El Bajo Catatumbo
La siguiente parada en el recorrido nos lleva a una zona de agitados cielos, lo cual explica por qué sus habitantes originarios, el pueblo Barí, la llamaron “Catatumbo”, “la casa del trueno” en su lengua. Se trata de una amplia región binacional que se extiende a lo largo de la cuenca del río que lleva su nombre, entre la Cordillera Oriental colombiana a la altura del departamento de Norte de Santander y el lago de Maracaibo en el occidente venezolano.
Nuestro lente se posará en el Bajo Catatumbo, específicamente en Tibú, un municipio de territorios tan agitados como sus cielos, en los que han convergido las resistencias de sus pobladores con las hostilidades del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) por el control territorial y el usufructo de sus riquezas.
Zona del Catatumbo. Mapa por Juan Sebastián Sanabria para CNMH, 2016
Este texto girará en torno al recorrido que realizamos en septiembre de 2016 desde la vereda San Miguel, en el sur del municipio, hasta el corregimiento de La Gabarra, en el norte del mismo. Tres días de viaje que dieron cuenta no solo de lugares específicos del horror sino también de la transformación del paisaje producto de la llegada de diferentes proyectos económicos a la región. En muchas ocasiones la presencia de la industria petrolera y de la palma de aceite explican la ausencia de la ganadería y la agricultura, actividades preponderantes años atrás. Los testimonios también dan cuenta de una memoria colectiva donde se relaciona el inicio del proyecto palmero y su posterior auge con la llegada del paramilitarismo y con los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos.
Los paisajes de este recorrido son el resultado de un proyecto nacional de desarrollo consolidado en un territorio en disputa.
Foto: María Luisa Moreno para CNMH, 2016
Andar cada lugar significó prestar atención no solo a las historias y a la imagen sino también a los sonidos del paisaje para entender lo que estos elementos en conjunto podían decirnos sobre lo que había pasado en este territorio.
Allí, donde las narrativas ilustraban una memoria sonora específica como el sonido de helicópteros, disparos, animales que ya no están y silencios determinados por el miedo a hablar, hoy las memorias nos invitan a escuchar otro tipo de sonidos que pueden ser contrarios a los de la guerra: en la pista de aterrizaje donde llegaban los helicópteros de los paramilitares ahora solo se escuchan pájaros; en las casas de tortura hoy hay sonidos de los vientos y del movimiento de la maleza adueñada del pasado; en los ríos donde transitaban distintos actores armados solo se escuchan los motores de las lanchas y risas de niños y niñas que se bañan en el río frente a sus comunidades.
Durante los tres días de recorrido pudimos identificar lugares que han sido resignificados por las víctimas, otros borrados y silenciados por el paso del tiempo, y unos cuantos que aún mantienen vivas las huellas de la guerra.
Dividimos el recorrido en tres momentos, uno por cada día de viaje. El primero lo hicimos a lo largo de la carretera Astilleros-Tibú, desde el punto de La Llana hasta la cabecera municipal. El segundo día lo iniciamos en Tibú y lo finalizamos en el corregimiento de La Gabarra. El último fue un recorrido en bote desde La Gabarra, siguiendo el cauce del río Catatumbo, hacia arriba (hasta San Miguel) y hacia abajo (hasta Kilómetro 60).
Amanecer en el alto Catatumbo. Foto Camilo Ara para CNMH, 2016.
Como punto de partida es pertinente anotar que, si bien las huellas más visibles de los horrores de la guerra en el Bajo Catatumbo son relativamente recientes (principalmente de los años de recrudecimiento del accionar de los grupos armados entre 1999 y 2004), las raíces del conflicto en la región son mucho más profundas y están atravesadas por violencias, despojos y resistencias previas en las cuales podemos hallar las razones que explican por qué esta región fue, y continúa siendo, un territorio en disputa.
