RECORDAR PARA DIGNIFICAR

La Sentencia de Justicia y Paz del 23 de abril de 2015 (segunda instancia del 8 de febrero de 2017) contra varios postulados y condenados del Bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia exhortó a las alcaldías municipales de Montería y Sahagún, a la Gobernación de Córdoba y al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) a realizar “un proceso de reconstrucción de la memoria histórica del Departamento de Córdoba afectado por el accionar” de ese grupo paramilitar (literal d, numeral 19, Corte Suprema de Justicia, Sentencia de segunda instancia del 8 de febrero de 2017).

En el proceso judicial, las víctimas reconocidas en la sentencia exigieron a las instituciones exhortadas el acompañamiento de un ejercicio que tuviera como objetivo principal dignificar las identidades y las memorias de sus familiares; las víctimas directas o mortales del accionar del Bloque Córdoba, las cuales habían sido señaladas por sus victimarios como personas guerrilleras, terroristas o delincuentes comunes.

En el mes de junio de 2018, el CNMH, las alcaldías de Sahagún y Montería y la Gobernación de Córdoba convocaron dos reuniones con las víctimas reconocidas en la sentencia para concertar las acciones que dieran cumplimiento al exhorto en materia de memoria histórica ya mencionado. A esas reuniones (una en Montería y otra en Sahagún) asistieron alrededor de 60 personas: las que pudieron ser contactadas por vía telefónica y que expresaron estar interesadas en participar del proceso de reparación que manda la sentencia. Las instituciones presentes en las reuniones expusieron los contenidos del exhorto, sus alcances y la importancia de los ejercicios de memoria para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia, así como también algunos ejemplos de cómo se podría llevar a cabo el ejercicio de memoria con las víctimas del Bloque Córdoba. Con base en esa información, un grupo de asistentes a esas reuniones decidieron no participar en el proceso propuesto, porque no quieren recordar más sus dolores por las pérdidas familiares en la guerra o ven la reparación simbólica como una manera insuficiente en que el Estado colombiano asume sus responsabilidades con las víctimas.

Las personas que ratificaron su interés en hacer parte del proceso de memoria histórica propuesto conforman ocho núcleos familiares, los cuales corresponden a ocho víctimas directas del accionar del Bloque Córdoba. En esas reuniones, todas ellas concluyeron que, para constituir una acción reparadora, el ejercicio de memoria histórica que querían realizar debería partir o tener en cuenta los daños familiares y colectivos causados por ese grupo paramilitar y que la manera más adecuada de hacer eso posible era a través de la construcción de perfiles biográficos de las víctimas directas, donde se evidenciaran todas las facetas y dimensiones de esos seres queridos asesinados o dañados (uno de ellos sobrevivió al ataque del grupo armado y las secuelas de ese ataque se han convertido en graves problemas para su salud).

Así fue como durante el segundo semestre del año 2018 se llevaron a cabo varios encuentros con familiares, amigos y vecinos de las víctimas directas del Bloque Córdoba con el propósito de construir ocho (8) perfiles biográficos de esas víctimas donde quedaran en evidencia sus amores, sus gustos, sus recuerdos, sus logros, sus roles en sus familias y comunidades y todo aquello que se perdió por la acción violenta del Bloque Córdoba contra ellos.

Antes de presentar cada uno de los perfiles biográficos es necesario hacer un recuento sobre el surgimiento y el accionar del Bloque Córdoba y su papel en la historia del conflicto armado y la violencia sociopolítica en el norte de Colombia para entender el contexto en el cual estas ocho personas y sus familias fueron convertidas en víctimas.

