Un nuevo informe del Centro Nacional de Memoria Histórica ‘El derecho a la justicia como garantía de no repetición’ es una memoria de la relación de las víctimas con la justicia y las falencias del aparato judicial para satisfacer sus derechos.
La familia Medina Charry: 26 años en la búsqueda de justicia por la desaparición del estudiante Tarcisio Medina Charry a manos de agentes de la Policía, en 1988.
Las conclusiones del informe se limitan a los seis casos estudiados en profundidad y no tienen pretensiones de generalidad. Sin embargo, los seis relatos son elocuentes sobre las dificultades de las víctimas para encontrar satisfacción...
Colección de informes publicados por el CNMH en el 2012 que tratan sobre la evolución de la Ley de Justicia y Paz.
La Ley de Justicia y Paz se ha ganado todas las críticas imaginables por la lentitud de sus procesos, miles de casos en espera y sólo once sentencias en siete años de funcionamiento. Sin embargo, su aporte en la reconstrucción de la verdad histórica del conflicto colombiano es invaluable y jamás se hubiera alcanzado a través de la Justicia Ordinaria.
El Centro de Memoria Histórica propone preguntas a la vez que avanza algunas tesis sobre las formas en que, en el marco de Justicia y Paz, se ha pretendido resolver la tensión entre verdad judicial y verdad histórica de cara a un largo conflicto plagado de excesos. Este informe es una invitación a participar en una discusión en torno a cuestiones elementales y acaso, por ello, fundamentales: ¿qué relatos sobre nuestra guerra estamos dispuestos a aceptar?, ¿qué imágenes de nuestro pasado garantizan efectivamente que la tragedia no se repita?, ¿cómo, en fin, poner en marcha, en un contexto en el cual las representaciones judiciales y penales de la guerra ocupan un lugar central, una apuesta política por la paz?
En este libro el lector se sumergirá en un recorrido por el desarrollo de las AUC, desde el momento en el que estas fuerzas armadas fueron concebidas como estructuras legales de apoyo al Estado. El lector será guiado, año tras año, decreto tras ley, por el recorrido jurídico que se desprendió a raíz del empoderamiento de los grupos paramilitares. Así mismo, recordará con detalles la sucesión del conflicto armado: violencia, guerrillas, autodefensas, desmovilización, amnistías, sometimiento a la justicia.
En esta obra no se busca estudiar la Ley de Justicia y Paz para explicarla o criticarla, sino mostrar cómo la evolución histórica llevó a ella. Las teorías jurídicas y políticas que explican su existencia son intentos de llevar a un contexto abstracto o aislar esos aspectos, pero lo único que explica en su totalidad dónde se ubica y cómo se llega a esta ley son sus antecedentes.
Esta obra es dura en lo que muestra y concluye. De ahí la importancia de haberla producido y de darla a conocer, ya que solo así se garantiza que no se olvide esa parte de nuestra historia y se impide que el proceso que se dio quede cubierto con la impunidad o el olvido. Permite también que, en la medida de lo posible, se compense y corrija lo que no funcionó de su supuesta ‘ley de transición’, y que aprendamos la lección y evitemos un mismo resultado.
El 70% de predios abandonados o despojados por efecto del terror paramilitar están localizados en Urabá, la Costa Atlántica y Norte de Santander. Territorios de colectivos indígenas y afrodescendientes, cerca de 10 millones de hectáreas. Este informe es una reconstrucción histórica a partir de las versiones libres rendidas por jefes de las AUC que describe su apropiación de tierras por medio de vías violentas o de estafa con diversos objetivos.
A siete años de haberse expedido la Ley de Justicia y Paz, es muy poco lo que se ha avanzado en la revelación de la verdad sobre las causas, responsables y usufructuarios del abandono forzado, la ocupación ilegítima y el despojo de tierras. Esto sin contar con la precaria identificación de las víctimas, de los bienes usurpados, así como en el enjuiciamiento y sanción de los responsables directos e indirectos.
En este escenario de impunidad se hace evidente la necesidad de un ejercicio de reconstrucción de la memoria histórica, y las versiones libres de los postulados al proceso de Justicia y Paz constituyen una pieza esencial para revelar la existencia macrocriminal de despojo de tierras y territorios, así como para mostrar la legalización de un aparato de poder constituido que impuso un orden social, político y económico sustentado en el destierro violento.
Esta encuesta fue realizada con el apoyo de la Unidad de Víctimas, Fundación Social y la Universidad de los Andes y contó con el acompañamiento técnico y financiero de OIM y USAID. La encuesta es una evaluación social de la Ley 975 de 2005 o Justicia y Paz.
Diferentes sectores de la población urbana colaboraron para obtener respuestas a preguntas como ¿Cuál es el impacto de la Ley de Justicia y Paz? Y ¿Cómo percibe su legado la sociedad colombiana? Los encuestados fueron seleccionados desde grupos de expertos, víctimas organizadas y ciudadanos del común.
Los resultados presentados ofrecen un panorama del camino que la sociedad colombiana ha recorrido con la Ley de Justicia y Paz, al tiempo que contribuyen con sugerencias sobre las falencias y la gestión colectiva que le falta a nuestra sociedad para terminar el conflicto armado y hacer justicia para las víctimas.
DERECHO A LA JUSTICIA. VOLUMEN 1.