tener un proceso, un protocolo para lograr tener acceso a ellos.

Un archivo de Derechos Humanos no puede tener la información de solo un lado, es necesario tener la capacidad de ver los dos lados, porque aunque en la mayoría de los países, el Estado y la contraparte no han violando los Derechos Humanos en la misma proporción, ambos lo han hecho de alguna manera, y una archivo de DDHH tiene que mostrarlo.

Si desea inscribirse al seminario Archivos para la paz, por favor diligencie el siguiente formulario: Formulario de inscripción

 

Archivos, Colombia, Guerrillas, Paramilitares

‘La escuela es fundamental para que niños y niñas no se vinculen a la guerra’: José Luis Campo

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Daniel Sarmiento

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Daniel Sarmiento

Publicado

11 Feb 2019


‘La escuela es fundamental para que niños y niñas no se vinculen a la guerra’: José Luis Campo

En el Día de las Manos Rojas, iniciativa mundial contra el reclutamiento forzado de menores, hablamos con el director de la asociación Benposta, quien advierte que este flagelo no es un tema del pasado. Campo señala, además, que “defender la escuela es defender la vida”.


Juan Pablo Esterilla

“La escuela es fundamental para que los niños y niñas no se vinculen a actores armados. Dejar la escuela es el indicador de riesgo más alto para ser víctima de reclutamiento forzado, o para sufrir explotación sexual o laboral”, dice José Luis Campo, director de Benposta: Nación de Muchachos Colombia, una asociación que lleva 40 años trabajando por la defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y jóvenes. “Defender la escuela es defender la vida”, continúa José Luis en esta entrevista que le hicimos a propósito del Día Internacional de las Manos Rojas, una iniciativa contra el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados, que se celebra este 12 de febrero.

En 60 años de guerra en Colombia, 17.778 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados y utilizados por los grupos armados legales e ilegales, según el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica. El 25,89% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, mientras que el 71,27% a niños y adolescentes hombres. El Observatorio estableció, además, que de ese total 4.857 pertenecieron a las guerrillas y 1.581 a los paramilitares.

Aunque gracias al acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno cientos de niñas, niños y adolescentes dejaron de escribir sus historias de vida en la guerra, hoy el reclutamiento forzado de menores sigue siendo una realidad en Colombia. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, y organizaciones de derechos humanos, vienen advirtiendo que la guerrilla del ELN es una de las principales amenazas para los menores de edad.

¿Qué explica que un niño, niña o adolescente termine en las filas de un grupo armado?

Quienes terminan haciendo parte de grupos armados son niños, niñas y adolescentes que tienen historias marcadas por la vulneración de derechos. ¿Qué manifiestan ellos? “Nosotros entramos a la guerra no porque quisiéramos, sino porque éramos victimas en nuestras familias y territorios”. Son víctimas de situaciones estructurales: pobreza, inequidad, falta de oportunidades…

Generalmente se cree que el reclutamiento es bajo la fuerza, pero en Colombia suele ser voluntario (por persuasión) y se ejerce casi como un grito de auxilio ante las condiciones de degradación, de abandono. El grupo armado se visualiza, en muchos casos, como un elemento de salvación. Por supuesto, luego los niños, niñas y adolescentes viven en la guerra situaciones que no imaginaban. Se dan cuenta de que se les vulneran sus derechos fundamentales y los obligan a asumir un rol de guerrero que no les corresponde.

En los últimos 15 años ustedes han trabajado por prevenir el reclutamiento forzado, y por construir “redes de entornos protectores”, en regiones como Buenaventura (Valle), Mesetas y Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare) y Catatumbo (Norte de Santander). En esos lugares, ¿el reclutamiento forzado sigue siendo una realidad latente para los niños, niñas y adolescentes?

Teníamos la confianza, como miembros de la Coalición contra la violencia de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, que participó en la mesa de diálogos (de paz entre el Gobierno y las FARC), de que con la implementación llegaran las condiciones de bienestar que las comunidades de regiones apartadas del país han pedido durante años. En todas esas regiones lamentablemente no se ha dado lo que esperábamos. No hay oferta de salud, de educación, de cultura…

La realidad es que continúa fuerte la oferta de la guerra. Nunca habíamos visto en el Catatumbo, por ejemplo, tanto riesgo de reclutamiento en el sentido amplio de la palabra. Es decir, no solo entendiendo el reclutamiento como el ingreso formal del niño, sino también como su participación en el marco del conflicto bajo el control de un actor armado.

¿Por qué dice eso? ¿Qué está pasando en esos lugares?

