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En el año de 1988 Colombia sufrió algunas de las masacres más atroces y recordadas: Honduras y La Negra, Mejor Esquina, Coqui-tos, Segovia… De 19 masacres registradas en 1987, se pasó a 64 en ese 1988. En medio de este mar de sangre se hundió en el olvido la masacre de mineros de la vereda El Topacio del municipio de San Rafael, Antioquia, ocurrida en junio del mismo año. En dicha vereda un grupo de hombres armados que vestían prendas camufla-das llevó a cabo la masacre de 14 mineros. El 20 de junio se hallaron partes de los cuerpos desmembrados, las cuales fueron trasladadas en un helicóptero de la Gobernación de Antioquia para ser deposi-tadas en varios ataúdes en el cementerio de San Rafael, hecho que es recordado con horror por sus habitantes.

En este informe se da cuenta del modo en que esta masacre se in-scribe en el exterminio de la Unión Patriótica, en la estigmatización de los habitantes de las veredas del cañón del río Nare como aux-iliadores de las FARC y en la descripción de los procesos penal y contencioso administrativo contra algunos miembros del Ejército en este hecho. También se consideran las pérdidas y daños sufridos, así como las diversas formas de resistencia contra el olvido y lucha contra la impunidad. 

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El departamento de Cesar es uno de los más ricos de Colombia. Pero también es el mejor ejemplo – o quizás el peor – de lo que ha sido la disputa por la tenencia de la tierra en el país. En los últimos 30 años sus habitantes han visto transcurrir varias bonanzas que se han entremezclado con varios ciclos de violencia: la del algodón, la de la marihuana, la ganadería y la que trajo el carbón.

Esta investigación periodística es un relato alrededor de los penosos hechos sobre los que ha girado el conflicto armado en la zona minera de esa región en la que sus habitantes, más que prosperidad y desarrollo, han sufrido todo el rigor de la guerra.

Campesinos, sindicalistas, empresarios, trabajadores, agricultores, líderes, políticos, mujeres y niños, hacen parte de la numerosa lista de víctimas de una guerra que ha tenido de trasfondo el control de miles de hectáreas de las tierras más prósperas que tiene el país. La maldita tierra muestra los momentos clave para entender esa violencia y le da voz a muchos de los protagonistas, testigos y sobrevivientes, como un aporte a la verdad sobre la barbarie que ha padecido la Costa Caribe colombiana.

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Este libro surge en respuesta a la orden judicial de reparar simbólicamente a las víctimas que fueron reconocidas por Gian Carlo Gutiérrez Suárez, desmovilizado del Bloque Calima de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), en el marco de la Ley 975, llamada ley de Justicia y Paz. El recurso usado para lograr este propósito fueron los perfiles biográficos de las víctimas mortales, relatos que desmienten falsas acusaciones y repudian los crímenes cometidos por los paramilitares.

Los municipios donde sucedieron las 24 historias consignadas en este libro son El Tambo, Patía, Mercaderes (Cauca), Guadalupe y San José de Isnos (Huila). Los perfiles biográficos dimensionan los rasgos más humanos de aquellos que fueron suprimidos por los paramilitares cuando decidieron simplificar su identidad a ser “colaboradores de la guerrilla”.

Estos perfiles muestran además los impactos por la pérdida repentina y violenta de padres, madres, abuelas e hijos, quienes a su vez eran los agricultores, líderes, conductores, vigilantes, enfermeras del pueblo; en resumen, aquellas personas que permiten que la vida familiar y comunitaria perviva en su cotidianidad.

A través de esta publicación, se revela una vez más cómo en los escenarios más adversos en medio del conflicto armado, la fortaleza de los sobrevivientes se impone al sufrimiento generado por los violentos. Virtud muchas veces alentada por el legado que dejaron quienes fueron asesinados y hoy viven gracias a la valentía del recuerdo de sus familiares.

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Este informe presenta los resultados nacionales del proyecto de investigación del CNMH, Tierras, organización social y territorio. Pone a disposición una exhaustiva información estadística sobre las políticas de tierras del Estado colombiano en el siglo XX y la primera década del XXI, presenta nuevas hipótesis sobre las estructuras agrarias de Colombia en el marco de debates centrales sobre temas agrarios y rurales.

Contiene una síntesis histórica de la legislación de tierras que sirve de marco de referencia a la descripción y análisis de la asignación de tierras del Estado colombiano a particulares y a comunidades étnicas en un extenso periodo que abarca los años de 1900 a 2012. Contiene una reseña histórica de prácticas que vulneran los derechos de propiedad en Colombia. Documenta y describe el abandono y despojo de tierras en relación con el desplazamiento forzado y con el “desplazamiento económico”. También analiza los efectos estadísticos del conflicto armado sobre la producción agraria. Y ofrece un panorama global de los gremios y las organizaciones sociales rurales que permite ver los puntos de tensión y los conflictos rurales que vive actualmente Colombia.

Incluye, también, una serie de observaciones y recomendaciones a las agencias estatales responsables de los temas agrarios y rurales, en materia de información, investigación, legislación y políticas agrarias, para las cuales se tuvo en cuenta el Acuerdo Agrario entre el Gobierno Nacional y las FARC “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”.

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Granada (Antioquia) es un municipio emblemático de la guerra y de la paz. Desde mediados de los años ochenta fue escenario de una cruenta disputa por el control de un territorio estratégico para la expansión militar, de la puja por la humanización del conflicto armado y la realización de diálogos de paz regional; y del despliegue militar que acompañó la política de Seguridad Democrática. Gracias a estas dinámicas, Granada fue un territorio, casi literalmente, devastado por la guerra. Sin embargo, ¡no sucumbió! y no lo hizo gracias a la capacidad de su gente y sus instituciones, quienes después de sortear la guerra debieron emprender rápidamente un proceso de reconstrucción física y social que hoy tiene como eje el reconocimiento de las víctimas y la memoria colectiva.

