En las décadas de confrontación armada colombiana se suceden una serie de experiencias del fin del conflicto que hoy dejan lecciones para el país. Los acuerdos, que se dieron a conocer en el salón de protocolo de El Laguito de La Habana, se convierten en una especie de homenaje a todo el legado de los esfuerzos que han dejado experiencias de paz que se han registrado en el país.
Acuerdos con guerrillas, milicias locales o grupos paramilitares, integran la variedad de casos de desarme, desmovilización y reinserción o reintegración a lo largo de la historia contemporánea del país. En la publicación “Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUC”, el Centro nacional de Memoria Histórica hace un recorrido por lo que han sido estas experiencias, sus lecciones y aportes para la construcción de una paz sostenible.
Colombia ha seguido lineamientos de las Naciones Unidas y varios organismos y agencias de cooperación internacional en materia de DDR (Desarme, Desmovilización y Reinserción-reintegración) que dan lugar al tránsito de combatientes de estructuras armadas a la vida civil, en condiciones de legalidad y reconocimiento, lo cual incluye la atención no sólo al excombatiente, sino a sus entornos familiares, comunitarios y poblacionales en una fase de transición que se relaciona con acciones de reconstrucción posbélica, rehabilitación social y reformas institucionales, políticas y sociales.
Uno de los antecedentes a los acuerdos anunciados entre el Gobierno y las Farc es el Conpes, 3554 de 2008, que define el desarme como la recolección, documentación, control y eliminación de armas, explosivos y artillería liviana en poder de “grupos armados organizados”, ilegales o de la población civil. Mientras que la desmovilización es el “licenciamiento formal y controlado de miembros activos de fuerzas o grupos armados organizados al margen de la ley”, proceso que se aplica en dos fases: la ubicación del colectivo en un campamento y el inicio de la reinserción que incluye un paquete de apoyo para la reubicación de las personas desmovilizadas.
En ese sentido, las mismas medidas conciben la reintegración como “el proceso a través del cual los desmovilizados adquieren un estatus civil y consiguen un empleo e ingreso económico de manera sostenible”. Sin embargo, según estándares de las Naciones Unidas, debe ser parte de una estrategia general de reconstrucción con medidas estructurales y reformas de democratización social y política para garantizar recuperación de la paz y la superación de la violencia.
Los pactos del noventa
Repercutieron con gran importancia los acuerdos de paz entre el M-19 y el EPL, a los que posteriormente se agregan la milicia regional del PRT y los comandos de autodefensa indígena del MAQL, en la Asamblea Nacional Constituyente, que expidió la Constitución Política de 1991. La consolidación del paso a la legalidad de estas agrupaciones se dio principalmente a través de su participación directa en ella.
En estos primeros pactos de paz las armas no fueron entregadas al gobierno sino que se adoptó la figura de “dejación”, supervisada por comisiones veedoras internas e internacionales. El M-19 y el EPL tuvieron comisiones veedoras y técnicas militares que registraron el armamento y los implementos de guerra dejados o destruidos durante varias semanas, a instancias de la Internacional Socialista y, en varios casos, se erigieron monumentos con el metal de las armas, como es el caso del Parque de la Paz en Medellín, en homenaje a las víctimas del conflicto armado por parte del EPL.
El programa de acceso a la vida civil de más de siete mil excombatientes del M-19, EPL y de otras fracciones guerrilleras y milicianas regionales tuvo un enfoque de reconocimiento político, metodología de consensos y participación de los beneficiarios que representó logros en participación política y social, impactos regionales y resultados en temas como la educación. Sin embargo, representó bajo nivel de socialización de beneficios con las poblaciones, el diseño oficial individualista y microempresarial, la carencia de enfoques diferenciales, la inviabilidad frecuente en ámbitos rurales ante el impacto del conflicto armado y la violencia; la visión restringida al concepto de reinserción y falencias en empleabilidad y proyectos económicos.
El elemento crítico fue la carencia en condiciones de seguridad. Al cabo de una década, en medio de la prolongación del conflicto armado y de dinámicas de violencia sociopolítica, se registró contra esta población amnistiada e indultada una masiva violación a los derechos humanos, de forma que su ingreso a la legalidad significó ataques ocasionados por paramilitares, agentes del Estado y otros grupos guerrilleros.
Desmovilización del EPL. Fotografía por Fundación Cultura Demo crática (Fucude)
Acuerdos con fracciones guerrilleras y milicias locales
En el curso de más de dos décadas también otras agrupaciones se adhirieron, mediante protocolos, a pactos de paz previos con guerrillas del orden nacional, con autoridades territoriales o mediante un acta de entrega ante las autoridades.
