Los indígenas Awá habitan en medio de montañas del sur de Colombia; de hecho, se denominan a sí mismos hombres de montañas y selvas. Están acostumbrados a moverse entre los altos y bajos de las pendientes que los rodean, y, desafortunadamente, han tenido también que aprender a moverse entre los altos y bajos del conflicto armado del que han sido víctimas en diversas formas.

La comunidad había tenido que convivir con los grupos armados que cruzan por la región aprovechando su cercanía con la frontera ecuatoriana. Con la implementación de la Política de Seguridad Democrática, que desplegó la presencia de la fuerza pública en muchos rincones del territorio nacional, varios de estos grupos empezaron a acusar a la población de ser informantes del Ejército. En un comunicado del 10 de febrero de 2009 la  Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (Onic) denunciaron que:           

“En los últimos 10 años como consecuencia del conflicto armado se han registrado cinco desplazamientos masivos, desplazamientos individuales continuos hacia dentro y fuera del territorio, migración transfronteriza, cuatro masacres, aproximadamente 200 asesinatos, 50 afectados por minas antipersonales, secuestros, detenciones arbitraras, señalamientos, amenazas, reclutamiento forzado bloqueo de alimentos y medicamentos, utilización de bienes civiles, presión a los civiles para que sirvan de informantes.”

Tan solo en 2009, según Rutas del Conflicto, 30 personas fueron asesinadas en masacres perpetradas por las Farc y bandas criminales y otras 16, según el Cinep, murieron, a lo largo de todo el año, a manos de diferentes actores armados, incluidos algunos miembros de la fuerza pública.

“Históricamente hemos sido pueblos olvidados”

La masacre de Tortugaña Telembí del 4 de febrero fue la consecuencia de los enfrentamientos que sostenía el Ejército contra la columna Mariscal Sucre de las Farc. Desde septiembre de 2008 los líderes Awá habían estado denunciando que se encontraban en medio del fuego cruzado. La Defensoría, de hecho, emitió una resolución evidenciando la situación de vulnerabilidad del pueblo Awá, y la Corte Constitucional, por medio del auto 004 de 2009, tan solo nueve días antes de la masacre, declaró a los Awá, y a otros 34 pueblos indígenas, en riesgo de exterminio físico y cultural. Por eso pidió su protección inmediata.

Según Rider Paí, líder Awá,  los pronunciamientos oficiales mostraron que para todo el mundo era obvio que la población civil podía terminar pagando las consecuencias de ese conflicto ajeno, y así fue. El primero de febrero de 2009 miembros del Ejército, del Batallón Contraguerrilla Mártires de Puerres de la Brigada 29, habían entrado a la casa de varias familias, forzándolos, por diversos medios, a dar información sobre la presencia de las Farc en la región. Los Awá sabían que estaban contra la espada y la pared. De inmediato varios líderes fueron declarados objetivo militar de la guerrilla.

Tan solo tres días después, miembros de las Farc retuvieron a 20 personas del resguardo, incluyendo mujeres y niños, y los arrastraron a la quebrada El Hojal donde asesinaron y torturaron a 14 personas. La difícil situación de orden público hizo que fuera imposible salir a buscar a las personas.

La guerrilla regresó al resguardo a llevarse algunos de los niños huérfanos por ese hecho. El paradero de muchos de ellos todavía no se conoce. Además, por el miedo de futuras represalias, y por el mismo dolor que invadía a la comunidad, varias familias salieron desplazadas hacia Samaniego, Ricaurte, Barbacoas y a Planadas Telembí. El Cinep reportó que en ese año 1.300 personas Awá se encontraban viviendo en hacinamiento, y que se estaban presentando brotes de enfermedades por las precarias condiciones. Todo lo anterior fue denunciado por la comunidad, pidiendo un respaldo del gobierno nacional y reclamando respuestas por parte de las Farc, pero no fueron escuchadas.