Cuando miles de campesinos salieron a las carreteras del sur de Colombia entre julio y agosto de 1996 para protestar contra las fumigaciones y exigir alternativas económicas, no solo estaban defendiendo sus cultivos. También estaban reclamando por décadas de abandono estatal, exclusión y falta de oportunidades en territorios que históricamente habían sido construidos por los propios colonos.

De acuerdo con el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica «La tierra no basta: colonización, baldíos, conflicto y organizaciones sociales en el Caquetá» (2017), la configuración social y territorial del Caquetá estuvo marcada por cuatro factores fundamentales: la colonización, las políticas de adjudicación de baldíos, las organizaciones sociales y el conflicto armado. Estos elementos ayudan a comprender las dinámicas históricas que desembocaron en las marchas cocaleras de 1996.

El informe señala también que la colonización del Caquetá y de amplias zonas amazónicas fue impulsada desde finales del siglo XIX por economías extractivas como el caucho y, posteriormente, por la expansión de la frontera agrícola. Sin embargo, el poblamiento de estos territorios ocurrió en gran medida sin una presencia efectiva del Estado, lo que obligó a los colonos a construir sus propias redes de solidaridad y organización comunitaria. Las llamadas zonas de punta de colonización dependían de la cooperación entre vecinos para abrir caminos, construir escuelas y garantizar condiciones mínimas de supervivencia.

Estas redes comunitarias permitieron que el proceso de poblamiento avanzara incluso en lugares donde la institucionalidad estatal era prácticamente inexistente. La organización colectiva, las mingas y el trabajo comunitario se convirtieron en mecanismos fundamentales para construir territorio.

El detonante: fumigaciones y operaciones militares

A mediados de la década de 1990, el Gobierno colombiano intensificó su estrategia de lucha contra los cultivos de uso ilícito mediante fumigaciones aéreas con glifosato y operaciones militares en el sur del país. En Caquetá, Putumayo y Guaviare estas acciones fueron percibidas por las comunidades como una amenaza directa a su supervivencia económica.

De acuerdo con el artículo «Las marchas de los cocaleros del departamento de Caquetá, Colombia: contradicciones políticas y obstáculos a la emancipación social» (2002), las fumigaciones se convirtieron en uno de los principales detonantes de las movilizaciones porque los campesinos consideraban que afectaban no solo los cultivos de coca, sino también sembrados de pancoger, fuentes de agua y otros medios de subsistencia.

En el Guaviare, los habitantes denunciaron afectaciones sobre cultivos de yuca, plátano y pastos para el ganado. En Putumayo, las primeras fumigaciones masivas realizadas en 1995 generaron protestas que posteriormente desembocaron en una movilización regional de gran escala. Según testimonios recopilados por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en su informe «Campesinos cocaleros y su movilización en 1996: sujetos y territorios en disputa en el conflicto armado Colombia» (2022), muchos campesinos aseguraban que las aspersiones destruyeron tanto cultivos ilícitos como cultivos destinados al autoconsumo.

Paralelamente, el Ejército desarrollaba la denominada «Operación Conquista», una estrategia orientada a atacar la economía de la coca mediante el control de insumos y el fortalecimiento de la presencia militar en territorios donde existía una fuerte influencia de las entonces FARC-EP.

Las movilizaciones que paralizaron el sur del país

Entre julio y agosto de 1996, miles de campesinos salieron de veredas y zonas rurales para concentrarse en cabeceras municipales y capitales departamentales. Las marchas se extendieron por Caquetá, Putumayo, Meta y Guaviare, convirtiéndose en una de las expresiones de movilización campesina más importantes de la década.

Las principales exigencias de los manifestantes incluían:

• La suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato.

• Programas concertados de sustitución de cultivos.

• Inversión en infraestructura vial y productiva.

• Acceso a créditos para pequeños productores.

• Ampliación de la cobertura en salud y educación.

• Reconocimiento de las organizaciones campesinas como interlocutoras legítimas ante el Estado.

Aunque el rechazo a las fumigaciones fue el principal elemento unificador de la protesta, diversos actores participaron con intereses distintos. Los campesinos buscaban proteger su principal fuente de ingresos, mientras que otros sectores vinculados a la economía de la coca también se oponían a las medidas de erradicación.

El caso de Putumayo y los acuerdos incumplidos

Putumayo fue uno de los departamentos donde las movilizaciones alcanzaron mayor intensidad.

Según la Comisión de la Verdad, las fumigaciones iniciadas en 1995 provocaron una fuerte reacción social. Los campesinos llegaron incluso a ocupar la batería petrolera de La Hormiga como mecanismo de presión para exigir la suspensión de las aspersiones y el cumplimiento de compromisos estatales.

Las negociaciones adelantadas por el entonces ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe, permitieron la firma de acuerdos con las comunidades. Sin embargo, gran parte de los compromisos relacionados con sustitución de cultivos, apoyo productivo e inversión social nunca fueron implementados plenamente.

Posteriormente, se firmaron los llamados «Acuerdos de Orito», considerados uno de los principales resultados de las marchas cocaleras. No obstante, organizaciones campesinas y entidades como la Comisión de la Verdad han señalado que muchos de sus puntos continúan incumplidos o solo fueron ejecutados parcialmente.

Un legado que sigue vigente

Las marchas cocaleras de 1996 evidenciaron que la expansión de los cultivos de uso ilícito en el sur del país no puede entenderse únicamente desde la perspectiva del narcotráfico. Detrás de este fenómeno confluyeron procesos históricos de colonización, conflictos por el acceso a la tierra, una limitada presencia institucional y las dificultades que enfrentaron miles de familias campesinas para acceder a alternativas económicas sostenibles.

A 30 años de estas movilizaciones, muchas de las discusiones planteadas por los manifestantes continúan vigentes en los debates sobre desarrollo rural, sustitución de cultivos y construcción de paz. En este sentido, las marchas cocaleras constituyen un referente clave para comprender las dinámicas sociales, económicas y políticas que han marcado a departamentos como Caquetá, Putumayo, Guaviare y Meta.

Aproximarse a la realidad de estas regiones implica analizar los procesos de colonización, las disputas en torno a la tierra y las formas de organización social que han configurado estos territorios a lo largo del tiempo. Recordar las marchas cocaleras no solo permite comprender uno de los episodios más significativos de la movilización campesina en la historia reciente de Colombia, sino también reconocer las experiencias, demandas y formas de organización de las comunidades que han habitado las fronteras agrarias del país y que continúan siendo protagonistas en la construcción de sus territorios.