Se cumplen 30 años de la masacre de El Aracatazo en Chigorodó (Antioquia)

El 12 de agosto de 1995, paramilitares asesinaron a 18 personas en la discoteca El Aracatazo, en Chigorodó, tras acusarlos de colaborar con la guerrilla.

Una noche de fiesta en la discoteca El Aracatazo se convirtió en terror para los habitantes del municipio de Chigorodó, en el Urabá antioqueño. Alrededor de 15 paramilitares del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) irrumpieron en el sitio, ubicado en el barrio El Bosque. Acusaron a quienes estaban allí de colaborar con la guerrilla y los obligaron a tenderse en el piso, boca abajo; lo que resultó en 18 personas asesinadas y dos más heridas.

Las víctimas eran, en su mayoría, trabajadores de fincas bananeras. Algunas estaban vinculados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) o al Partido Comunista Colombiano. La masacre se perpetró en medio de una serie de acciones violentas del paramilitarismo en Urabá, con tolerancia o colaboración de agentes estatales, contra desmovilizados de la guerrilla del EPL y militantes de la Unión Patriótica (UP). Entre agosto y septiembre de 1995 fueron asesinadas más de 60 personas, cifra que convirtió a la región una de las más afectadas por la violencia en el país.

Relatos de paramilitares desmovilizados indican que la masacre fue ordenada por Carlos Castaño, exjefe de las ACCU, y José Hébert Veloza, alias HH, quien comandaba el Bloque Bananero —él mismo admitió su responsabilidad en los hechos—. Algunos de estos testimonios sobre lo ocurrido en El Aracatazo están documentados en el libro «Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, Sur de Córdoba, Bajo Atrato y Darién», el cual recoge el accionar de las ACCU y el impacto del paramilitarismo en la región.

Familiares de las víctimas de la masacre, en Chigorodó, mantienen vivos sus recuerdos en un ejercicio de memoria y resistencia. 
Crédito: Unidad para las Víctimas.

En este informe de la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), personas desmovilizadas de grupos paramilitares y postuladas al proceso de Justicia y Paz indicaron que la masacre fue ejecutada por un grupo enviado por Vicente Castaño desde la finca La 35, que funcionó como centro de entrenamiento paramilitar en San Pedro de Urabá. Días antes, alias Doble Cero habría entregado las armas que usarían los ejecutores y solicitado a alias Mono Pecoso, jefe paramilitar en Chigorodó, un lugar seguro para su alojamiento. Entre los participantes del ataque estarían varios exintegrantes de las FARC-EP, el ELN y el EPL.

Uno de los relatos recogidos por la DAV revela que alias El Ruso, un exguerrillero que desertó de las FARC-EP, informó al Ejército sobre una casa del barrio El Bosque donde, según él, se reunían integrantes de la guerrilla. Sin embargo, la masacre cometida por los paramilitares se cometió en El Aracatazo, donde reconoció que la mayoría de las víctimas eran civiles.

En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por omitir medidas para prevenir la masacre y por no garantizar los derechos fundamentales de las víctimas. A 30 años de la masacre, persisten las demandas de verdad, justicia y reparación. La memoria de lo ocurrido en El Aracatazo sigue viva en Chigorodó y el Urabá antioqueño.