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Medellín: Memorias de una Guerra urbana

Este documento pretende hacer un recuento del Informe Medellín: Memorias de una Guerra urbana. La ciudad carece de un relato sistemático que permita a la sociedad comprender la relación entre las violencias asociadas al conflicto armado y las dinámicas del mismo.

¿Medellín, espejo de Colombia? Eduardo Pizarro (2015), señala algunos elementos sobre lo que nos ha sucedido como país: En primer lugar, se trata de un conflicto prolongado, ya sea que se adopte como punto de partida la época de La Violencia o alguno posterior. Es un conflicto complejo, debido al gran número de actores involucrados: Estado, guerrillas y paramilitares. Es un conflicto discontinuo, dados los contrastes en la evolución de los actores armados y es un conflicto con enormes diferencias regionales que se pueden apreciar en la multiplicidad de dinámicas y modalidades del conflicto.

¿Por qué Medellín?

Medellín está ubicada al noroccidente de Colombia y es la capital de departamento de Antioquia. Tiene alrededor de 2.184.000 habitantes, lo que la convierte en la segunda ciudad más grande de Colombia. Hasta mediados del 2005 fue reconocida, como una de las ciudades más violentas del país y del mundo. Uno de los momentos más duros de la ciudad se vivió en 1991 cuando fueron asesinadas más de 6800 personas, en solo un año es como si se hubiera asesinado a toda la población de Guatavita-Cundinamarca.

Mapa de ubicación de Medellín. Y mapa de comunas

¿Siempre ha sido así?

1. 1965 hasta 1981. Se configuran factores que luego van a detonar el conflicto armado. En ese momento se percibe la presencia en la ciudad de diversas expresiones organizativas relacionadas con el conflicto armado nacional. Durante estos años se sabe de prácticas de justicia privada agenciadas por sectores institucionales; el negocio de las drogas comienza a marcar dinámicas económicas y sociales; y se hacen visibles las demandas de sectores sociales y políticos que buscan reformas políticas y económicas.
2. 1982 a 1994. Su principal característica es el despliegue de la violencia y el terrorismo del Cartel de Medellín, y, al mismo tiempo, el ejercicio de la violencia política, con alta complicidad de las instituciones estatales, conocida como “guerra sucia”. Este período está marcado por el aumento general de las formas de violencia.
3. 1995 a 2005. Se configura alrededor de la expansión de los paramilitares y las guerrillas rurales en el país y en Antioquia, lo cual conduce a que el departamento se convierta en el principal territorio bélico de Colombia. Medellín fue el centro geográfico y logístico de este conflicto y se convirtió en objetivo de la disputa militar entre organizaciones paramilitares (en algunas de las cuales los narcotraficantes jugaron un papel central) y entre ellas y organizaciones milicianas y guerrilleras.
4. 2006 y 2014. El declive de guerrillas y paramilitares. Desde mediados de los años 2000 demuestra los avances en la contención de la violencia por parte del Estado y el aumento de su capacidad operativa en la definición e implementación de políticas de seguridad. También hubo un mayor rechazo social a la violencia y a la guerra. Sin embargo, la ciudad fue testigo de un reacomodo de estructuras criminales y fue epicentro de la reinserción de paramilitares desmovilizados.

Los medellinenses llaman a todo lo vivido en estas cuatro décadas, simplemente violencia, pero en realidad como lo podemos ver en esta línea de tiempo, es el resultado de una suma y superposición de varias violencias, desde las agenciadas por actores del conflicto armado (guerrillas, paramilitares, sectores de la fuerza pública), por actores del crimen organizado (narcotraficantes, bandas, combos) hasta la violencia común, intrafamiliar, callejera, vecinal, y una gran variedad de violencias perpetradas por los propios ciudadanos. Este informe se ocupa sólo de una parte de ellas: las que de manera específica hacen referencia al conflicto armado.

El informe quiere aportar a la construcción de la memoria colectiva del país a partir del reconocimiento de las voces de las víctimas en una ciudad en la que resulta emblemática la lógica, dinámicas, relaciones e impactos del conflicto en un contexto urbano. Atendiendo a este propósito, se construyó una estrategia investigativa y comunicativa con la que se buscó comprender el conflicto armado y las violencias asociadas a partir del reconocimiento de sus dimensiones subjetiva y humana, teniendo en cuenta que la reconstrucción de los hechos a partir de la memoria no genera una sola versión de lo acontecido, sino que devela múltiples miradas, percepciones, vivencias y explicaciones que dependen del lugar de enunciación que tienen los sujetos. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Cómo impactó esto a la ciudad? ¿Cómo se respondió? Fueron las preguntas guía de un intenso trabajo de campo y de la exploración bibliográfica.

Capítulo 1.

MEDELLÍN: DESORDEN, TRAGEDIA E INSTITUCIONALIZACIÓN

Los grupos armados ilegales del conflicto armado nacional tuvieron presencia en Medellín y desplegaron acciones propias de la guerra y enfrentamientos armados en la ciudad. Este suceso involucra tres actores centrales: guerrillas (ELN y FARC) o milicias articuladas a ellas (Milicias Bolivarianas); paramilitares (Bloque Metro, Bloque Cacique Nutibara —BCN—, Frente José Luis Zuluaga) y Fuerzas Armadas del Estado (Ejército y Policía).

Infográfico

Durante estos años más de 30 años, la ciudad pasó de ser un escenario de retaguardia para los actores armados, importante ante todo para el aprovisionamiento de recursos (militares, económicos y de base social), a convertirse durante la segunda parte de los años noventa en un espacio geoestratégico para la movilidad y despliegue de la disputa, así como para el control de recursos, territorios y base social.