BLOQUE CÓRDOBA: SURGIMIENTO, PRESENCIA Y VICTIMIZACIÓN

En sentido estricto, el Bloque Córdoba nació con el proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): la confederación de todos los ejércitos paramilitares del país promovida por Carlos Castaño en el año 1997. Sin embargo, los orígenes de esta estructura paramilitar se remontan a los primeros años de la década de 1990 cuando Salvatore Mancuso decidió dejar de pagar extorsiones a la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) por los negocios ganaderos de su familia y promovió con dinero e información la acción de contraguerrilla de la Brigada XI del Ejército Nacional en Montería (Martínez, 2004; VerdadAbierta.com, 2012, 29 de junio).

En 1992, en Tierralta, el Ejército emboscó un grupo de guerrilleros del EPL que se proponía extorsionar los negocios arroceros y ganaderos de Martha Dereix, esposa de Salvatore Mancuso. Los guerrilleros sobrevivientes de esa acción militar supieron de la participación de Mancuso como guía e informante. Ante esta situación, él adquirió salvaconductos para portar armas de corto y largo alcance y se rodeó de cuatro exsoldados de la Brigada XI para garantizarse seguridad privada, todo esto por consejo del mayor Walter Fratini Lobaccio, militar que había trabajado con el general Farouk Yanine Díaz, uno de los principales patrocinadores de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio en la Brigada XIV de Puerto Berrío. Desde entonces, Mancuso empezó a armar a civiles para proteger las fincas ganaderas del alto Sinú (Tierralta) con el apoyo y la asesoría de Fratini Lobaccio (VerdadAbierta.com, 2012, 15 de noviembre; Martínez, 2004, páginas 85-91; Tribunal Superior del Distrito – Sala de Justicia y Paz, Sentencia del 23 de abril de 2015).

La periodista Glenda Martínez describió este momento de la vida de Mancuso de la siguiente manera: “De día era ganadero y arrocero en Campamento [la finca heredada por su esposa], y en la noche el Ejército lo buscaba en su casa [de Montería] para llevárselo a patrullar, acompañado de su escolta.” (Martínez, 2004, página 101).

El reconocimiento de Salvatore Mancuso como el principal líder paramilitar en todos los municipios de la margen derecha del río Sinú, llamó la atención de Carlos y Vicente Castaño, quienes para mediados de la década de 1990 habían consolidado su poder social y militar en la margen izquierda del mismo río. Debido a eso, en 1994 Mancuso fue invitado por Vicente Castaño a la finca Las Tangas, corregimiento de Villanueva, municipio de Valencia (Córdoba). Allí le propusieron hacer parte de un proyecto regional de paramilitarismo: las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU); resultante de unir los hombres, las finanzas y las relaciones económicas, políticas y militares de Mancuso y los Castaño (Martínez, 2004, páginas 110).

Bajo ese pacto, y aprovechando el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto Ley 356 de 1994), en 1995 Mancuso creó Horizonte Ltda., la primera Convivir de Córdoba, una de las más de cuatrocientas cooperativas de “servicios especiales de vigilancia y seguridad privada” que existieron en Colombia en la década de 1990, a través de las cuales el gobierno central les permitió a los civiles adquirir y portar armas privativas de las fuerzas militares. Empresas que fueron usadas para lavar activos productos del narcotráfico y la extorsión y para armar a los grupos paramilitares en todo el país (Tribunal Superior del Distrito – Sala de Justicia y Paz, Sentencia del 23 de abril de 2015; Semana.com, 2007, 14 de abril; Caro, 2017, página 55). Mancuso también se puso al frente de todas las convivir de los municipios cordobeses de la cuenca del río San Jorge que para la época habían sido absorbidas por los hermanos Castaño. A este grupo militar comandado por Mancuso, se le conoció como la Compañía Córdoba de las ACCU (Tribunal Superior del Distrito – Sala de Justicia y Paz, Sentencia del 23 de abril de 2015).

