Civipaz: la comunidad campesina que logró regresar a su territorio

Luego vino la implementación de la política de Seguridad Democrática y la puesta en marcha del Plan Colombia y el Plan Patriota. La persecución y los atropellos contra el campesinado de El Castillo se agudizaron. La presencia militar y paramilitar permeó la cotidianidad de la vida del casco urbano y de las veredas de la parte alta del municipio. Así lo relató el Cinep en su libro Ariari: memoria y resistencia (cronología de la agresión 2002-2008):

En la práctica, estas llamadas operaciones contrainsurgentes se tradujeron en un control militar, social y económico sobre la población, a través de estrategias de tipo regular e irregular con la participación de «civiles» armados (paramilitares), quienes ejercieron acciones contra la población como torturas, desapariciones forzadas, asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias, saqueos de bienes, robo de ganado, ametrallamientos, destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, restricciones a la libre movilización y al ingreso de alimentos, y el anuncio constante de la llegada a la región de «Los Mochacabezas».

Todo esto produjo terror en los pobladores, quienes empezaron a desplazarse a veredas y caseríos cercanos en búsqueda de refugio. En agosto de 2002, la presencia y el despliegue militar y paramilitar se incrementaron. Habitar y trabajar en las fincas se hizo imposible y la huida a veredas cercanas dejó de ser una opción. Fue entonces cuando cientos de familias se desplazaron forzosamente a Villavicencio, Bogotá y otras regiones del país. «Quedarse significaba morirse», dice Mariela Rodríguez, lideresa campesina de la región.

Con el desplazamiento masivo, las tierras campesinas quedaron abandonadas y, de nuevo, empezaron a ser apropiadas de manera indebida, ocupadas ilegalmente y usadas para actividades como la ganadería extensiva y los estudios petroleros. En diciembre de 2005, Víctor Carranza Niño, comúnmente llamado «el zar de las esmeraldas» e investigado por sus vínculos con el paramilitarismo, le hizo una oferta pública al pueblo: «quiero comprar fincas en la vereda La Esmeralda, quiero explotar las minas de esmeralda que hay por acá, tener tierra en esta región», dijo Carranza durante las fiestas decembrinas de El Castillo, según el libro del Cinep.

El sueño del regreso

En el conflicto armado colombiano, el desarraigo forzado es un patrón que se repite y propicia el despojo y la transformación del uso y la propiedad de la tierra. Las comunidades campesinas que fueron desplazadas sabían que corrían el riesgo de perder sus territorios y que la mejor manera de evitar que esto sucediera era volver. Así que decidieron organizarse y planear su regreso.

Los campesinos y campesinas de El Castillo y la región del Ariari tienen una larga tradición organizativa. Impulsadas por esa costumbre y por la potencia de su resistencia, un grupo de familias desplazadas asentadas en barrios populares de Villavicencio empezaron a reunirse para pensar, juntas, en la posibilidad de regresar a un municipio controlado por grupos armados que las quería lejos. Las reuniones fueron dirigidas por el líder campesino y sindical Reinaldo Perdomo Hitey, y acompañadas por la Misión Claretiana de Medellín del Ariari y la Comisión de Justicia y Paz.

Inspirados por los procesos de resistencia de las comunidades del Bajo Atrato, en el Pacífico colombiano, los y las campesinas desplazadas del Alto Ariari decidieron fundar una zona humanitaria. Es decir, un espacio para desarrollar proyectos de vida alternativos, basados en un principio de autodeterminación como pueblo campesino, que establece un modelo propio de salud, educación, participación ciudadana y cuidado de la naturaleza.

El sueño se fue construyendo poco a poco, en medio de la incertidumbre y como respuesta a la única salida que les planteaba el Gobierno: quedarse como desplazados, en las ciudades, recibiendo ayudas humanitarias, pero fuera de sus tierras. El proyecto del regreso le costó la vida a Reinaldo. Su asesinato, perpetrado el 12 de agosto de 2003, en Villavicencio, causó miedo, pero no detuvo el proceso de organización para volver al Alto Ariari, que se materializó en la fundación de la Comunidad Civil de Vida y Paz (Civipaz).

Era urgente regresar. El proyecto despojador avanzaba sobre las tierras y los territorios abandonados, y el Gobierno nacional no hacía mucho para detenerlo. En ese escenario, «el regreso a la región se planteó como posibilidad real de recuperar la tierra y, en ella, la vida con dignidad que se les niega a los desplazados en la ciudad», explica Mariela Rodríguez, lideresa campesina y cofundadora de Civipaz. «Al recuperar la tierra, se quería recuperar todo un proyecto de vida».

El regreso tuvo lugar el 18 de marzo de 2006. Ese día, 27 familias volvieron definitivamente y se instalaron en la nueva Zona Humanitaria, ubicada en el corregimiento de Puerto Esperanza. Mariela Rodríguez explica que se le dice «regreso» y no «retorno» porque fue pensado, gestionado, liderado y materializado por los y las campesinas. «Se hubiera llamado “retorno” si el Estado nos hubiera acompañado eficazmente y nos hubiera ofrecido todas las garantías para volvernos a asentar aquí», señala la lideresa.

Con el tiempo, más familias regresaron. En 2008, habían vuelto 450. Otras decidieron permanecer en las ciudades, donde, a pesar de las dificultades que impone el desarraigo, intentaron permanecer juntas y organizadas.

Reconstruir la vida en El Castillo no fue fácil. La falta de voluntad política e institucional de los gobiernos, sumada a la persistencia de la guerra y el asedio de grupos armados al campesinado, obligó a las comunidades a redoblar sus esfuerzos organizativos para «auto propiciarse» una vida en dignidad. Con el tiempo Civipaz logró el reconocimiento de la Zona Humanitaria como un lugar exclusivo para la población civil y como un referente de resistencia y protección del territorio. Desde allí, los y las integrantes de Civipaz han vuelto a trabajar en sus fincas y a crear un modelo de vida basado en diez principios: verdad, justicia, solidaridad, comunidad, trabajo, esperanza, libertad, dignidad, organización y responsabilidad.

Diecisiete años después de su regreso y desde su «decálogo de vida», Civipaz sigue apostando a su permanencia en el territorio y a la lucha diaria por un campo para los y las campesinas, en el que sus vidas no solo sean posibles, sino dignas, respetadas y reconocidas.