Este informe encuentra que un factor determinante ha sido el narcotráfico y la manera como permeó el conflicto armado y la sociedad en general. Varios narcotraficantes antioqueños crearon grandes aparatos armados propios y los dispusieron contra las guerrillas, las instituciones estatales y, frecuentemente, contra la población inerme. Pero al mismo tiempo una parte de su estrategia fue permear estas mismas estructuras. Sectores de las guerrillas y agencias del propio aparato estatal fueron cooptados por los narcotraficantes, lo que facilitó la expansión de su poder.

Las respuestas de las alcaldías ante los avances del crimen se caracterizaron, hasta 1990, por la creación de “cuerpos de seguridad alternos a la policía nacional” (Ruiz, 2015, página 6), y por la autorización de iniciativas cívicas de conservación de la seguridad, animadas por los gobernantes.

A principios de los ochenta, Medellín también presentaba un rasgo demográfico particular: era la ciudad del país con el mayor segmento juvenil masculino (15 a 29 años) (16,1 %), por encima de Cali (14,5 %) (DANE, 1985). Tomando como base el año 1983 (en el que hubo 869), el número de asesinatos en la ciudad se duplicó en dos años (1.749 en 1985), luego se cuadruplicó cinco años después (3.603 en 1988) y creció 8 veces en el año terrible de 1991 (6.809). Infografía

El ojo de este huracán de violencia fue el aparato armado del narcotráfico:

• Primer hito: La creación del MAS (Muerte a Secuestradores) para reaccionar por el secuestro de Marta Nieves Ochoa (13 de noviembre de 1981). Destrucción de la estructura político-militar del M-19 en Antioquia con un saldo estimado de “400 muertos entre militantes, amigos y familiares de los guerrilleros y veinte militantes retenidos” (Salazar, 2001, página 105).
• Segundo hito: Asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla (30 de abril de 1984), guerra abierta contra el Estado por parte del Cartel de Medellín. Esta confrontación llevó a que Medellín padeciera los efectos de “unos 60 carros-bomba y otros 140 atentados con explosivos” (Martin, 2014, página 191).
• Tercer hito: Ola de asesinatos selectivos del grupo armado del narcotraficante Fidel Castaño que buscó el exterminio del Comité de Derechos Humanos Antioquia, entre octubre de 1987 y agosto de 1989 (Martin, 2014, páginas 183-185).
• Cuato hito: Contienda entre los carteles de Cali y Medellín, iniciada en 1988, que condujo a muchos asesinatos y atentados con explosivos a las residencias de los capos y a sus negocios (Salazar, 2001, páginas 215-222).

Estos años marcaron el comienzo de lo que hemos denominado “guerra sucia”, es decir, la ocurrencia frecuente de asesinatos selectivos contra líderes sociales, politicos de distintas adscripciones, ciudadanos del común.

Las guerrillas tradicionales, creadas en los años sesenta, promovieron comandos urbanos en el afán de mejorar su capacidad de acción militar en la ciudad con la creación de las milicias urbanas. Militantes y simpatizantes de estas guerrillas, así como de los previos grupos autónomos, se radicalizaron y dieron un paso crucial para la ciudad: la conformación de estructuras armadas de carácter territorial (barrial).

La coyuntura que se desató en 1991 alrededor de las negociaciones de paz con el M-19 y el EPL, el proceso constituyente y la entrega concertada de Pablo Escobar a las autoridades, ayudaron a mitigar la situación en la ciudad. El homicidio empezó a descender desde mediados del año y no dejó de hacerlo hasta 1998, el terrorismo de los narcos desapareció con el abatimiento de su capo, la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista desactivó un núcleo miliciano en Moravia y, en 1993, se inició un acercamiento que condujo al acuerdo con las milicias populares

La situación social de los medellinenses era muy difícil. Mientras en 1991 el desempleo urbano del país cayó 0,1 %, en Medellín aumentó 1,6 %, lo que equivalía a 54.000 nuevos desempleados; la tasa neta de escolarización era del 66,6 %, mientras en Cali era 68,11%; el 17,6 % de los hombres entre 12 y 29 años (64.000) ni estudiaban, ni trabajaban, ni buscaban trabajo (DNP, 1991, páginas 5-7). En la crisis económica del 98 se repitió una situación muy similar.

En este contexto se dieron de nuevo dos medidas del Gobierno nacional que recuperaban las viejas ideas de propiciar los servicios de seguridad privados y locales. La primera provino del Decreto 356 de 1994, firmado por César Gaviria, que autorizó la creación de Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir), activadas en 1995 por una resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Gutiérrez, 2012, página 118). Mauricio Romero (2003) identificó 414 Convivir operativas en el país en 1997, 65 de ellas en Antioquia. La segunda surgió de la conversion de las milicias populares en la Cooperativa de Seguridad y Servicio a la Comunidad (Coosercom), que implicó un inédito proceso de “reintegración sin desmovilización” ya que sus 306 integrantes operativos prestarían servicios de seguridad en sus territorios, lo que finalmente degeneró en grupos armados dispersos.

