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Aunque ningún actor armado reconoce el uso de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, las múltiples voces y silencios, principalmente de mujeres, confirman la magnitud de la violencia con que sus cuerpos han sido sometidos, apropiados, despojados de su humanidad. La violencia sexual se ha constituido en una modalidad de violencia que cumple distintos fines de acuerdo con los objetivos de los actores armados y de los distintos momentos de confrontación, pero con el común denominador de estar sustentada en arreglos de género que privilegian la construcción de masculinidades despóticas y perpetúan la objetivación de los cuerpos femeninos.

Este informe contribuye a la comprensión de las formas en que la guerra se ha inscrito en los cuerpos de las víctimas de violencia sexual, proponiendo la construcción de una memoria ineludible: la de las violencias que han sido silenciadas por una sociedad que en no pocos casos ha elevado un manto de señalamiento, vergüenza y culpa sobre las víctimas. Los testimonios de dolor y sufrimiento recogidos en este informe constituyen una apuesta política desde la dignidad de las víctimas de violencia sexual que le preguntan al país: ¿qué vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder?

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Hacer memoria como organización es una cosa muy bonita, le refresca la mente a uno. En este libro se encuentra el resultado de un proceso de memoria para que el Estado reconozca los derechos de las personas del Macizo y garantice antes que nada su derecho a la vida,a la paz, al ejercicio de una territorialidad propia, y el derecho a ser una semilla de una sociedad mejor. No es solo el derecho a la tierra, sino el derecho a tener un modo de vivir, una cultura, una tradición, de acceder a servicios públicos como la salud, la educación, poder decidir sobre cómo manejar el entorno, lo propio, sentirse seguro en el territorio. Este es un informe escrito desde las voces de la familia CIMA para que los recuerden tal como son, evitar repetir la violencia en su contra, que futuras generaciones no cometan los mismos errores. Es recordar, fortalecer y avanzar. De eso trata este informe.

Hacer parte de una organización es lo más bonito que uno puede recordar. En el pueblo una persona es un solo individuo, pero al encontrarse con otras personas en la música, el baile, la siembra, la fiesta, la cosecha, en la movilización; cocinando y comiendo todos juntos lo mismo, compartiendo el mismo piso para dormir, caminando el Macizo colombiano para exigir los derechos de quienes lo habitan. Es entonces como quebradas que van formando un río, que se va formando un proceso organizativo. De ese proceso la riqueza más grande que queda es la sabiduría, el conocimiento, amistades que luego se convierten en familia. Poder conocer gente, tener muchos compañeros en todos los municipios del Macizo, pensar que tenemos sueños compartidos, que se han logrado cosas compartidas.

Eso significa ser CIMA: personas que tienen la capacidad de lograr, de tener la sensibilidad y entender las problemáticas. Hoy se puede decir que la familia se creció. Ya no desde un vínculo de consanguinidad, sino con todos quienes están en la organización que hacen parte de la gran familia CIMA, ese sentido es la riqueza más grande.

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El informe, “Una Guerra sin edad” tiene como objetivo principal contribuir al esclarecimiento de dinámicas y tendencias históricas del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en el marco del conflicto armado colombiano.

Esta publicación es el resultado de un proceso de investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que empezó en 2015 y cuya metodología permitió que el informe refleje voces provenientes de memorias sociales, relatos, estudios cuantitativos realizados por instituciones del Estado, así como la base de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del CNMH. Las guerrillas han sido el mayor reclutador con 8.701, el 69% total de los casos. Los grupos paramilitares son responsables del 24% con 2.960 casos, los grupos armados post-desmovilización son responsables de 839 casos que corresponden al 7 %, y la fuerza pública con 3 casos.

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Recordar y narrar el exilio supone como punto de partida reconocer la deuda histórica que tiene la sociedad y el Estado colombiano con las víctimas que se vieron forzadas a salir del país como consecuencia del conflicto armado y la violencia generalizada. A partir de su reconocimiento, las herramientas aquí descritas permiten interpelar las naturalizaciones y justificaciones que han contribuido a invisibilizar el exilio colombiano en sus diferentes manifestaciones. Al escuchar las voces de las personas que han vivido la experiencia del exilio, es posible rescatar una parte de la memoria histórica del conflicto armado colombiano que no ha sido contada en el país y que debe integrarse a la memoria colectiva para resignificarla. Sin embargo, las memorias de estos procesos no se agotan en la experiencia del exilio, sino que se enriquecen con las circunstancias que preceden y acompañan el éxodo, así como las circunstancias que suceden en los casos de retorno.

