Recordar el valor de la vida a 29 años de la masacre de Mondoñedo

 

Entre el 6 y el 7 de septiembre de 1996, seis estudiantes universitarios fueron asesinados por miembros de la Policía en Bogotá y el municipio de Mosquera; los cuerpos de cuatro de ellos aparecieron en el botadero de Mondoñedo. 

La Constitución dicta que no hay pena de muerte: «El derecho a la vida es inviolable»; además, según los artículos 11 y 12 «Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes». Sin embargo, entre el 6 y el 7 de septiembre de 1996, seis jóvenes estudiantes universitarios señalados de integrar una célula urbana de las FARC-EP, fueron ejecutados sin juicio por miembros de la entonces Dirección de Policía Judicial e Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional.

Jénner Mora, Vladimir Zambrano, Juan Palacios y Arquímedes Moreno, estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tenían una cita en la bolera El Salitre para hablar de su seguridad; hace días sentían que varios policías los estaban siguiendo. Allí, fueron secuestrados, torturados y asesinados; sus cuerpos fueron encontrados el 7 de septiembre en un botadero de basuras, en terrenos de la hacienda Fute, en el alto de Mondoñedo, junto a la carretera que conduce del municipio de Mosquera (Cundinamarca) a Bogotá. Ese mismo día también fueron asesinados Federico Quesada y Martín Valdivieso, cuando salían de sus casas en Kennedy y Fontibón.

La masacre fue una operación ilegal a cargo de una red clandestina dentro de la Dijín, con el pretexto de combatir a la insurgencia urbana. Los seis jóvenes habían sido señalados de atacar la estación de policía de Kennedy en 1995, en donde murieron tres uniformados.

Los cuerpos de los cuatro jóvenes hallados en Mondoñedo tenían señales de tortura, disparos a corta distancia y fueron incinerados para dificultar su identificación. Por estos crímenes, diez integrantes de la Policía Nacional fueron condenados a penas entre 38 y 40 años de prisión. Sin embargo, en 2018, accedieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), obteniendo beneficios de libertad transitoria y anticipada.

Hoy, a casi tres décadas de esta masacre, el país sigue exigiendo verdad plena, justicia y garantías de no repetición. Recordar el caso es también reafirmar que en Colombia no puede haber espacio para ejecuciones extrajudiciales: no existe, ni debe existir, justificación alguna para que agentes del Estado decidan quién vive y quién muere. La memoria de los seis estudiantes asesinados en Mondoñedo, Kennedy y Fontibón convoca a no olvidar, porque en Colombia no puede haber condenas a muerte.