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La Gabarra, una historia de abandono

Noticia

Autor

Maria de los Ángeles Reyes (CNMH)

Fotografía

archivo Semana

Publicado

26 Ago 2015


La Gabarra, una historia de abandono

La incursión paramilitar en Norte de Santander dejó, además de decenas de muertos, cientos de familias desplazadas. Dieciséis años después, sus habitantes aún sufren las consecuencias.


Investigación publicada en Verdad Abierta

 

El 21 de agosto de 1999 aproximadamente 150 paramilitares llegaron al corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú, para concretar la tarea que se habían propuesto desde mayo de ese mismo año: imponer su autoridad en El Catatumbo.  

El Catatumbo ha sido un lugar de disputa para los grupos armados ilegales por su localización estratégica para las rutas del narcotráfico, el paso fronterizo con Venezuela y por el paso del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Por la ausencia del Estado, los habitantes de la región se vieron obligados a convivir con todas las guerrillas.

Cuando los rumores de la presencia de los paramilitares empezaron a circular en la década de los noventa, muchos habitantes abandonaron sus tierras por temor a las actuaciones del naciente Bloque Catatumbo. La preocupación era tal, que varias oenegés habían convocado consejos de seguridad para alertar a las autoridades acerca del grave peligro que corría la población de Tibú. De hecho, el jueves 19 de agosto de 1999, dos días antes de la masacre, el entonces presidente Andrés Pastrana estuvo en un consejo de seguridad en Cúcuta, convocado por la oenegé, Minga.

Una masacre tras otra

Según la versión libre de Jorge Iván Laverde Zapata, alias “el Iguano”, Mancuso y Castaño tenían como uno de sus objetivos principales la conquista de Tibú; La Gabarra sería el primer paso para conseguirlo.

El 29 de mayo, en la vía que comunica a la cabecera con el corregimiento, cerca de 200 “paras”, que habían sido enviados desde Córdoba y Urabá, se ubicaron a lo largo de la carretera y pararon los vehículos que pasaban por ahí. Asesinaron a ocho personas, según reportes oficiales, con lista en mano (algunos testigos aseguran que fueron 16). Desde ese día hasta el 22 de agosto el CTI de la Fiscalía registró 77 muertos en Tibú, La Gabarra y algunas otras veredas del municipio.

Las alertas de varias autoridades defensoras de los derechos humanos lograron retrasar la llegada de los paramilitares a La Gabarra en mayo del 1999. Sin embargo, el excomandante del Batallón Contraguerrilla nº 46, teniente Luis Fernando Campuzano (condenado como coautor por esos hechos a 40 años de prisión según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 12 de septiembre de 2007), permitió la llegada del grupo al casco urbano la noche del sábado 21 de agosto. Ese día, según testigos, el retén permanente del Ejército, que protegía al corregimiento, fue levantado. Además, se ordenó a los militares no salir de la base, argumentando que estaban siendo atacados por algún grupo insurgente, versión que también fue desmentida por varios testigos.

Ciento cincuenta paramilitares provocaron un apagón en La Gabarra y entraron a los bares y lugares de recreación aprovechando que los sábados en la noche varias personas de las veredas bajaban a divertirse. Las víctimas registradas en ese momento fueron 35. Sin embargo, durante la incursión paramilitar en El Catatumbo varios cuerpos fueron desmembrados y lanzados a los ríos Táchira, Zulia y Catatumbo, haciendo difícil las labores de reconocimiento y conteo de los cuerpos.

16 años de abandono

La masacre del 21 de agosto marcó el inicio de una serie de disputas territoriales que dejaron, en total, según informes del Cinep, cerca de 100 muertos. En 2001 hubo dos masacres a manos de las Farc y el Eln en contra de raspachines. En 2004 hubo otra gran masacre de 34 campesinos a manos de guerrilleros de las Farc. Según el fiscal asignado al caso, Edgar Carvajal, esto fue la evidencia más clara de la ausencia del Estado en la zona de El Catatumbo. “El Estado se desentendió porque no le convenía estar ahí, y a la vez le convenía que las Auc estuvieran ahí porque, mal que bien tenían, controlada la presencia de la guerrilla”, afirmó el fiscal.

Una gran consecuencia que dejó la incursión paramilitar en el Catatumbo fue el despojo masivo de tierras y la cantidad de familias que tuvieron que salir desplazadas. Según la Unidad de Restitución de Tierras, Tibú es el municipio con más reclamantes de tierra en Norte de Santander.

Tras la desmovilización de los paramilitares, se entregaron 105 fincas, 17 locales comerciales y 39 casas. El proceso de restitución en el área urbana, según el fiscal Carvajal, fue más fácil de llevar a cabo porque las casas ocupadas eran muy fáciles de identificar; varias de ellas fueron utilizadas como centros de tortura y eran conocidas como “casas del terror”.

