La paz no será posible si el Estado no está fortalecido en el territorio garantizando que, sin importar las diferencias de pensamiento, la ideología política, el sexo, la identidad religiosa o racial, se respete la vida por encima de todo, y se usen mecanismos democráticos para solucionar las diferencias.
Desde el principio de las negociaciones en La Habana se planteó la importancia que iba a tener la garantía de seguridad —a quienes dejen las armas y al movimiento social—, en el territorio nacional, como parte de la construcción de una paz estable y duradera. El último punto de la agenda, que se firmó el 23 de junio, reafirma el compromiso del Gobierno para luchar “contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. La existencia de estos grupos es, sin duda, uno de los principales obstáculos que se presentarán para que la paz sea algo más que la firma en un papel.
Una nación plagada de armas
Las FARC han sido, durante muchos años, un grupo armado con presencia y capacidad bélica en muchos territorios. Sin embargo, no son el único actor armado presente en el territorio. Además de otras guerrillas que surgieron a mediados del siglo XX, la violencia en Colombia ha sido también generada por grupos paramilitares y narcotraficantes.
Ahora bien, los grandes carteles de la droga, de los 80 ya no existen en la forma que solían hacerlo. La mayoría de las guerrillas de izquierda dejaron las armas entre 1990 y 1991. Las AUC, que agruparon a una gran mayoría de estructuras paramilitares, se desmovilizaron entre 2003 y 2006. Es decir, los únicos grupos alzados en armas son las FARC —hasta la firma definitiva del acuerdo de paz— y el ELN, y aún así, según el grupo de investigación Crisis Group, en los últimos años han sido quienes menos han llevado a cabo acciones unilaterales de violencia. Una disidencia del EPL, que opera en El Catatumbo, hoy en día es considerado como un grupo totalmente cooptado por el narcotráfico.
Entonces, ¿por qué Colombia es el país con más defensores de Derechos Humanos y reclamantes de tierra asesinados?, ¿por qué, tan solo en 2016, seis mil personas se han desplazado de sus hogares en el Chocó? La respuesta a estas preguntas es una de las principales preocupaciones de las FARC y el Gobierno cuando se empiece a implementar lo acordado en La Habana: los nuevos grupos armados o bandas criminales.
¿Cómo surgieron?
La experiencia ha demostrado que después de que un grupo deja las armas, es muy común que otros tomen su lugar para controlar el territorio, que en la mayoría de los casos tenía actividades ilegales que permiten su sostenimiento económico. Entre 2003 y 2006, con la desmovilización de las AUC, que ocuparon, según el CERAC, 711 municipios de Colombia antes de su desmovilización, el Gobierno identificó cuatro regiones en las que se confirmó la existencia de nuevos grupos alzados en armas: en la Costa Atlántica, El Catatumbo, El Pacífico y Los Llanos Orientales.
Estos “nuevos grupos armados” se denominaron “bandas criminales”, y serían tratados como estructuras de crimen organizado. Son más de 8.000 personas las que hacen parte de estas estructuras y, según el Ministerio de Defensa, para 2012 estaba presentes en 406 municipios, concentrados en las mismas regiones donde antes hacía presencia las AUC.
Algunos han desaparecido, como el Erpac, en el Meta, y otros han adquirido más fuerza y se han replicado en distintas regiones; es el caso de las Águilas Negras o del ejército antirestitución. Y, por ser tratadas como bandas criminales, las Fuerzas Militares no tienen la potestad para actuar bajo el factor sorpresa y atacar a estos grupos como lo hacen con las guerrillas. Quién más ha tenido que lidiar con dichos grupos ha sido la Policía, especialmente, los grupos antinarcóticos, por el gran poder que tienen las bandas sobre el tráfico de drogas.
Una amenaza en cada esquina
Casi todos los rincones de Colombia, por la histórica ausencia del Estado, han sido aprovechados por los grupos armados ilegales. Allí, también, las personas han tenido que encontrar sus propias formas de resistir a la violencia de la que han sido víctima, y también han hecho acciones de memoria para que, conforme avanzan y cambian las dinámicas del conflicto, los hechos violentos no se vuelvan a repetir. Son ellos quiénes más están en riesgo.
En el Urabá antioqueño, por ejemplo están “los Urabeños”, una banda responsable del asesinato de varios líderes de derechos humanos y que controlan el tráfico de drogas hacia Centro América y El Caribe. Allí, las comunidades han rechazado enfáticamente la presencia de cualquier grupo armado en su territorio, teniendo en cuenta también que la Fuerza Pública ha contrarrestado a varios jefes y estructuras de ese grupo ilegal.
En el Chocó, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más de seis mil personas han sido desplazadas. La mayoría son indígenas y afrocolombianos. Han salido por miedo a los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y otros grupos armados, y también han salido por las amenazas de las bandas criminales a líderes de estas comunidades.
También en el litoral Pacífico, en el departamento del Cauca, las “Águilas Negras” han estado dejando panfletos en los municipios y corregimientos, sobre todo del Norte del Cauca, amenazando a las líderes de los movimientos indígenas, por la resistencia que ellos hacen frente a las acciones armadas de estos grupos en sus territorios. Recientemente, según el portal Verdad Abierta, estos panfletos han ofrecido recompensas de hasta veinte millones de pesos por la cabeza de estos líderes.
En la Costa Atlántica, además, en la Guajira y en la Sierra Nevada de Santa Marta, hay versiones que indican que personas relacionadas con Hernán Giraldo, quien fue jefe de las AUC, han estado rondando los territorios con armas y enfrentándose con el ELN. En esta zona, las personas afectadas han sido indígenas de la comunidad wiwa que están reclamando los territorios que les pertenecían y que perdieron por causa del conflicto armado.
Así, podrían seguirse nombrando otras zonas en las que los nuevos grupos armados, que en su mayoría surgieron tras la desmovilización paramilitar, están llevando a cabo acciones delictivas y violentas contra la sociedad civil, particularmente contra simpatizantes de movimientos sociales y de izquierda. En los Llanos, en el Putumayo, en El Catatumbo y el Magdalena Medio, las personas se ven amenazadas por estas acciones, según informa Crisis Group.
Es por eso que una de las exigencias de las FARC fue que el Gobierno asumiera la responsabilidad que le corresponde como garante de la seguridad de la población civil; una responsabilidad que, como reclama también el movimiento social, no ha sido cumplida a cabalidad.
La paz no será posible si el Estado no está fortalecido en el territorio garantizando que, sin importar las diferencias de pensamiento, la ideología política, el sexo, la identidad religiosa o racial, se respete la vida por encima de todo, y se usen mecanismos democráticos para solucionar las diferencias. El último día de la guerra está lejos de ser el último día de violencia. Sin embargo, es bueno empezar esta etapa de paz, conscientes de los retos que hay por delante. Son muchos y es una responsabilidad de todos la guerra sea un asunto del pasado.
Por eso el Gobierno y las Farc acordaron este 23 de junio aplicar unos mecanismos de que garanticen la seguridad y el ejercicio de la política a los excombatienes de las Farc, y a los líderes de todos los sectores sociales del país, sobre todo a quienes pertenecen al movimiento social y polìtico de izquierda.