A diferencia de países como Chile y Guatemala, la creación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en Colombia tiene una característica importante que la diferencia de otros casos: “no se trata de un gobierno dictatorial que cae, es un proceso institucional distinto. En Colombia hay un fin del conflicto con una continuidad institucional”, dice Mariana Mas, integrante de Open Society. Y agrega: “Eso implica que muchos de los documentos (que tendrá la CEV) seguirán protegidos. Hay un nivel de complejidad aún mayor”.

En Guatemala el acceso a los archivos de la antigua policía estatal es público. En El Salvador se puede acceder a informes, pero no a todos los documentos que tuvo en sus manos la comisión de la verdad. En Chile, por su parte, se determinó que serán reservados por cinco décadas.

“El acceso efectivo de documentos especiales de las fuerzas militares y de inteligencia son vitales en procesos de transición”, advierte Mas, una de las invitadas a la tercera conferencia de la ‘Formación Virtual en Protección, Conformación, Acceso y Uso Social de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica’. En esta ocasión el tema abordado fue el acceso y uso de los archivos de derechos humanos.

Al respecto, Juan Diego Restrepo, director del portal periodístico Verdadabierta.com, se cuestiona: “está bien hablar de los archivos, pero ¿qué vamos a hacer con la normatividad vigente, que les da una protección a los archivos de seguridad e inteligencia por décadas? ¿Cómo le vamos a plantear al Estado una discusión sobre la normatividad vigente?” Advierte que su preocupación no es con cuáles archivos funcionará la CEV sino cómo van a llegar los archivos allá, además de qué sucederá con estos temas en el nuevo contexto político: la posesión de los congresistas el 20 de julio y del nuevo presidente el 7 de agosto.

Mas pone de ejemplo el caso sudafricano. Allí la comisión de la verdad, luego de tres años, obtuvo una orden para detener la destrucción y sustracción de documentos de inteligencia. Para ese momento muchos habían sido destruidos o robados. Por eso uno de los grandes errores de esa comisión fue no enfocarse temprano en esos documentos.

La invitada concluye que el derecho a la verdad completa es limitada si no existe protección de los archivos y el acceso a los documentos es limitado.

Restrepo, por su parte, sugiere que haya mayor unión entre las organizaciones para luchar por objetivos comunes y que la investigación periodística debería contar también con los archivos de las organizaciones para “construir una verdad más integral.”

En esta conferencia también participaron Bibiana Ortiz, de Codhes, y 25 líderes y lideresas de organizaciones sociales y de víctimas de todo el país, con el apoyo del Gobierno de Canadá, el Pnud y la Dirección de Archivo del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Publicado en Noticias CNMH