Con la creación de las AUC, y después de que la Corte Constitucional ordenara el desmonte de las convivir (Sentencia C-572 del 7 de noviembre de 1997), la Compañía Córdoba se convirtió en 1997 en el Bloque Córdoba. Mancuso siguió siendo su comandante, así como el comandante del naciente Bloque Norte, el comandante militar de todas las AUC y el segundo a cargo de esa estructura paramilitar, después de Carlos Castaño (Martínez, 2004, páginas 111 y 112; Tribunal Superior del Distrito – Sala de Justicia y Paz, Sentencia del 23 de abril de 2015; ElTiempo.com, 2004, 1 de julio).

En su proceso de expansión y antes de su desmovilización, el Bloque Córdoba hizo presencia y concentró su accionar en el territorio que comprende la margen izquierda del río San Jorge y la margen derecha del río Sinú, el cual corresponde a los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, Planeta Rica, Buena Vista, La Apartada, Pueblo Nuevo, Tierralta, Montería, Cereté, San Carlos, San Pelayo, Lorica, Cotorra, Ciénaga de Oro y Sahagún. En su pleno auge, para el año 2002, el Bloque Córdoba tenía 986 combatientes bajo el mando militar de Jairo Andrés Angarita Santos, alias Andrés. Combatientes que estaban distribuidos en tres frentes y cinco grupos: Frente Alto Sinú con centro de mando en el corregimiento de El Crucito (Tierralta) bajo las órdenes de John Jairo Julio de Hoyos, alias El Negro Ricardo; Frente Alto San Jorge con centro de mando en el corregimiento de Tierradentro (Montelíbano) bajo las órdenes de Juan María Lezcano Rodríguez, alias El Pollo Lezcano; Frente Sanidad que operaba en el corregimiento de Santa Fe de Ralito (Tierralta) especializado en atender a los paramilitares heridos en combate; un “grupo especial de seguridad” conformado por dos anillos de seguridad al servicio de Mancuso, comandados por Diego Fernando Fino Rodríguez, alias Pelo de Choza, y Tibaldo Manuel Flórez Aparicio, alias El Eleno; un grupo urbano en Tierralta comandando por Jorge Enrique Samudio Medina, alias El Paisa, JJ o Javier; un grupo urbano en Montería bajo el mando de Héctor Enrique Camacho Llanos, alias Principiante; un grupo urbano y otro rural en Sahagún comandados por Apolinar García Builes, alias Comandante William (Tribunal Superior del Distrito – Sala de Justicia y Paz, Sentencia del 23 de abril de 2015).

Presencia del Bloque Córdoba

No obstante, esta estructura paramilitar hizo incursiones en otros territorios (aledaños o no al ya mencionado) como parte del proceso de expansión de todo el proyecto militar de las AUC en el país. Por ejemplo, hizo operaciones conjuntas con otros bloques y prestó o “trasladó” sus hombres a los grupos paramilitares de las regiones de Urabá o Catatumbo (Tribunal Superior del Distrito – Sala de Justicia y Paz, Sentencia del 23 de abril de 2015).

A principios de los años dos mil Mancuso cooptó a nombre de las AUC el poder político regional y nacional y la administración de los recursos y las decisiones del Estado en el norte del país. Esto fue posible gracias a las estrechas relaciones que él estableció durante la década de 1990 con la Brigada XI del Ejército Nacional (particularmente con el mayor Walter Fratini y el general Martín Orlando Carreño) y con los grandes propietarios de tierras y capital de la región Caribe, apoyado en el poder de las armas que había acumulado en ese mismo periodo (VerdadAbierta.com, 2012, 29 de junio; ElEspectador.com, 2010, 11 de octubre). Esa empresa criminal, conocida de manera genérica como “parapolítica”, tuvo varias y complejas expresiones. Si bien no todas se deben a la acción militar del Bloque Córdoba, este grupo paramilitar fue parte del poder de coacción que las hizo realidad.

