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La Gabarra, una historia de abandono

Noticia

Autor

Maria de los Ángeles Reyes (CNMH)

Fotografía

archivo Semana

Publicado

26 Ago 2015


La Gabarra, una historia de abandono

La incursión paramilitar en Norte de Santander dejó, además de decenas de muertos, cientos de familias desplazadas. Dieciséis años después, sus habitantes aún sufren las consecuencias.


Investigación publicada en Verdad Abierta

 

El 21 de agosto de 1999 aproximadamente 150 paramilitares llegaron al corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú, para concretar la tarea que se habían propuesto desde mayo de ese mismo año: imponer su autoridad en El Catatumbo.  

El Catatumbo ha sido un lugar de disputa para los grupos armados ilegales por su localización estratégica para las rutas del narcotráfico, el paso fronterizo con Venezuela y por el paso del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Por la ausencia del Estado, los habitantes de la región se vieron obligados a convivir con todas las guerrillas.

Cuando los rumores de la presencia de los paramilitares empezaron a circular en la década de los noventa, muchos habitantes abandonaron sus tierras por temor a las actuaciones del naciente Bloque Catatumbo. La preocupación era tal, que varias oenegés habían convocado consejos de seguridad para alertar a las autoridades acerca del grave peligro que corría la población de Tibú. De hecho, el jueves 19 de agosto de 1999, dos días antes de la masacre, el entonces presidente Andrés Pastrana estuvo en un consejo de seguridad en Cúcuta, convocado por la oenegé, Minga.

Una masacre tras otra

Según la versión libre de Jorge Iván Laverde Zapata, alias “el Iguano”, Mancuso y Castaño tenían como uno de sus objetivos principales la conquista de Tibú; La Gabarra sería el primer paso para conseguirlo.

El 29 de mayo, en la vía que comunica a la cabecera con el corregimiento, cerca de 200 “paras”, que habían sido enviados desde Córdoba y Urabá, se ubicaron a lo largo de la carretera y pararon los vehículos que pasaban por ahí. Asesinaron a ocho personas, según reportes oficiales, con lista en mano (algunos testigos aseguran que fueron 16). Desde ese día hasta el 22 de agosto el CTI de la Fiscalía registró 77 muertos en Tibú, La Gabarra y algunas otras veredas del municipio.

Las alertas de varias autoridades defensoras de los derechos humanos lograron retrasar la llegada de los paramilitares a La Gabarra en mayo del 1999. Sin embargo, el excomandante del Batallón Contraguerrilla nº 46, teniente Luis Fernando Campuzano (condenado como coautor por esos hechos a 40 años de prisión según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 12 de septiembre de 2007), permitió la llegada del grupo al casco urbano la noche del sábado 21 de agosto. Ese día, según testigos, el retén permanente del Ejército, que protegía al corregimiento, fue levantado. Además, se ordenó a los militares no salir de la base, argumentando que estaban siendo atacados por algún grupo insurgente, versión que también fue desmentida por varios testigos.

Ciento cincuenta paramilitares provocaron un apagón en La Gabarra y entraron a los bares y lugares de recreación aprovechando que los sábados en la noche varias personas de las veredas bajaban a divertirse. Las víctimas registradas en ese momento fueron 35. Sin embargo, durante la incursión paramilitar en El Catatumbo varios cuerpos fueron desmembrados y lanzados a los ríos Táchira, Zulia y Catatumbo, haciendo difícil las labores de reconocimiento y conteo de los cuerpos.

16 años de abandono

La masacre del 21 de agosto marcó el inicio de una serie de disputas territoriales que dejaron, en total, según informes del Cinep, cerca de 100 muertos. En 2001 hubo dos masacres a manos de las Farc y el Eln en contra de raspachines. En 2004 hubo otra gran masacre de 34 campesinos a manos de guerrilleros de las Farc. Según el fiscal asignado al caso, Edgar Carvajal, esto fue la evidencia más clara de la ausencia del Estado en la zona de El Catatumbo. “El Estado se desentendió porque no le convenía estar ahí, y a la vez le convenía que las Auc estuvieran ahí porque, mal que bien tenían, controlada la presencia de la guerrilla”, afirmó el fiscal.