Este material ofrece herramientas conceptuales, metodológicas, éticas y sicosociales capaces de reconocer la pluralidad de memorias del exilio, en distintos contextos geopolíticos, que a su vez reflejan la pluralidad de las voces en la sociedad y la institucionalidad colombiana. Los instrumentos conceptuales, prácticos y pedagógicos recogidos en este material están dirigidos a personas interesadas en formarse como gestores de memoria, a las organizaciones de víctimas, organizaciones no gubernamentales, colectivos o instituciones, centros de pensamiento y equipos de investigación.

El conjunto de herramientas de investigación pretende contribuir a la reconstrucción de las memorias colectivas para promover dinámicas que permitan que las voces del exilio sean visibilizadas, generando espacios de reconocimiento y dignificación de sus víctimas.

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Luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, después de más de cinco décadas de conflicto armado interno, la sociedad colombiana y sus instituciones asisten a un momento histórico que exige la suma de esfuerzos y voluntades para la construcción de una paz estable y duradera.

Tras largos años de guerra, el país se encuentra frente al desafío de consolidar un ambiente social y unas instituciones públicas que garanticen el tránsito hacia nuevos tiempos en la historia nacional, en los que la violencia sea desterrada como método para el tratamiento de los conflictos, la ciudadanía pueda ejercer libremente sus derechos y en los que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario sean reconocidas plenamente en su dignidad.

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Este documento presenta los lineamientos conceptuales que definen al Museo Nacional de la Memoria (MNM) como lugar de encuentro para la memoria y que constituyen la base de su construcción física, de su definición institucional, del proceso de formulación del proyecto museológico y del conjunto de sus programas. En particular, los presentes lineamientos fundamentan la elaboración del guion y del plan museológico.

En respuesta al mandato legal que surge de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras –Ley 1448 de 2011– y de sus decretos reglamentarios –4633, 4634 y 4635–, así como al legado social de los procesos sociales de memoria en el país, la formulación de estos lineamientos está basada en los resultados y análisis sistemático del proceso de diálogo que el Centro Nacional de Memoria Histórica1 (CNMH) ha sostenido durante más de tres años tanto con grupos de víctimas y organizaciones sociales en diversas regiones del país como con sectores académicos, artísticos, no gubernamentales y del gobierno, y con personas expertas provenientes de Colombia y del extranjero.

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Colombia no logró una solución global ni simultánea de paz entre el Estado y las guerrillas. Sin embargo, en las últimas décadas se han registrado  pactos de paz progresivos relacionados con reformas de transición del posconflicto bélico. En tal contexto, aparecen experiencias de desarme, desmovilización militar y paso de excombatientes a la vida civil con respaldo en políticas, instrumentos legales y programas diversos.

En los noventa, a quienes integraron el M19, el EPL y  otras agrupaciones regionales menores que pactaron la paz les otorgaron amnistía o indulto, garantías de participación política y beneficios sociales. En las zonas de impacto hubo inversión social, promoción de la paz, de los derechos humanos y de la participación ciudadana. No obstante, el Estado no recuperó el control de buena parte de los territorios que estaba antes en poder de estas insurgencias ni brindó la seguridad requerida.

Entre 2003 y 2006 se sucedieron, en acuerdo con el gobierno, desmovilizaciones de las AUC y se rediseñaron programas de reintegración. Pero, hubo parcialidad en los resultados del proceso: notorio marginamiento de los programas, reincidencia y fracaso de la reintegración en zonas afectadas por la violencia, el conflicto armado y la ilegalidad. Aunque las AUC se desarticularon, persistieron o se rearmaron estructuras que prolongan una dinámica más dispersa y degradada del fenómeno paramilitar.

