El 3 de agosto de 1998, el municipio de Miraflores (Guaviare) fue escenario de una de las acciones armadas más devastadoras del conflicto colombiano. Durante cerca de 26 horas, integrantes del Bloque Oriental de las FARC-EP atacaron la estación de Policía y la base militar, en un hecho que dejó personas civiles y uniformadas asesinadas, 129 integrantes de la Fuerza Pública secuestrados, graves daños a la infraestructura y profundas afectaciones para las comunidades del territorio.
La toma marcó un punto de quiebre en la historia de Miraflores. Las explosiones, los combates y el desplazamiento transformaron la vida cotidiana de un municipio amazónico habitado por comunidades campesinas e indígenas, que durante años convivieron con el miedo, la incertidumbre y las consecuencias de la confrontación armada.
Los testimonios de quienes sobrevivieron permiten comprender la dimensión humana de aquellos días. El soldado Pablo Arturo Chaparro recordó que el combate comenzó en la madrugada y que la diferencia de fuerzas era evidente: «Sabíamos que esta zona era caliente, pero no así. Estábamos desiguales; nosotros teníamos fusiles Galil y ellos tenían más de diez ametralladoras y bombas».
En medio del enfrentamiento, mientras intentaba sobrevivir a una herida y al agotamiento de las municiones, pensaba en su familia: «Yo rezaba y pensaba en mi hija que nació el primero de julio […]. Yo ya estaba sin munición».
Otro de los sobrevivientes, Rafael Real, recordó la muerte de unos de sus compañeros cuando varios heridos fueron llevados al campamento guerrillero: «Cuando trajeron al lanza Díaz Cruz estaba muy mal […]. En la mañana nos dijeron que estaba muerto. Creo que no resistió más porque no tenía sangre».
Estos relatos reflejan el impacto que la guerra dejó sobre quienes fueron privados de la libertad y sobre sus familias. Pero también hablan de un territorio donde la población civil soportó durante años el peso de la confrontación armada y vio alteradas sus formas de vida.
La memoria como camino hacia la reparación
Con el paso de los años, las víctimas han impulsado distintas acciones para exigir verdad, justicia y reparación. En 2016, el Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa a reparar a 28 de los 129 integrantes de la Fuerza Pública secuestrados durante la toma de Miraflores, al considerar que existieron fallas en la protección de quienes se encontraban en la base militar. Posteriormente, en 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció a 20 militares y a sus familias como víctimas dentro del Caso 001, relacionado con la política de secuestro de las extintas FARC-EP.
No obstante, para muchas personas que habitan el municipio, la reparación integral continúa siendo una deuda pendiente. A las afectaciones ocasionadas por la guerra se suman las dificultades derivadas del abandono estatal, las limitaciones para acceder a servicios básicos y la persistencia de riesgos asociados a la presencia de actores armados en la región.
Un integrante de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Miraflores resume ese sentir colectivo: «Lo que más necesitamos es que nos escuchen desde donde toman decisiones. Que no nos vean como cifras ni como destinatarios de ayudas pasajeras. Queremos vivir en paz, pero con justicia».
La vida persiste en el territorio
A 28 años de la toma, Miraflores continúa siendo un territorio de resistencia. Allí, las comunidades, las organizaciones sociales y las víctimas sostienen procesos que defienden la memoria como una forma de proteger la vida, reconstruir el tejido social y transmitir a las nuevas generaciones lo ocurrido para que no vuelva a repetirse.
Recordar la toma de Miraflores es reconocer a todas las víctimas del conflicto armado y comprender que la memoria no solo preserva el pasado: también contribuye a fortalecer la verdad, la reparación y las garantías de no repetición como pilares para la construcción de paz.