En el campo de la política electoral, entre los años 1998 y 2004, afirma el portal Verdad Abierta, Mancuso “direccionó, contribuyó y coaccionó el nombramiento de 25 de los 28 alcaldes de los municipios de Córdoba” (sic). Solo no tuvo injerencia en las elecciones de los alcaldes de Valencia, Canalete y Los Córdobas, donde hicieron lo mismo Diego Murillo (alias Don Berna) y Fredy Rendón (alias El Alemán), los comandantes paramilitares de los bloques Héroes de Tolová y Elmer Cárdenas, respectivamente (VerdadAbierta.com, 2014, 30 de junio). En el caso de Tierralta, la cooptación del proceso electoral fue sistemática. Allí Mancuso promovió lo que se llamó el “Pacto de Granada”: en marzo del año 2000, en la vereda Nueva Granada citó a todos los representantes de las juntas de acción comunal y a los aspirantes a los cargos de elección popular (concejo y alcaldía) para informarles a quiénes él autorizaba a participar en los próximos comicios y para definir cuál sería el orden de los tres siguientes alcaldes del municipio. Personas que después ocuparon esos cargos y fueron procesados penalmente por ello: Sigifredo Senior Sotomayor, Humberto Santos Negrete y Aníbal Ortiz Naranjo (VerdadAbierta.com, 2008, 1 de diciembre; VerdadAbierta.com, 2010, 30 de junio).

En el mes de julio de 2001, Mancuso promovió otro pacto de igual naturaleza, pero esta vez con la clase dirigente de Sucre, Córdoba, Bolívar y Magdalena que tenía aspiraciones a cargos de elección popular en el nivel nacional, principalmente el Congreso. En este pacto, que se llevó a cabo en el corregimiento de Santa Fe de Ralito del municipio de Tierralta, los políticos se comprometieron a representar los intereses de las AUC a cambio de votos. Los comandantes de las AUC (Mancuso, Don Berna, Jorge 40 y Diego Vecino) buscaban ganar el estatus político que necesitaban para acceder a un futuro proceso de negociación con el gobierno nacional que les permitiera la desmovilización, tal como efectivamente pasó. De este acuerdo participaron casi 100 políticos regionales y por esto varios de ellos fueron procesados y condenados posteriormente (Salvador Arana, Jesús María López, Alfonso Campo Escobar, William Montes, Juan Manuel López Cabrales, Luis Carlos Ordosgoitia y Miguel de la Espriella) (VerdadAbierta.com, 2010, 18 de enero).

Con pactos y con armas, Mancuso se tomó toda la institucionalidad del Estado en Córdoba. Hizo que el gobernador departamental (Libardo López Cabrales) nombrara en el 2004 a su cuñado, Manuel Troncoso, como Secretario Departamental de Salud. Hizo que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles de los ríos Sinú y San Jorge, conformado por políticos afectos al proyecto de las AUC, eligiera como director de esa institución a Jaime García Exbrayat, firmante del Pacto de Ralito. Por estos hechos, Troncoso y García fueron investigados y condenados por la justicia colombiana posteriormente (ElUniversal.com, 2011, 27 de noviembre; Semana.com, 2018, 27 de enero; Arias, 2012, páginas 61-63; ElTiempo.com, 2009, 9 de septiembre).

El caso paradigmático de la captura de la institucionalidad en Córdoba por parte de Mancuso fue la toma de la Universidad de Córdoba. Esta acción tuvo dos objetivos. El primero fue la apropiación de los recursos económicos de la Nación que le eran girados a esa institución educativa en el marco de la estructura de descentralización administrativa derivada de la Constitución Política de 1991; y, el segundo, fue la conquista y la destrucción de uno de los nichos del pensamiento de izquierda más importantes de la región que era liderado por los sindicatos de esa comunidad educativa: la Asociación de Profesores Universitarios (ASPU), el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Córdoba (Sintraunicordoba) y la Asociación de Jubilados de la Universidad de Córdoba (AJUCOR). Todo empezó en el año 2000, cuando Salvatore Mancuso interfirió en la elección del rector de la Universidad, favoreciendo la candidatura de Víctor Hugo Hernández, después de amenazar y asesinar a su contrincante, el profesor sindicalizado Hugo Iguarán Cote (Tribunal Superior del Distrito – Sala de Justicia y Paz, Sentencia del 23 de abril de 2015).