La milicia del PRT arrojó las armas al mar Caribe. El MAQL recurrió a la veeduría del Consejo Mundial de Iglesias, y dado su carácter de autodefensa indígena, dejó las armas ante una concentración de comunidades indígenas del Cauca, quienes procedieron a destruirlas. La CRS hizo dejación de las armas ante una comisión veedora de los Países Bajos y de Pax Christi. Las Milicias Populares de Medellín y otras fracciones guerrilleras que se adhirieron a los acuerdos de paz, recurrieron a la observación del desarme por parte de embajadas, la Iglesia Católica y personajes que obraron como facilitadores.
Por su parte, las MP de Medellín que firmaron un pacto de paz y convivencia con el Gobierno, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín en 1994, tenían origen y dirigentes procedentes de milicias adscritas a las guerrillas, pero se habían configurado como grupos autónomos: Milicias del Pueblo y para el Pueblo, Milicias Metropolitanas de Medellín y Milicias de Valle de Aburrá. En su momento aportaron al desmonte de la mayoría de las agrupaciones del fenómeno miliciano en las comunas de Medellín, con la reintegración de exmilicianos y con proyección comunitaria, pero así mismo con notables niveles de reincidencia y alto reclutamiento de personas menores de edad, de acuerdo con información del Centro de Documentación para la Paz (Compaz) en 1995.
De otra parte, las fracciones disidentes al pacto de paz del EPL, que se rearmaron retomando los nombres de los frentes Jesús María Alzate y Bernardo Franco entre Urabá y Córdoba, se entregaron suscribiendo un acta ante el Ejército Nacional en 1996. Parte de sus integrantes se vincularon al programa de reintegración y otros se unieron a las filas de los grupos paramilitares de las AUC. Experiencia distinta fue la de las milicias urbanas y suburbanas del MIR-COAR, que tras firmar el pacto de paz y convivencia en Medellín con el Gobierno, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín en 1998, se reintegraron con positiva repercusión política, social y comunitaria. Sus integrantes provenían de las Milicias Populares del PCC-ML, desde antes del pacto de paz con el EPL; no fue una disidencia a tal pacto sino resultado de la negativa gubernamental a aceptar en el curso de la negociación la instalación de un campamento de paz urbano en Medellín.
Adicionalmente, en la década siguiente se produjeron otros pequeños acuerdos de acogimiento a la paz e integración al programa gubernamental de reintegración con otras pequeñas fracciones guerrilleras: en 2008 con el ERG, disidencia del ELN en Chocó y parte de Risaralda; y en 2011 con el ERP, disidencia del ELN que actuó en sur de Bolívar, La Mojana, Montes de María y el norte del Tolima.
Acuerdo con las AUC
Con el inicio del siglo, llegó el proceso con los paramilitares, las AUC, que no configuró un levantamiento frente al Estado, sino que hizo parte de agrupaciones armadas, unas de surgimiento legal, otras ilegales, que actuaban en el contexto de la acción contrainsurgente con relaciones y permisividad de las fuerzas estatales. Con acuerdos suscritos con el Gobierno de desarme, desmovilización y reintegración, se posibilitó la opción de su desmonte que constituiría una contribución importante hacia el logro de la paz.
Las estructuras paramilitares de las AUC entregaron sus armas directamente al Gobierno, en actos de desarme ante el Alto Comisionado para la Paz y las Fuerzas Militares, que tuvieron el encargo de su custodia con veeduría internacional de la MAPP-OEA y acompañamiento de la Iglesia Católica.
Si bien el volumen de personas combatientes y de armas entregadas fue significativamente mayor al de las 32 mil personas, también se registraron mayores porcentajes de disidencias, reincidencia delincuencial y rearmes en todas las regiones. De acuerdo con un informe de 2010 de la Fundación Ideas para la Paz “las mismas armas que fueron utilizadas por las AUC están siendo utilizadas por las Bacrim”, con alusión a los grupos que persistieron o se rearmaron tras las desmovilizaciones progresivas de los bloques de las AUC. Estimó que a pesar de las 18.051 armas entregadas, habían quedado algunas restantes en caletas que sirvieron para tales rearmes.
A estas alertas se sumaron informes de Human Rights Watch que afirmó que el fenómeno paramilitar no se había superado; de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Andina de Juristas, de la OEA y de la CNRR, que señalaron parcialidades, irregularidades y “fraudes” registrados en los eventos de desarme y desmovilización.