En cuanto a la zona rural, en el corregimiento se adelanta un proceso de restitución colectiva aproximadamente desde 2013, pero, según el fiscal Carvajal, el proceso es lento debido a que los predios han sido difíciles de identificar. Las Auc nunca apropiaron completamente los terrenos, sino que muchos fueron usados temporalmente para guardar ganado robado o sembrar temporalmente cocaína. “Es más, la mayoría de ellos se fueron cuando se desmovilizaron y se devolvieron a los lugares de los que venían porque no eran de la zona”, dijo el fiscal.

Para Maria Fernanda Pérez, investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica, existe otro elemento que ha agravado el tema de las tierras en la zona y es la siembra de palma y las apropiaciones de la tierra para esta actividad. Además, las pocas garantías de seguridad impide el retorno de los desplazados: “Tú vas allá y ves solo tanques, solo Ejército. Es evidente que es una zona en guerra”, dice la investigadora.

El pasado fin de semana, la casa parroquial de La Gabarra convocó una caminata conmemorativa desde la parroquia del corregimiento hasta el cementerio. “Es necesario no dejar pasar por alto esas fechas que siempre son tan dolorosas”, dijo el padre Juan Manuel.

El desplazamiento ha sido definitivamente una consecuencia constante y silenciosa en medio del conflicto armado en Colombia. El Centro Nacional de Memoria Histórica, en el marco de la Semana por la Memoria, que se llevará a cabo en octubre, lanzará la serie de desplazamiento “Una nación desplazada”, que contendrá un informe sobre los desplazamientos en El Catatumbo titulado: “Con licencia para desplazar”.

 


Desplazamiento, La Gabarra, Masacre, Norte de Santander, Paramilitares

Juan Frío: el corregimiento que lucha contra la estigmatización

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Autor

Laura Cerón

Fotografía

Laura Cerón

Publicado

03 Oct 2018


Juan Frío: el corregimiento que lucha contra la estigmatización

En septiembre del 2000, los paramilitares asesinaron a seis habitantes de esta comunidad de Norte de Santander y utilizaron su territorio para instalar unos hornos crematorios en los que desaparecían a sus víctimas. Esta comunidad hoy quiere decirle al país que son un territorio de paz.


En medio de una carretera que cruza casas y casetas en las que resuena música a todo volumen, aparece el colegio de Juan Frío, un corregimiento pequeño ubicado en Villa del rosario, Norte de Santander. Allí, ocupando la cancha que bordea los salones de clase, un grupo de mujeres cuelga fotografías de lado a lado y forjan una exhibición de mochilas tejidas. Una a una va dejando mensajes que hablan de tejer lazos entre ellas, de sanación y de trabajo colectivo. Alrededor colocan flores como si se tratara de un altar. Están emocionadas. Llevan meses esperando el momento de mostrar quienes son, en quienes se han convertido después de la guerra que llegó a su corregimiento hace 18 años.

Una de ellas es Fideligna Gómez, una mujer imponente que orienta a los jóvenes que las acompañan para que estén pendientes de los preparativos de la conmemoración. Es 22 de septiembre del 2018 y los habitantes de Juan Frío rinden un homenaje a los seis campesinos que fueron asesinados hace 18 años, con la entrada paramilitar del Bloque Catatumbo a esa región. Llevan meses planeando ese momento. Con el sol que empieza a caer, hombres, mujeres y niños caminan juntos hasta la entrada del pueblo. Llevan flores de muchos colores en sus manos. Fideligna toma el micrófono conectado al bafle que lleva un carro, se aclara la voz y les da la bienvenida.

A un costado de la carretera, un mural pintado deja ver los campos verdes cultivados y llenos de cosecha que caracterizan a esa zona; hay árboles con frutos y un río azul que los atraviesa. En el centro, un par de manos sostienen una cachama, un pez que muchos años antes de la violencia atrajo a miles de visitantes a estas tierras. Se ven casas, una iglesia y una paloma blanca. En medio hay un mensaje escrito en letras amarillas que dice: Juan Frío, tierra de esperanza. Cuéntale a la gente que tenga más confianza.

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     Fideligna Gómez, lideresa y secretaria de la Junta de Acción Comunal de Juan Frío.

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     Sicar Valdez, esposa de Gerardo Rangel, víctima de la masacre perpetrada por los paramilitares en el año 2000.

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    Mochilas tejidas en los ‘círculos de sororidad’, un espacio creado para que mujeres y hombres de Juan Frío.

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    La comunidad de Juan Frío reunida durante la conmemoración celebrada el pasado 22 de septiembre.