Luego de cooptar la rectoría, Mancuso introdujo un grupo de “espías” al campus de la Universidad de Córdoba para vigilar las actividades de los maestros, los trabajadores y los estudiantes. Personas que se encargaron de censurar abiertamente los contenidos de las clases, violando con ello la libertad de cátedra reconocida en la Constitución Política de 1991. Adicional a esto, Mancuso obligó a los maestros y trabajadores de la Universidad de Córdoba a renunciar a sus derechos laborales reconocidos por la ley y ganados en procesos de organización sindical y movilización social. Así ocurrió en el año 2003, cuando la Asamblea Permanente que lideraba el paro universitario de ese año fue declarada ilegal por otro rector que había sido impuesto por Mancuso (Claudio Sánchez) y sus líderes fueron citados a Santa Fe de Ralito a comparecer ante el comandante paramilitar y el Consejo Superior Universitario presidido por Félix Manzur Jattin, representante del Ministerio de Educación Nacional, integrante de la clase política tradicional cordobesa y defensor del proyecto paramilitar de las AUC. El resultado de esa reunión fue el recorte de la prima de carestía y el congelamiento por ocho años del aumento de los salarios de los maestros y trabajadores de la Universidad. A largo plazo estas acciones de Mancuso y sus aliados políticos se tradujeron en la pérdida de la autonomía universitaria para la Universidad de Córdoba, derecho que fue establecido en la Ley 30 de 1992, lo cual fue posible con el uso permanente de la violencia del Bloque Córdoba que con secuestros, amenazas, desapariciones, torturas y homicidios sembró el terror al interior de esa comunidad universitaria (Tribunal Superior del Distrito – Sala de Justicia y Paz, Sentencia del 23 de abril de 2015; VerdadAbierta.com, 2008, 21 de noviembre).

Una consecuencia importante de la ya mencionada cooptación del Estado y del poder político tradicional fue la legitimidad que ganaron Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y el proyecto paramilitar de las AUC en amplios sectores de la sociedad cordobesa. Sobre este fenómeno tuvo responsabilidad el periódico El Meridiano de Córdoba. A finales de la década de 1990 ese medio se convirtió en la caja de resonancia de los discursos de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso que justificaban la violencia paramilitar. Por ejemplo, en su edición del 19 de octubre de 1998 El Meridiano publicó una entrevista de Carlos Castaño bajo el titular “Castaño. Una especie de Robin Hood”, en ella el líder paramilitar afirmaba “[…] nosotros hemos convertido el conflicto en una guerra de alta intensidad […]. En esa lucha somos más flexibles que el Ejército, nuestras bases están más próximas al pueblo y podemos hacer cosas que los militares no pueden”. (Tribunal Superior del Distrito – Sala de Justicia y Paz, Sentencia del 23 de abril de 2015; VerdadAbierta.com, 2015, 6 de mayo).