Este informe describe a Granada como un caso emblemático de las dinámicas de la guerra y, al mismo tiempo, de resistencia y dignidad. En un contexto en el que en el país se pone en primer plano de la agenda nacional la urgencia de una salida política negociada al conflicto armado, la necesidad de avanzar en caminos de paz y reconciliación y de reivindicar la memoria como un recurso para la verdad, el reconocimiento y la reparación, mirar hacia Granda es profundamente aleccionador.

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Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia pretende señalar las características de la infamia que acompaña al precepto de “desaparecer a un ser humano”, recordar y dignificar a las víctimas, denunciar a los responsables de este crimen en cada momento de nuestra historia reciente, así como sus móviles y modos de ejecutarlo, y reconocer las consecuencias y daños que causa la ambigüedad entre la presencia y la ausencia sostenida de un ser querido.

La desaparición forzada es tal vez una de las prácticas represivas más atroces de las que se han valido regímenes y organizaciones para imponer su control y su poder. Es una forma de violencia capaz de producir terror, de causar sufrimiento prolongado, de alterar la vida de familias por generaciones y de paralizar a comunidades y sociedades enteras.

En Colombia han sido desparecidas 60.630 personas en los últimos 45 años en el marco del conflicto armado. Las dimensiones de este crimen resultan escalofriantes e inmorales y son el resultado de la conjunción de varias situaciones: de un lado, de la persistencia de un crimen que se inflige intencionadamente con el ánimo de castigar y de sembrar el terror, de la existencia de prácticas empleadas por distintos actores armados con el propósito de invisibilizar sus crímenes y de garantizar su impunidad o de distorsionar las cifras producto de sus acciones.

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Las cartillas Desde el Carare la niñez y la juventud siembra cultura de paz hacen parte del proyecto que da cumplimiento a la medida Cátedra de Paz del Plan de Reparación Colectiva de la ATCC (Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare). Este material pedagógico reconoce los impactos que el conflicto armado ha producido sobre esta asociación, el territorio y los habitantes del Carare y tiene como objetivo fortalecer y habilitar espacios para la formación integral y la convivencia pacífica de la comunidad educativa de esta región, sin olvidar los aprendizajes que en materia de construcción de paz tiene para ofrecernos la ATCC.

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En el periodo posdesmovilización (2006-2015), 2.518 personas fueron asesinadas por parte de los Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD). Esto significa que durante esta última etapa se concentró el 11,9 por ciento de todas las víctimas letales atribuidas a los grupos paramilitares en un período que va de 1975 a 2015 (que en total sumó 21.044 víctimas letales). 

Entre 1975 y 2015

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Arquitectura, Memoria y Reconciliación es la publicación que recopila las memorias del Concurso Público Internacional de Anteproyecto Arquitectónico para el diseño del Museo Nacional de la Memoria, proyecto del Centro Nacional de Memoria Histórica (Art. 148, Ley 1448 de 2011). El concurso, efectuado en 2015 junto con la Sociedad Colombiana de Arquitectos – Regional Bogotá, reunió a más de 700 profesionales de la arquitectura y del urbanismo para crear un museo que “servirá para dignificar a las víctimas, pero también para que todos aprendamos, recordemos y no olvidemos” (Juan Manuel Santos, Presentación Pública del Concurso). 

Este volumen, producido en español e inglés, también reúne reflexiones sobre el rol del Museo Nacional de la Memoria en “una nueva génesis, como sociedad y como nación que surge después de la guerra” (Gonzalo Sánchez) así como sobre la construcción social que “antecede y acompaña el ejercicio del diseño arquitectónico y la posterior construcción y funcionamiento del mismo” (Martha Bello). Especial mención tiene el ensayo escrito por Karen Franck, autora de “Memorials as spaces of engagement”, que brinda una mirada sobre “el grupo creciente de instituciones museológicas de diferentes países dedicadas al reconocimiento y la documentación de graves violaciones a los derechos humanos”.

El libro fue concebido como el primero de una futura colección sobre el Museo Nacional de la Memoria y evidencia la inmensa creatividad y el fuerte compromiso de aquellas personas que con lápiz, papel y cartón, soñaron con la posibilidad de un museo que reconocerá, entre otros, la agencia y la resistencia de las víctimas de diferentes regiones de Colombia.

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“Por favor, hermano, dispáreme en la cabeza”. Con esa súplica recibió el capitán Juan David Arias al soldado que, tras oír la explosión de la mina, había salido corriendo a rescatar a su comandante. El capitán Arias apenas tenía 21 años y había ingresado al Ejército sin entender bien la guerra. Derribado en el piso con una pierna partida en dos, trató de cumplir lo que se había prometido a sí mismo si una mina lo afectaba seriamente: quitarse la vida. Pero no podía. No tenía ni las fuerzas ni las manos para llegar a su fusil.

La historia del capitán Arias es tan dolorosa como común entre los militares víctimas de minas antipersonal, que ya suman más de seis mil según las estadísticas oficiales. Muchos de los que pierden algo con un artefacto de estos (un brazo, una pierna, su espíritu) se ven ante el dilema de acabar con su vida o seguir luchando. De enterrar el héroe que eran para su gente o reinventarse. Los desafíos de estos hombres son del tamaño de sus tragedias y, por eso, quién mejor para contar la guerra que ellos mismos, sus protagonistas: esos hombres que resuelven su destino entre la oscuridad, los animales, las balas y las minas.

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