La tarde del 11 de agosto de 2020, cinco adolescentes salieron del barrio Llano Verde, en el oriente de Cali, a hacer lo que hacen los muchachos de 14, 15 y 16 años: volar cometa, comer caña, estar juntos. Josmar Jean Paul Cruz Perlaza tenía 16 años; Léider Cárdenas Hurtado, 16; Luis Fernando Montaño Quiñónez, 15; Álvaro José Caicedo Silva, 15; y Jair Andrés Cortés Castro, 14. Esa tarde no volvieron.
En el barrio Llano Verde de Cali, habitado en su mayoría por familias víctimas del desplazamiento forzado, cinco adolescentes afrodescendientes, entre los 14 y los 16 años, fueron torturados y asesinados. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, tres adultos que trabajaban como vigilantes en los alrededores del cañaduzal habrían observado a los menores y posteriormente los habrían atacado. Cuatro fueron asesinados con arma de fuego y uno con arma blanca.
Un barrio construido sobre el desplazamiento
Para entender lo que ocurrió aquella tarde es necesario entender qué es Llano Verde. El barrio fue construido para albergar a familias víctimas del desplazamiento forzado y de distintas formas de violencia asociadas al conflicto armado. Allí fueron reubicadas personas que habían sido expulsadas de sus territorios por la acción de grupos guerrilleros y paramilitares, junto con otras familias que levantaron asentamientos en distintos sectores de la ciudad. El resultado fue un territorio marcado por historias de despojo, desplazamiento y revictimización.
Sus cerca de 20.000 habitantes viven en el oriente de Cali, en una zona que permanece física y socialmente distante de otros sectores de la ciudad.
Llano Verde está conformado, en su mayoría, por familias desplazadas por la violencia del conflicto armado que enfrentan procesos de revictimización en el contexto urbano. Sus habitantes provienen principalmente del litoral de Nariño y Cauca, así como de otras regiones del país. La mayoría son afrodescendientes. Llegaron huyendo de la guerra y encontraron otras formas de violencia y exclusión, relacionadas con la segregación socioespacial, el microtráfico, la precariedad y el abandono institucional en los márgenes de una ciudad profundamente desigual.
El contexto político: pandemia, violencia y una ciudad al límite
En agosto de 2020, Cali permanecía atravesada por las restricciones y los efectos sociales de la pandemia de COVID-19. En el oriente de la ciudad, las medidas de confinamiento habían transformado la vida cotidiana: las calles estaban más vacías, los encuentros eran menos frecuentes y los espacios de recreación se habían reducido.
La masacre ocurrió además en un contexto de alta violencia homicida y profunda crisis social y económica. Para ese momento, Cali registraba cientos de muertes violentas en lo corrido del año. El asesinato de los cinco adolescentes se produjo, así, en medio de una ciudad golpeada simultáneamente por la pandemia, el desempleo, la desigualdad y distintas expresiones de violencia.
La dimensión racial del crimen
Las familias de los cinco adolescentes han señalado que en el crimen hubo rabia y saña contra los menores, entre otras razones por ser afrodescendientes y porque se encontraban en el cañaduzal comiendo caña, una de las pocas actividades recreativas disponibles para los niños y jóvenes de Llano Verde.
AFRODES Cali señaló que el crimen evidenciaba la persistencia de formas de violencia y discriminación dirigidas contra las comunidades afrocolombianas y cuestionó la respuesta institucional frente a estos hechos: «Asesinar a nuestros niños y jóvenes implica destruir la posibilidad de continuar nuestra existencia cultural».
Por su parte, el abogado de las víctimas, Elmer José Montaña, denunció la existencia de sesgos clasistas y raciales en la investigación y cuestionó la diferencia en el tratamiento institucional que, a su juicio, habría recibido el caso de haber ocurrido en otro sector de Cali.
El Centro Nacional de Memoria Histórica recuerda a Josmar, Léider, Luis Fernando, Álvaro José y Jair no como cifras de un informe de seguridad, sino como cinco adolescentes, hijos de familias del Pacífico colombiano, que construían sus vidas en un barrio marcado por el desplazamiento y la exclusión. La violencia interrumpió sus vidas en un cañaduzal, un martes de agosto de 2020.
Hoy honramos su memoria y la de sus familias, que siguen reclamando verdad, justicia y dignidad.