Hace 22 años se firmó el «Acuerdo de Santa Fe de Ralito»

El 15 de julio de 2003 en el corregimiento de Santa Fe de Ralito en Tierralta, Córdoba,  las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Gobierno nacional firmaron el acuerdo que llevó a la desmovilización de más de 31 000 hombres y la entrega de 18 000 armas. 

Bogotá, D. C., 15 de julio de 2025. Al cumplirse 22 años de la firma del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, el Centro Nacional de Memoria Histórica invita a las colombianas y a los colombianos a recordar los antecedentes y los hechos que llevaron a este acto histórico entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el Gobierno nacional. 

Todo comenzó en el 2002, a través de una carta pública de las AUC, enviada al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, en la que los jefes paramilitares declaraban el cese de hostilidades nacional a partir del primero de diciembre. Cabe anotar que este era el primer requisito por parte del Gobierno para el inicio de las conversaciones formales; por lo tanto, el 23 de diciembre, a fin de adelantar los diálogos con el grupo armado, el Gobierno designó a una comisión exploratoria de paz. 

Después de seis meses, los miembros de la comisión, acompañados de delegados de la Iglesia católica, y los representantes de las AUC firmaron el acuerdo en el que los líderes paramilitares se comprometieron a desmovilizar a todos sus integrantes antes del 31 de diciembre de 2005, comenzando por el Bloque Cacique Nutibara, en la ciudad de Medellín, el 25 de noviembre de 2003. Uno de los momentos más esperados fue la desmovilización de Salvatore Mancuso con el Bloque Catatumbo, que ocurrió el 10 de diciembre de 2004. 

A cambio de la desmovilización gradual para que la fuerza pública retomara los territorios bajo su control, los jefes paramilitares buscaban legalizar parte de su fortuna y su poder político, pero, especialmente, buscaban no ser extraditados a los Estados Unidos. Cabe anotar que el plazo para el cierre del acuerdo se extendió hasta agosto de 2006. Durante este tiempo, se desmovilizaron 31 671 combatientes y se entregaron 18 051 armas, durante 38 actos de desmovilización, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. 

Es pertinente indicar que, durante el proceso de desmovilización, se aprobó la Ley 975 de 2005, conocida como la ley de justicia y paz, en la búsqueda de la garantía del derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de estos grupos. Posteriormente, el 13 de mayo de 2008, en medio de un operativo sorpresa, fueron extraditados 14 jefes de las AUC a los Estados Unidos, luego de que se sometieran a la ley de justicia y paz y el Gobierno argumentara que incumplieron los requerimientos del proceso al seguir delinquiendo desde la cárcel.