Finalizando en los noventa se conoció la existencia del grupo Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes) liderado por Don Berna, conformado por narcotraficantes enemigos y antiguos socios del capo, que forjó una alianza implícita con el Cartel de Cali, la DEA y la Policía (El Espectador, 28 de octubre de 2013). Durante esos mismos años el narcotraficante Fidel Castaño había emergido como uno de los triunfadores de la guerra contra Escobar (revista Semana, 27 de junio de 1994). Después de su muerte, su vocación contrainsurgente fue continuada por sus hermanos, Vicente y Carlos, quienes se propusieron forjar un proyecto armado nacional y en 1994 crearon las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) (Romero, 2003, página 194).

Ante la presencia de decenas de pequeños grupos armados que empezaron a distinguirse como “combos” y “bandas”, la administración municipal —con el visto bueno del Gobierno central— promovió pactos “de no agresión” que procuraban atenuar los conflictos entre ellos o con la fuerza pública sin que se les exigiera su desarme. En 1999 en Medellín “se habían establecido procesos de mediación y pactos que comprometían a cerca de 160 grupos armados (bandas, combos y milicias) a los cuales estaban articuladas aproximadamente 3.000 personas en 86 sectores de la ciudad” (Vélez, 2001, página 69).

Entre los rescoldos de las desmovilizaciones y el caos de los grupos armados barriales y las bandas, era posible constatar la existencia de dos organizaciones territoriales con marcado acento político, como el ELN y los Comandos Armados del Pueblo (CAP). El ELN logró conservar, además de su estructura político-militar tradicional, su proyecto miliciano en algunos barrios de la comuna 13 y fortalecerlo a lo largo de la década de los noventa (Daza, 2016, página 137).

Las Autodefensas a su vez, bajo el mando del exoficial del Ejército, Carlos Mauricio García –Alias Doble Cero- crearon el Bloque Metro y montaron sus primeras estructuras en municipios del oriente y el nordeste, cercanos al Valle de Aburrá, pero la penetración en el área metropolitana no mostró buenos resultados (Martin, 2014, páginas 383-384). El Bloque Metro y la llamada Oficina de Envigado, que había quedado bajo la dirección de Diego Murillo (alias Don Berna), tenían grandes diferencias. El éxito de Murillo consistió en apoyarse en los recursos violentos y económicos del narcotráfico e imponer su hegemonía sobre multitud de bandas armadas. De esa manera se conformó el que luego sería conocido como Bloque Cacique Nutibara (BCN), una red que les daba sentido a los comandos del narcotráfico, los descendientes de las milicias, las bandas de la delincuencia común y el anterior proyecto paramilitar (Alonso, Giraldo y Sierra, 2007). La existencia del Bloque Cacique Nutibara fue breve, pues en el momento en que se consolidó como grupo hegemónico se iniciaron las conversaciones entre el Gobierno nacional y las AUC.

Simultáneamente se presentaban confrontaciones violentas entre el ELN y los CAP, y entre estos y otros grupos criminales (como Los Cucas) se dieron en la comuna 13 (Daza, 2016, páginas 138-142). En 1999 las FARC pusieron un carro bomba contra las instalaciones del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) en Medellín, en un atentado que “produjo la muerte de nueve personas: dos funcionarios de la Fiscalía, uno del DAS, dos del Ejército y cuatro peatones” (El Tiempo, 17 de octubre de 2000). Para este momento, sin embargo, era claro que no se trataría de una guerra entre dos bandos, pues el paramilitarismo ya había llegado a la ciudad.

Finales de los noventa Medellín vivió en silencio la explosión del desplazamiento forzado. En 1997 los desplazados fueron más de 15.000 y en el momento más fuerte en 2001 eran 41.636 personas. Como era de esperarse, el grueso de la población desplazada tuvo “un componente alto de menores de 20 años y de jefatura femenina de baja escolaridad” (Sardi, 2010, página 354), lo cual supuso una presión adicional para la oferta de servicios básicos, ya escasos para un amplio segmento de la población.

El 20 de febrero de 2002 se rompieron los diálogos de El Caguán entre el Gobierno y las FARC y el 7 de agosto se posesionó Álvaro Uribe con un mandato de “seguridad democrática”; de inmediato se incrementaron las operaciones militares de ambos tanto del Gobierno como de la guerrilla. Tanto desde la Alcaldía como desde la Gobernación se pedía más apoyo del Gobierno central para un mayor pie de fuerza para la ciudad (Consejo de Seguridad, Acta 016 de 2002, junio 12 de 2002, Acta 029 de 2002, septiembre 9 de 2002). Entonces el Gobierno nacional decidió efectuar una operación militar que se presentó como una retoma de la zona por parte del Estado. Orión fue el nombre dado a la operación conjunta de las fuerzas del Estado en la que participaron, junto a la Policía y el Ejército, la Fuerza Aérea, el DAS y la Fiscalía.

El año 2005 marcó también el repliegue de las FARC —y con más fuerza del ELN— “a sus retaguardias” (CNMH, 2013, páginas 178-193). Las desmovilizaciones individuales de guerrilleros de las FARC, incentivadas por el Estado, se multiplicaron en el país.

Un asunto que se sumó al conflicto armado en esos años fue la ocurrencia, probada o al menos bajo investigación, de un número importante de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas militares, también llamadas “falsos positivos”. En la jurisdicción de la IV Brigada (que incluye gran parte de Antioquia, incluyendo el Valle de Aburrá) se registraron 335 muertes entre 2000 y 2007, por las cuales se investigan con medida de aseguramiento a 273 uniformados (Ejército Nacional, 2015).

En el año 2005 el número de homicidios en Medellín bajó, por primera vez desde 1983, de los mil (782); la tasa por cien mil habitantes se situó por debajo de la nacional.

Los asesinatos de Gustavo Upegui y Daniel Ángel (2006) y la extradición de Diego Murillo (2008) marcaron una transformación del narcotráfico, el cual pasó de la situación “de un gran capo narcotraficante que dirigía y subordinaba las bandas y combos especializados en la violencia a cambio de un porcentaje de las rentas del narcotráfico internacional a bandas y combos con mucha mayor autonomía y sin acceso a las rentas del tráfico internacional” (Duncan, 2015, página 25). La más reciente Guerra entre los herederos de las bandas del narcotráfico se presentó en 2009 entre las facciones de alias Sebastián y alias Valenciano, lo que duplicó el homicidio y demostró que los grupos subsistentes habían adoptado las estrategias criminales de sus antecesores milicias y paramilitares.

Capítulo 2

TRAYECTORIA DE LOS ACTORES DEL CONFLICTO ARMADO EN MEDELLÍN

Los comienzos de las guerrillas en Colombia se remontan a la década de los sesenta con el surgimiento de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en 1964, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) en 1964 y el EPL (Ejército Popular de Liberación) brazo armado del PCML (Partido Comunista Marxista Leninista) en 1967.

La conformación de redes de apoyo urbanas a los frentes guerrilleros del EPL y del ELN que empezaron a operar en Antioquia se vio favorecida por un auge del movimiento estudiantil, el sindicalismo independiente y las protestas protagonizadas por habitantes de los denominados barrios piratas y de invasión contra intentos de desalojo y abuso policial. Al finalizar la década de los 70 la protesta social se radicalizó. Una expresión de ello fue el paro cívico del 14 de septiembre de 1977, considerado un hito en la historia de los movimientos sociales en Colombia por la participación masiva de la población en las principales ciudades y por la parálisis que provocó.

En 1983 el ELN realizó la Reunión nacional de héroes y mártires de Anorí, en donde se trazaron directrices para la reconstrucción de sus redes urbanas que habían sufrido un serio revés a raíz de la operación Anorí, adelantada por el Ejército contra el frente guerrillero que operaba en el nordeste antioqueño y que culminó con la muerte de Antonio y Manuel, hermanos del fundador del ELN, Fabio Vásquez Castaño, en octubre de 1973.

Durante el proceso de paz que se adelantó con el presidente Belisario Betancur (1982-1986) con el M-19, se crearon campamentos de paz. Personas que participaron coinciden en la novedad que representaron para los jóvenes que asistieron a cursos de formación política y adquirieron conocimientos en ciertas técnicas militares que algún tiempo después pondrían en práctica al hacer parte de bandas barriales y de Milicias del ELN, FARC, EPL e independientes.

Bajo el amparo de los Acuerdos de La Uribe entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur surgió la Unión Patriótica (UP) en mayo de 1985.

Al finalizar la década de los ochenta se empezó a conocer la existencia de un nuevo grupo armado, las Milicias Por y Para el Pueblo, cuyo propósito era restablecer el orden y la seguridad apelando a la eliminación de personas y bandas catalogadas como indeseables, asociadas al consumo de sustancias sicoactivas, robos y violaciones, en barrios donde había un fuerte sentimiento de inseguridad y la disposición de los sectores más afectados a ofrecer apoyo a grupos que pudieran hacer justicia con mano propia. Con respecto al narcotráfico las milicias actuaron con un criterio pragmático por las ventajas que este podía traer en recursos para asegurar el control de territorios.

La competencia por el liderazgo también tuvo impacto en la aparición de grupos disidentes, ante este panorama, el jefe de las MPPP, Pablo García, y otros líderes decidieron establecer conversaciones con el gobierno de César Gaviria en el año 1991, siguiendo el ejemplo del EPL y del M19. Las MPPP, las Milicias Independientes del Valle de Aburrá (Corriente de Renovación Socialista) y las Milicias Metropolitanas de Medellín suscribieron un acuerdo final para la paz y la convivencia con los gobiernos nacional, departamental y municipal, el 26 de mayo de 1994. Sin embargo, de este acuerdo no hicieron parte otras milicias con influencia en las zonas centro oriental (La Sierra y 8 de Marzo) y centro occidental (comuna 13). El 29 de julio de 1998, también se suscribió un acuerdo entre el Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados (MIR-COAR) con el gobierno de Ernesto Samper.

En la primera mitad de los años noventa se llegó a la resolución de los conflictos entre el Gobierno y cinco organizaciones guerrilleras, de las cuales cuatro de ellas (M-19, EPL, PRT y CRS) tenían una incidencia relativamente importante en la ciudad, junto con el Cartel de Medellín y las milicias populares. Sin embargo, dos actores armados con vocación nacional se movían en la sombra preparándose para lo que sería la fase más aguda de la guerra colombiana entre 1996 y 2005 (GMH, 2013, página 156): guerrillas y paramilitares.

Pablo Escobar fue dado de baja el 2 de diciembre de 1993. Con ello se puso fin a una etapa turbulenta en la historia del narcotráfico en la ciudad y en el país, aunque esto no implicó la desaparición de este fenómeno sino una recomposición y el protagonismo de otros capos, como ocurrió con Don Berna.

Desde 1981 los hermanos Castaño conformaron las ACCU, una fuerza armada en condiciones de responder a la expansión de la guerrilla. Para ello diseñaron una estrategia que contemplaba la incursión en Urabá, Amalfi, Remedios y Segovia en el nordeste antioqueño y la construcción de una red urbana, tarea encomendada a Carlos Castaño, con el objetivo de rastrear a los hombres de la guerrilla (Aranguren, 2001, página 104). Los hermanos Castaño, Rodríguez Gacha y otros líderes paramilitares participaron en operaciones clandestinas junto a miembros del Ejército, la Policía y el DAS para cometer numerosos magnicidios de candidatos de izquierda a más de mil miembros de la UP que fueron asesinados (Duncan, 2014, página 277).