Este informe estudia estos procesos tema que cobra importancia actual, cuando se implementa el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC EP, el cual introduce una dinámica más amplia, profunda y definitiva en compromisos de construcción de paz y en la reincorporación de excombatientes. Del mismo modo, es relevante cuando existe la expectativa sobre un acuerdo de paz también con el ELN, lo que llevaría de manera general al fin del conflicto armado.

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El “Protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” es un documento publicado por el CNMH y el Archivo General de la Nación (AGN), cumpliendo con las disposiciones de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que establece los criterios y las medidas que se deben seguir para la identificación, protección, y garantías de acceso a la información de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Por ejemplo, alienta a las entidades a ajustar y a actualizar los inventarios de sus archivos de derechos humanos, así como a suspender de manera temporal las actividades de eliminación de documentos y de series documentales sobre este tipo especial de archivos.

Las entidades de la administración pública deberán adoptar las disposiciones contenidas en el Protocolo en los diferentes niveles de actuación. También deberán hacerlo las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por la Ley 594 de 2000, en consonancia con el Decreto 1084 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación. Asimismo, el documento contiene recomendaciones para el manejo de los archivos y la información de las organizaciones de la sociedad civil.

El Protocolo quedó oficializado a través de la Resolución 031, la cual fue firmada el 6 de febrero de 2017, por Armando Martínez Garnica, director general del AGN, y por Gonzalo Sánchez Gómez, director del CNMH.

Este documento está enmarcado en los componentes de Conformación, Protección y Apropiación Social de la Política Pública de Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto. (Política Pública de Archivos de los Derechos Humanos)

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Esta guía presenta una aproximación a la reconstrucción de la memoria desde una metodología con enfoque participativo que utiliza el cuerpo como lugar esencial de memoria. La metodología que presentamos surge a partir de los talleres que realizamos para el informe “La guerra escondida. Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en Colombia” con sobrevivientes y víctimas indirectas civiles de ocho regiones del país: Antioquia, Arauca, Cauca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y la región de los Montes de María.

A través de los talleres pudimos reconocer las distintas experiencias y percepciones de las personas participantes en torno a cómo han vivido la guerra y el impacto que ha tenido en sus vidas la victimización por Minas Antipersonal (MAP) o Remanentes Explosivos de Guerra (REG). Además de las narrativas y los relatos verbales, los talleres tuvieron como apuesta la inclusión del cuerpo y el movimiento. El propósito fue reconstruir la memoria, no solo desde una dimensión mental y por tanto racional, sino también desde las sensaciones, impresiones o emociones que permanecen en el cuerpo. El sustento metodológico parte de considerar que no recordamos únicamente desde la mente; el cuerpo entero tiene memoria.

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Un nuevo informe del Centro Nacional de Memoria Histórica ‘El derecho a la justicia como garantía de no repetición’ es una memoria de la relación de las víctimas con la justicia y las falencias del aparato judicial para satisfacer sus derechos.

El informe ilustra, desde el punto de vista de las víctimas, cómo ha sido su experiencia de búsqueda de la justicia y cómo ha operado el sistema judicial para satisfacer su derecho a la justicia. Analiza cómo se han incluido las víctimas en el sistema judicial penal, qué significado han dado a la justicia y si se han sentido satisfechas o no con ella; explora el sentido reparador que tiene o no el proceso penal y la incidencia de los contextos sociopolíticos cambiantes en la satisfacción del derecho a la justicia.

Para hacerlo, combina un repaso detallado a la evolución en los últimos 30 años de las normas judiciales para enfrentar los reclamos de las víctimas y seis relatos en profundidad de casos emblemáticos de la lucha de las víctimas y sus familias por la satisfacción de su derecho a la justicia.

El informe está dividido en dos volúmenes. El primero, ‘Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985 – 2012’, reconstruye la historia de la lucha de los movimientos sociales y de víctimas por la defensa de los derechos humanos y contra la impunidad, la evolución de las normas y regulaciones en Colombia, en esos 30 años, y los contextos cambiantes en los que todo esto tuvo lugar.

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El segundo, ‘Casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos en búsqueda de la justicia y de la satisfacción del derecho a la justicia’, reúne con gran detalle los relatos de seis víctimas de distintas violaciones, que exponen las debilidades, los avances y las contradicciones entre las normas y su interpretación y aplicación del acceso de las víctimas a la justicia.

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