En la madrugada del 21 de mayo de 2002, la comuna 13 de Medellín despertó con el ruido de helicópteros, disparos y explosiones. Durante más de doce horas, la Operación Mariscal desplegó una intervención militar en un territorio densamente poblado, donde la tranquilidad fue interrumpida por el fuego cruzado. La población civil —niños, mujeres, trabajadores— quedó atrapada en medio de una confrontación que desbordó cualquier frontera entre combatientes y no combatientes.

En este contexto, como documenta el informe del CNMH La huella invisible de la guerra: desplazamiento forzado en la comuna 13, las operaciones militares y la disputa armada en el territorio generaron afectaciones profundas en la población civil, entre ellas el confinamiento, el desplazamiento forzado y la ruptura de las dinámicas comunitarias. La Operación Mariscal se inscribe en esa secuencia de hechos que marcaron de manera estructural la vida en la comuna 13.

Los testimonios de quienes vivieron ese día permiten comprender la dimensión de lo ocurrido. Por ejemplo, Blanca Nubia Correa declaró para la Agencia de Prensa IPC que estaba en su casa cuando comenzaron los enfrentamientos: «Llegaron los militares, encerraron el barrio… tiraron demasiados gases». Al intentar mirar por la ventana, un soldado la golpeó con el fusil; luego, se refugió con sus hijos en el baño mientras una bala atravesaba la pared de su casa. 

Como ella, cientos de familias quedaron confinadas en sus viviendas. Quienes salían a trabajar, estudiar o simplemente transitar por el barrio fueron alcanzados por los disparos. «Cuando algunos civiles auxiliaban a otro impactado por una bala, también eran alcanzados por los fusiles», relatan algunos testigos en el informe. 

En medio de la violencia, la comunidad respondió con una acción que hoy es símbolo de dignidad: salir a las calles con pañuelos y sábanas blancas para exigir el cese del fuego. Una mujer alzó su voz entre los disparos: «Cese al fuego, no disparen más, queremos vivir». Este acto colectivo se convirtió en un gesto de resistencia civil frente a la guerra urbana, según el informe del CNMH.

El saldo fue devastador: nueve personas asesinadas —entre ellas tres menores de edad—, más de 37 heridos y decenas de detenciones arbitrarias. Sin embargo, más allá de las cifras, la Operación Mariscal dejó una huella profunda en la memoria colectiva del territorio.

A más de dos décadas de este evento, las víctimas siguen reclamando por la verdad: ¿quién dio las órdenes?, ¿por qué la población civil fue expuesta de esa manera?, ¿por qué persiste la impunidad? Cada año, la comunidad vuelve a vestirse de blanco, no solo para recordar, sino para afirmar que la memoria es también una forma de resistencia. 

Recordar la Operación Mariscal es escuchar esas voces que sobrevivieron al ruido de la guerra urbana, es reconocer que, incluso en medio de la violencia, fueron más quienes salieron a las calles a defender la vida, pero, sobre todo, es insistir en que estos hechos no pueden repetirse ni estigmatizar los territorios que hoy nos narran el conflicto desde otra mirada.