Sin embargo, este crimen no fue un hecho aislado. Hacía meses que se preparaba una ofensiva más amplia. Desde mayo de 1999, alrededor de 200 hombres habían sido enviados desde Urabá y Córdoba para arrebatarle el dominio del Catatumbo a las guerrillas. Esta zona, estratégica por su ubicación fronteriza y su importancia para las economías ilegales, se convirtió en un campo de guerra marcado por masacres, desapariciones, violencia sexual y desplazamientos forzados.
Recordar lo ocurrido en La Gabarra no es solo mirar al pasado, sino también insistir en que hechos como este no deben repetirse. La deuda con sus víctimas sigue vigente.
Durante los tres meses previos a la masacre, se registraron más de 100 asesinatos en Tibú y sus alrededores. La Gabarra fue el epicentro de esta violencia. A pesar de las alertas de organizaciones defensoras de derechos humanos y de los consejos de seguridad, el retén militar que protegía el corregimiento fue levantado justo antes del ataque. En 2007, la Corte Suprema de Justicia condenó a 40 años de prisión al teniente Luis Fernando Campuzano, por facilitar el ingreso del grupo armado.
La masacre provocó un éxodo forzado. Más de 11 600 personas fueron desplazadas solo en 1999, muchas de ellas dejaron atrás sus casas, sus cultivos y sus proyectos de vida. Algunos predios rurales y viviendas urbanas fueron ocupados por los paramilitares y usados como centros de tortura, según lo documentado por las autoridades judiciales. En 2004, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció la responsabilidad del Estado por omisión y ordenó una reparación económica para parte de las víctimas.
Con la desmovilización del Bloque Catatumbo en 2004, comenzaron los procesos de retorno y restitución. Sin embargo, estos han sido lentos y difíciles. La persistencia de actores armados, los intereses económicos sobre la tierra y la escasa presencia institucional siguen siendo barreras. Actualmente, Tibú es el municipio con mayor número de solicitudes de restitución en Norte de Santander: más de 1200 familias reclaman cerca de 52 000 hectáreas.
A pesar del tiempo, el conflicto en la región no ha terminado. En lo que va de 2025, los enfrentamientos entre disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN han provocado nuevos desplazamientos, asesinatos y confinamientos. Según reportes recientes, más de 32 000 personas han tenido que abandonar sus territorios y al menos 60 han sido asesinadas en medio de esta nueva ola de violencia. Las condiciones de seguridad son tan complejas que incluso los actos conmemorativos del 21 de agosto han debido trasladarse a Cúcuta en varias ocasiones.
Hoy, 26 años después, La Gabarra sigue siendo símbolo de una herida abierta. Sin embargo, también representa la fuerza de una comunidad que se niega a olvidar. Las víctimas han mantenido viva la memoria a través de caminatas, eucaristías, actos simbólicos y procesos comunitarios, aún en medio del abandono.
Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, reconocemos la dignidad y resistencia de quienes habitan y luchan por el Catatumbo. Recordar lo que pasó en La Gabarra es también una forma de exigir verdad, justicia y garantías de no repetición.
Recordar La Gabarra es un acto de justicia. Es nombrar lo que pasó, denunciar lo que persiste y acompañar la exigencia de verdad, reparación y no repetición que aún resuena en el Catatumbo.