Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó
Nuestro siguiente recorrido tiene lugar en las zonas bajas del Pacífico colombiano. Durante siete días nos movimos al interior del Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU), un territorio de propiedad colectiva adjudicado en el año 2000 a las comunidades negras del Bajo Atrato en el marco de la implementación de la Ley 70 de 1993.
El territorio colectivo tiene una extensión de 107.064 hectáreas y se extiende entre el Bajo Atrato y el Urabá antioqueño a lo largo de dos importantes cuerpos de agua de la región: el río Tumaradó y el río La Larga. De la totalidad del territorio poco más del 40 por ciento corresponde a tierras bajas (inundables durante épocas de invierno), las cuales se encuentran deshabitadas por sus condiciones. La parte restante está conformada por 48 comunidades ubicadas en torno a tres zonas: la cuenca del río La Larga (Zona 1), la región nororiental (Zona 2) y la zona de carretera (Zona 3).
Ilustación: ©Manuel Moreno Rodríguez, 2017
Existen tres maneras de ingresar al territorio colectivo: la primera, recorriendo el río Atrato hasta Riosucio, por donde se accede a las comunidades de la Zona 1; las otras dos alternativas son ingresar por carretera desde el departamento de Antioquia, ya sea a través de la vía Panamericana por la ruta Chigorodó–El Tigre-Barranquillita para acceder a las comunidades de la Zona 2, o a través de la vía Caucheras mediante la cual, luego de tomar la carretera Chigorodó–Belén de Bajirá, se ingresa al territorio colectivo por la Zona 3.
Los caminos que transitamos son similares a los que siguieron hace aproximadamente un siglo las comunidades que poblaron estas tierras de extensos bosques, grandes ciénagas y múltiples ríos. Vía el Atrato, desde las primeras décadas del siglo XX, familias negras iniciaron el poblamiento de las cuencas de La Larga y Tumaradó, donde establecieron las primeras comunidades. Por otro lado, a partir de los años sesenta, y con el fin de huir de la violencia y buscar mejores opciones de vida, llegaron campesinos procedentes de Córdoba y Sucre, quienes se fueron extendiendo desde el nororiente del territorio colectivo.
Con el paso del tiempo y el relacionar de las comunidades, las familias negras y mestizas tendieron puentes que forjaron identidades comunes y que permiten que hoy en día hablemos de un territorio donde, en medio de la diversidad, sus habitantes se reconocen en conjunto como comunidades negras y luchan por la propiedad colectiva de las tierras que se vieron forzadas a abandonar en los años en los que el conflicto armado tuvo sus más altos índices.
El conflicto en La Larga y Tumaradó
La extracción de recursos naturales, la ubicación estratégica de la zona y la puesta en marcha de proyectos económicos de gran escala son algunos de los factores que han motivado la llegada de la violencia a COCOLATU. El resultado es un territorio donde, si bien existe una titulación a favor de las comunidades negras, la tenencia de la tierra descansa en manos de personas externas. De las 107.064 hectáreas del Consejo Comunitario, el 41% no son productivas y, según las estimaciones del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el 51% se encuentra en manos de unos pocos empresarios, el 3% corresponde a propiedades individuales adjudicadas de manera previa a la titulación colectiva, quedando así para las comunidades alrededor del 5% del territorioCINEP, (2013), Territorio de Papel, diagnóstico territorial del Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó, Bogotá, página 82. .
Hoy en día buena parte de la población que se vio obligada a huir ha retornado alegando la existencia del título colectivo. A pesar de ello, a su regreso se ha encontrado con que en la mayor parte del territorio se encuentran en marcha proyectos productivosLos principales proyectos desarrollados al interior de COCOLATU están relacionados con la ganadería y los cultivos de plátano, arroz, maíz y cacao. y los nuevos ocupantes alegan haber comprado las tierras. De acuerdo con el CINEPCINEP, (2015), Informe de caracterización de afectaciones territoriales del Consejo Comunitario de La Larga-Tumaradó. COCOLATU. Resumen ejecutivo, Bogotá, página 37., las principales personas jurídicas con propiedades dentro de COCOLATU son: A. Palacios SAS, Agropecuaria Bonga La Grande SA, Agropecuaria Cuernavaca LTDA, Agropecuaria Llano Verde SA, Agropecuaria SIBONEY LTDA, Cultivos del Darién SA, Compañía Colombiana de Desarrollo Agrícola (COLDESA), Gómez y Estrada y CIA, Inversiones Castaño Delgado y CIA, Inversiones Sol Blanco LTDA, Jota Uribe CE y CIA S.C.S, y la Sociedad Ganadera Recife SA.