Exploraremos cinco momentos en la configuración del Bajo Catatumbo como “zona roja” de la geografía colombiana: dos se remontan a la época de la colonización de la región, mientras que los tres restantes se entrecruzan con los años de violencia en el marco del conflicto armado reciente. Nos referiremos de manera breve a la colonización del Bajo Catatumbo; las resistencias de la sociedad civil; la minería, la agroindustria y la coca; la proliferación de los actores armados en la región; y los años recientes. El panorama en conjunto da cuenta de un continuum de imposiciones y resistencias en el marco de un conflicto de larga duración que, aunque cambiante, permanece hoy inconcluso.
Con estos elementos presentes contaremos con mayores herramientas para entender e interpretar las huellas, los sonidos y los silencios que nos mostraron los paisajes de Tibú a lo largo de este recorrido.
Contexto
La colonización del Bajo Catatumbo y la puesta en marcha de un modelo de desarrollo
Las selvas del Catatumbo fueron hogar del pueblo Barí, cuyos miembros residieron durante siglos en la zona y resistieron contra los fuertes impactos que trajo consigo la colonización de los pueblos amerindios.
El más duro golpe a la resistencia indígena se dio durante la primera mitad del siglo XX cuando los yacimientos de petróleo en la zona del Bajo Catatumbo motivaron la llegada del Estado colombiano y de las empresas multinacionales a las que les fue otorgada la exploración, la explotación y el transporte del hidrocarburo mediante concesión.
En un abrir y cerrar de ojos el paisaje sufrió un profundo cambio: nuevos grupos poblacionales llegaron a la regiónEl poblamiento del Bajo Catatumbo tuvo principalmente tres fuentes: la asociada a la mano de obra de la industria petrolera, los procesos de migración en el marco de La Violencia y posteriormente la relacionada con el cultivo de la coca., la selva fue devorada por la aparatosa infraestructura petrolera y el pueblo Barí fue acorralado y arrasado debido a acciones planeadas y perpetradas por empresas multinacionales como COLPET y SAGOC, cuyos repertorios de violencia incluyeron, por un lado, jornadas en las que hombres armados se adentraban en el territorio con el objetivo de asesinar tantos indígenas como les fuera posible y, por el otro, el lanzamiento de dinamita desde avionetas sobre los poblados BaríMolano Bravo, Alfredo, (2013, 29 de julio), “Las guerras del Catatumbo”, en El Espectador, disponble en http://www.elespectador.com/noticias/nacional/guerras-del-catatumbo-i-articulo-430812, recuperado el 8 de junio de 2017..
La difícil situación resulta aún más cruenta si tenemos en cuenta que estas acciones tuvieron lugar hace menos de un siglo y que muchas de ellas contaron con el visto bueno del Estado colombiano quien militarizó la zona y tomó partido en la asimétrica disputa para privilegiar “la extracción de los recursos petroleros por parte de compañías extranjeras sobre la vida de los nativos que en ese entonces todavía eran concebidos en la legislación como salvajes”Centro Nacional de Memoria Histórica, (2015), Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo, CNMH, Bogotá, página 35..
Contexto
La resistencia de los movimientos sociales
Los impactos de la industria petrolera no fueron vividos de manera exclusiva por los grupos indígenas. El amplio poder concedido por el Estado a quienes explotaban la región derivó prontamente en abusos contra los trabajadores de este sector, los cuales se vieron agobiados con extensas jornadas de trabajo, bajos salarios y difíciles condiciones de vida.
Por otro lado, “junto con la concesión para la explotación de los recursos petroleros, también fue cedida a las empresas estadounidenses la dirección del proceso de colonización del Bajo Catatumbo, la cual fue, de hecho, impositiva”Asociación para la Promoción Social Alternativa, (2008), Memoria: puerta a la esperanza. Violencia sociopolítica en Tibú y el Tarra. Región del Catatumbo 1988 – 2005, Comunicación Gráfica, Bogotá, página 38. y terminó llevando a la concentración de la propiedad y al arrinconamiento de las poblaciones que sobrevivían de los cultivos de pancoger y la pequeña ganadería.