En octubre de 2001, el gobierno de los Estados Unidos incluyó a las AUC en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Un mes después, se celebró la Cuarta Cumbre de Comandantes de las AUC donde se discutió la pertinencia de que la estructura paramilitar buscara el reconocimiento político del Estado colombiano disminuyendo las acciones violentas contra la población civil y renunciando a la financiación por la vía del narcotráfico. Esto con el objetivo de apostarle a un proceso de desmovilización con las garantías y prebendas propias de la justicia transicional; por ejemplo, la rebaja de penas a los comandantes. Así fue como los paramilitares de las AUC se empezaron a preparar para el proceso de negociación con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez que se tradujo en el Acuerdo de Ralito del 15 de julio de 2003 y para el proceso de desmovilización de todos sus bloques y frentes en el país que duró hasta el año 2006. En ese contexto, el 21 de enero de 2005, Jairo Andrés Angarita desmovilizó 925 combatientes del Bloque Córdoba en Santa Fe de Ralito. Salvatore Mancuso, aunque participó en ese evento, no se desmovilizó en él, lo hizo en una fecha anterior (10 de diciembre de 2004) en calidad de comandante del Bloque Catatumbo de las AUC (Pacifista.tv, 2015, 1 de julio; VerdadAbierta.com, 2008, 20 de octubre; VerdadAbierta.com, 2008, 15 de octubre: VerdadAbierta.com, 2014, 31 de octubre).

Mancuso fue extraditado a los Estados Unidos en el año 2008, según el Gobierno colombiano, porque había roto los compromisos con la Ley de Justicia y Paz al seguir delinquiendo en prisión y debía responder por los delitos de narcotráfico en las cortes de ese país. Antes de irse, Mancuso confesó 402 delitos cometidos directamente por él y reconoció su responsabilidad sobre 1500 cometidos por los paramilitares bajo su mando en la región Caribe. Sin contar los 7000 crímenes cometidos por el Bloque Catatumbo y los eventos de desplazamiento forzado que habían provocado sus subordinados en varias zonas del país, cuyo número de víctimas superaba las 70000 personas (BBC.com, 2015, 30 de junio; Semana.com, 2015, 1 de julio).

Debido al contundente control militar de la población y el territorio en Córdoba que logró Mancuso entre 1995-2005, es posible atribuírsele mucha de la violencia letal del conflicto armado en ese departamento a la actuación de la Compañía Córdoba de las ACCU y del Bloque Córdoba de las AUC.

Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, en ese periodo 2503 personas fueron víctimas de asesinato selectivo en Córdoba, la mayoría de ellas civiles (2485); se cometieron 53 masacres con 389 víctimas (388 civiles), 35 de esas masacres fueron perpetradas por grupos paramilitares, con o sin participación de la fuerza pública o grupos guerrilleros; se reportaron 1189 casos de desaparición forzada con 1429 víctimas (1394 civiles), 558 de esas desapariciones forzadas fueron cometidas por grupos paramilitares, con o sin participación de la fuerza pública o grupos guerrilleros.

No toda la violencia letal ejercida por paramilitares en Córdoba estuvo dirigida contra personas con identidades o roles políticos (líderes comunitarios, autoridades indígenas, militantes de partidos políticos, entre otros), una parte de ella se ejerció contra quienes Mancuso señaló como integrantes o colaboradores de la banda La Terraza. Esta organización criminal había sido creada en Medellín en 1994 por alias Don Berna para subordinar “el mundo del hampa” en esa ciudad después de la muerte de Pablo Escobar. Fue ella la encargada, durante la segunda mitad de la década de 1990, de los principales envíos de droga a Estados Unidos de las bandas criminales del Valle de Aburrá y las ACCU, así como de todos los casos importantes de sicariato en el país ordenados por Don Berna y los hermanos Castaño en esa época, tales como el asesinato de Jaime Garzón y los asesinatos de los investigadores del Cinep Mario Calderón y Elsa Alvarado. En 1999, los cabecillas de La Terraza decidieron independizarse de las AUC para apropiarse de las ganancias de las rutas del narcotráfico que tenían a su cargo. Esto provocó una guerra frontal contra las AUC en Medellín y en los demás lugares donde operaba la banda (ElColombiano.com, 2012, 10 de septiembre). Lo expuesto anteriormente explica por qué varias de las víctimas de homicidio del Bloque Córdoba en Montería y Tierralta, reconocidas en la Sentencia de Justicia y Paz del 23 de abril de 2015, fueron señaladas como integrantes o colaboradoras de La Terraza. En varios de esos casos, no existe prueba alguna que soporte ese señalamiento. Por el contrario, como se demostró en el proceso judicial, además de los homicidios, esa acusación provocó un grave daño moral a las víctimas directas y sus familias, pues se las estigmatizó como criminales (Tribunal Superior del Distrito – Sala de Justicia y Paz, Sentencia del 23 de abril de 2015).