Por ejemplo, la confrontación entre el ELN y el EPL ha desconocido escenarios protegidos. En febrero del año pasado la escuela de Filo Gringo, en el Catatumbo, estuvo entre fuego cruzado. A partir de ahí, con la Diócesis se señalizó el colegio como entorno protector con signos internacionales, banderas blancas. Defender la escuela es defender la vida.

También el año pasado en la comuna 12 de Buenaventura, en medio de una actividad cultural, hubo un enfrentamiento al lado de la escuela. Y la Secretaría de Educación de ese municipio, decretó en noviembre pasado el cierre de todos los colegios públicos por una semana. Es cierto que no hay ataques directos contra las escuelas, pero los contextos que se están dando hacen que haya altas probabilidades de deserción.

Finalmente, hay una dificultad en Teorama y San Calixto, Alto Catatumbo: las minas antipersona. En estas zonas los niños y niñas caminan en muchos casos más de una hora para acudir a la escuela, y para ellos está latente la posibilidad de encontrarse en el camino con grupos armados, o verse afectados por minas.

¿Qué balance puede hacer del programa de inserción social que propuso el acuerdo de paz para niños, niñas y adolescentes desvinculados de las FARC?

Ha sido difícil el monitoreo al programa por compromisos de confidencialidad. No obstante, antes de que terminara el mandato de Santos, Paula Gaviria, entonces Consejera de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, presentó un informe en el que aseguró que el 80% de los desvinculados ya vivía con sus familias y comunidades. Para mí es problemático que al cabo de tres meses (que era el tiempo que había corrido cuando Gaviria hizo este anuncio) los niños, niñas y adolescentes ya hubieran dejado los centros transitorios, pues en muchos casos las condiciones estructurales de sus familias y entornos seguían siendo las mismas que los obligaron a salir. Es una revictimización porque están viviendo de nuevo con elementos expulsores. Generalmente sus familias no forman parte de su proyecto de vida.

Me da la impresión de que el Gobierno está trabajando mucho a través de procesos individuales de apoyo, pero no de acompañamiento integral y colectivo. No hay un acompañamiento fuerte para, por ejemplo, generar ingresos. Y eso afecta su proceso de construcción de proyecto de vida e implica un riesgo altísimo pues, repito, no están haciendo su proceso de inserción social en contextos de paz.

¿Usted cree que hoy existe más consciencia sobre la necesidad de prevenir el reclutamiento forzado?

Hoy en día hay una gran sensibilidad en las regiones sobre el tema de los derechos de niños y niñas. Hay una conciencia de que hay que recuperar la escuela como entorno protector, de que hay disminuir la deserción. Celebro las propuestas de acción colectiva, la construcción de capacidades locales que están haciendo los movimientos sociales en los territorios.

Me preocupa que en los medios de comunicación el tema esté enfocado en la responsabilidad de los comandantes guerrilleros, lo cual se entiende porque este es un delito no indultable. Pero creo que el tema debería discutirse más allá de la búsqueda por la judicialización de los responsables.

Descargue aquí el informe “Una guerra sin edad”.

Publicado en Noticias CNMH



Adolescentes, Conflicto Armado, Guerra, Guerrillas, Manos Rojas, Niñas, Niños, Paramilitares, Reclutamiento forzado

Memorias de vida desde el Catatumbo

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Publicado

14 Nov 2018


Memorias de vida desde el Catatumbo

  • El CNMH lanzará en Bogotá, Tibú, Ocaña y Cúcuta el informe Catatumbo: Memorias de vida y dignidad*, un recorrido por la violencia que ha vivido esta región de Norte de Santander, desde la llegada de los españoles al territorio barí hasta la dominación de los grupos armados ilegales que persiste.
  • Entre 1999 y 2006, con la entrada de tres estructuras paramilitares, la región vivió una violencia sin precedentes: casi 100 mil desplazados, 832 asesinatos selectivos y 599 muertos en masacres.
  • La violencia, el abandono estatal y la pobreza hicieron que el cultivo de coca fuera una posibilidad de sustento para los campesinos, y eso los llevó a ser objetivo de políticas de lucha contra las drogas poco efectivas.
  • A pesar de todo, las catatumberas y catatumberos han levantado y fortalecido sus organizaciones, han resistido y se han movilizado para exigir mejores condiciones de vida.

Desde la conquista española hasta hoy, los habitantes de la región del Catatumbo, en Norte de Santander, han hecho frente al abuso de diversos actores legales e ilegales, que han ocupado su territorio y han perpetuado distintos tipos de violencias. Esa es la historia que el Centro Nacional de Memoria Histórica reconstruye en su informe Catatumbo: Memorias de vida y dignidad, que estamos lanzando hoy, y que nació de una propuesta de la Diócesis de Tibú y su Pastoral de Víctimas, a la que luego se sumó la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí Ñatubaiyibarí.