Es pertinente mencionar que instancias como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia han ordenado en varias ocasiones que se declare la nulidad de las transacciones que resultaron en la adquisición de predios en COCOLATU por parte de diferentes empresas y personas individuales. En dichos casos se estableció que no fue posible corroborar que los compradores actuaran de buena fe en el momento de realizar dichas comprasEn la Sentencia de Restitución de Tierras 05 del 08 de abril de 2015 este tribunal declaró la inexistencia de varias compras de tierras adelantadas por la empresa A. Palacios SAS, cuyo representante legal es Adriano Palacios Pino. El mismo tribunal, en la providencia del 18 de abril de 2016, ordenó la compensación y la restitución de varios bienes adquiridos por el empresario José Vicente Cantero Ibañez.. En el mismo sentido, en 2014 empresarios que ostentan títulos en la zona como Dorancé Romero, Rodolfo Romero, Virgilio Herrera, Israel Urango, Adriano Pino, José Vicente Cantero y Ledys Sierra fueron detenidos bajo los cargos de desplazamiento forzado y concierto para delinquirFiscalia.gov.co, (2014, 26 de marzo), “Capturados para indagatoria por despojo de tierras en el Urabá”, en Boletín 5727, disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/capturados-para-indagatoria-por-despojo-de-tierras-en-el-uraba/, recuperado el 11 de diciembre de 2017.
Caracol.com.co, (2014, 27 de marzo), “Cinco capturados por presunto despojo de tierras en Urabá”, en disponible en: http://caracol.com.co/radio/2014/03/27/judicial/1395899340_148400.html, recuperado el 11 de diciembre de 2017.
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Desde 2014 existen unas medidas cautelaresAuto Interlocutorio 00181 de 2014 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó. que protegen los derechos de las comunidades retornantes hasta cuando tenga lugar un fallo definitivo en lo referente a los legítimos habitantes y poseedores del territorio. Se espera que esta decisión, además de aclarar el tema del despojo, permita dar una respuesta a los problemas legales que se desprenden de la existencia de títulos individuales que después fueron adjudicados por el INCORA de manera previa a la existencia del título colectivo.
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Para entender cómo ha sido posible llegar a las condiciones actuales es necesario detenernos en las dinámicas que las propiciaron. En ese sentido, analizaremos brevemente la presencia de los actores armados al interior del territorio colectivo, su relación con el despojo de tierras y la puesta en marcha de proyectos económicos de gran escala.
Contexto
La presencia de los grupos armados
El Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó se ubica en un importante corredor estratégico a través del cual es posible moverse tanto hacia adentro como hacia afuera del país, a través de rutas y caminos por el Atlántico, el Pacífico y la región del Darién. En términos económicos controlar estos territorios permitía a los grupos armados el transporte de drogas, armamento y tropas sin mayores controles, a la vez que les facilitaba el movimiento para adelantar acciones militares en la región del Urabá y en la vertiente occidental del río Atrato.
Las organizaciones guerrilleras
Los testimonios de los pobladores de la región ubican la llegada de las guerrillas al territorio del Consejo Comunitario a finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL) hicieron presencia imponiendo sus reglas y formas de organización, e intentaron reclutar a los miembros de las comunidades a sus filas.
Si bien estos grupos planteaban como uno de sus objetivos la defensa de la población civil, distintas personas entrevistadas señalaron que su presencia y accionar ocasionaron los primeros desplazamientos al interior del territorio colectivo, los cuales ocurrieron en comunidades como La Loma y Venecia. En el mismo sentido, estas personas cuestionaron el hecho de que en el momento en que ingresaron los grupos paramilitares, las guerrillas — que decían defenderlos — fueron las primeras en replegarse y dejaron sola a la población frente a la ola de violencia que se avecinaba.
Los grupos paramilitares
La lucha contra las guerrillas fue la excusa enarbolada por los grupos paramilitares para ingresar a las tierras de COCOLATU. A pesar de ello, se ha establecido que vaciar “poblaciones para consolidar territorios y corredores estratégicos, reconquistar parcelas adjudicadas por el Estado y atesorar tierras, también fue una estrategia para apropiarse de zonas ricas en recursos naturales, y/o de zonas en las que se planeaban o ejecutaban proyectos de desarrollo”.CNMH, (2012), Justicia y paz. Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares, Bogotá, página 65.
En estas condiciones, tres grupos, desde tres flancos, iniciaron su arremetida desde 1994: el Frente Alex Hurtado del Bloque Bananero por el nororiente, el Bloque Elmer Cárdenas por el Atrato y un grupo a cargo de Vicente Castaño por la carretera que conecta a Riosucio con Belén de Bajirá.
