• 1,8 millones de víctimas superaron la condición de vulnerabilidad durante este periodo de gobierno; de estas, 802 004 lo hicieron durante 2025-2026.
• Los programas de transferencias monetarias se transformaron para concentrarse en la población más vulnerable: más de 3 millones de adultos mayores recibieron recursos suficientes para superar la línea de pobreza extrema.

Ibagué, Tolima. 22 de mayo de 2026. El sector de la Inclusión Social y la Reconciliación mostró este viernes (22 de mayo) el impacto de sus programas en la construcción de la justicia social, y la garantía y reparación de derechos a las víctimas del conflicto armado: durante este periodo, la pobreza monetaria se redujo a su mínimo histórico (del 36,6 % al 31,8 %), con 2,1 millones de colombianos y colombianas que lograron salir de esta condición; además, 1,8 millones de víctimas superaron su condición de vulnerabilidad.

«Por primera vez, la pobreza multidimensional está en un dígito: 9,9 %. En este periodo, 1,9 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional, que mide la garantía de los derechos como salud y educación; además, Colombia ha superado en buena medida su problema de inseguridad alimentaria. Esta rendición de cuentas consiste en explicar cómo hemos trabajado desde el sector para, con otras muchas entidades del Gobierno, aportar a estos logros», declaró Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social.

La rendición de cuentas se realizó en la Universidad del Tolima, en Ibagué. Al respecto, este sector que, en palabras de Rodríguez, «es decisivo para el cambio en Colombia», está conformado por Prosperidad Social; la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que estuvo representada por su directora (e) Alix Dunieka Aguilar Tirado; y el Centro Nacional de Memoria Histórica, que fue representado en el evento por su directora, María Gaitán Valencia.

Reviva la transmisión en vivo del evento de rendición de cuentas acá: 

Contra la pobreza

Prosperidad Social está al frente de programas que impactan en la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad en el país. Durante 2025 y 2026, esta entidad ha fortalecido los programas de transferencias monetarias, especialmente en los territorios más afectados por la desigualdad y el conflicto armado, integrándolos, además, a un modelo que combina atención inmediata con procesos de inclusión social y productiva.

En esta vía, uno de los saltos más significativos se dio en la atención a los adultos mayores en pobreza. «Elevamos la inversión de Colombia Mayor de 1,9 billones de pesos a 7,9 billones, a esperas de la aprobación de la reforma pensional, para que esta transferencia se convierta en una renta», señaló  Rodríguez Amaya al respecto.

De igual manera, más de 4,5 millones de hogares fueron beneficiados por las transferencias monetarias durante 2025 y 2026; en esa medida, la inversión ascendió a 15,5 billones de pesos. Estas transferencias tuvieron cobertura en todos los departamentos y todos los municipios del país, incluyendo los 170 municipios PDET, que fueron los más afectados por el conflicto armado: la entidad destinó más de 1,5 billones de pesos en transferencias para estas zonas. 

Adicionalmente, de la mano de esta inversión, Prosperidad Social impulsó el acceso a alimentos, la generación de ingresos y el fortalecimiento comunitario. Al respecto, los programas que promueven la soberanía alimentaria y el desarrollo productivo atendieron a 35 359 hogares víctimas, por medio del programa Familias en su Tierra; a 26 325 hogares étnicos, por medio del programa Iraca; y a 24 840 hogares rurales, por medio del programa Red de Seguridad Alimentaria (ReSA). Además, 320 686 hogares recibieron alimentos a través de la iniciativa Alimentos para la Vida.

Por la dignidad de las víctimas

La directora de la Unidad para la Reparación y Atención Integral a las Víctimas (Uariv) informó que 1 866 488 víctimas superaron la situación de vulnerabilidad durante este periodo de gobierno; de estas, 802 004 lo hicieron entre 2025 y lo que va corrido de 2026. Esto indica que han logrado mayor acceso a salud, educación, vivienda, ingresos y acompañamiento psicosocial. «Este Gobierno triplicó el presupuesto para la atención, la reparación y la indemnización de las víctimas, llegando, además, a más de 700 municipios que no estaban cubiertos», dijo Alix Aguilar.

Es así como desde 2025, 220 533 víctimas han sido indemnizadas, para lo cual la Uariv invirtió 2,5 billones de pesos, superando las 673 000 indemnizaciones durante este periodo de gobierno. Además, esta entidad cumplió con la meta del Plan Nacional de Desarrollo: «El 38 % de las indemnizaciones que ha hecho el Estado se han realizado durante este Gobierno», dijo Aguilar. Por último, la Uariv avanzó en la concertación de 231 planes de reparación colectiva: 92 de estos en el periodo 2025-2026.

El territorio habla, el Centro cumple

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reportó la reactivación del proyecto del Museo de Memoria de Colombia. Al respecto, ya se cuenta con un cronograma de ejecución que va hasta 2029, así como con la actualización del plan y el guion museológico.

Para su directora, María Gaitán, una de las principales transformaciones del CNMH durante este periodo tiene que ver con la Estrategia de Territorialización y Transversalización de la memoria, que extendió la presencia de la entidad a 16 regiones priorizadas del país y a escenarios de exilio. «En Colombia existen más de 350 lugares de memoria, y esos lugares tienen que ser escuchados en Bogotá, justamente, en el museo: allí el país debe escuchar lo que pasó en más de 80 años de conflicto armado», explicó Gaitán.

De igual manera, a través de los Planes Territoriales de Memoria y las Caravanas por la Memoria, el CNMH impulsó procesos de escucha, diagnóstico, concertación y participación con víctimas, organizaciones sociales y comunidades históricamente excluidas. 

Finalmente, de acuerdo con Gaitán, algunos de los grandes logros de la entidad durante este periodo fueron superar el rezago acumulado en investigaciones e iniciativas de memoria, la recuperación de la agenda de investigaciones propias y el fortalecimiento de la capacidad investigativa. «Incorporamos 154 fondos documentales al Registro Memoria del Mundo de la Unesco para América Latina y el Caribe, lo que no solo representa un reconocimiento internacional a estos archivos, sino que garantiza su protección», declaró.