Juan Frío está ubicado en el límite de Norte de Santander, justo al borde del río Táchira que linda con San Antonio de Táchira (Venezuela). Está en la región del Catatumbo, una zona de gran interés para los grupos al margen de la ley por sus tierras fértiles y por su ubicación estratégica en la frontera con Venezuela.

Según informes de la Fundación Ideas para la Paz, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue la primera guerrilla en llegar al Catatumbo a principios de los años 70. Allí, el ELN adoptó como una de sus principales estrategias atentar contra las zonas de exploración, extracción y transporte de crudo. Hacia 1982 llegaron las Farc, con el objetivo de controlar la cordillera oriental y crear un corredor entre Ecuador y Venezuela. Desde los años 80 la guerrilla de las Farc se vinculó al negocio del narcotráfico en esta región y, con el auge de la coca en el Catatumbo, convierten a esta región es un escenario clave para sus finanzas que se estaban fortaleciendo.

Desde mayo del 1999, los paramilitares del Bloque Catatumbo -creado y organizado por órdenes de Vicente y Carlos Castaño- empezaron a llegar a la zona con el objetivo de desterrar a los grupos guerrilleros, y tomar el control de la producción y distribución de coca. Como en todos los rincones de Colombia donde hubo disputas territoriales, la población de Juan Frío quedó en medio del fuego cruzado.

Fideligna llegó a Juan Frío cuando tenía 15 años. Su papá era jornalero y encontró allí la tranquilidad que no le daba Cúcuta, la ciudad en que ella nació y vivió con su familia. En Juan Frío podrían cultivar sus propias tierras y vivir mejor, a pesar de que el pueblo, las casas y la carretera apenas estaban en construcción.

El 24 de septiembre del 2000, Fideligna estaba dando catequesis a los niños que se preparaban para la primera comunión. Ese domingo, como siempre, en el pueblo había música, comida, adolescentes jugando torneos de fútbol y gente que subía en carros a los restaurantes más famosos a comer cachama.

A lo lejos el ruido de un tiroteo la alertó. Un niño se acercó agitado y le dijo que hombres encapuchados con armas venían hacia el pueblo. A toda velocidad llevó a los niños a un salón del colegio y los ocultó detrás de un tablero que usaban para publicar carteleras. “Por favor, limítense a respirar. No vayan a llorar ni a hacer bulla”, les dijo.

Mientras intentaba mantener a los niños con calma, Fideligna no podía reconocer a esos hombres pero les temía. Les temía porque unas personas encapuchados y con armas, como ellos, desaparecieron a su papá un día de 1999 en una trocha que conecta a Villa del Rosario con Los Patios. Lo buscó en caseríos como Donjuana, Bochalema, Los Patios; también en las funerarias, el hospital,  la morgue y los ancianatos, pero no encontró rastro.

El mural era el punto de inicio de la caminata por la vida, en la conmemoración del pasado 22 de septiembre. El recorrido marcaría los lugares por los que hace 18 años los paramilitares del Bloque Catatumbo habían cometido la masacre. Al lado de la carretera fueron homenajeados los esposos Nohora Albeira de García Delgado y Carlos Julio García, quienes fueron asesinaron frente a sus tres hijos de 11, 9 y 7 años.

Una pequeña peregrinación empezó a formarse. Dos niñas llevaban en alto un telar que habían tejido las mujeres hacía unos meses, mientras entre puntada y puntada planeaban la conmemoración. La segunda parada se hizo en el colegio de Juan Frío, lugar donde los encapuchados habrían asesinado a Javier Antonio Gómez.

Caminaron con el sol en la espalda hasta llegar a la tercera estación: una casa en la que se homenajeó a Gerardo Rangel, un campesino que, al momento de la masacre, llevaba seis meses viviendo en Juan Frío con su familia. Gerardo fue asesinado en la trocha  que se conoce como La Ramona. Allí también se honró la memoria de William Palencia, un chofer que prestaba servicios de transporte para la gente del pueblo.

Una escultura de la virgen María fue la última parada. Allí se celebró la vida de Julio Cesar Vásquez. A Julio le decían era ‘El Guajiro’, un hombre que sembraba y cultivaba la tierra. “Alimentó a muchos cuando no tenían qué comer. Uno iba, le pedía una yuca y lo mandaba con comida para preparar un sancocho para la familia. Lo tildaron de ayudante de la guerrilla”, comentó Fideligna.

Cuando la guerra es prolongada en el tiempo se vuelve un arma de doble filo. Con la llegada de los paramilitares, los episodios de violencia, desaparición y tortura empezaron a ser parte de la cotidianidad. Pero al mismo tiempo, los habitantes de Juan Frío aprendieron a convivir con ellos. Se crearon incluso algunos lazos de amistad y muchos paramilitares engendraron a sus hijos allí.

