Carlos Pizarro: 35 años de preguntas sin respuesta sobre su asesinato en pleno vuelo

El 26 de abril de 1990, el país se estremeció con el asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, quien fue baleado a bordo de un vuelo entre Bogotá y Barranquilla. A 35 años de ese crimen, la justicia colombiana aún no ha resuelto de manera definitiva el magnicidio que silenció a uno de los líderes más importantes del proceso de paz con el M-19.

Las elecciones presidenciales de 1990 estuvieron marcadas por la tragedia. En menos de un año tres candidatos fueron asesinados: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro. Este último había dejado las armas apenas el 8 de marzo de ese año, al liderar la transición del grupo guerrillero Movimiento 19 de abril (M-19) hacia un movimiento político: la Alianza Democrática M-19.

La vida política de Pizarro apenas comenzaba. Tras participar en las elecciones para la Alcaldía de Bogotá y obtener una destacada votación, su aspiración presidencial fue acogida con entusiasmo por amplios sectores de la ciudadanía. Sin embargo, su camino fue truncado brutalmente cuando Gerardo Gutiérrez Uribe lo asesinó con una ráfaga de ametralladora mientras el avión recién había despegado.

El crimen fue cometido con premeditación. El autor material había comprado 15 tiquetes en vuelos diferentes para rastrear a Pizarro. El día del asesinato se embarcó con una cédula falsa y ocupó el asiento 5C. Apenas el piloto permitió desabrochar cinturones, se levantó, entró al baño y regresó armado disparando contra el líder político.

Desde el inicio, la investigación estuvo rodeada de irregularidades. Aunque inicialmente se culpó a Pablo Escobar, el narcotraficante negó su participación mediante una carta en la que aseguraba tener buena relación con los militantes del M-19. La única persona que podía arrojar luz sobre lo ocurrido, Gerardo Gutiérrez Uribe, fue abatida por un escolta del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), pese a testimonios que aseguran que había soltado su arma para entregarse.

Años más tarde, Carlos Castaño Gil, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), reconoció haber entrenado al sicario y planificado el crimen. También se conoció que el esquema de seguridad de Pizarro había sido debilitado días antes de su asesinato, una decisión atribuida a Miguel Maza Márquez, entonces director del DAS.

En 2010, el crimen fue declarado de lesa humanidad, lo que garantiza que la investigación no prescriba. Sin embargo, la impunidad ha marcado el caso durante más de tres décadas. Aunque los paramilitares Carlos y Fidel Castaño fueron señalados como responsables, no hubo justicia completa.

En 2023, la Fiscalía General de la Nación dio un giro al caso al abrir una investigación formal contra Maza Márquez, acusado de desviar la atención de los verdaderos responsables y de haber intervenido en la reducción del esquema de seguridad de Pizarro. Ya cumple una condena por el asesinato de Luis Carlos Galán.

En 2024, un nuevo avance surgió: se ordenó la detención preventiva del coronel en retiro Manuel Antonio González Henríquez, exdirector del DAS, señalado de haber facilitado el crimen a través de cambios en el esquema de protección del candidato. La Fiscalía lo imputó por homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

El magnicidio de Carlos Pizarro sigue siendo una herida abierta en la historia reciente de Colombia. La búsqueda de justicia continúa.