DAÑO FAMILIAR Y DAÑO POLÍTICO

Los daños causados por los “actos violentos” de la guerra son “el resultado de acciones [y omisiones] criminales que vulneran los derechos de una persona o de una colectividad. Estas acciones causan sufrimientos a las víctimas y afectan todas las dimensiones que soportan su vida íntima, familiar, social, política, cultural y productiva.” (CNMH, 2014, página 10). En ese sentido, esos daños configuran violaciones e infracciones a las normas internacionales de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (CNMH, 2014, página 16).

Pese a lo anterior, los daños no solo pueden ser entendidos como categorías jurídicas o penales del derecho interno e internacional, sino también como realidades históricamente situadas que deben ser leídas desde las perspectivas de los actores civiles y armados del conflicto social y armado colombiano. Esto es así, porque los daños no son fenómenos objetivos, sino valoraciones subjetivas que pueden traducirse en elaboraciones sociales (memorias sociales de la guerra), las cuales son producto de la experiencia del dolor causado por la acción violenta de la guerra y sus guerreros, pues el dolor es un “comentario del terror” (Das, 2008, página 427).

Los daños familiares y políticos son los dos tipos de daños que los familiares de las víctimas directas del Bloque Córdoba identifican como los más evidentes en sus casos particulares. Los daños familiares son todas las transformaciones negativas que sobre la estructura y las relaciones familiares produce la guerra, tales como las alteraciones en el tamaño y la composición de la familia, las sobrecargas económicas y psicológicas por la pérdida de algún miembro o las transformaciones de las ideas y los valores sobre los cuales se cimienta el grupo familiar (CNMH, 2014, páginas 22, 23, 25-27).

En Córdoba, como en toda la región Caribe, las familias se caracterizan por estar organizadas o estructuradas alrededor de las figuras femeninas (madres y abuelas, principalmente). Sobre ellas recae, muchas veces, el cuidado y el sostenimiento de los hijos, los nietos, los sobrinos y los ahijados. En este contexto, son las madres y las abuelas quienes se cubren de autoridad para tomar las decisiones más importantes de la vida familiar y la casa materna se convierte en el hogar original de todos los descendientes; de esa casa, los hijos y las hijas nunca se van o a ella siempre regresan después de sus fracasos matrimoniales. Adicional a esto, los hijos de la madre, quienes normalmente habitan el mismo hogar, tienden a establecer lazos muy fuertes desde la infancia, los cuales perduran toda la vida (Gutiérrez, 1968, páginas 207-254).

La mayoría de las familias de las víctimas directas con quienes se realizaron los perfiles biográficos se parecen a esa descripción de la familia costeña que hace la antropóloga Virginia Gutiérrez. A eso se debe que los daños familiares producidos por la acción violenta del Bloque Córdoba, si bien fueron resentidos por toda la estructura familiar, son más contundentes en los relatos de las madres, las esposas y los hermanos maternos de las víctimas directas o fatales; son ellos quienes los exponen con mayor detalle y profundidad.