Después de la muerte de Escobar se dio un proceso de reorganización de las estructurales criminales en la ciudad y el Valle de Aburrá. La que se impuso fue la Oficina de Envigado, cuyo poder se sustentó en la construcción de una serie de alianzas con bandas ubicadas en diversas zonas de Envigado, Itagüí, Bello y Medellín, a partir de las cuales comenzó a ejercer un amplio dominio territorial, útil al narcotráfico y a otras actividades criminales. El resultado fue una empresa criminal que empezó a operar como una estructura en red, es decir, con unas jerarquías bien definidas pero con grados de autonomía necesarios para garantizar éxito en sus acciones (Restrepo, 2015, página 79).

Al igual que Escobar, Don Berna se rodeó de hombres de confianza, entre ellos Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias Rogelio. Durante los años 1993 y 1994 este estuvo adscrito como investigador y escolta al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI). El ascenso de Don Berna en la Oficina de Envigado coincide en el tiempo con la llegada de Carlos Castaño a la dirección de las ACCU después de la muerte de su hermano Fidel en 1994 a manos de la guerrilla.

En el Bloque Cacique Nutibara se concentraron los aprendizajes criminales adquiridos por los integrantes de bandas que prestaban sus servicios a la Oficina de Envigado y que de tiempo atrás habían dado muestras de su capacidad militar y su influencia sobre la población, especialmente en sectores donde ejercían el control. A diferencia de lo que pasó en otras ciudades colombianas donde la presencia paramilitar fue la resultante de una “estrategia de desplazamiento desde el campo a la ciudad” (Duncan, 2005, página 3), en Medellín se construyó “desde adentro”.

Aunque la derrota de las guerrillas en la comuna 13 le despejó el camino a un dominio paramilitar, Don Berna, quien ya había iniciado acercamientos con el Gobierno, decidió a finales de 2003 desmovilizar gran parte de la estructura del BCN. Acto seguido procedió a la creación del BHG (Bloque Héroes de Granada), como parte de una estrategia para preservar su poder armado y disponer de alternativas en caso de fracasar la experiencia de desmovilización del BCN. Después el 2005 también se desmovilizó el BHG.

Capítulo 3 MODALIDADES Y REPERTORIO DE VIOLENCIAS

En este apartado se presentan algunas reflexiones fundamentales sobre las memorias de la violencia en Medellín, a partir de la forma como ellas fueron rememoradas, comprendidas y narradas por los pobladores durante el trabajo de campo. En la ciudad las violencias asociadas al conflicto armado tienen la apariencia de un rompecabezas mal diseñado. Pese a los esfuerzos por armar una narración sobre ellas, las piezas no encajan perfectamente y se tiene la sensación que en la caja se han colado piezas de otros rompecabezas.

Las violencias asociadas al conflicto armado, que por lo general suelen describirse con estadísticas y gráficas, no abarcan totalmente las violencias que habitan en la memoria de la gente que participó del trabajo de campo del informe. Las violencias experimentadas por muchos habitantes de la ciudad son mucho más complejas que las formas empleadas para explicarlas, y aquello que nos indican las cifras y clasificaciones suele dar sólo una descripción parcial de las formas como la gente vive y recrea lo que ha sucedido en la ciudad. Al respecto, en este capítulo se identifican cuatro grandes períodos relacionados con las violencias del conflicto armado:

1. Las violencias selectivas y el desafío revolucionario (1965-1981)

Las modalidades de victimización incluían, fundamentalmente, asesinatos selectivos, amenazas, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, secuestros extorsivos y políticos, ejecuciones extrajudiciales y la aplicación de formas de justicia de retaliación ejercidas por las guerrillas contra los que llamaban “enemigos del pueblo” o los “traidores de clase”.

En términos generales, esas formas de victimización se relacionaban con la aplicación del Estatuto de Seguridad Nacional y la agudización de la represión estatal durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982). Este Estatuto es un referente importante en los relatos de varios de los asistentes a las actividades de campo, cuando señalaban que sus labores o las del sector que representaban se vieron afectadas por la represión que caracterizó a ese gobierno. Dicho Estatuto fue visto por ellos como el detonante de violencias como la desaparición forzada, la tortura, los allanamientos y las detenciones arbitrarias perpetradas, principalmente, por parte de miembros del B2, del Ejército, del F2 de la Policía, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y del Departamento de Orden Ciudadano (DOC).

2. La guerra sucia y la turbulencia (1982-1994)

Las memorias asocian a los victimarios con organismos de inteligenciay seguridad del Estado como el B2, el F2, el DAS y el DOC, y con agrupaciones que se autodenominaban de “limpieza social”, como Amor por Medellín, Mano Negra, Limpieza Total, Aburrá Tranquilo, Muerte a Jaladores de Carros (Majaca) y Asociación Pro Defensa de Medellín (Jaramillo y Salazar, 1992, página 100). En el período 1982-1994 las modalidades de violencia preponderantes por parte de los actores vinculados a la dinámica del conflicto armado en Medellín fueron las masacres, el asesinato selectivo y los atentados terroristas. Estas se desplegaron preferentemente en contra de personas determinadas por el papel político o social que desempeñaban. Élites académicas, económicas y políticas, pero igualmente sindicalistas, estudiantes, policías, jueces y políticos fueron objeto de esta violencia. Estas fueron acusadas de ser enemigos del pueblo o de la revolución, oligarquías traidoras o subversivos de ciudad. Por ello, esta violencia ostentó un carácter retaliador claro.

