Las víctimas de la masacre de Los Uvos resisten al olvido

 

• Hoy honramos la memoria de las víctimas de la masacre de Los Uvos, cometida por miembros del Ejército, hace 24 años, en zona rural del municipio de La Vega, en el departamento del Cauca.
• Testimonios de líderes y lideresas de la comunidad, recogidos en el informe del CNMH Crecer como un río, señalan que la intención de la masacre era sembrar el miedo ante la movilización campesina que desencadenó el paro de Rosas, en 1991.

 

Los nombres de los 17 campesinos del municipio de La Vega (Cauca) que fueron asesinados son un pedido de justicia que resiste al olvido. Saúl Espinosa, José Belisario Dorado, Pastora García, Wilson Gil Velásquez, Holbar Ariel Gómez, Rubén Joaquín Ruano, Santiago Lasso Bolaños, Adriana López, Hernán Mamián Moreno, Leoncio Muñoz Mellizo, Libardo Nieves Dorado, Yenny Prieto Rengifo, Hernando Rosero, Adán Ruano Daza, Alejandro Salazar Paz, Henry Suárez Villa y Alonso Chilito Ruano fueron asesinados por uniformados del Ejército en la carretera que conduce desde el corregimiento Los Uvos hasta el caserío de Piedrasentada, en el municipio de Patía.

El 7 de abril de 1991, miembros del Batallón José Hilario López del Ejército Nacional detuvieron a un bus escalera en el sitio conocido como Puente Fierro. En el retén —según sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca del 24 de noviembre de 2011, citada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz— Juan Carlos Muñoz y Asmed Ordóñez Burbano, quienes portaban armamento, uniformes militares y pasamontañas, junto a tres soldados, hicieron regresar el vehículo con 15 pasajeros, el cual se dirigía hacia Los Uvos. Minutos después, hicieron que todos los ocupantes bajaran del bus y se tendieran boca abajo en el suelo para, posteriormente, asesinarlos con disparos de fusil. También mataron a dos profesores que pasaban por el sitio en una moto.

«Las personas iban al mercado a ofrecer los productos, traían cafecito y todas esas cosas. Ahí los esperó el Ejército, los paró e hizo devolver la chiva y más arriba los masacró», señaló un adulto mayor, habitante de la zona, cuyo testimonio hace parte del informe Crecer como un río del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) y la Fundación del Suroccidente Colombiano.

«La gente dice que sentían gritos y que pedían auxilio, pero de miedo, de muchas cosas, la gente no hizo nada [...] Ellos masacraron las personas, los señores, unos los tiraron boca arriba, otros boca abajo, fueron humillados, se nota la humillación en ellos, en sus vestimentas, les quitaron los zapatos, todo lo que los pudiera identificar a ellos en un lado quemaron todo lo que ellos llevaban», relata en su testimonio, recogido en el mismo informe, una hija que perdió a su padre y a su madre en la masacre, la cual fue cometida por miembros del Ejército, según reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «A mis dos padres, ellos sí no tenían las huellitas digitales ni en sus manitos ni en sus pies. Mi mami no tenía la piel de la carita: le echaron un líquido en la carita [...] La idea que ellos vendieron, los militares, era que arriba la guerrilla se había enfrentado con ellos y pues que había sido la guerrilla la que había matado a los campesinos».

Portada del informe Crecer como un río del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) y la Fundación del Suroccidente Colombiano.

El miedo como arma contra la protesta social

Líderes campesinos del municipio de La Vega declararon ante la CIDH que el Estado fue responsable de estos hechos y que sus acciones buscaban reprimir la movilización social. Al respecto, los miembros del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) consideran que la masacre buscaba atemorizarlos para que desistieran de la movilización que se concretó, meses más tarde, en el paro de Rosas, el cual se dio a modo de protesta por una serie de acuerdos incumplidos por parte del Gobierno.

En 1993, el Tribunal Administrativo del Cauca condenó a la nación al pago de 28 millones de pesos a los familiares de las víctimas como medida de reparación por la masacre de Los Uvos. Sin embargo, en el 2000, el Ministerio de Defensa informó que la investigación penal por los hechos contra tres suboficiales continuaba en etapa de instrucción. Como responsables de la masacre, José Edilberto Cortez Valero y José Gustavo Mora Parra, que estaban al mando de la unidad que cometió el crimen con los rangos de subteniente y cabo; los soldados Luis Edgar Enríquez Ledezma, Jhon Jairo Castillo Vélez y Wilson Certuche Hernández, y los civiles Juan Carlos Muñoz Ordóñez Burbano, fueron condenados en 2011 a asumir el pago de la sanción contra el Estado. 

Tras las contradicciones que señaló la CIDH en el proceso a cargo de la Justicia Penal Militar y las actuaciones en la justicia ordinaria, finalmente solo algunos de los militares sentenciados cumplieron condenas. El Consejo de Estado destituyó, en 2002, al coronel César Augusto Saavedra, mientras que el teniente José Edilberto Cortez Valero se fugó de su detención en el Batallón Bolívar. 

El deseo de justicia sigue vivo para los familiares de las víctimas de la masacre de Los Uvos.