Sus habitantes no olvidan que el día de la masacre las paredes quedaron grabadas con los mensajes “muerte a sapos” y “guerrilleros HP”. La incertidumbre crecía. Fideligna cuenta que la paranoia por parte de los paramilitares por ‘pescar’ guerrilleros era evidente. Como su casa quedaba al borde del camino, muchos se instalaron en ella, colgaron hamacas en su patio y, en cualquier momento paraban los carros que pasaban por el frente. “Ese es de la guerrilla”, decían mientras salían a detenerlo.

Mientras tanto, a unos 15 de allí en moto, sin que nadie del pueblo se enterara, los paramilitares empezaron a usar trapiches como hornos crematorios para desaparecer a sus víctimas. Alcanzaron a incinerar unos 560 cuerpos según relató el periodista Javier Osuna en el libro ‘Me hablarás del fuego: Los hornos de la infamia’.

“Eso fue el dolor más grande cuando me enteré. Leí en la prensa ‘Los hornos del terror, el holocausto de Juan Frío’”, cuenta Fideligna. Incluso, les preguntó directamente a los paramilitares y su respuesta fue: “Sí señora, eso es arriba por donde llaman Juan García. Allí adecuamos un horno”. “Uno sí veía que subían ruedas de carro, gasolina, picas. Con los días llevaron a varios para que vieran cómo desenterraban los cadáveres de las fosas. Era un castigo por no estar de acuerdo a sus leyes”, contó Fideligna.

Y mientras eso estaba ocurriendo, los paramilitares seguían en su campaña de ganarse a la gente. Organizaban fiestas y asados, y muchas personas asistían porque les ofrecían dos cosas que ellos estaban necesitando mucho: comida y un poco de regocijo ante el dolor. Hacían misas; les daban regalos, ropa, útiles escolares para los niños. “Tapaban lo que hacían malo con algo bueno. Pero como decía un sacerdote del pueblo: pecar y rezar no es empatar. Es una gran mentira”, afirmó Fideligna.

El estigma con el que cargan los habitantes de Juan Frío desde entonces ha sido una marca difícil de borrar. Cuando hablan de su origen, muchas veces son señalados de ser “paracos”. Y hay quienes les dicen, de frente, que por esas tierras nunca irían porque los podrían desaparecer o asesinar.

A pesar del dolor, la comunidad de Juan Frío ha aprendido a resistir con dignidad. Ya han sobrevivido a las guerrillas de las Farc y el ELN, a los grupos paramilitares, a bandas criminales como las Águilas Negras, los Urabeños y los Rastrojos. Ahora no se van a rendir.

Desde 2013, la Unidad para las Víctimas les reconoció como sujetos de reparación colectiva. Es decir, el Estado colombiano admitió que esta comunidad sufrió constantes hechos de victimización y vulneración de sus derechos, y que por lo tanto requiere una atención especial.

Desde su rol de lideresa, Fideligna Gómez ha acompañado este proceso desde el inicio. También ha impulsado proyectos de piscicultura para volver a criar tilapia roja y fomentar el turismo. Además, apoyó la creación de actos conmemorativos para fortalecer los lazos destruidos por el conflicto.

La última conmemoración, celebrada el pasado 22 de agosto, incluyó una caminata que terminó en el colegio. Allí, el sacerdote del pueblo celebró una eucaristía y se dio inicio a los actos simbólicos.

Para este año, la fundación 5ta con 5ta Crew, formada por jóvenes del departamento, acompañó a la comunidad con talleres. Las mujeres aprendieron a tejer mochilas y, con ese ejercicio, a rescatar los múltiples saberes de la frontera; los niños y jóvenes de la Escuela Itinerante del Norte Bravos Hijos presentaron un documental titulado Juan Frío “Memorias de una esperanza”, y los integrantes de la Junta de Acción Comunal presentaron una obra de teatro. El sentido era el mismo: mostrar que Juan Frío está recuperando la confianza en su gente y en su territorio.

Son muchos los retos que tiene hoy este territorio: la migración de venezolanos a sus tierras, el contrabando que alimenta la frontera, las disidencias de los grupos armados y las bandas criminales que quieren volver. La respuesta de la comunidad ha sido generar oportunidades de trabajo y crear espacios de reconciliación. Con el proyecto que adelantan junto a la Unidad de Víctimas, esperan construir un espacio policultural en el que puedan volver a integrarse, a reconstruir los lazos perdidos y borrar la desconfianza que existe entre ellos mismos.

