Al contrastar los datos sobre la propiedad privada registrada en el catastro rural del IGAC y las tierras adjudicadas por el Gobierno al Caquetá, el índice de coincidencia es de 87,59 %. Es decir, la gran mayoría de los predios rurales de propiedad privada tienen origen en la titulación de baldíos a lo largo del siglo XX. 

Según las cifras del Incoder, en el departamento del Caquetá entre 1903 y 2012 se realizaron 30.470 adjudicaciones sobre 1.625.611 hectáreas. 

A pesar del predominio de la mediana propiedad en Caquetá, se mantiene una desigual distribución de la tierra en las adjudicaciones de baldíos, ya que los predios de gran propiedad representan el 1,6 % del total de adjudicatarios y controlan el 14,2 % del total de la superficie adjudicada, mientras los adjudicatarios de pequeña propiedad representan el 24,7 % y controlan sólo el 3,1 % del total de la superficie adjudicada. 

Los períodos de más adjudicaciones coinciden con momentos particularmente conflictivos de la historia colombiana. Por ejemplo, entre 1962 y 1988, período en que se hicieron el 66,1 % del total de adjudicaciones en el Caquetá y se entregó el 60,7 % del total de área adjudicada, ocurrieron los bombardeos a El Pato, la guerra del Caquetá y los Acuerdos de La Uribe. 

Los períodos en los que se dieron más adjudicaciones a predios de mediana y pequeña propiedad son, en orden cronológico: 1932-1946, durante el cual los colonos de menos de 100 hectáreas recibieron el 61,18 % de la superficie adjudicada; el período comprendido entre 1962-1974, durante el cual los colonos de menos de 100 hectáreas obtuvieron el 62,70 % de la superficie adjudicada; y el período 1975-1988, en el cual los colonos de menos de 100 hectáreas obtuvieron el 69,51 % del área adjudicada. 

La colonización, la política agraria de adjudicación de baldíos, las organizaciones sociales y el conflicto armado han sido ejes determinantes de la configuración territorial y social en el departamento del Caquetá. 

Algunos de los procesos que han afectado a la región son el impulso de las colonizaciones en la guerra con el Perú; los programas de colonización diseñados en la época de La Violencia y la Violencia tardía; la colonización en el bajo Caguán tras los Acuerdos de La Uribe; la declaración de Zonas Especiales de Orden Público; la fumigación de cultivos de uso ilícito; la declaración de una zona de distensión en San Vicente del Caguán; la implementación del Plan Colombia; los planes militares diseñados para la retoma de la zona de distensión; y los actuales Planes de Consolidación Estatal Territorial. 

Podríamos decir que Caquetá se convirtió en uno de los epicentros del conflicto armado colombiano. Las autodefensas campesinas, que posteriormente darían origen a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), llegaron al Caquetá en 1955 impulsando un proceso de colonización armada en la región del Alto Pato. Desde mediados de los años 70 en esta región hicieron presencia el M-19 (Movimiento 19 de Abril) en la zona sur, y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en el municipio de El Doncello. Luego, a finales de los años 90, ingresaron los grupos paramilitares a la zona sur del departamento, primero como Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, comandadas por la casa Castaño, y luego como Bloque Central Bolívar, comandadas por Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Estas estructuras paramilitares instauraron centros de tortura y muerte, y llevaron a cabo acciones de terror en la zona sur y en la zona norte del departamento con el fin de socavar los territorios históricos de la guerrilla de las FARC, lo que llevó a una degradación del conflicto que aún hoy se mantiene. En esta misma década el Caquetá fue uno de los centros de la política antidrogas en el país, lo que se tradujo en fumigaciones, restricciones a la movilidad, capturas y combates en las zonas rurales del departamento. El rechazo a esta política se manifestó en las marchas cocaleras que en el año 1996 sacudieron el sur de Colombia. 

Por otra parte, en la actualidad las organizaciones sociales en el departamento cumplen un papel muy importante. Realizan funciones de regulación de la vida cotidiana, con normas de convivencia que permiten la tranquilidad en territorios a los que no llegan jueces ni fiscales, o de bienestar a partir del aprovechamiento de los bienes disponibles. Arreglan y construyen carreteras con el dinero recolectado en los peajes comunitarios que han instalado en las vías veredales; construyen escuelas, casetas comunales y tienen iniciativas productivas solidarias que les permiten a los campesinos acceder a créditos a los que, dadas sus condiciones de informalidad (la mayoría no tiene títulos de propiedad), difícilmente podrían acceder. Igualmente, cumplen funciones de representación, ya que han impulsado en los últimos años múltiples movilizaciones, como el Paro Nacional Agrario y el paro por el derecho a la educación, movimientos que le han exigido al Estado una mayor intervención para la satisfacción de los derechos de los pobladores rurales del departamento. 

Hoy en día Caquetá es visto como un territorio estratégico para la construcción de la paz buscada en el Acuerdo Final conseguido en La Habana. Sin embargo, para comprender la dinámica actual de esta región es preciso examinar cómo se relacionan el proceso de configuración territorial, el mercado de tierras y los usos del suelo en un departamento con procesos migratorios continuos y en el que aún no se ha logrado una estabilización de la frontera agraria. De otra parte, hay que conocer qué tipo de órdenes locales ha construido la guerra, después de más de 50 años de presencia continua de las FARC-EP. 

La tierra no basta, la nueva investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica desarrollada por Erika Andrea Ramírez y dirigida por Rocío Londoño y José Jairo González, realiza una lectura de largo plazo del proceso de configuración agraria de una región que se ha construido al vaivén de las políticas de guerra y paz que se han dado en el país. Analiza el proceso de configuración territorial del departamento a partir de las diferentes olas de colonización que se han presentado desde principios de siglo, dando una visión amplia del paisaje rural caqueteño. Asimismo, da cuenta de los procesos de adjudicación de baldíos y de la incidencia que esta política agraria ha tenido en la configuración de la propiedad en el departamento. 

La investigación ofrece una lectura de la incidencia que el conflicto armado ha tenido en los procesos de despojo y abandono de tierras y en la concentración de la propiedad, y describe dos casos paradigmáticos de despojo de tierras que se han dado en el departamento. 

Uno de sus principales aportes de este informe es la descripción del repertorio de acciones políticas y los procesos de resiliencia económica de las organizaciones sociales y los gremios económicos en esta región. No debemos olvidar que esta región también es una muestra de interesantes experiencias de construcción de ciudadanías locales, de infraestructura comunitaria y de normas propias que les han permitido consolidar órdenes locales en medio de las más crudas condiciones de la guerra.