Los múltiples y diversos fenómenos de privatización de la violencia y la seguridad en Colombia, han impedido la consolidación del Estado en los territorios y actualmente son una amenaza para la implementación de la paz. En 40 años, los grupos paramilitares fueron responsables de 21.000 asesinatos.
Entre 1975 y 2015 los grupos paramilitares y los Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD) fueron responsables del 47,09% de las muertes ocurridas durante el conflicto (21.044 víctimas). Un total de 2.518 de esos asesinatos fueron perpetrados por los GAPD durante su periodo de desmovilización entre 2006 y 2015, según el informe “Grupos Armados Posdesmovilización. Trayectorias, rupturas y continuidades”. Estos son algunos de los hallazgos que ha dejado una década de investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
Hoy, por mandato, le corresponde a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV) esclarecer y reconocer el fenómeno del paramilitarismo: sus organización, causas, orígenes y manifestaciones; y las diferentes formas de colaboración en que trabajaron, incluyendo su financiación y el impacto de sus actuaciones en el conflicto.
Esto es vital, no solo porque los grupos paramilitares tuvieron un papel protagónico en el desarrollo del conflicto armado en Colombia, sino porque ahora los GAPD (Grupos Armados Posdesmovilización), surgidos del proceso de negociación entre las extintas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, son la principal amenaza para la implementación de los acuerdos de paz y uno de los mayores retos del posconflicto.
“[Este balance] parte de una aproximación analítica a los informes del GMH/CNMH y al resto de la literatura relevante orientada por tres ejes interpretativos: 1) el proceso diferenciado de construcción del Estado colombiano, y la propensión a la provisión privada de seguridad por parte de determinados sectores sociales y económicos; 2) los desencuentros entre las aceleradas transformaciones económicas, los cambios en la institucionalidad local y las consecuencias políticas del ascenso de las economías ilegales; 3) la relación entre las configuración socioterritorial de las regiones y la construcción de órdenes diferenciados del fenómeno paramilitar” Balance Paramilitarismo
Así lo reconoció un exsecretario de planeación de Montería, Córdoba, en una entrevista con el Centro de Memoria en el 2015. “Actualmente digamos que lo que hay son unas bandas criminales que están con el negocio de la coca. Cuando el Gobierno las ataca mucho ellos se quedan como desfinanciados, y comienzan a pedir platica a los vendedores y a los establecimientos, y a veces a algunos contratistas (…) Esos tipos metieron una estructura a la que el Gobierno le daba muy duro, y eso los cambian [a los cabecillas] (…) yo digo que no dura ni seis meses un jefe de esos, máximo. Estos no son como anteriormente que era una finca y que el señor uno llegaba allá y sabía dónde estaban, no. Eso más bien son unos jefecitos ahí de la zona, pero no duran mucho: o lo meten preso o los matan y enseguida llega otro”.
En nuestras investigaciones sobre el paramilitarismo hemos encontrado varios asuntos que vale la pena rescatar. Por ejemplo: que las AUC no fueron una organización nacional coordinada, sino que se configuraron como una unión laxa de grupos y organizaciones con profundos problemas de acción colectiva; que los intereses de expansión territorial de este grupo fueron distintos de acuerdo a las condiciones territoriales de donde operaba; y que su involucramiento con el narcotráfico, coincidió con una estrategia deliberada de influir en procesos políticos y respaldar a congresistas y políticos locales para legitimar su poder. Finalmente, frente a desmovilización de las AUC, encontramos que la persistencia de economías ilegales ligadas con el narcotráfico y la explotación ilegal de materias primas (entre otras), sumado a la baja o corrupta presencia estatal, contribuyeron a que los procesos de desmovilización fracasaran, a que emergieran los GAPD y a que aumentara la violencia.
“Los paramilitares pasaron a ser reguladores de la vida social y económica, e incluso también tenían presencia en la vida política (...) Eso llevó a que la gente, a través de líderes y de la misma sociedad, aceptara la presencia de estos grupos, de ese establecimiento, o ese statu quo si se quiere. Es más, había una especie de sometimiento voluntario y una legitimación de los mismos”.
Testimonio del expersonero municipal de Apartadó, Antioquia, en entrevista con el CNMH en el 2015
Por esto, una de las principales recomendaciones del Centro de Memoria Histórica para la CEV es ampliar el universo de casos que sirven como referencia para sus informe, ya que muchas de las interpretaciones sobre el fenómeno paramilitar se han hecho sobre aspectos y experiencias muy puntuales que llevan a realizar generalizaciones y a seguir invisibilizando casos que no se han conocido en profundidad.
También se recomienda estudiar los vínculos con el Estado y los sectores políticos y económicos en la legalidad; identificar los legados del fenómeno paramilitar que persisten en muchos territorios (tanto los destructivos como las nuevas condiciones de vida que generaron y que hoy persisten); analizar el papel del narcotráfico y otras modalidades de economía criminal que se gestaron al interior de este fenómeno, y profundizar en el tema del despojo de tierras como un patrón de victimización masiva, pues aún hay polémica sobre las relaciones que hubo entre la concentración de la tierra y el accionar paramilitar.