“Aunque el conflicto armado nos marcó, también nos enseñó que somos valientes, resistentes y persistentes. Somos gente trabajadora, que salimos para adelante ante los obstáculos que se nos presenten. Queremos que vayan y le cuenten a la gente que Juan Frío es territorio de paz”, concluyó Fidelina.

Publicado en Noticias CNMH



Agenda Conmemorativa, Juan Frío, Norte de Santander, Resistencia, Víctimas

El renacer del Albarico

Noticia

Autor

Angélica Forero

Fotografía

Ruben Agudelo

Publicado

05 Oct 2018


El renacer del Albarico

Gracias a una sentencia en la que se les restituyeron 850 hectáreas de tierra, los habitantes del Albarico, norte de Santander, retornaron a su vereda, después de tener que desplazarse forzadamente por las amenazas de grupos paramilitares en el año 2000.


Para Amalia Roa el Albarico es su vida misma. “Es el pasado, el presente y el futuro de cada uno de los que tienen la dicha de haber estado aquí, de haber pasado momentos difíciles, de aquellos que hoy ven un  futuro esperanzador”, dice.

Hoy los ojos de los hombres y las mujeres del Albarico, una vereda ubicada en el municipio de Zulia, contagian esperanza, sus voces iluminan la historia, confrontan el miedo y el abandono. “Cuando inició el retorno, lo primero en lo que pensamos fue en la familia, entonces construimos la escuela”, dijo Ángel Castro, uno de los habitantes de la vereda. Allí en la pared se dibujó el rostro de doña Ernestina, la abuela de todos; el camión de la leche, el único vehículo que sube hasta allí; y un turpial, el ave de la región. Estos tres elementos son los más representativos para esta comunidad que tuvo que padecer el desplazamiento causado por el conflicto armado.

Durante el año 2000 grupos paramilitares desplazaron con amenazas a los habitantes de la vereda el Albarico,  un lugar que durante años padeció el control territorial de diferentes grupos armados. María Concepción, una habitante de la vereda, aún recuerda la advertencia que le hicieron los paramilitares: “Nosotros venimos a quedarnos, ustedes se tienen que ir, tienen hasta las 10 a.m. para irse de la vereda”. Ella no se podía ir, tenía que esperar a su esposo, pero los hombres en voz desafiante le rectificaron que se debía marchar porque no respondían por su vida. Ese día 9 familias que habitaban en la vereda tuvieron que abandonarlo todo.

Pasaron trece años, cuenta María Concepción, para que llamaran al presidente de la junta del Albarico y le explicaran que lo necesitaban para una reunión en la Alcaldía. Ahí empezó la esperanza para esta comunidad. “Tuvimos que contar, que hacer una línea de tiempo y tres años después, en el 2016 nos escuchó la juez”, complementa Concepción.

María Claudia Linares, coordinadora del programa Propaz, destaca el papel que se ha desarrollado a través de la Mesa de Trabajo para la Memoria Histórica en Norte de Santander, “un espacio valioso para las personas de la región”. Esta Mesa, que cuenta con el apoyo de la Secretaría Departamental de Víctimas, Paz y Postconflicto; la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero; el Centro Nacional de Memoria Histórica  (CNMH) y el acompañamiento del Programa de Apoyo a la Construcción de Paz ProPaz de la Agencia Alemana para la Cooperación al Desarrollo, GIZ, “ha dinamizado la memoria y se han identificado oportunidades para aprender en conjunto”, dice Linares.

Edwar Álvarez, director territorial de la Unidad de Restitución, resalta la articulación interinstitucional. “La sentencia es integral, hace un llamado para que el CNMH se integre a las mediadas de reparación simbólica en la comunidad y en articulación con la cooperación alemana se obtiene un gran producto: el video y el mural”.

Publicado en Noticias CNMH



Norte de Santander, Sentencias, Zulia

Una década sin respuesta para las madres de Soacha

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Autor

MAFAPO

Fotografía

MAFAPO

Publicado

10 Oct 2018


Una década sin respuesta para las madres de Soacha

Para homenajear a las víctimas de los ‘falsos positivos’, que se presentaron hace diez años en Soacha y Bogotá, el próximo 14 de octubre se realizará una caravana desde Soacha hasta Ocaña, Norte de Santander. Sus familiares siguen esperando verdad y justicia.


Entre enero y agosto del 2008, 19 jóvenes procedentes del municipio de Soacha y de Bogotá desaparecieron sin dejar rastro. Estos muchachos no se conocían entre sí y sus familias tampoco. Después de meses de búsqueda, sus seres queridos recibieron la noticia de que los cuerpos sin vida de los jóvenes fueron hallados en cementerios y fosas comunes de Ocaña y Cimitarra, Norte de Santander. Y no solo eso. Habían sido presentados como guerrilleros dados de baja en combates con la Brigada 15 del Ejército Nacional.