Una gran consecuencia que dejó la incursión paramilitar en el Catatumbo fue el despojo masivo de tierras y la cantidad de familias que tuvieron que salir desplazadas. Según la Unidad de Restitución de Tierras, Tibú es el municipio con más reclamantes de tierra en Norte de Santander.

Tras la desmovilización de los paramilitares, se entregaron 105 fincas, 17 locales comerciales y 39 casas. El proceso de restitución en el área urbana, según el fiscal Carvajal, fue más fácil de llevar a cabo porque las casas ocupadas eran muy fáciles de identificar; varias de ellas fueron utilizadas como centros de tortura y eran conocidas como “casas del terror”.

En cuanto a la zona rural, en el corregimiento se adelanta un proceso de restitución colectiva aproximadamente desde 2013, pero, según el fiscal Carvajal, el proceso es lento debido a que los predios han sido difíciles de identificar. Las Auc nunca apropiaron completamente los terrenos, sino que muchos fueron usados temporalmente para guardar ganado robado o sembrar temporalmente cocaína. “Es más, la mayoría de ellos se fueron cuando se desmovilizaron y se devolvieron a los lugares de los que venían porque no eran de la zona”, dijo el fiscal.

Para Maria Fernanda Pérez, investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica, existe otro elemento que ha agravado el tema de las tierras en la zona y es la siembra de palma y las apropiaciones de la tierra para esta actividad. Además, las pocas garantías de seguridad impide el retorno de los desplazados: “Tú vas allá y ves solo tanques, solo Ejército. Es evidente que es una zona en guerra”, dice la investigadora.

El pasado fin de semana, la casa parroquial de La Gabarra convocó una caminata conmemorativa desde la parroquia del corregimiento hasta el cementerio. “Es necesario no dejar pasar por alto esas fechas que siempre son tan dolorosas”, dijo el padre Juan Manuel.

El desplazamiento ha sido definitivamente una consecuencia constante y silenciosa en medio del conflicto armado en Colombia. El Centro Nacional de Memoria Histórica, en el marco de la Semana por la Memoria, que se llevará a cabo en octubre, lanzará la serie de desplazamiento “Una nación desplazada”, que contendrá un informe sobre los desplazamientos en El Catatumbo titulado: “Con licencia para desplazar”.

 


Desplazamiento, La Gabarra, Masacre, Norte de Santander, Paramilitares

Pueblo sin tierra. Relato gráfico del desplazamiento forzado en Colombia

Noticia

Autor

CNMH

Fotografía

CNMH

Publicado

29 Sep 2015


Pueblo sin tierra. Relato gráfico del desplazamiento forzado en Colombia

“Abandone nuestras tierras. Tiene 24 horas para recoger lo que pueda y largárse”. Esta es la sentencia que han recibido millones de colombianos tras más de cinco décadas de conflicto armado interno. El corto documental animado, Pueblo sin tierra, es una propuesta que retrata la problemática por medio de diferentes técnicas de animación ilustrada para que, por medio de un lenguaje diferente e innovador, el país conozca más sobre el drama del desplazamiento forzado.  

El proyecto, una iniciativa del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), gracias al apoyo de OIM y USAID, muestra dos de las motivaciones más comunes que han obligado a los colombianos a salir de sus tierras. Por un lado, el abandono forzado tras presentarse hechos de fuerte violencia en los territorios, como asesinatos selectivos o masacres. Y por otro lado, las amenazas directas motivadas por los intereses económicos de actores armados ilegales algunas veces en alianza con empresarios o políticos.

Sin decir una sola palabra, el corto logra poner en evidencia el dolor y la ruptura para una familia campesina (porque el 87% de los desplazados internos en Colombia son de origen rural) al tener que cambiar completamente su estilo y proyecto de vida por culpa del conflicto armado.

Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Colombia es el segundo país con más desplazados internos. Eso sin contar a las personas que han tenido que salir del territorio nacional para proteger su vida. En la semana de las Memorias Vivas, el CNMH realizará el lanzamiento de la serie “Una nación desplazada” que busca rastrear en el Meta, El Catatumbo y la frontera con Venezuela, las causas y consecuencias del desplazamiento forzado en Colombia.

Pueblo sin tierra se estará presentando en el lanzamiento de los informes “Con licencia para desplazar” y “Cruzando la frontera” los días 2, 3 y 4 de octubre en Cúcuta, Tibú y el corregimiento de La Gabarra. También se proyectará en el lanzamiento del informe nacional el 7 de octubre, a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en Bogotá.

 
 


Cine+Memoria, Colombia, Desplazamiento, Narrativas, pueblo, tierra

CNMH lanza informe nacional de desplazamiento forzado

Noticia

Autor

CNMH

Fotografía

CNMH

Publicado

07 Oct 2015


CNMH lanza informe nacional de desplazamiento forzado

En el contexto de la violencia contemporánea, más de seis millones de personas se han visto forzadas a desplazarse dentro y fuera del territorio nacional, lo cual las ha obligado a abandonar sus hogares, sus tierras, sus bienes, sus costumbres, sus comunidades y sus medios de vida.

Esta cifra posiciona a Colombia, después de Siria, como el segundo país a nivel mundial con la mayor cantidad de desplazados internos.

Para entender la dimensión de la cifra: es igual a imaginar el éxodo de dos terceras partes de los habitantes de Bogotá, o la sumatoria de todos los habitantes de las ciudades más pobladas del país como Medellín, Cali y Barranquilla; o de manera más dramática en el escenario internacional, basta con imaginar el éxodo del total de la población de países como Dinamarca, Finlandia, Singapur o Costa Rica.

Asimismo, de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Colombia se ha convertido en el país de origen con el mayor número de solicitantes de refugio en las Américas, con aproximadamente cuatrocientos mil personas. 

 

Una nación desplazada, la nueva serie del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, surge como respuesta a los requerimientos elevados por la Corte Constitucional a partir de los autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en especial del Auto 219 de 2011, en torno a los derechos de verdad y justicia de las víctimas de desplazamiento forzado. Esta serie se compone de cuatro informes, que analizan el fenómeno del desplazamiento forzado desde distintos enfoques y regiones diferentes del país. 


una nacion desplazada portadaUna nación desplazada

El desplazamiento forzado permaneció inadvertido e invisibilizado durante la mayor parte del siglo XX, e incluso a comienzos del siglo XXI, bajo la justificación de que se trataba de una consecuencia o “efecto colateral” de las cinco décadas continuas de conflicto armado interno.

Este informe contrarresta esta justificación simplista y explica los motivos por los cuales el éxodo de millones de mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, indígenas, negros, palenqueros, raizales y gitanos, predominantemente de origen campesino y rural, no puede explicarse exclusivamente como consecuencia de la guerra y las lógicas de confrontación entre diferentes actores armados. 

Así, este trabajo profundiza en la manera como el desplazamiento de la población también ha sido el resultado de múltiples prácticas violentas provocadas y promovidas por empresas criminales conformadas por alianzas entre distintos actores –narcotraficantes, empresarios y políticos–. Lo anterior debido a motivaciones ideológico-políticas, y también puramente rentistas funcionales a un modelo de acumulación y apropiación de poder y riqueza. 

Como consecuencia de lo anterior, esta forma de violencia ha resultado funcional a un modelo de desarrollo económico y social excluyente, inicuo, concentrador de la riqueza y discriminatorio, el cual ha sido impuesto a través de la violencia y ha transformado los territorios a partir de la expulsión de sus habitantes tradicionales y ancestrales. 