La presencia del Estado, centrada en la militarización de la zona para defender las actividades de las grandes empresas, produjo que las comunidades del Bajo Catatumbo lo percibieran como distante de sus intereses y necesidades. En estas condiciones, y como estrategia de supervivencia en una zona fronteriza y alejada de los centros urbanos, las comunidades “se organizaron y surgieron procesos de economía solidaria, tiendas comunitarias y cooperativas regionales, así como organizaciones ganaderas, cacaoteras, cafeteras, y a la par se fortalecieron las movilizaciones en temas petroleros, salariales y de tierras”Centro Nacional de Memoria Histórica, (2015), Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo, CNMH, Bogotá, página 38..
Las décadas de los sesenta, setenta y ochenta trajeron consigo victorias para los movimientos sociales y nuevas esperanzas de reforma agraria tras la adhesión de los procesos locales a iniciativas nacionales como la articulación con partidos políticos como la Unión Patriótica y el Frente Popular y la constitución de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). A pesar de ello,
La reacción de los terratenientes y su gobierno conservador, encabezado por el presidente Misael Pastrana Borrero, se estructuró en el Pacto del Chicoral de 1973 –que después convirtieron en Ley, al año siguiente–, en el que acordaron echar atrás la reforma agraria y se orientó la militarización de las zonas campesinas movilizadas. Al igual que en el resto del país, el Bajo Catatumbo soportó la represión del movimiento campesino, con abusos, detenciones masivas y la presencia de algunos ‘pájaros’, nombre que se les daba a los grupos de justicia privada promovidos por los terratenientes desde la época de la violencia.
Contexto
Segunda fase de imposiciones: la minería, la agroindustria y la coca
A pesar de la asimétrica disputa contra los grandes propietarios y las políticas de Estado, los movimientos sociales lograron sobrevivir a las décadas de los sesenta y setenta e, incluso, llegaron a posicionar al Catatumbo como un importante centro agrícola a nivel nacional.
No obstante, de acuerdo con los planteamientos de la Asociación para la Promoción Social Alternativa,Asociación para la Promoción Social Alternativa, (2008), Memoria: puerta a la esperanza. Violencia sociopolítica en Tibú y el Tarra. Región del Catatumbo 1988 – 2005, Comunicación Gráfica, Bogotá. los años ochenta trajeron consigo nuevas dificultades asociadas a las políticas de apertura económica que debilitaron a las economías campesinas locales, profundizaron los modelos de concentración de la tierra y propiciaron el aumento desmesurado de iniciativas productivas como la de la palma y el carbón.
De forma paralela, con múltiples necesidades insatisfechas e inmersas en un panorama de abandono estatal y de difíciles condiciones para la supervivencia a partir de los procesos productivos tradicionales, las comunidades del Bajo Catatumbo encontraron en el cultivo de coca una alternativa de supervivencia que, si bien “generó fuentes de ingresos, simultáneamente dio lugar a la estigmatización y desestructuración del campesinado de Tibú y a la modificación de sus costumbres”Centro Nacional de Memoria Histórica, (2015), Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo, CNMH, Bogotá, página 45..
Junto a las florecientes economías legales e ilegales que proliferaron en el Bajo Catatumbo aumentó también la presencia de grupos armados cuyos intereses por defender, controlar o sabotear los diferentes procesos organizativos locales ocasionaron una cruenta espiral de violencia en la región que victimizó principalmente a la sociedad civil.
Contexto
La proliferación de los actores armados en la región
Fuerza Pública
Como mencionamos anteriormente, en buena medida la presencia estatal en el Bajo Catatumbo se ha dado con una fuerte militarización de sus territorios con el objetivo de garantizar el sostenimiento de los proyectos económicos emprendidos en la zona y combatir a quienes de una u otra manera se han opuesto a los mismos. Esta militarización excesiva del territorio implicó abusos en contra de la población civil, ejecuciones extrajudiciales y alianzas con grupos paramilitares que perpetraron acciones como asesinatos, masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos.
