Bajo el lema de tener en cuenta todas las voces que no tienen voz, en el marco del reconocimiento a las víctimas del conflicto armado colombiano, el director general del Centro Nacional de Memoria Histórica, D’Mar Córdoba Salamanca, recibió el 3 de septiembre de 2026 a la lider indígena caucana y defensora de derechos humanos Diana Socorro Perafán, junto con un grupo de representantes del Cabildo Indígena Páez de Jerusalén en Santander de Quilichao (Cauca): el gobernador Julián Mensa; el fiscal Mauricio Mensa; el abogado y asesor legal José Jairo Collazos; la alcaldesa Dioselina Secué y la miembro de la comunidad Ana Correa.
La reunión se llevó a cabo para informar sobre el reclutamiento forzado de menores por parte de las FARC. De hecho, hace unos días la comunidad tuvo que recibir el cuerpo de un joven que murió en combate en Guaviare, quien fue reclutado por las llamadas disidencias de las FARC en el Cauca. «No son combatientes voluntarios», dijo Perafán; además, afirmó que este tipo de reclutamiento también era conocido por la Defensoría del Pueblo. Según su testimonio, más de 15.000 menores de comunidades indígenas que ella representa están actualmente en riesgo de ser reclutados por estas estructuras armadas, que —denunció— sacan a los jóvenes de los resguardos y luego los entregan a diferentes grupos ilegales.
La lider también describió una persecución particular contra personas de fe cristiana y evangélica, quienes son acusadas de oposición política por los grupos armados que operan en la región. Precisamente, Perafán dijo que había órdenes de arresto, acusaciones y amenazas de muerte en contra de ella y otros líderes actuales, e indicó que más de 30.000 indígenas cristianos y evangélicos del suroeste de Colombia están en riesgo de verse involucrados en un conflicto que no les concierne.
Hay que recordar que Perafán señaló que siente que el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se ha alejado de sus principios, los cuales se enfocan en resistencia, cultura y unidad, y está tomando participación para favorecer a las disidencias del grupo narcoterrorista de las FARC.
Por su parte, el abogado José Jairo Collazos recordó amenazas contra su vida que se remontan a 1986 y dijo que había fosas comunes en el resguardo de Vilachí, mientras que la alcaldesa Dioselina Secué recordó la muerte de su hijo, que ocurrió años después de haber denunciado en la Fiscalía al respecto, y los problemas educativos y de infraestructura que persisten en la región.
El gobernador Julián Mensa defendió el plan de vida del cabildo, basado en principios religiosos y no en cultivos ilícitos, así como señaló también la persecución de maestros y líderes comunitarios de la comunidad. Por último, el fiscal Mauricio Mensa pidió al Estado invertir en educación, deportes y cultura como medida contra el reclutamiento, y la miembro de la comunidad Ana Correa solicitó que el Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Tierras se involucren porque no hay tierras productivas en la comunidad.
Para contrarrestar esta problemática, el director general del Centro Nacional de Memoria Histórica, D’Mar Córdoba Salamanca, indicó que uno de los retos durante esta vigencia es documentar la memoria histórica en el territorio. En ese sentido, señaló que el reclutamiento forzado, la persecución religiosa y la falta de acceso a la tierra son algunos de los frentes que, por su importancia y aumento de casos, hacen parte de las apuestas de la entidad para aportar a darle voz a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados por el conflicto.