Lo anterior también es cierto, porque en la mayoría de los casos son las mujeres “sobre quienes recae el peso de la tragedia”, ya que ellas son las principales sobrevivientes y testigos de la desaparición forzada y la violencia letal producida por el conflicto armado en Colombia: “nueve de cada diez víctimas fatales o desaparecidas son hombres” (GMH, 2013, página 305). Esto se debe a que los varones (padres, esposos, hijos y vecinos) comúnmente se ocupan de las tomas de las decisiones de sus familias, sus comunidades y sus organizaciones por las relaciones de género que tradicionalmente les han dado a los hombres el poder de definir el destino de sus compañeras. Y ello los ha vuelto objeto de la violencia letal y la desaparición forzada por parte de los actores armados y ha convertido a las mujeres en responsables, casi exclusivas, del cuidado, la protección y el sostenimiento material de sus familias, sus comunidades y organizaciones. Así, no resulta una casualidad el hecho de que los ocho perfiles que aquí se presentan correspondan a ocho varones, siete de ellos asesinados.

Las experiencias del daño familiar son variadas en los casos abordados en este ejercicio de memoria. Para Tomás Sánchez Zabala, su familia y la familia de Manuel Esteban Verbel Guerra, los asesinatos de sus seres queridos y los de sus amigos y vecinos por los hombres del Bloque Córdoba no se tradujeron solamente en daños para los núcleos familiares de esos difuntos, sino también en daños colectivos para toda la comunidad del corregimiento de Colomboy (Sahagún). Esto fue así, porque la mayoría de los habitantes de ese corregimiento se encuentran emparentados y cada “mortuoria” provocada por ese grupo paramilitar los reunía como una gran familia, como la “comunidad emocional” que son (ver definición de comunidad emocional de la antropóloga Myriam Jimeno, citada en Cancimance, 2014).





En los relatos de la hija de Hernando Arturo Padilla Beltrán y del hermano y la hermana de Jaime Elías Bula Espinosa, uno de los daños familiares más importante ocasionado por el Bloque Córdoba está relacionado con el estigma como criminales y terroristas con que justificaron los asesinatos de sus seres queridos. Con esa acusación los hombres de Mancuso no solo faltaron a la verdad, sino que dañaron el nombre de los difuntos y la reputación de sus familias.





Para las hijas y los hijos de Pablo Andrés Díaz Cárdenas, el asesinato de su padre generó una ruptura en la historia familiar y en el proyecto de vida familiar: siempre imaginaron a su padre y a su madre morir “de viejos” y no de la manera violenta como lo hicieron. Un daño parecido sufrió la familia de Juan Alberto Nisperuza Agamez cuando él fue asesinado.





Las víctimas del Bloque Córdoba también experimentan los daños familiares como pérdidas que se traducen en vacíos de sus rutinas, los que no se dejan de percibir con el tiempo y se vuelven evidentes con cada detalle y coincidencia con los recuerdos de la vida en común con el difunto. Cada esquina de Montería y algunas carreteras de Sahagún traen a la memoria los recuerdos de Jaime Bula y de Esteban Verbel, la enfermedad de la madre de Jorge Eliecer Carrascal Acevedo trae el recuerdo del hijo muerto que brindaba cuidado.







Las muertes de Jaime Bula, Fredy Macea Peña y Hernando Padilla aparecen en los relatos de sus familiares, amigos y vecinos como pérdidas no solo familiares, sino también comunitarias y colectivas que se han traducido en daños políticos. Este tipo de daños se refieren

[…] a los impactos que causan los armados, en asocio con las élites locales o regionales, para impedir, silenciar o exterminar prácticas, mecanismos, organizaciones, movimientos, partidos, liderazgos e idearios políticos calificados como opuestos y percibidos como peligros o contrarios a sus propósitos e intereses.

[…] [Los daños políticos pueden ser vistos] como una lesión a los principios sobre los cuales se define y construye la ciudadanía, la convivencia política y la democracia: da cuenta de la pérdida de la pluralidad política […] (CNMH, 2014, página 43).

Con los asesinatos de Fredy Macea, Hernando Padilla y Jaime Bula se perdieron relaciones solidarias y bondadosas que ellos habían creado y alimentado con sus comunidades y se destruyeron procesos y proyectos sociales y políticos de equidad y convivencia en paz que ellos habían soñado y estaban ayudando a hacer realidad en sus territorios.