Sin embargo, no toda la violencia de este período respondió a este carácter retaliador. Hubo atentados terroristas que no buscaban asesinar a una persona en particular, sino afectar indiscriminadamente a la sociedad; igualmente masacres cuyo objetivo no era una persona determinada sino perseguir aquellos que eran considerados marginales o delincuentes. En estos casos la violencia adoptó un carácter ejemplarizante que buscaba aleccionar a la sociedad sobre el poder de los aparatos armados.

3. Las disputas territoriales y la urbanización de la guerra (1995-2005)

Es un periodo de violencia marcadamente selectivas, pero esta vez en términos territoriales. Se trata de formas de victimización que tienen por objeto disputar el control espacial a los otros competidores armados y, por esta vía, garantizar el control de poblaciones, barrios y recursos. Los grupos que se disputaban el control de los barrios y comunas usaron violencias territorialmente selectivas contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y juveniles, o sus pobladores. Eran modalidades de violencia ejercidas sobre territorios en disputa que incluían, fundamentalmente, los desplazamientos intraurbanos, los asesinatos selectivos a líderes barriales, las masacres, la violencia sexual, las amenazas, la tortura y el despojo de propiedades. En el taller con integrantes de la Mesa Municipal de Víctimas se hizo énfasis en que varias de las personas asesinadas entre 1998 y el 2005 fueron perseguidas, señaladas y asesinadas por ser líderes comunitarios.

4. Reorganización de la criminalidad (2006-2014)

Las organizaciones criminales de hoy, evocando la efectividad de las violencias de los paramilitares de ayer, recurren a las amenazas como un instrumento efectivo para constreñir el comportamiento y las acciones de los habitantes de barrios donde la violencia tuvo un impacto significativo y se instaló en las memorias y representaciones colectivas.

Aun cuando muchas de estas modalidades de victimización se insertan fundamentalmente en la lógica del control de recursos y mercados ilegales entre organizaciones de naturaleza criminal, en este último período siguen apareciendo violencias que por su naturaleza parecen propias de la guerra. Las organizaciones criminales que participaron en los procesos de urbanización de la guerra todavía implementan formas de violencia como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado intraurbano, el uso de menores de edad para la comisión de delitos y las amenazas y asesinatos de líderes comunitarios, activistas sociales, reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos.

Capítulo 4 UNA CIUDAD HERIDA: DAÑOS, PÉRDIDAS Y TRANSFORMACIONES

Los impactos generados por el conflicto armado han sido múltiples. Estos han recaído sobre las víctimas directamente afectadas por alguna de las modalidades de violencia. El conflicto armado también ha producido profundos efectos en la vida colectiva, el miedo se ha convertido en un sentimiento colectivo preponderante y ha moldeado las subjetividades,

las relaciones sociales y los usos de la ciudad. Al tiempo, la desconfianza ha deteriorado el tejido social en varios territorios. La vida se ha visto constreñida, la participación política limitada y el estigma sobre grupos sociales y territorios, recrudecidos.

No sólo el miedo habitó la ciudad, también lo hizo la tristeza, la rabia, la impotencia y el deseo de venganza, un conjunto de emociones generados por la experiencia directa o indirecta de las violencias asociadas al conflicto armado que transformaron las subjetividades de la ciudadanía, así como las maneras de ser y estar en la ciudad.

Habitantes de distintos barrios señalaron como uno de los daños más visibles la afectación del tejido social y la cohesión comunitaria que caracterizó los primeros años de la formación de muchos de los barrios de Medellín, como los de la zona noroccidental y nororiental en las décadas de 1960 y 1970, o de los barrios más periféricos de las zonas centro-oriental y centro-occidental años más tarde.

Al lado de sentimientos como la tristeza y el dolor, la culpa y la vergüenza emergen sentimientos de odio, rencor y de venganza, los cuales, según se ha visto, terminan constituyéndose en un motor para la reproducción de las violencias asociadas al conflicto armado. Víctimas provenientes de distintos territorios y lugares sociales han señalado dicho fenómeno. Este se ha visto empeorado por la circunstancia de que la confrontación en Medellín ha tenido las características de una lucha fratricida, en donde se han asesinado y violentado entre familiares, vecinos y personas cercanas, lo cual ha sido terreno abonado para disputas y venganzas de largo aliento

La infiltración en los organismos policivos y judiciales por parte de narcotraficantes y paramilitares menguó profundamente la legitimidad del Estado, generó una sensación de desconfianza en los organismos judiciales y temor al momento de realizar las investigaciones relacionadas con grupos armados ilegales, mientras crecía la frustración y la denuncia de la impunidad por parte de la ciudadanía y algunos sectores del Estado.

La cultura es probablemente la dimensión donde los impactos del conflicto armado se han expresado con más fuerza, pero, al tiempo, es la dimensión donde más fácilmente se diluyen, lo que hace más difícil su identificación. Analistas como Gustavo Duncan han llamado la atención sobre el hecho de que este elemento cultural, asociado al trabajo, preexistente en Medellín no es suficiente para explicar el nivel de incorporación de los nuevos valores que emergieron en la cultura de la ciudad. Siguiendo su perspectiva, uno de los elementos centrales en la trasformación cultural de Medellín consistió en la eficacia con que las redes del narcotráfico lograron instaurarse en una sociedad caracterizada por la valoración de la infracción a las normas —recuérdese ese dicho antioqueño que reza “la plata, tuya o ajena, pero que no falte”— y por la existencia de redes clientelares tradicionales fundamentadas en marcadas jerarquías sociales y en relaciones económicas que tenían “unos niveles mínimos de desarrollo de las relaciones capitalistas entre los sectores populares”.