Teniendo en cuenta que con el avance de los grupos paramilitares tuvo lugar el repliegue de las organizaciones guerrilleras, no se tienen datos de enfrentamientos armados de gran magnitud salvo en comunidades concretas como La Pala, perteneciente a la Zona 3. A pesar de la ausencia de combates, las afectaciones sobre la población civil fueron múltiples y variadas. Asesinatos, torturas, amenazas y desplazamientos fueron algunos de los repertorios utilizados, los cuales se intensificaron entre 1996 y 1998, periodo en que se ocasionó la salida de cerca del 90% de la población del territorio colectivo.
Si bien cientos de familias continúan viviendo en condiciones de desplazamiento, principalmente en las cabeceras municipales de Riosucio y Turbo, hay un importante grado de retorno de las comunidades a COCOLATU.
En las reuniones colectivas una denuncia recurrente estuvo ligada con la relación y el trabajo conjunto, en algunas ocasiones, entre los grupos paramilitares y el Ejército colombiano. Al respecto se han encontrado diferentes fallos, como el del Juzgado 8 de Bogotá contra el exgeneral Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada 17 del Ejército, donde se estableció que “había una alianza macabra entre las AUC y el Ejército contra la guerrilla”ElTiempo.com, (2012, 24 de agosto), “General (r.) Del Río se unió y protegió a las AUC en el Urabá: juez”, disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12160442, recuperado el 11 de diciembre de 2017., o el fallo de la Fiscalía 48 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz que señala que, en el marco de la denominada Operación Cacarica (incursión paramilitar en Riosucio en 1997), el Bloque Elmer Cárdenas “coordinó con autoridades de la Policía de Quibdó y Riosucio la respectiva ayuda para la incursión, en la cual también contaron con la colaboración de algunos ex-miembros de las FARC, y agentes activos de la Brigada 17 y su central de inteligencia”Tribunal superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz (27 de agosto de 2014). Sentencia de primera instancia. Radicado: 110016000253 2008 83241. [MP. Juan Guillermo Cárdenas Gómez], página. 49..
Entre 2003 y 2006 tuvo lugar la desmovilización de los grupos paramilitares que operaban en la región. A pesar de ello, los habitantes del Consejo Comunitario señalan que varios de los antiguos combatientes se reubicaron en grupos armados posdesmovilización y continúan operando bajo otros nombres, como es el caso del Clan del Golfo.
Contexto
El despojo y la puesta en marcha de proyectos económicos de gran escala
De acuerdo con los testimonios recopilados, a medida que avanzaban los grupos paramilitares sembrando el horror y el desplazamiento empezaron a llegar ofertas de compras de tierras a COCOLATU. Según señalaron los habitantes de la zona, hacia mediados de la década de los noventa empresarios y comisionistas llegaron a sus fincas o a los lugares en los que se encontraban desplazados para ofrecer entre 80.000 y 200.000 pesos por hectárea de tierra.
Se denunció, de manera repetitiva, que “o me vende usted o me vende la viuda” solía ser una de las frases utilizadas por quienes buscaban comprar las tierras de La Larga y Tumaradó. Adicionalmente, algunas personas señalaron que, además de haberse visto forzadas a vender, en muchas ocasiones los pagos nunca llegaron y, cuando lo hacían, tenían lugar parcialmente en efectivo o en especie mediante bonos que debían ser canjeados por alimentos en algún centro poblado vecino.
De este modo, intimidaciones y acciones violentas llevaron al desplazamiento y éste, a su vez, desencadenó el despojo. Así, en pocos años la propiedad de la tierra cambió de manos y fue posible la puesta en marcha de grandes proyectos económicos que afectaron fuertemente a las poblaciones y a sus territorios. Nos detendremos brevemente en varios de ellos iniciando con la extracción maderera (cuyos antecedentes son previos a la llegada de los grupos armados) y continuando con la ganadería, los monocultivos, la minería y los cultivos de uso ilícito.
La extracción maderera
Roble, cedro, abarco, cativo, guino, caracolí, choiba, higuerón, sande, olleto, entre otras especies de árboles, se encontraban en abundancia en el actual territorio de La Larga y Tumaradó. Hacia mediados del siglo XX la empresa Maderas del Atrato inició la explotación principalmente de las maderas finas, y centró su actividad en dos puntos: los territorios cercanos al cerro Cuchillo y las tierras húmedas aledañas al río Tumaradó. Los puntos de recolección se ubicaron en California y Villa Nueva, donde se almacenaban las maderas que eran transportadas hacia Cartagena y Barranquilla por el río Atrato.