Luego se conoció que desde el 2005, el Ministerio de Defensa estaba aplicando una directiva (firmada por Camilo Ospina Bernal, ministro de Defensa en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez), que les otorgaba recompensas a los militares por cada captura o abatimiento de un líder de organizaciones al margen de la ley.

Los casos de los jóvenes desaparecidos en Soacha y Bogotá presentaban características similares. En su mayoría, eran muchachos que provenían de familias pobres o campesinas con profundas necesidades, que buscaban oportunidades laborales para salir adelante y apoyar a su núcleo familiar.

Desde entonces, y a pesar de las constantes amenazas que han tenido que enfrentar, las madres de Soacha se empezaron a reunir en las plazas públicas, universidades y colegios, para denunciar la desaparición y asesinato de sus hijos, y exigir que se cuente la verdad y se haga justicia frente a estos crímenes cometidos por las Fuerzas Militares. Además, crearon la fundación Madres Falsos Positivos Suacha y Bogotá (MAFAPO). Para ellas, nombrar su territorio como Suacha, y no Soacha, es parte de la identidad que se dieron a sí mismas y a la fundación.

Las muertes de los 19 jóvenes de Soacha y Bogotá no fueron casos aislados. El capítulo de los ‘falsos positivos’ en Colombia, fue sistemático y afectó a las comunidades más vulnerables. Según el libro “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002–2010”, escrito por Omar Eduardo Rojas Bolaños, oficial retirado de la Policía, en ese período de tiempo se habrían presentado en el país 10 mil casos de ejecuciones extrajudiciales.

Como cada una de las familias lleva el proceso judicial de forma individual, después de 10 años hay algunos casos en lo que no se ha celebrado ni una sola audiencia, y muchos otros que se han enfrentado a constantes prórrogas. Por eso, el pasado 14 de septiembre, la Fundación MAFAPO presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe, en el que solicitaban garantías de seguridad para continuar trabajando en conjunto y llegar a la verdad.

El próximo domingo 14 de octubre MAFAPO conmemorará en Ocaña, Norte de Santander, la vida de los 19 jóvenes silenciados hace diez años. Con este encuentro, que tiene el lema “10 años vivas y unidas por la verdad”, las madres y familiares de los jóvenes buscan crear una plataforma de interlocución, para seguir hablando sobre las ejecuciones extrajudiciales y los múltiples obstáculos que han tenido para llegar a la verdad.

El evento contará con la participación de artistas locales y nacionales, y con movimientos sociales. Además, se realizará una rueda de prensa en que se hará un recorrido por los diez años de lucha de estas mujeres, y por las deudas que el sistema judicial y el país todavía tiene con ellas.

Para mayor información: 

Fecha: 14 de octubre de 2018
Hora: 9 a.m. – 6 p.m.
Lugar: Plaza central de Ocaña – Ocaña, Norte de Santander

Publicado en Noticias CNMH



Agenda Conmemorativa, Conmemoraciones, Madres de Soacha, Norte de Santander, Resistencia, Soacha, Víctimas

Memorias de vida desde el Catatumbo

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Autor

CNMH

Fotografía

CNMH

Publicado

14 Nov 2018


Memorias de vida desde el Catatumbo

  • El CNMH lanzará en Bogotá, Tibú, Ocaña y Cúcuta el informe Catatumbo: Memorias de vida y dignidad*, un recorrido por la violencia que ha vivido esta región de Norte de Santander, desde la llegada de los españoles al territorio barí hasta la dominación de los grupos armados ilegales que persiste.
  • Entre 1999 y 2006, con la entrada de tres estructuras paramilitares, la región vivió una violencia sin precedentes: casi 100 mil desplazados, 832 asesinatos selectivos y 599 muertos en masacres.
  • La violencia, el abandono estatal y la pobreza hicieron que el cultivo de coca fuera una posibilidad de sustento para los campesinos, y eso los llevó a ser objetivo de políticas de lucha contra las drogas poco efectivas.
  • A pesar de todo, las catatumberas y catatumberos han levantado y fortalecido sus organizaciones, han resistido y se han movilizado para exigir mejores condiciones de vida.

Desde la conquista española hasta hoy, los habitantes de la región del Catatumbo, en Norte de Santander, han hecho frente al abuso de diversos actores legales e ilegales, que han ocupado su territorio y han perpetuado distintos tipos de violencias. Esa es la historia que el Centro Nacional de Memoria Histórica reconstruye en su informe Catatumbo: Memorias de vida y dignidad, que estamos lanzando hoy, y que nació de una propuesta de la Diócesis de Tibú y su Pastoral de Víctimas, a la que luego se sumó la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí Ñatubaiyibarí.