La idea de la “banalización” de la violencia no es en absoluto generalizable a la mayor parte de la población. El ambiente de terror marcado por el miedo, la desconfianza y la amenaza generalizada de una violencia contra sí produjo que —en medio del replegamiento de la ciudadanía— se construyera un orden donde alzar la voz en defensa de alguien o en contra de la presencia y acciones de los grupos armados fuera suficiente motivo para que estos tomaran represalias. Así ocurrió en muchos casos en los que las personas fueron asesinadas por auxiliar a un vecino o intentar evitar que reclutaran a un joven.

Es posible identificar en las voces de la ciudadanía dos grandes relatos o formas comunes a partir de las cuales se explican los hechos de violencia asociada al conflicto armado en la ciudad. La primera de ellas, la de las “víctimas inocentes”, es la narración que emerge cuando la ciudadanía hace afirmaciones tales como: “no sabemos por qué ocurrió, era un buen muchacho”, o “ella era muy juiciosa, no era brincona ni estaba por ahí en la calle”. De otro lado, está la explicación de las “víctimas culpables”, que emerge cuando la ciudadanía justifica la violencia por algún motivo a partir de afirmaciones tales como: “no se metía con nadie, pero se mantenía fumando marihuana” o “es que estaba dañando el barrio”. La reproducción de estas argumentaciones explicativas ha dificultado la comprensión social y cultural del conflicto porque ha invertido lacarga de la responsabilidad quitándosela a quienes han perpetrado la violencia y endosándosela a las víctimas, legitimando así las violencias y las dinámicas mismas del conflicto armado. De tal modo, en gran parte de la ciudadanía se instaló la idea de que algunas vidas importaban más que otras.

Capítulo 5 MEMORIAS DE RESISTENCIA Y SOBREVIVENCIA

Los múltiples hechos asociados al conflicto armado y a las violencias han quedado en la memoria de sus habitantes como una honda cicatriz y hacen hoy parte del relato colectivo de la población medellinense. Puede decirse que casi todas las personas en la ciudad tienen entre sus historias un relato que contar sobre su relación personal con lo sucedido. Por esta razón, en esta investigación los relatos de los pobladores y, en especial, de las víctimas, ocupan un lugar central.

En las narraciones de muchos de los acontecimientos violentos es imposible para las víctimas identificar la identidad de sus perpetradores. Cuando se hace una lectura de los impactos del conflicto armado y de las violencias asociadas o de las respuestas que la población ha tenido frente a ellos no es fácil establecer autorías específicas. Lo que narran las víctimas y los pobladores son los impactos y las repuestas frente a una violencia generalizada, amalgamada y difícil de clasificar.

Se parte del supuesto de que los sujetos tienen capacidad y la posibilidad de maniobra y transformación de las condiciones del contexto. Queremos resaltar, primero, el carácter intersubjetivo de los procesos sociales y, segundo, la capacidad-posibilidad de los actores individuales y colectivos de producir efectos y modificaciones

En cuanto a las acciones colectivas de resistencia es posible caracterizar

tres períodos:

1. El primero va de 1982 a 1994 y está marcado por iniciativas colectivas orientadas a la defensa de los derechos humanos y el derecho a la vida.

Durante este período se presentaron acciones colectivas de denuncia y resistencia frente a la violencia política del Estado y los grupos paramilitares. En medio de uno de los momentos más aciagos de la historia de la ciudad surgieron organizaciones sociales y culturales importantes que tendrían un fuerte protagonismo en el período siguiente. Las acciones ciudadanas demandaban la defensa de la vida y la necesidad de establecer un pacto social que pusiera fin a la violencia que la ciudad vivía.

En este escenario cobró protagonismo el papel desempeñado por el Comité de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH), presidido por Héctor Abad Gómez. El Comité se preocupó por el creciente número de asesinatos y desapariciones forzadas que se registraban en Medellín, denunciaba públicamente las múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, pero también las acciones de los grupos paramilitares y sus vínculos con otros sectores de la sociedad. Foto Incluir imagen de prensa de La marcha de los claveles

Es pertinente mencionar las intervenciones que distintos gobiernos nacionales desarrollaron con políticas generales o focalizadas en la ciudad. Un proyecto pionero y de enorme influencia fue la Consejería Presidencial para Medellín que operó durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994). La Consejería significó un nuevo modelo de gestión pública basado en la integración de la sociedad civil, las agencias de cooperación internacional y los actores privados, al proceso de toma de decisiones públicas. Este es un momento en el cual jugó un papel decisivo la intervención del Gobierno central para suplir las deficiencias administrativas municipales. Algunas de las acciones más importantes fueron la creación de la Corporación Paisa Joven y del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales (Primed). La primera se encargó, de la mano de la Agencia de Cooperación Alemana GTZ, de elaborar las políticas públicas de juventud, proceso en el que participaron la Alcaldía, las universidades, la Iglesia, y algunas organizaciones comunitarias y no gubernamentales.

