Justicia Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico

La Ley de Justicia y Paz no le dio garantías judiciales a las víctimas

El acuerdo que resultó del proceso de desmovilización de los paramilitares, no le dio, en principio, a las víctimas un lugar preponderante en la construcción del sistema de justicia. Hoy, la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC, es una oportunidad para no recaer en esas fallas.

Desde su posesión como presidente en el 2002, Álvaro Uribe comenzó el proceso de conversaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para su desmovilización y desarme. A pesar de todas las dificultades y confrontaciones, estos diálogos finalizaron con la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005), que buscaba la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los grupos paramilitares.

Uno de los 22.374 casos de violencia paramilitar, radicados en los tribunales de Justicia y Paz a junio del 2017, fue el de Trujillo, Valle del Cauca. Entre 1986 y 1994 este municipio fue escenario de una serie de hechos violentos y recurrentes, que desangraron su historia a través de asesinatos selectivos, torturas, terrorismo y desapariciones forzadas. La alianza entre los narcotraficantes Diego Montoya, alias ‘Don Diego’, y Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’, junto a miembros de la Fuerza Pública, llevó la mayor ola de violencia a Trujillo en su historia. Intimidaron a la población bajo el argumento de que los habitantes de esta región eran supuestos colaboradores de las guerrillas. Con esta idea asesinaron y despojaron a campesinos de sus tierras, para tomarlas de manera ilegal.

El informe “Justicia”, realizado por Francisco Barbosa Delgado a partir de siete investigaciones del CNMH, especifica que la violencia en Trujillo dejó un total de 245 víctimas y que, ante esta tragedia, la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo (CISVT) determinó que el Estado era responsable por el alto grado de impunidad. “En materia penal el caso se tramitó ante la jurisdicción de Orden Público, en la que el diseño procesal impidió realizar una investigación con funcionarios judiciales independientes, y no se contó con los términos procesales adecuados para la recolección y valoración probatoria. Ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se admitieron ocho demandas, pero ante el fracaso de la etapa conciliatoria, el caso fue puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dice el informe.

Esta sombra judicial, no fue impedimento para que las víctimas se empoderaran en la lucha por sus derechos, alzaran la voz y salieran a la luz. Esta historia quedó consignada en el informe “Trujillo: Una tragedia que no cesa”, publicada en el 2008 por el Grupo de Memoria Histórica. Esta investigación reconstruye cómo fue el reconocimiento de las víctimas como tales, ya que durante décadas habían estado ocultadas dentro de la guerra. “Muchas cosas están pasando en Colombia hoy. Y una de las más importantes es que pese a las estructuras del miedo, las víctimas, la sociedad y las instituciones han comenzado a hablar. Es tiempo de hacer memoria”, dice Gonzalo Sánchez, director del CNMH, en la introducción del informe.

Desde el 2008 el Grupo de Memoria, y luego el Centro Nacional de Memoria Histórica, vienen analizando el proceso de desmovilización de los paramilitares con el fin de repensar las fallas de Justicia y Paz, y aplicar lo aprendido de esa experiencia en la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC. Dejar por fuera a las víctimas es un error que no se puede repetir. También es necesario aclarar los vacíos que se quedaron en relación con los terceros en el conflicto armado, como el fenómeno de la parapolítica, “ya que su ausencia -dice Francisco Barbosa, autor de este informe- no permite completar el panorama del análisis”.