“Es absolutamente inhumano, es absolutamente criminal a lo que se están sometiendo estas familias hoy” - Jorge Molano. DH Colombia.
El acompañamiento judicial ha sido un tema fundamental en la lucha que, durante treinta años, han llevado las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Jorge Molano, abogado de DH Colombia, Red de Defensores No Institucionalizados, ha llevado el caso de las desapariciones del Palacio y habló con el Centro Nacional de Memoria Histórica acerca de los nuevos hallazgos de la Fiscalía.
¿Se puede confiar en la labor del Estado, frente a los tres restos de personas que estaban desaparecidas?
“Aquí no ha habido una voluntad institucional. Lo que se ha dado es el ataque a quienes han buscado intervenir actuando en pro del desarrollo de la investigación. Lo que sucedió con la fiscal Ángela María Buitrago, que fue sacada de la fiscalía argumentando supuestas razones de deficiencia en su trabajo, raya con la estupidez. Lo que sucedió con la jueza Maria Estela Jara, que se vio obligada a salir del país, es evidencia de que este es un aparato criminal que actúa en impunidad. Lo que hoy queda claro es que el Estado resultó respondiendo cuando está a 15 días de rendir un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es un Estado al que le interesa la imagen y no le interesa la justicia”.
¿Qué tan confiable es, entonces, esta información que acaba de salir?
“Bueno, nosotros ya hemos solicitado que no se continúe con ninguna actuación hasta que no se conforme la veeduría internacional”.
¿Quién la conformaría? y, ¿qué tan viable es que accedan a esta exigencia?
“Estamos pidiendo que sea directamente con las Naciones Unidas y que se designe un equipo de expertos en antropología forense, que puedan desarrollar las investigaciones a este respecto. Y esta es una exigencia que también estableció la CIDH en su condena contra Colombia y es parte de lo que le estamos pidiendo y exigiendo a la Fiscalía que debe cumplir”.
¿Cómo deberían proceder las familias que ahora, después de treinta años, tienen nuevas dudas respecto a la identidad y el paradero de sus familiares?
“Ya hay unos procesos abiertos, dentro de los cuales se deberían investigar todas esas cosas. Lo que uno tiene que decir es que es absolutamente inhumano y absolutamente criminal a lo que se están sometiendo estas familias hoy. Todo esto tiene como origen las actuaciones del Ejército de Colombia y la Policía Nacional que buscaron desde un comienzo alterar la escena del crimen, desviar las investigaciones, encubrir a los responsables y garantizar la impunidad. Hoy lo que se da es el resultado de esas acciones de la Fuerza Pública también”.
¿A los miembros de la Fuerza Pública en medio de la actual coyuntura los podría cobijar la justicia transicional?
“Mire, lo que uno esperaría es que los que están involucrados en estos actos y están siendo procesados, confiesen. Que digan la verdad y que devuelvan a los desaparecidos. Ya es hora que dejen de delinquir, porque además si estamos pensando en una transición en la sociedad, ese aparato criminal, que ha funcionado durante treinta años, tiene que disolverse. Y lo cierto es que para que ellos recibieran, en un caso hipotético, algún beneficio, deberían confesar todo lo que saben y decir toda la verdad. Y yo no veo a estos responsables diciendo la verdad”.
¿Cree que siguen existiendo “pactos de silencio” en este caso?
"Sí, hay pactos que estableció Belisario Betancur; un silencio que ha mantenido durante treinta años. Sobre esto, Enrique Parejo ha develado cómo funciona el poder militar y cómo fue la ruptura del orden constitucional. Pero se necesita que el presidente cuente cómo fue que sucedió para poder entender la magnitud de la tragedia. Que dejen de seguir mintiéndoles a los colombianos y a la comunidad internacional de que somos la democracia más antigua de América Latina".
Ustedes denunciaron en la rueda de prensa que algunas personas de la Fuerza Pública estaban interfiriendo en los procesos ¿Cómo obtuvieron esta información?
"La presencia de personal militar en actitud vigilante la podemos verificar directamente en el desarrollo de las exhumaciones que presenciamos y acompañamos. Y el intento de ingreso al Instituto de Medicina Legal, fuimos informados por funcionarios del Instituto, de alto nivel. Incluso esta situación los obligó a reforzar las medidas de seguridad de la investigación. Les hemos hecho un llamado públicamente pero se mantiene el silencio por parte de ellos".
¿Con todos los avances en términos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario cree que ahora sí se puede pelear contra la impunidad?
"Mira, mientras no exista un respaldo a la administración de justicia y a lo que se pretende investigar, es muy difícil. Mientras la Fuerza Pública persista en mirar cómo interfiere en las investigaciones, va a ser muy difícil. Y mientras no se den las garantías a los investigadores, a los testigos a quienes buscan la justicia, es muy difícil. Y lo que se logró el 6 y 7 de noviembre del 85 fue dejar un sistema de justicia sometido y un poder militar inaccesible".