A final de la década de los ochenta e inicio de los noventa, en la ciudad, las comunas y sus barrios los jóvenes accedieron a la imagen mediática de una ciudad violenta a través de hechos atroces y espectaculares. El sicario se convirtió en un personaje de la mitología nacional y todos los jóvenes habitantes de las laderas de la ciudad quedaron cobijados por este manto. Paralelo Helí Ramírez y Alonso Salazar escribían, Víctor Gaviria rodaba Rodrigo D. Los jóvenes universitarios participaban en el séptima papeleta. Salimos a escuchar poesía en uno de los años más violentos de Medellín. ver youtube video Muchachos A lo Bien.

En las zonas nororiental y noroccidental las organizaciones sociales propusieron otros discursos a sus habitantes: Casa Mía, Juventud Unida Comunicaciones, Nuestra Gente, Barrio Comparsa, Picacho con Futuro, Convivamos resistieron la embatida de la Guerra desde sus espacios.

Durante la década de los noventa debido al nivel exacerbado de violencia que vivió la ciudad, diversos sectores (academia, ONG, empresas, medios de comunicación) fueron capaces de encontrarse para buscar una salida conjunta a la crisis en la que estaba sumida Medellín.

2. En el segundo, 1995-2005, las víctimas irrumpen en el espacio público, haciendo evidentes los daños y las pérdidas que el conflict armado les había provocado y reclamando por políticas públicas de atención a esta población.

Durante el período 1995-2005 la guerra alcanzó su punto más álgido. Se reconfiguraron los poderes de los actores armados en la ciudad, por lo cual era necesario para muchos grupos poblacionales hacer visibles los daños que habían sufrido y exigir acciones por parte del Estado para atender a los afectados. Así mismo era preciso denunciar e impedir modalidades de victimización como el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado, el secuestro, la desaparición forzada, los asesinatos políticos y las fronteras invisibles en los barrios.

Como parte de las respuestas sociales para visibilizar los daños ocasionados por la guerra y exigir justicia también se encuentra la conformación de organizaciones sociales, comunitarias, de mujeres y de familiares de víctimas. Un ejemplo claro en la ciudad es el surgimiento de Madres de la Candelaria, en 1999, a través de ejercicios de denuncia como marchas y tomas inspiradas en la experiencia de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. Se trató de un colectivo que continuó la línea de denuncia precedente en los años ochenta en torno a la desaparición forzada, como la operación Sirirí, liderada por Fabiola Lalinde (1984), Los Amigos de José (1986) y el capítulo Antioquia de ASFADDES.

3. En el tercero, 2006-2014, las iniciativas de memoria como eje de resistencia frente a la pretensión de olvido. Este último período se destaca por la consolidación de las organizaciones sociales, sus denuncias sobre los daños causados por la guerra y la exigencia de justicia y reconocimiento de ese daño.

En el plano político y administrativo en 2004 se presentó la elección de un candidato independiente como alcalde de la ciudad. La administración de Sergio Fajardo (2004-2007) se nutrió de la experiencia acumulada de la ciudad desde 1991.

Fue un período de fortalecimiento de las instituciones locales, de fuertes apoyos por parte de agencias internacionales de cooperación y de ejecución de políticas públicas con énfasis en los derechos humanos y creación de programas de apoyo a las víctimas del conflicto armado. En buena medida todo ello fue una respuesta institucional a las demandas de organizaciones sociales y de víctimas. Este es un escenario propicio para que la acción colectiva de las organizaciones sociales exponga en el escenario público sus demandas de reconocimiento de lo vivido durante el conflicto armado, se reivindiquen las memorias de las víctimas de ese conflicto y se reclame por verdad, justicia y reparación.

Qué Guerra tan impactante

Las violencias y las dinámicas del conflicto armado afectaron en Medellín a toda la ciudadanía. No obstante, sus impactos se han expresado de manera diferenciada en los distintos sectores sociales y en los distintos territorios de la ciudad.

La gran mayoría de los barrios populares (en particular entre sus más vulnerables y pobres) se vieron directamente afectados por la presencia de los distintos grupos armados legales e ilegales que ejercieron un control directo sobre la vida, los usos del espacio, las relaciones y la economía local de estos sectores. También, debido a la intensidad de los enfrentamientos y acciones de contra la población (asesinatos, desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual) se produjeron mayores niveles de vulnerabilidad y empobrecimiento.

Los sectores de ingresos medios y altos se convirtieron en blanco de diversos tipos de violencias de algunos grupos armados, como las redes del narcotráfico en medio de su guerra declarada contra el Estado y contra algunas figuras de la élite local. Los secuestros, asesinatos, exilios y extorsiones a sus inversiones en zonas rurales y urbanas hacen parte de las variadas modalidades de violencias directas sufridas por estos grupos poblacionales. A medida que el conflicto armado crecía en la ciudad, muchos empezaron a sentir que la violencia también los tocaba y vivían con el sentimiento de estar permanentemente en riesgo.

Datos de una ciudad herida

25.623 víctimas directas desde 1980 hasta 2014. Si se incluyen allí las 106.916 víctimas de desplazamiento forzado el número ascendería a 132.539 personas.

Víctimas de amenazas (16.636 personas)

Tortura (263 personas)

Minas antipersona o munición sin explotar (28 personas),

Con ellas, el número de víctimas directas del conflicto armado en el lapso 1980-2014 llegaría a 149.466 personas.

Si se apela a una metáfora espacial, se puede afirmar que con el número de ciudadanos de la urbe sometidos a procesos de victimización directa se podría llenar más de tres veces el estadio de fútbol Atanasio Girardot. Info grafico

Violencias no letales… Infográfico.