En junio de 1988, catorce mineros desaparecieron en una vereda del oriente antioqueño. Lo que siguió fueron décadas de silencio, una lucha judicial interminable y un fallo que llegó demasiado tarde para muchos.

San Rafael, entre el oro y la guerra

A finales de los años ochenta, San Rafael era un municipio partido en dos. Las obras hidroeléctricas sobre el río Nare transformaban el paisaje y desplazaban a comunidades de sus tierras. Al mismo tiempo, el conflicto armado convertía ese territorio en un tablero de disputas entre las FARC-EP, el Ejército y los primeros grupos paramilitares que se consolidaban en el Magdalena Medio.

En ese contexto, un grupo de mineros intentó construir algo propio. Liderados por el concejal de la Unión Patriótica Alejo Arango, fundaron la Sociedad Minera El Topacio: una cooperativa para mejorar las condiciones de quienes extraían oro del río Nare, comprar insumos a mejor precio y formalizar los terrenos donde trabajaban. A quienes se vinculaban, Arango les entregaba un carné de socio.

Ese carné, pensado como herramienta de organización comunitaria, se convirtió en una sentencia.

Para el Ejército, el carné era prueba de pertenencia a la UP, y la UP era sinónimo de guerrilla. En un municipio donde la fuerza pública equiparaba la organización social con la subversión, los mineros carnetizados quedaron marcados como objetivo. Entre noviembre de 1987 y abril de 1988, asesinaron o desaparecieron cuatro líderes del movimiento: el concejal Froilán Arango, el subgerente de la cooperativa Guillermo Blandón, la concejala Rosa Margarita Daza y el propio Alejo Arango, desaparecido en marzo de 1988.

Con él desapareció la cabeza visible del proyecto minero. Los que quedaron siguieron trabajando en el campamento de Los Encenillos a orillas del río.

Lo que pasó en El Topacio

Días antes del 12 de junio, más de quince mineros fueron retenidos por el Ejército en la escuela de la vereda durante casi veinte horas. Los interrogaron sobre la guerrilla, los insultaron y los amenazaron. Los soltaron, pero el mensaje era claro.

A la una y media de la madrugada del 12 de junio de 1988, hombres armados con uniformes militares tocaron la puerta de la familia Buriticá Rincón. Cuando les abrieron, los sacaron a todos, los tiraron al piso y empezaron a llamar algunos nombres. Se llevaron a Abel Antonio y a Ovidio de Jesús Buriticá Rincón amarrados. 

La misma escena se repitió en otras casas. Luego fueron al campamento de Los Encenillos. Amarraron a los mineros que dormían en los cambuches, les dijeron que adónde iban no necesitarían sus documentos y los llevaron río abajo.

Entre el 12 y el 14 de junio, catorce hombres desaparecieron. Nueve de ellos tenían 27 años o menos. Dos habían llegado al campamento por primera vez, en sus vacaciones escolares.

El 15 de junio, la comunidad encontró partes de cuerpos en las orillas del río Nare. Un helicóptero del Ejército trasladó los fragmentos al cementerio de San Rafael, donde fueron enterrados sin identificación en cuatro bóvedas.

El capitán Carlos Enrique Martínez Orozco, adscrito al Batallón Bárbula de la XIV Brigada, tenía su base a pocos kilómetros, en la cancha de fútbol de la vereda El Ingenio. Decenas de testimonios lo señalarían directamente. El conductor del bus municipal declaró haberlo transportado a él y a unos cuarenta soldados hacia San Roque el 17 de junio. En el campamento donde había estado la tropa, investigadores encontraron documentos personales de las víctimas.

Las instancias del proceso

Lo que vino después fue una acumulación larga y dolorosa de frustraciones judiciales.

El primer proceso penal, por homicidio, secuestro y hurto, terminó con fallo absolutorio a favor del capitán Martínez. El único testimonio directo fue descartado por inconsistencias entre dos declaraciones rendidas con tres años de diferencia. La versión del Ejército —que la guerrilla podía haberse disfrazado con uniformes camuflados— no fue refutada con contundencia suficiente. El caso se archivó.

En 1990, las familias demandaron al Ministerio de Defensa. El proceso llegó hasta el Consejo de Estado, que en 2012 confirmó la negativa: las pruebas no generaban certeza sobre la participación del Ejército. El tribunal reconoció que había indicios, pero consideró que el único testimonio directo no alcanzaba para imputar responsabilidad estatal.

Mientras tanto, los restos de las víctimas permanecían mezclados y sin nombre en una bóveda colectiva. En 2011, la Fiscalía ordenó la exhumación e inició un proceso forense que duró años: análisis de ADN, identificación odontológica, estudios antropológicos. Las familias esperaron.

En 2019 ocurrieron dos cosas casi al mismo tiempo. La Fiscalía reabrió la investigación penal contra el capitán Martínez y los veintiocho militares bajo su mando. El 13 de diciembre de ese año entregó los restos identificados de Abel Antonio y Ovidio de Jesús a sus familias. Habían pasado 31 años. Los restos de tres de las catorce víctimas nunca aparecieron.

Las familias que no habían participado en el primer proceso volvieron a demandar al Estado. El juzgado de primera instancia cerró la puerta: la acción había caducado, dijo, porque los cuerpos aparecieron en 1988. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó esa decisión el 1 de agosto de 2024. El plazo, razonó, solo podía contarse desde que las familias recibieron los restos identificados: diciembre de 2019.

Conoce aquí la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 1 de agosto de 2024, puede consultarse bajo la radicación 11001334306120200018801: https://tac.gov.co/masacre-topacio/ 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró al Ejército Nacional responsable por la desaparición forzada de Abel Antonio y Ovidio de Jesús Buriticá Rincón. Concluyó que los hombres armados que irrumpieron en las casas de El Topacio aquella madrugada «eran integrantes de la fuerza pública, o contaron con su tolerancia». El fallo se apoyó también en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2022, que declaró la responsabilidad del Estado colombiano por el exterminio sistemático de la Unión Patriótica. La condena económica supera los 1379 millones de pesos.

Una verdad a medias

El fallo de 2024 es un reconocimiento importante, pero de alcance estrecho. Cubre solo dos de las catorce víctimas, en el ámbito administrativo. No existe ninguna condena penal por la masacre. La investigación contra el capitán Martínez y sus hombres lleva abierta más de seis años sin sentencia. Los responsables directos de lo que ocurrió en las orillas del río Nare nunca han sido sancionados penalmente.

Lo que la sentencia sí consolida es una verdad que las familias han sostenido desde esa noche de junio de 1988: que quienes llegaron a las casas de El Topacio con uniformes militares, que amarraron a sus hijos y sus hermanos y los llevaron al río para matarlos, eran agentes del Estado o actuaron con su amparo. Que no fue la guerrilla y no fue un enfrentamiento, fue una masacre.

El Centro Nacional de Memoria Histórica documentó esta historia en el informe «Memorias de una masacre olvidada. Los mineros de El Topacio, San Rafael (Antioquia),1988», publicado en 2016.