Sobre lo anterior se ha conocido que, en no pocas ocasiones, “los ideales políticos de las autodefensas obtuvieron cierto aval de algunos integrantes de diferentes organismos del orden nacional, departamental y municipal por medio de una legitimación de carácter ideológica, así como de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia”Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, (2014, octubre 31), Sentencia contra Salvatore Mancuso Gómez y otros, Radicado 2006-80008, M.P. Alexandra Valencia Molina, Bogotá, página 166..
Esta situación, sumada a la estrategia de combatir el negocio de la coca atacando al eslabón más débil de la cadena (el campesinado que la cultivaba), ha derivado en una visión ajena y muchas veces antagónica del Estado y de sus Fuerzas Militares por parte de los habitantes del Bajo Catatumbo.
Guerrillas
Si bien la presencia de las guerrillas se manifiesta desde los años setenta, su accionar se hace más fuerte con la llegada de la nueva década. Para el caso del Catatumbo es pertinente mencionar la actividad preponderante de tres grupos: el ELN, el EPL y las FARC.
Según el informe Con licencia para desplazarCentro Nacional de Memoria Histórica, (2015), Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo, CNMH, Bogotá., uno de los primeros grupos en llegar a la región fue el ELN, el cual hizo presencia desde la década de los sesenta con el Frente Carlos Armando Cácua Guerrero del Bloque de Guerra Nororiental. Este grupo ingresó esgrimiendo banderas que defendían los intereses de los trabajadores de la industria del petróleo y así se ganaron la confianza de este golpeado sector. A pesar de ello, y en medio de su estrategia de posicionamiento, este grupo armado “acentuó sus acciones violentas contra la infraestructura petrolera, afectando a la población civil. El ELN perdería su influencia en los noventa ante la preponderancia de las FARC y de los paramilitares y su relación con la economía cocalera”Centro Nacional de Memoria Histórica, (2015), Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo, CNMH, Bogotá, página 43..
El EPL, por su parte, incursionó en la zona desde los últimos años de la década de los ochenta con su Frente Libardo Mora Toro y adelantó acciones como hostigamientos, asesinatos de integrantes de las Fuerzas Militares y secuestros. La desmovilización de este grupo armado tuvo lugar en 1991, pero su único reducto a nivel nacional quedó en el Catatumbo donde aún continúa operando.
Las FARC arribaron a la zona en los mismos años que el EPL y su accionar estuvo a cargo del Frente 33. En un comienzo sus repertorios de violencia se dirigieron en contra de los grandes propietarios y los proyectos económicos de gran escala en la región mediante asesinatos selectivos, secuestros y extorsiones. Durante los años noventa, en el contexto de disputa contra los grupos paramilitares por el control de los cultivos de coca y de la frontera con Venezuela, los repertorios de las FARC se recrudecieron, pues perpetraron atentados y masacres contra la población civil. Tal es el caso de la masacre ocurrida en 2004 contra un grupo de raspachinesRecolectores de hoja de coca de La Gabarra.
El paramilitarismo
El ingreso de las AUC a Tibú tuvo lugar por el sur del municipio. El mes de mayo de 1999 el grupo armado inició su recorrido en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, y desembocó en el Catatumbo,
Se utilizaron entre 8 y 10 camiones que trasladaron a cerca de 220 hombres al mando del capitán retirado del Ejército, Armando Pérez Betancourt, conocido en el grupo de autodefensas como alias “Camilo”; se dijo que después de atravesar, sin mayores contratiempos los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar, arribaron a su objetivo en el departamento de Norte de Santander.