Para el Pueblo Barí, la violencia en el Catatumbo arrancó con la llegada de los españoles, que trataron de imponerles su idioma, su religión y su cultura. Para otros habitantes de la región, esta empezó a principios del siglo XX, con la entrada de las empresas petroleras que provocaron el desplazamiento y la desaparición de miles de indígenas, y a la vez motivaron la llegada de campesinos y trabajadores de esta industria.

El conflicto armado llegó a finales de los setenta y se agravó a finales de los ochenta, cuando el ELN, el EPL y las FARC fortalecieron sus acciones militares con asesinatos selectivos, secuestros, extorsiones y tomas a poblados. Pero fue entre 1999 y 2006 cuando la región vivió una violencia sin precedentes, con el accionar de tres estructuras paramilitares: el Bloque Catatumbo, el Frente Héctor Julio Peinado Becerra y el Frente Resistencia Motilona. En estos siete años de presencia paramilitar se desplazaron forzadamente 99.074 personas, que equivalen al 59,5% de los desplazamientos de los últimos 32 años. También hubo 832 casos de asesinatos selectivos y 599 muertos en masacres: 403 por parte de paramilitares y 142 por parte de las guerrillas.

A raíz de estas violencias, del abandono estatal y de la pobreza, los cultivos de coca aparecieron como una posibilidad de sustento para los campesinos de la región, quienes enfrentaban (y siguen enfrentando) difíciles condiciones para la comercialización de sus productos tradicionales. Pero cultivar coca los convirtió en objetivo de políticas de lucha contra las drogas que, además de ser costosas en términos económicos, ambientales, sociales y de salud, en ocasiones justificaron también nuevas violencias.

Aunque las FARC se desmovilizaron, el conflicto persiste en el Catatumbo. El ELN y el EPL se expandieron en la región y hubo una militarización sin precedentes, que ha producido, entre otras graves vulneraciones, ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública. A este escenario se suma a la presencia y accionar de Grupos Armados Posdesmovilización. La región presenta hoy grandes desafíos de cara a la construcción de la paz territorial. Sin embargo, y a pesar de la violencia y la precariedad, las catatumberas y catatumberos han levantado y fortalecido sus organizaciones, han resistido y se han movilizado en varios paros campesinos para exigir mejores condiciones de vida en su región.

En este recorrido por las voces y memorias de los habitantes de esta región se encuentran tres tensiones principales. Primero: a pesar de ser una región exuberante y rica en recursos naturales sus pobladores han vivido en la marginalidad y la precariedad, y las comunidades perciben la presencia estatal especialmente con su cara militar y antinarcóticos, en lugar de ver acciones que busquen suplir las necesidades más sentidas de la gente. Segundo: ante ese panorama, las catatumberas y catatumberos se han organizado y han trabajado comunitariamente por una vida digna, pero por esa razón han sido violentados y desconocidos. Y tercero: sobre ellos y ellas han recaído estigmas que han justificado distintas formas de violencia hasta el presente.

Ese panorama motivó al Centro Nacional de Memoria Histórica a hacer una serie de recomendaciones que permitan construir las condiciones para que la guerra no se repita, y se consoliden las apuestas por una vida digna en el Catatumbo: atender las necesidades de la gente, reconocer y proteger las dinámicas organizativas, ampliar los espacios de participación, desarmar estigmas y cerrar ciclos de violencia, replantear las políticas frente a la coca y avanzar en procesos de verdad, reparación y no repetición.

Este ejercicio de reconstrucción de memoria histórica contó con la colaboración de una multiplicidad de personas, organizaciones y entidades de la región.

*Además del informe general y su resumen, se presentará una serie de cartillas con historias sobre lo que significa ser campesino, niño o niña, mujer, indígena, docente o LGBT en ese territorio. También un mapa que identifica los lugares de memoria y de vida en la región, así como las transformaciones territoriales que ha sufrido el Catatumbo por cuenta de la violencia.

LANZAMIENTOS

Bogotá

Fecha: 15 de noviembre
Lugar: Centro Cultural Gabriel García Márquez – Calle 11 #5-60
Hora: 5:30 p.m.

Ocaña

Fecha: 27 de noviembre
Lugar y hora por definir

Cúcuta

Fecha: 28 de noviembre
Lugar: Universidad Francisco de Paula Santander – Salón Eustorgio Colmenares
Hora: 8:30 a.m.

Tibú

Fecha: 30 de noviembre
Lugar: Seminario Menor San Luis Beltrán
Hora: 9:00 a.m.