Para la década de los noventa una nueva empresa arribó a COCOLATU. Maderas del Darién inició la explotación de árboles que en su momento no fueron de interés de Maderas del Atrato. De este modo, cientos de hectáreas de cativo, guino, caracolí, entre otros, fueron taladas a lo largo y ancho del Consejo Comunitario. Los principales campamentos se establecieron en Nueva Unión y La Pala.
Los años de actividad de estas empresas dejaron una huella indeleble en el territorio colectivo: la tala de las maderas alteró los ecosistemas y los cursos de múltiples ríos fueron intervenidos con la intención de establecer canales y camellones que permitieran el transporte de las maderas, sin importar las afectaciones que esto tenía para las comunidades.
La ganadería extensiva
Tras el desplazamiento de prácticamente la totalidad de la población se pusieron en marcha diferentes proyectos de ganadería vacuna y bufalina. Si bien las dimensiones del territorio y las condiciones climáticas y de los suelos hacían de este un negocio rentable, fue necesario realizar varias acciones que tuvieron importantes repercusiones en términos medioambientales.
Los pobladores de la zona denunciaron que la llegada de los empresarios supuso una etapa adicional de la explotación maderera. De manera incluso más arrasadora que en años anteriores, se talaron y quemaron miles de hectáreas de árboles de forma indiscriminada con el único fin de abrir el espacio para la puesta en marcha de las actividades ganaderas. En el mismo sentido, señalaron que con el mismo propósito se secaron y desviaron ríos, y se drenaron varias de las ciénagas que caracterizaban a la región.
Hoy en día las comunidades que han retornado sufren de escasez de agua, ya que varios ríos como Larga Boba, La Pala y Los Chipes, han visto afectados sus cursos y otros tantos se encuentran altamente contaminados a causa de los residuos de las actividades ganaderas y mineras. En estas condiciones el agua de lluvia constituye la única fuente de agua potable en algunas comunidades. A su vez, la seguridad alimentaria está en riesgo por la ausencia de cultivos de pancoger y por las especies de flora y fauna que han dejado de existir.
Los monocultivos
Durante el recorrido en los momentos en los que la ganadería daba un respiro, los monocultivos hicieron su aparición. Grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de plátano, yuca, cacao y arroz dan lugar a otro de los paisajes actuales que ha dejado la violencia y que ha condicionado las formas de vida de las comunidades de la zona.
Al interior de COCOLATU existen pocas vías carreteables, lo cual dificulta el desarrollo de prácticas agrícolas y el transporte de productos. En estas condiciones, las comunidades se ven forzadas a replicar en sus tierras los cultivos que abundan en la región con el objetivo de vender sus productos a las grandes empresas que sí cuentan con los medios para transportarlos.
Los cultivos de uso ilícito
A lo largo del recorrido se evidenció un temor latente de abordar el tema del narcotráfico y de los cultivos de uso ilícito. Las comunidades visitadas señalaron en varias ocasiones la existencia de organizaciones armadas en la región y la persistencia de amenazas hacia los líderes que reclaman las tierras.
A pesar de ello, en algunos momentos del recorrido señalaron la existencia de sectores con cultivos de coca, como en la Madre Unión, donde uno de los líderes argumentó que, dadas las dificultades para llevar a cabo proyectos productivos de tipo agropecuario, muchas personas han visto en los cultivos de coca una oportunidad para diezmar, en lo inmediato, las condiciones de pobreza.
El Recorrido
De la mano de tres integrantes de la junta directiva de COCOLATU, un representante de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA) y un antropólogo del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)El CINEP ha acompañado a lo largo de cerca de ocho años el proceso de restitución de tierras en La Larga y Tumaradó. Esta institución trabajó con nosotros en la planeación del recorrido y fue nuestro enlace con las organizaciones y poblaciones de la región. En el mismo sentido, las charlas colectivas y la bibliografía aportada fueron elementos claves para la realización del recorrido y el entendimiento de las múltiples aristas que componen este caso. iniciamos el que sería un recorrido de siete días al interior del territorio colectivo.
El 12 de octubre de 2017 salimos de Apartadó y tomamos la troncal de Urabá hacia el sur. Tras cruzar las cabeceras municipales de Carepa y Chigorodó, en el punto conocido como El Tigre, tomamos la carretera Panamericana y 18 kilómetros más adelante estábamos dentro de los límites del Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó.
No encontramos vallas o pancartas que señalaban que estábamos dentro de un Consejo Comunitario. El paisaje tampoco cambió mucho: grandes extensiones de tierra delimitadas por cercas de alambre y destinadas a la ganadería o al cultivo de arroz y plátano seguían estando presentes. Al indagar sobre esto la respuesta fue contundente: a pesar de que desde el año 2000 le fue titulada la propiedad colectiva a las comunidades negras, las empresas y los terratenientes continúan en la zona.