En la negociación con las AUC casi no existió claridad sobre las estructuras que realmente existían y se produjeron creaciones, recomposiciones, confrontaciones armadas entre las estructuras, negociaciones de poder e incluso la “venta de franquicias” y su compra por parte de narcotraficantes que ingresaron en calidad de jefes y voceros en el curso de la negociación con el gobierno.
No existió realmente un período de concentración previa sino la llegada pocos días antes al acto de desarme y desmovilización. Incluso, aunque formalmente se pronosticaban al menos tres semanas de concentración de los efectivos, con frecuencia no sucedió. Esta situación sumada a las desmovilizaciones progresivas facilitó la duplicación de los efectivos reales, acompañada de los hechos denunciados de vinculaciones irregulares.
La cuestionada desmovilización del “Frente Cacica La Gaitana” de las FARC
En 2010 se presentaron denuncias que cuestionaron la desmovilización del llamado “Frente Cacica La Gaitana de las FARC”, realizada en 2006 con presencia de altos funcionarios del gobierno nacional y del Ejército en Tolima, por ser un “montaje” o una “falsedad”.
En el debate público se afirmó que quien la había liderado desde el supuesto grupo de guerrilleros era alias “Olivo Saldaña”, quien había sido jefe de finanzas de un frente de las FARC, pero había desertado en 2003 con 10 mil millones de pesos, siendo capturado en Pereira en 2004. También era reconocido por promover desmovilizaciones desde la cárcel, y a la vez había servido de testigo en ocho procesos judiciales contra políticos, empresarios y comerciantes a quienes señaló de colaborar con las FARC, pero cuyos procesos terminaron con absolución al evidenciarse que eran falsas imputaciones.
En consecuencia, progresivamente la Procuraduría General y la Fiscalía abrieron indagación contra el excomisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, el exministro del interior y de justicia, Sabas Pretelt de la Vega, el excomandante del Ejército General Mario Montoya, el coronel retirado Hernán Castellanos y otros militares. En diciembre de 2011 la juez 26 con funciones de Control de Garantías de Bogotá ordenó el cese de pagos para todos los supuestos exguerrilleros desmovilizados oficialmente a nombre del “Frente Cacica La Gaitana de las FARC”.
Luis Carlos Restrepo, excomisionado para la paz, declaró que las acusaciones de falsas desmovilizaciones eran injustificadas y pidió que se investigaran declaraciones en su contra por falso testimonio. La Fiscal General, de ese momento, Viviane Morales, anunció la imputación de cargos por peculado, por apropiación, fraude procesal, concierto para delinquir y tráfico y porte de armas a Luis Carlos Restrepo. Este declaró en diciembre de 2011 ante los medios de comunicación que no tenía responsabilidad en irregularidades y si las había “sería una de las principales víctimas” y que había sido el Ejército quien concluyó, luego de investigar, quiénes hacían parte de esa estructura armada.
Falsa desmovilización de supuestos Rastrojos y entrega parcial del ERPAC
En 2009 se registró una supuesta desmovilización de 108 miembros del grupo rearmado y posdesmovilización de las AUC conocido como Los Rastrojos, quienes habrían entregado sus fusiles al Ejército en Chocó y se anunció su sometimiento a la justicia. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo realizó una visita en terreno y denunció irregularidades como la legalización, en calidad de desmovilizados, de jóvenes de las comunidades locales que no estaban vinculados al grupo irregular referido. La Fiscalía les aplicó el principio de oportunidad y se abstuvo de juzgarlos por concierto para delinquir, de manera que les atenuó la pena por porte de armas, lo cual los hizo excarcelables.
De otra parte, a finales de diciembre de 2010 se organizó por parte de la Fiscalía General de la Nación una publicitada entrega del grupo posdesmovilización de las AUC llamado ERPAC, presente en Los Llanos Orientales. Una comisión de 25 fiscales y de por lo menos 300 investigadores se instaló en Villavicencio para coordinar la primera entrega prevista de 450 de sus integrantes. Según las informaciones, el primer grupo, compuesto por 150 de ellos, se desplazaba de Vichada hasta el Parque Temático Las Malocas.
En tales circunstancias a finales de diciembre de 2011 se confirmó que 248 integrantes del grupo ERPAC, aunque se habían presentado a someterse a la justicia, permanecieron en libertad. Algunos pocos quedaron presos por tratarse de los jefes, de quienes tenían condenas y órdenes de captura.
De las 269 personas que se sometieron en total, solo 21 quedaron a disposición de la justicia. Si se considera el dato oficial de inteligencia militar, el total de miembros de este grupo estaba estimado en unas 1.100 personas, lo que significó que se conseguía solo la entrega de cerca del 25 por ciento.