Navegue aquí el especial multimedia 

Descargue aquí el informe Catatumbo: Memorias de vida y dignidad

Publicado en Noticias CNMH



Catatumbo, Guerrillas, Memoria, Norte de Santander, Paramilitares

Recetas para hacerle frente a la guerra

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Autor

Mauricio Ramírez Vásquez

Fotografía

Mauricio Ramírez Vásquez

Publicado

29 Oct 2019


Recetas para hacerle frente a la guerra

La gastronomía, como gran parte de la cultura en el país, también ha sido víctima dentro del conflicto armado, pero al mismo tiempo es uno de los motores de unión y fortaleza en las zonas afectadas por la violencia. En Cúcuta, a través del Museo de Memoria de Colombia, se reunieron varias historias alrededor de la comida y la identidad para dialogar sobre su importancia en el fortalecimiento de las regiones.


Cúcuta, en Norte de Santander, es la ciudad más grande de Colombia en los límites con la frontera venezolana. En la actualidad, la Perla del Norte, como es conocida, es una de las mayores receptoras de inmigrantes provenientes de la crisis de Venezuela. Según datos de Migración Colombia, en el país hay 1.408.055 venezolanos, de los cuales 185.433 están en Norte de Santander. Este panorama, sumado a las violencias internas que se viven en la zona por parte de los grupos armados ilegales con enfrentamientos, asesinatos y amenazas a las comunidades, ha provocado el desplazamiento de cientos de personas de las zonas rurales a diferentes partes del país y fuera de él.

Al ser la frontera más dinámica de América Latina y ante la crisis migratoria vista con mayor intensidad en los últimos años, se hizo necesario que sea un lugar priorizado para compartir las historias de violencia y dolor, pero ante todo de dignidad y fortaleza que ha dejado el conflicto armado. La exposición Voces para Transformar a Colombia, desde el 28 de septiembre, hasta el 16 de noviembre, se encuentra en las instalaciones de la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero. Allí, decenas de personas han plasmado en dibujos y palabras sus experiencias para recordar las memorias detrás de un plato de comida, cómo se preparan y resaltar aquellos alimentos que los hacían sentir como en casa. Un espacio de encuentro y reflexión.

 

 

La exposición también se ha convertido en un espacio para escuchar y conocer estas historias. El conversatorio “Vivir en la frontera: arte y gastronomía”, sobre qué memorias guarda la comida y qué pasa con esas memorias cuando se abandona el territorio, llevado a cabo el 2 de octubre, contó con la presencia de Manuela Ochoa (del Museo de Memoria de Colombia), Jacob Sharon, Laura Rangel y Laura Sierra. Los panelistas hablaron sobre las memorias que guardan los alimentos en sus territorios.

“Yo estoy compartiendo un dulce de cacao, como una especie de chocolate artesanal, con el típico dulce de plátano y yuca que se elaboraba en el Catatumbo recurrentemente en las fiestas como aperitivo. Hubo un tiempo que se dejó de preparar a causa de la violencia porque estos productos empezaron a escasear, la gente dejó de cultivar, se desplazaron, las mujeres que lo preparaban se fueron, llegaron las petroleras a los territorios y las empresas de palma, y nuestra cultura cambió drásticamente”, explicó Jacob Sharon joven líder de Tibú, Norte de Santander.

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En cuanto a la unión que se produce gracias a la comida, Laura Nataly Sierra, quien se desplazó a Venezuela y retornó, destacó que la cocina fortalece los lazos entre las comunidades y las familias en los territorios. “La gastronomía es universal, une fronteras, une familias, compartiendo y dando aportes de lo que nosotros conocemos y sobre lo que nosotros queremos conocer de otras personas. Compartir las recetas de casa, de nuestra cultura”, complementó Laura Nataly.

Recetas que recuerdan el hogar. Les dejamos un hilo con algunas: https://twitter.com/CentroMemoriaH/status/1181559378677309440

 

Con respecto a la comida como vehículo de integración, el Museo de Memoria de Colombia se planteó un espacio vivo y participativo para las víctimas y la sociedad en general. “No queríamos traer un único relato, sino más bien escuchar a la gente de la región, reconociendo la pluralidad de las memorias del conflicto armado. Pensar en Norte de Santander y no pensar en la problemática de la frontera es imposible. Por esta razón, más que pensar en las líneas imaginarias que nos dividen, quisimos proponer un tema que nos une a todos y a todas”, dijo Manuela Ochoa. 

Este encuentro de relatos y sabores estuvo acompañado por la presentación artística de 5ta con 5ta Crew, un colectivo cultural y social de construcción de paz a través del hip hop con el breakdance y el graffiti. Al final, los asistentes tuvieron la oportunidad de probar una muestra de los alimentos que llevaron los participantes del conversatorio.

 

Publicado en Noticias CNMH

 



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