Cinco años después de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, se abre el caso 10.738 referente a la “situación de los desaparecidos del Palacio de Justicia” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 20 años después se conforma la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia; 5 años más tarde se presenta el Informe Final de la Comisión; en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado por los desaparecidos y torturados y el pasado 20 de octubre, días antes de la conmemoración del trigésimo aniversario del holocausto, la Fiscalía encontró tres restos de tres de los 11 desaparecidos.
Una noticia que generó alegría, remembranza, esperanza, también indignación e inclusive rabia. Sentimientos que no han dejado nunca de estar. 30 años después y aún no se sabe bien qué pasó.
Se han dicho muchas hipótesis y versiones sobre lo que realmente ocurrió durante esos días y desde la década de los noventa, varios jueces se han pronunciado respecto a la responsabilidad estatal, por vía de jurisdicción administrativa.
Más recientemente se han conformado comisiones ad hoc para el análisis de los mismos. En el 2005 se conformó la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia dada la necesidad de un conocimiento de la verdad real solicitada por las víctimas y por muchos ciudadanos interesados en el caso. Se le encargó un análisis histórico de lo ocurrido como un aporte a la construcción de la verdad histórica.
Es así, que en el 2010 presentó su informe final con la convicción de que el Estado y la sociedad de Colombia tienen el deber de conocer la realidad de los hechos del Palacio de Justicia y aprender las lecciones que permitan evitar que esos hechos se repitan. Por tal razón, el Informe estableció unas medidas y recomendaciones formuladas a los diferentes sectores de la institucionalidad y la sociedad colombiana; una hoja de ruta que la Comisión propuso para atenuar las consecuencias de los hechos y evitar la impunidad.
Las recomendaciones
Las recomendaciones se basaron en los cuatro derechos que han sido reconocidos para las víctimas: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Las primeras están relacionadas con que se realicen todos los esfuerzos para encontrar la verdad, de modo que se respete y se restaure la dignidad de las víctimas, como lo es la identificación de los responsables de los hechos; la implementación de una política nacional de archivos que contribuya a conocer y divulgar la historia de las violencias en Colombia, así como el establecimiento de un centro de información, documentación sobre los hechos del Palacio de Justicia. En ese mismo sentido se recomendó a todas las partes que intervinieron en los hechos realizar un examen sobre sus responsabilidades, y se les conminó a los integrantes del M19, a los mandos altos de la fuerza pública y al Estado colombiano a pedir disculpas al país y a las víctimas.
En relación a las reparaciones, la Comisión recomendó al gobierno disponer lo necesario para otorgar reparaciones por vía administrativa; brindar atención médica, psicológica y psiquiátrica a los sobrevivientes y a los familiares de las personas desaparecidas. También se exhortó al Fiscalía General de Nación y a la Rama Judicial, a que redoblaran los esfuerzos para hallar los restos humanos de las personas que fueron detenidas y posteriormente desparecidas.
En torno a la Justicia se recomendó a los acusados y procesados colaborar con la justicia y revelar lo ocurrido durante los días 6 y 7 de noviembre. Por último, como recomendaciones de garantías de no repetición, la Comisión expresó que se intensificarán los programas de formación a la fuerza pública en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Rueda de prensa con familiares de desaparecidos. Fotografía César Romero, CNMH, 2015
Sistema Interamericano
El Sistema Interamericano también se ha pronunciado sobre los hechos de noviembre de 1985 en lo relacionado a la violación del Estado colombiano al no prevenir la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, debido a un supuesto conocimiento previo de la situación. Así como su responsabilidad de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de algunos de los presentes los días 6 y 7 de noviembre. De entrada el Estado colombiano reconoció su responsabilidad parcial en relación a los hechos.
La Corte Interamericana señaló que el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional por parte del Estado constituye una contribución positiva al desarrollo del proceso, así como a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos. También destacó la buena voluntad en su manifestación de disculpas públicas como en su reconocimiento parcial de responsabilidad, el cual fue realizado por primera vez ante ese Tribunal.
En su fallo establece la responsabilidad del Estado colombiano por la desaparición forzada de 11 personas que estaban en el Palacio de Justicia, así como la violación de los derechos a la vida, libertad personal, integridad personal y reconocimiento de la personalidad jurídica de estos. De igual manera lo declaró responsable por la violación de garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de los familiares de las víctimas desaparecidas forzadamente.
Según lo dispuesto por la Corte, su sentencia constituye una forma de reparación. Ésta contiene algunas disposiciones para el Estado, no muy lejanas a las que ya hizo la Comisión de la Verdad. Entre estas se encuentra llevar a cabo, en un plazo razonable, las investigaciones necesarias para establecer la verdad de los hechos en relación a las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. También solicita brindar de forma inmediata el tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten y pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales. Por último, ordena realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso.
Avances
Aún muchas de las recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad no se han llevado a cabo, sin embargo, tal como lo ha dicho la CIDH, el trabajo de la Comisión puede contribuir a la construcción y preservación de la memoria histórica, el esclarecimiento de hechos y determinación de responsabilidades.
A la fecha no se sabe con certeza la cantidad de personas que murieron en los hechos. Transcurridos 30 años aún no se conoce toda la verdad sobre lo ocurrido a las víctimas o su paradero; 9 personas siguen desaparecidas. Si bien las víctimas han sido incorporadas en el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Corte nota que no se han realizado actividades adicionales para su localización y que la información registrada en dicho plan de búsqueda no está actualizada.
Aún hay investigaciones en curso en relación a la responsabilidad penal de los autores. En el presente caso, se iniciaron procesos en la jurisdicción penal militar, cuatro procesos en la jurisdicción penal ordinaria, procesos disciplinarios ante las Procuradurías Delegadas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así como varios procesos contenciosos administrativos. Como resultado de los procesos ante la justicia penal ordinaria, actualmente se encuentran condenados dos altos oficiales del Ejército, como autores mediatos. No obstante, ninguna de estas decisiones está firme, en tanto se encuentran pendientes de decisión los recursos de casación respectivos.
La CIDH expresó que desde que sucedieron los hechos se han evidenciado unas conductas que han facilitado el ocultamiento de lo ocurrido o impedido u dilatado su esclarecimiento por parte de las autoridades judiciales. La creación de la Comisión de la Verdad fue un esfuerzo desarrollado por el poder judicial para establecer la verdad; sin embargo, sus conclusiones no han sido aceptadas por los distintos órganos del Estado a quienes correspondería la ejecución de sus recomendaciones.
En fin, son varios los órganos institucionales los que se han pronunciado por los hechos del 5 y 6 de noviembre de 1985, y son varias las recomendaciones que se han hecho. ¿Qué ha pasado? 30 años después el Estado no ha ofrecido disculpas públicas, tampoco se han adoptado medidas eficaces para lograr una decisión definitiva en los procesos pendientes y para juzgar a los autores materiales. Algunas indemnizaciones aún están pendientes por pagar. Nueve personas siguen desaparecidas.
Lea Informe Final: Comisión de la verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia