Desde el CNMH, conmemoramos la entrega del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), presentado el 28 de junio de 2022, como uno de los hitos más importantes en la construcción de memoria, verdad y paz en Colombia.

Bajo el nombre «Hay futuro si hay verdad», la CEV entregó al país un trabajo de esclarecimiento sin precedentes, al recopilar información de seis décadas de conflicto armado interno. El informe final, compuesto por 11 tomos y 24 volúmenes, recogió las voces de víctimas, organizaciones sociales, comunidades campesinas, pueblos étnicos, excombatientes, integrantes de la fuerza pública, líderes sociales, personas en el exilio y distintos sectores de la sociedad colombiana.

Para este trabajo, la Comisión realizó cerca de 14 000 entrevistas y sostuvo conversaciones con más de 30 000 personas dentro y fuera del país, en un ejercicio amplio de escucha y reconocimiento de las víctimas. El propósito central era responder una pregunta fundamental: ¿por qué, pese a múltiples procesos y acuerdos de paz, el conflicto armado colombiano persistió y se transformó durante décadas?

La verdad de un país profundamente herido

El tomo «Hallazgos y recomendaciones» describe a Colombia como una sociedad profundamente afectada por la violencia, el miedo, la impunidad y la fragmentación social. En esa medida, la Comisión concluyó que la guerra dejó impactos colectivos que atravesaron generaciones enteras y transformaron la vida cotidiana de millones de personas.

Uno de los hallazgos más contundentes fue que la población civil fue la principal afectada por el conflicto armado: aproximadamente, 8 de cada 10 personas asesinadas eran no combatientes. Esta afirmación desmontó la idea de una guerra exclusivamente entre actores armados y evidenció que las comunidades quedaron atrapadas en medio de disputas políticas, militares, económicas y territoriales.

De igual manera, la Comisión documentó múltiples hechos victimizantes, entre ellos masacres, desaparición forzada, secuestro, violencia sexual, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, confinamiento y despojo de tierras.

Por último, el informe también señaló que la violencia afectó de manera desproporcionada a campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas LGBTIQ+, sectores históricamente excluidos y vulnerabilizados.

Las mujeres y los cuerpos atravesados por la guerra

Uno de los aportes fundamentales del informe final ha sido el reconocimiento de las afectaciones específicas sufridas por las mujeres y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

La Comisión dedicó un tomo completo, «Mi cuerpo es la verdad», a documentar cómo la violencia sexual, las amenazas, los desplazamientos y las múltiples formas de discriminación fueron utilizados como mecanismos de control, castigo y dominación durante el conflicto armado.

Al respecto, el informe concluyó que la violencia sexual no fue un hecho aislado, sino una práctica sistemática ejercida por distintos actores armados para sembrar miedo, controlar territorios y destruir tejidos comunitarios. Asimismo, la Comisión reconoció el papel de las mujeres como lideresas, cuidadoras, buscadoras de desaparecidos, defensoras de derechos humanos y constructoras de paz en medio de la guerra.

El desplazamiento y el despojo: un país expulsado de sus territorios

Otro de los hallazgos centrales del informe final fue la magnitud del desplazamiento forzado y el despojo territorial en Colombia. Es así como, entre 1985 y 2019, se registraron 7 752 964 víctimas de desplazamiento forzado en el país, según la integración de datos del proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG (Jurisdicción Especial para la Paz, Comisión de la Verdad y Human Rights Data Analysis Group). 

Antioquia fue el departamento más afectado por este crimen, con 1 480 596 víctimas, equivalente al 19 % del total nacional registrado por la Comisión. De igual manera, se evidenció el impacto diferencial sobre los pueblos étnicos: aproximadamente, el 20 % de las víctimas de desplazamiento pertenecía a comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras o al pueblo Rrom.

En este sentido, la Comisión describió al país como «un país desplazado», marcado por la expulsión masiva de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de sus territorios. El desplazamiento fue utilizado por distintos actores armados como estrategia de control territorial, apropiación de tierras y ruptura del tejido social; sin embargo, la investigación también evidenció que el despojo de tierras estuvo estrechamente ligado a intereses económicos, al narcotráfico, al paramilitarismo y a la concentración de la propiedad rural.

Ahora bien, el daño no fue únicamente material: la Comisión insistió en que el desplazamiento también implicó la pérdida de memorias, culturas, prácticas comunitarias y vínculos espirituales con los territorios.

«No matarás»: una reflexión ética sobre la guerra

En el tomo «No matarás», la Comisión realizó una reconstrucción histórica del conflicto armado colombiano y analizó las múltiples responsabilidades políticas, económicas, militares y sociales que permitieron la persistencia de la violencia.

En esa medida, se sostiene que el conflicto armado no puede entenderse únicamente como una confrontación entre guerrillas y Estado, sino como un entramado complejo de actores, intereses y alianzas que profundizaron la desigualdad, la exclusión y la degradación democrática.

Al respecto, la Comisión señaló que sectores políticos, económicos, armados y criminales tuvieron responsabilidades directas e indirectas en la prolongación de la guerra, y llamó al país a asumir una reflexión ética sobre el valor de la vida, la dignidad humana y la democracia.

Una convocatoria a la paz grande

El documento «Convocatoria a la paz grande» fue presentado como una declaración ética y colectiva para el país. Allí, la Comisión hizo un llamado a reconocer el sufrimiento causado por la guerra y a construir nuevas formas de convivencia basadas en el diálogo, la solidaridad y el respeto por la diferencia.

La Comisión insistió en que la verdad es una condición indispensable para la reconciliación y la no repetición. Reconocer a las víctimas, escuchar sus voces y asumir responsabilidades colectivas son pasos fundamentales para superar décadas de violencia política y social.

Asimismo, el informe advirtió sobre los riesgos de normalizar la violencia y destacó la necesidad de transformar las condiciones estructurales que alimentaron el conflicto: la desigualdad, la exclusión política, la concentración de la tierra, el racismo, el patriarcado y la impunidad.

El legado de la Comisión

Tres años después de la entrega del informe final, los hallazgos de la Comisión siguen siendo fundamentales para comprender el presente del país y fortalecer los procesos de memoria histórica, justicia transicional y construcción de paz.

La verdad documentada por la CEV constituye un legado público y colectivo que busca dignificar a las víctimas, preservar la memoria y contribuir a que hechos similares no vuelvan a repetirse.

Conmemorar el 28 de junio implica reconocer el valor de la escucha, de la palabra y de la memoria como herramientas para transformar la violencia y defender la vida.

Consulte los siguientes documentos 

• Plataforma transmedia del informe final: Informe final de la Comisión de la Verdad
• «Hallazgos y recomendaciones»: Hallazgos y recomendaciones
• «No matarás»: No matarás
• «Convocatoria a la paz grande»: Convocatoria a la paz grande