La Unión Patriótica (UP) fue un movimiento político que nació el 28 de mayo de 1985 en el marco de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el Gobierno nacional. Su surgimiento representó una apuesta inédita por la apertura democrática en un país atravesado por décadas de conflicto armado; en este sentido, la UP buscaba ofrecer una alternativa política legal que integrara a diversos sectores sociales  —campesinos, sindicalistas, estudiantes, líderes comunitarios y militantes de izquierda— con el objetivo de construir un camino hacia la paz y la participación ciudadana.

Sin embargo, la esperanza de una nueva fuerza política fue rápidamente truncada por una de las campañas de exterminio más sistemáticas en la historia reciente de Colombia. Entre 1984 y 2002, la Unión Patriótica fue víctima de un genocidio político caracterizado por asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, amenazas, desplazamientos y atentados cometidos con la participación de agentes estatales, grupos paramilitares y sectores de la política tradicional.

Según la Corporación Reiniciar, más de 6200 personas fueron víctimas de este exterminio; entre ellas se encuentran dos candidatos presidenciales —Jaime Pardo Leal (asesinado el 11 de octubre de 1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (asesinado el 22 de marzo de 1990)—, además de nueve congresistas, setenta concejales y decenas de diputados, alcaldes, dirigentes sindicales, artistas, estudiantes y campesinos.

De acuerdo con el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) «Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002» (2018), esta violencia aniquiló vidas, proyectos colectivos, sueños y liderazgos políticos. A las víctimas se les negó el derecho a ejercer su ciudadanía y se les impuso una estigmatización persistente que las señalaba como «enemigos internos», borrando injustamente su papel legítimo dentro de la democracia colombiana.

Libros y documentales para aproximarse al genocidio de la UP

Después de cuatro décadas del surgimiento de la Unión Patriótica, distintos proyectos de memoria han contribuido a esclarecer la verdad y preservar las voces de las víctimas. Uno de ellos es el libro «Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984–2002» (2018), publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), una investigación fundamental para entender la magnitud del exterminio político contra la UP. Resultado de años de trabajo, revisión de archivos y entrevistas con víctimas y familiares, esta publicación reconstruye cómo el Estado y distintos actores armados emprendieron una persecución sistemática que buscó eliminar a quienes representaban una alternativa política legítima. El informe expone los hechos y analiza su impacto en la democracia colombiana, la participación política y los derechos humanos. Además, visibiliza la resistencia de las víctimas y la importancia de narrar el pasado desde sus propias voces.

Otro producto audiovisual clave para comprender este periodo es el documental «Mujeres en la resistencia» (2016), una producción del CNMH con apoyo de la Usaid y la OIM. Esta obra reúne tres iniciativas de memoria histórica lideradas por mujeres: las Madres de la Candelaria, mujeres sobrevivientes de la UP y mujeres indígenas del resguardo de Jambaló. A través de estas experiencias, el documental muestra cómo, desde el dolor, las mujeres han tejido procesos de resistencia, cuidado y dignificación frente a la violencia política y el conflicto armado, convirtiéndose en pilares fundamentales de la memoria y la paz.

A su vez, el documental «Sonoviso de Augusto Francisco Tole Sánchez: todo para la familia» (2023) rinde homenaje a un joven de Natagaima, Tolima, simpatizante de la UP, asesinado por el Bloque Tolima de las AUC en 2002. Su historia, contada desde la voz de su madre, Leonor Sánchez Guarnizo, refleja la estigmatización que sufrieron miles de personas por el solo hecho de simpatizar con el movimiento político. Este trabajo audiovisual, realizado por el CNMH en cumplimiento de una sentencia de Justicia y Paz, rescata la memoria de Augusto y la valentía de su madre, quien ha resistido pacíficamente el desplazamiento y la injusticia, manteniendo viva la exigencia de verdad y reparación frente al asesinato de su hijo.

En la misma línea, el documental «Ceder es más terrible que la muerte» (2018) relata la vida y la muerte de Josué Giraldo Cardona, líder político y defensor de derechos humanos de la Unión Patriótica, asesinado en Villavicencio el 13 de octubre de 1996. La obra evidencia cómo, a pesar de haber denunciado reiteradamente las amenazas en su contra ante las autoridades, Josué fue víctima de un crimen de lesa humanidad. Este documental reflexiona sobre la fragilidad de la democracia cuando la oposición política se paga con la vida y sobre la necesidad de preservar la memoria como una forma de justicia y reparación simbólica.

Los rostros de la Unión Patriótica: vidas que marcaron la historia

Según la información recopilada en el libro «Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984–2002» (2018), el exterminio político de la Unión Patriótica (UP) dejó una huella profunda en la historia reciente de Colombia. Las páginas de esta obra reconstruyen las vidas, luchas y asesinatos de líderes que dedicaron sus esfuerzos a la construcción de una alternativa democrática en medio del conflicto armado y que fueron silenciados por la violencia estatal y paraestatal.