Para el Pueblo Barí, la violencia en el Catatumbo arrancó con la llegada de los españoles, que trataron de imponerles su idioma, su religión y su cultura. Para otros habitantes de la región, esta empezó a principios del siglo XX, con la entrada de las empresas petroleras que provocaron el desplazamiento y la desaparición de miles de indígenas, y a la vez motivaron la llegada de campesinos y trabajadores de esta industria.

El conflicto armado llegó a finales de los setenta y se agravó a finales de los ochenta, cuando el ELN, el EPL y las FARC fortalecieron sus acciones militares con asesinatos selectivos, secuestros, extorsiones y tomas a poblados. Pero fue entre 1999 y 2006 cuando la región vivió una violencia sin precedentes, con el accionar de tres estructuras paramilitares: el Bloque Catatumbo, el Frente Héctor Julio Peinado Becerra y el Frente Resistencia Motilona. En estos siete años de presencia paramilitar se desplazaron forzadamente 99.074 personas, que equivalen al 59,5% de los desplazamientos de los últimos 32 años. También hubo 832 casos de asesinatos selectivos y 599 muertos en masacres: 403 por parte de paramilitares y 142 por parte de las guerrillas.

A raíz de estas violencias, del abandono estatal y de la pobreza, los cultivos de coca aparecieron como una posibilidad de sustento para los campesinos de la región, quienes enfrentaban (y siguen enfrentando) difíciles condiciones para la comercialización de sus productos tradicionales. Pero cultivar coca los convirtió en objetivo de políticas de lucha contra las drogas que, además de ser costosas en términos económicos, ambientales, sociales y de salud, en ocasiones justificaron también nuevas violencias.

Aunque las FARC se desmovilizaron, el conflicto persiste en el Catatumbo. El ELN y el EPL se expandieron en la región y hubo una militarización sin precedentes, que ha producido, entre otras graves vulneraciones, ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública. A este escenario se suma a la presencia y accionar de Grupos Armados Posdesmovilización. La región presenta hoy grandes desafíos de cara a la construcción de la paz territorial. Sin embargo, y a pesar de la violencia y la precariedad, las catatumberas y catatumberos han levantado y fortalecido sus organizaciones, han resistido y se han movilizado en varios paros campesinos para exigir mejores condiciones de vida en su región.

En este recorrido por las voces y memorias de los habitantes de esta región se encuentran tres tensiones principales. Primero: a pesar de ser una región exuberante y rica en recursos naturales sus pobladores han vivido en la marginalidad y la precariedad, y las comunidades perciben la presencia estatal especialmente con su cara militar y antinarcóticos, en lugar de ver acciones que busquen suplir las necesidades más sentidas de la gente. Segundo: ante ese panorama, las catatumberas y catatumberos se han organizado y han trabajado comunitariamente por una vida digna, pero por esa razón han sido violentados y desconocidos. Y tercero: sobre ellos y ellas han recaído estigmas que han justificado distintas formas de violencia hasta el presente.

Ese panorama motivó al Centro Nacional de Memoria Histórica a hacer una serie de recomendaciones que permitan construir las condiciones para que la guerra no se repita, y se consoliden las apuestas por una vida digna en el Catatumbo: atender las necesidades de la gente, reconocer y proteger las dinámicas organizativas, ampliar los espacios de participación, desarmar estigmas y cerrar ciclos de violencia, replantear las políticas frente a la coca y avanzar en procesos de verdad, reparación y no repetición.

Este ejercicio de reconstrucción de memoria histórica contó con la colaboración de una multiplicidad de personas, organizaciones y entidades de la región.

*Además del informe general y su resumen, se presentará una serie de cartillas con historias sobre lo que significa ser campesino, niño o niña, mujer, indígena, docente o LGBT en ese territorio. También un mapa que identifica los lugares de memoria y de vida en la región, así como las transformaciones territoriales que ha sufrido el Catatumbo por cuenta de la violencia.

LANZAMIENTOS

Bogotá

Fecha: 15 de noviembre
Lugar: Centro Cultural Gabriel García Márquez – Calle 11 #5-60
Hora: 5:30 p.m.

Ocaña

Fecha: 27 de noviembre
Lugar y hora por definir

Cúcuta

Fecha: 28 de noviembre
Lugar: Universidad Francisco de Paula Santander – Salón Eustorgio Colmenares
Hora: 8:30 a.m.

Tibú

Fecha: 30 de noviembre
Lugar: Seminario Menor San Luis Beltrán
Hora: 9:00 a.m.

Navegue aquí el especial multimedia 

Descargue aquí el informe Catatumbo: Memorias de vida y dignidad

Publicado en Noticias CNMH



Catatumbo, Guerrillas, Memoria, Norte de Santander, Paramilitares

 

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