Tras recorrer poco más de 800 kilómetros y atravesar varios retenes del Ejército sin ser detenidos (en un momento de alta militarización del territorio nacional), el grupo paramilitar estableció su principal base de operaciones en el corregimiento de La Gabarra, al norte de Tibú.
Armando Pérez Betancourt, Comandante del Bloque Catatumbo, instaló su oficina y centro de operaciones, cerca de la Estación de Policía, desde donde coordinó sus funciones de dirección, gerencia de la actividad del narcotráfico y de atención a la comunidad; lo que deja entrever que desde ese momento el Bloque Catatumbo se apoderó de toda la zona desde La Gabarra, hasta la Y, la entrada al municipio de El Zulia y fueron montados los grupos de urbanos en La Gabarra, Tibú; Campo Dos, Pacheli, y Luis Vero en el municipio de El Tarra
La llegada del Bloque Catatumbo y su expansión por el municipio vino acompañada de una fuerte oleada de violencia: retenes, estigmatización, asesinatos, torturas, masacres y desplazamientos fueron perpetrados por los distintos grupos armados que se disputaban la zona, lo cual hizo del horror una constante para la población civil.
Entre 1999 y 2004 tuvo lugar uno de los más altos picos de violencia en Tibú, pues “con el objetivo de controlar a sangre y fuego el territorio y a la población tibuyana, se ejecutaron treinta masacres de cuatro o más personas con un saldo fatal de doscientas sesenta y siete víctimas y diez asesinatos de tres personas cada uno”Centro Nacional de Memoria Histórica, (2015), Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo, CNMH, Bogotá, página 20..
Contexto
2005-2017. Los años recientes
A finales de 2004 tiene lugar la desmovilización del Bloque Catatumbo, situación que supuso una importante disminución de los índices de violencia en Tibú. Por otro lado, los años recientes han sido el contexto de una nueva etapa de militarización enmarcada en la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, lo cual evidencia que una vez más se materializa la presencia del Estado por la vía armada y no tanto a partir de políticas públicas que brinden alternativas para mejorar las condiciones de la población.
Con relación a las guerrillas, tras un largo periodo de negociaciones en La Habana, se acordó el fin del conflicto con las FARC y los puntos allí negociados actualmente se encuentran en proceso de implementación. Si bien esta situación ha significado una importante reducción de los hechos violentos, es necesario mencionar que en algunos de los espacios en los que se encontraba este grupo armado se ha fortalecido y ampliado la presencia territorial del ELN y el EPL.
En estas condiciones, las recientes noticias de la puesta en marcha de una fase pública de negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN han despertado gran expectativa en la región. Incluso, los habitantes de la zona esperan que se adelanten acciones similares con el EPL cuya presencia en el Catatumbo ha sido histórica.
Si bien lo anteriormente expuesto ha traído consigo una importante disminución de la inestabilidad y la zozobra que caracterizaron al Bajo Catatumbo, en términos sociales y económicos la situación no parece ser tan esperanzadora. La economía campesina continúa amenazada por los planes de desarrollo, pues desconocen las dinámicas regionales y fueron impuestos a la fuerza desde la legalidad y la ilegalidad. Adicionalmente, la agroindustria, la explotación a gran escala de recursos naturales y los elevados índices de concentración de la tierra dan forma a un tríptico que pone en riesgo las ya difíciles condiciones de vida de los habitantes de la región. A esto debe sumarse la presencia de actores armados posdesmovilización que pretenden llenar el vacío de poder dejado por los antiguos grupos y suponen una amenaza latente en términos de drogas ilícitas, contrabando y formas de justicia privada.
Finalmente, es pertinente mencionar que, frente a este panorama, la población y las organizaciones del Bajo Catatumbo han realizado importantes propuestas para gestionar su territorio y propiciar mejoras sustanciales en sus condiciones de vida. Dentro de ellas se destacan las zonas de reserva campesina, la propuesta de ampliación del resguardo y el reconocimiento del territorio ancestral del pueblo indígena Barí.