• Jaime Pardo Leal (1941-1987) fue abogado, magistrado y uno de los fundadores de la Unión Patriótica tras los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP. Proveniente del sindicalismo judicial, se destacó por su firmeza ética y su defensa de los derechos humanos. En 1986 fue candidato presidencial por la UP, obteniendo más de 300 000 votos. Desde entonces, denunció con valentía la violencia sistemática contra los militantes del movimiento y los vínculos entre las fuerzas del Estado y grupos paramilitares. Fue asesinado el 11 de octubre de 1987 en La Mesa (Cundinamarca) por sicarios al servicio del narcotráfico y del paramilitarismo. Su muerte marcó un punto de no retorno en la persecución política contra la izquierda colombiana. 

A partir de este crimen, y en memoria de su legado, el 11 de octubre fue designado como el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica, establecido oficialmente por la Ley 2482 del 16 de julio de 2025.

• Bernardo Jaramillo Ossa (1955-1990), abogado y político antioqueño, sucedió a Pardo Leal como presidente nacional de la UP y se convirtió en su candidato presidencial. Desde su liderazgo, buscó distanciarse del movimiento de las FARC-EP para abrir un espacio de izquierda democrática más amplio y civilista. Su carisma y visión renovadora despertaron esperanza en miles de militantes, pero también incrementaron las amenazas en su contra. Fue asesinado el 22 de marzo de 1990 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, frente a su esposa y numerosos testigos. Su muerte profundizó el sentimiento de desolación entre quienes aún soñaban con la vía democrática para la transformación social.

• Manuel Cepeda Vargas (1930-1994), periodista, intelectual y dirigente histórico del Partido Comunista Colombiano, fue el último congresista electo por la UP. Su trayectoria política y su labor periodística lo convirtieron en una figura clave para la defensa de la memoria y los derechos de las víctimas. Fue asesinado el 9 de agosto de 1994 en Bogotá, en un crimen que la Corte Interamericana de Derechos Humanos atribuyó al Estado colombiano, al cual condenó en 2010 por su responsabilidad en los hechos.

• Pedro Nel Jiménez Obando, senador de la UP, fue asesinado el 1 de septiembre de 1986. Su muerte fue uno de los primeros golpes contra la representación política del movimiento, anunciando la oleada de crímenes que vendría después. Ese mismo año, Leonardo Posada Pedraza, representante a la Cámara por Santander, fue asesinado el 30 de agosto en Barrancabermeja, una zona fuertemente golpeada por la expansión del paramilitarismo. Posada ya había sido amenazado por el grupo MAS (Muerte a Secuestradores), y su homicidio confirmó la alianza entre estructuras ilegales y sectores que se oponían a la apertura democrática.

• Otro de los líderes emblemáticos fue Pedro Luis Valencia Giraldo, médico y senador antioqueño por la UP, asesinado el 14 de agosto de 1987 en Medellín. Valencia representaba una voz comprometida con la justicia social y la salud pública, y su asesinato se convirtió en símbolo del silenciamiento de las voces progresistas de la época. En la misma línea, Octavio Vargas Cuéllar, representante a la Cámara por Guaviare, fue asesinado el 14 de diciembre de 1986, sumándose a la trágica lista de parlamentarios que pagaron con su vida el compromiso con un proyecto político de paz y justicia.

El libro también recuerda a numerosos líderes y lideresas regionales y locales que fueron asesinados en distintas regiones del país. Entre ellos, Carlos Julián Vélez, diputado del Meta, asesinado en la masacre de Las Brisas en 1991; Carlos Kovacs Baptiste y Néstor Henry Rojas, dirigentes de la UP asesinados en la masacre de Villavicencio en 1988; y María Mercedes Méndez y William Ocampo Castillo, alcaldesa y alcalde de la UP en Mesetas (Meta), asesinados en 1992. Cada una de estas vidas truncadas representa una historia de resistencia, compromiso y esperanza, y su memoria continúa siendo un llamado urgente a la verdad, la justicia y la no repetición.

Un crimen reconocido por la justicia internacional

El 30 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado colombiano responsable por el exterminio de la Unión Patriótica (UP), reconociendo que se trató de un patrón de violencia sistemática y estatal que se extendió por más de dos décadas y afectó a miles de víctimas en todo el territorio nacional. 

Consulta aquí el texto de la sentencia.

La Corte determinó que el Estado violó los derechos a la vida, la libertad de expresión, la asociación, la participación política y la honra de los integrantes y simpatizantes de la UP. En consecuencia, ordenó medidas de reparación como la creación de un día nacional en conmemoración de las víctimas (11 de octubre), la construcción de un monumento en su memoria y la realización de campañas públicas para reconocer la magnitud del daño y garantizar la no repetición.

Este fallo representó un hito en la búsqueda de verdad, justicia y reparación, no solo para las víctimas de la UP, sino para toda la sociedad colombiana. Reconocer este genocidio político es un paso esencial hacia la reparación simbólica y la dignificación de quienes fueron silenciados por sus convicciones políticas. Recordar a la Unión Patriótica implica, asimismo, recordar la posibilidad de una democracia plural y viva, en la que la diferencia no sea motivo de exterminio, sino de construcción colectiva de país.