• El Centro Nacional de Memoria Histórica acompañó a la comunidad de Bojayá en la conmemoración de los 20 años de la masacre cometida por la guerrilla FARC en la iglesia de Bellavista.
• Autoridades étnico-territoriales expusieron su preocupación por la situación de derechos humanos en zonas rurales del Chocó y pidieron que no se olvide a las comunidades que hoy viven una crisis humanitaria por la presencia de grupos armados ilegales.

En Bojayá recuerdan cada día a las 102 personas que murieron por la explosión de un cilindro bomba que lanzaron guerrilleros de las FARC y destruyó la iglesia de Bellavista, la cabecera municipal, donde una multitud se refugiaba por los combates entre el Frente José María Córdova de la guerrilla y el Bloque Élmer Cárdenas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el 2 de mayo de 2002.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) acompañó a la comunidad el pasado 2 de mayo, cuando se cumplieron 20 años de la masacre. A pesar del paso del tiempo, y aún con la desmovilización de los grupos armados ilegales enfrentados en el territorio hace dos décadas, las amenazas del conflicto armado se extienden hoy a las comunidades que habitan las riberas de los ríos Atrato, Baudó y San Juan.

«Ese tipo de horrores no son dignos de un país civilizado, de un país democrático», aseguró el director del CNMH, Darío Acevedo Carmona. El directivo de la entidad reflexionó también sobre las lecciones que debería dejar este hecho, que representa uno de los ataques más dolorosos del conflicto armado en el país, en el contexto de 18 días de enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares, que mantuvieron en riesgo a las comunidades de Bojayá (Chocó) y Vigía del Fuerte (Antioquia). «El hecho de que se haya atacado con un artefacto explosivo prohibido por el Derecho Internacional Humanitario a una población inerme, indefensa, donde había niños y niñas, mujeres, adultos mayores sin la capacidad de defenderse ni de buscar otro sitio para protegerse, ya dice mucho de la degradación a la que se había llegado por parte de estos grupos armados irregulares», aseguró el directivo.

Yúber Palacios, integrante del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, denunció que en la actualidad «un cilindro silencioso» sigue amenazando la supervivencia de las comunidades afrodescendientes e indígenas en el departamento del Chocó. En un conversatorio organizado por el Comité y las autoridades étnico-territoriales para exponer la situación de derechos humanos en la región, recordó a las víctimas mortales del 2 de mayo de 2002, al tiempo que pidió que no se olvide a las comunidades que hoy viven una crisis humanitaria comparable. «Quisiera congelar el tiempo y ver crecer a nuestros 48 niños y niñas que murieron en la masacre de Bojayá. Hoy serían adultos, tal vez algunos habrían terminado su bachillerato y carrera profesional. Otros tantos ya serían padres y líderes de nuestro presente. Con sus vidas se llevaron las nuestras”, lamentó.

El conflicto sigue latente

Durante el encuentro, posterior al recorrido con la imagen del Cristo Mutilado por las calles del nuevo Bellavista y el mausoleo hasta la iglesia del antiguo casco urbano, donde se celebró una eucaristía conmemorativa, representantes de las organizaciones locales denunciaron la reiteración de homicidios, amenazas de muerte, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, desplazamiento forzado, restricciones a la movilidad y desapariciones forzadas entre otras violaciones a los derechos humanos.

Leyner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá y hoy Comisionado de la Verdad, expuso que un 70% de la población en zonas rurales permanece confinada por la presencia de grupos armados. «Allí siguen haciendo presencia el ELN y también las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, tanto así que hay jóvenes que acaban con su vida para resistirse a ser reclutados», señaló. Víctor Carpio, miembro de la Mesa de Diálogos y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, sostuvo que en el último año se han suicidado seis jóvenes indígenas y la cifra llega a 50 en los últimos siete años, marcada por la presión del reclutamiento.

En un pronunciamiento conjunto, representantes del Sistema Integral para la Paz, la Iglesia católica del Chocó, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento denunciaron también la continuación del conflicto armado y la amenaza para las comunidades. «Urgimos por la protección de los habitantes de esta zona a través de la presencia integral del Estado, la reparación colectiva, también la implementación del Acuerdo de Paz, en particular el capítulo étnico; la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, la búsqueda de personas desaparecidas en razón del conflicto armado así como por hechos posteriores a la firma del acuerdo y el desmantelamiento de los grupos armados no estatales», señaló el obispo de Chocó, Juan Carlos Barreto.

En Bojayá hay 38.024 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas. De ellas, 8.025 son sujetos de atención y reparación. El director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Rodríguez, explicó que en el municipio hay tres sujetos de reparación colectiva: uno de ellos es la comunidad indígena Embera Dobidá, cuya reparación avanza en un 39%; el segundo es la comunidad afro de Bellavista, con un Plan Integral de Reparación Colectiva en fase de implementación, y el tercero, la comunidad afro del municipio. Según el reporte, se han pagado más de 6.000 millones de pesos en atención humanitaria a víctimas de desplazamiento forzado y 785 millones de pesos correspondientes a reparaciones por víctimas de homicidio.

El acompañamiento a las víctimas

El CNMH acompañó desde 2017 las diligencias de identificación e individualización de las víctimas, a cargo de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal, que fueron parte de los acuerdos de La Habana, luego de que la guerrilla de las FARC reconociera su responsabilidad en la masacre. El trabajo del Enfoque Étnico del CNMH permitió reconstruir con relatos los roles de vida y el árbol de cada familia, buscando dignificar y hacer homenaje a las víctimas. Se elaboraron 40 álbumes familiares que fueron entregados en el acto de despedida espiritual e inhumación «Bojayá honra a los sagrados espíritus» el 17 de noviembre de 2019.

El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (que pasó a ser parte del CNMH con la Ley 1448 de 2011), publicó en 2009 el informe «Bojayá. La guerra sin límites», que precisó la magnitud de los daños que el conflicto ha provocado a las comunidades afro e indígenas del Medio Atrato.

El Enfoque Étnico del CNMH ha promovido el fortalecimiento del grupo de cantadoras del Consejo Comunitario de Pogue, proceso que derivó en la producción, publicación y divulgación de la cartilla «Pogue: un pueblo, una familia, un río», del cancionero «El oficio de cantar memoria» y el documental «Las musas de Pogue», en alianzas con la Corporación Pasolini de Medellín, la Universidad de Columbia y la Organización Internacional para las Migraciones.