 

con licencia para desplazar portadaCon licencia para desplazar

Desde 1980 a 2013 los habitantes de la región de El Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, han sufrido 66 masacres que incidieron en el desplazamiento de más de 120 mil pobladores. De ellos, cerca de 47 mil fueron expulsados de Tibú; región de enorme importancia geoestratégica por ser zona de frontera con Venezuela y por contar con innumerables riquezas naturales.

Este informe describe la magnitud del desplazamiento forzado y las masacres cometidas en El Catatumbo, especialmente en Tibú. El equipo de investigadores buscó, a partir de las memorias de las víctimas, aportar al esclarecimiento de los impactos del desplazamiento en ellas y en los territorios; las causas, motivaciones y repertorios empleados por los responsables, y los contextos estructurales y coyunturales que propiciaron el éxodo forzado.

Finalmente, concluyeron que el desplazamiento violento de la población en Tibú no puede explicarse exclusivamente como efecto de la guerra y el accionar de los armados, sino que se debe a intereses políticos y económicos legales e ilegales vinculados a conflictos por la tierra y los recursos naturales. Todo ello refleja un carácter rentista en el desplazamiento y su funcionalidad para perpetuar un sector rural concentrado, inequitativo, excluyente e improductivo. 

cruzando la frontera portadaCruzando la frontera

En el contexto de la violencia contemporánea en Colombia, miles de ciudadanos se han visto forzados a migrar fuera del territorio nacional, cruzando las fronteras internacionales en búsqueda de protección o refugio en los países vecinos. Estas personas, además de abandonar su hogar y sus actividades económicas, huir de su país dejando atrás sus costumbres y sus formas de vida en Colombia, son víctimas de una modalidad de desplazamiento forzado: el éxodo transfronterizo. 

El alarmante número de víctimas del éxodo transfronterizo ha convertido al desplazamiento forzado en una problemática humanitaria de carácter regional, puesta en evidencia por la prolongación de los efectos del conflicto armado y la violencia generalizada en Colombia hacia los países vecinos. Con el objetivo de contribuir al proceso de reconstrucción de la memoria histórica sobre el desplazamiento forzado, este informe da cuenta del éxodo ocasionado en la frontera entre Colombia y Venezuela, escenario donde se estima el mayor número de víctimas de esta forma de violencia, son 204.340 colombianos refugiados o en situación similar de refugio en Venezuela según Acnur. Pretende visibilizar la prolongación de un fenómeno que trasciende las fronteras con la reconstrucción de los desplazamientos que han tenido lugar en el río Arauca, frontera natural que separa al departamento de Arauca y al estado venezolano de Apure. El informe espera aportar en la reconstrucción de los vínculos existentes entre el desplazamiento forzado en Colombia y la situación de los colombianos desplazados en territorio venezolano. 

pueblos arrasados portadaPueblos arrasados

El desplazamiento forzado ocurrido en el municipio de El Castillo, Meta, que primero fue silencioso e invisible y luego generalizado, ocasionó también el arrasamiento de diferentes expresiones de vida, cuando por lo menos 19 de sus veredas, y cuatro de sus centros poblados, quedaron vacíos luego de las operaciones de retoma de la zona de distención y de la militarización y toma del territorio por parte de los paramilitares. A esto se suma el acumulado de violencia sociopolítica padecida por los habitantes del municipio desde los años ochenta, al fraguarse el exterminio de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, y la perpetuación de diferentes acciones por la guerrilla de las Farc.

Lo ocurrido en El Castillo ilustra una realidad que la sociedad colombiana está en mora de reconocer y abordar. Así, como consecuencia de la violencia y del desplazamiento forzado no solo se han vaciado territorios enteros (municipios, veredas, corregimientos, centros poblados, barrios, resguardos indígenas) sino que, en silencio y en una penosa impunidad, se han desestructurado proyectos sociales, políticos, económicos, familiares, espirituales, ambientales y culturales.

El presente informe es una invitación a descubrir qué ocurre en los lugares que quedaron vacíos como consecuencia del conflicto armado, tanto desde el punto de vista de los daños y desestructuraciones, como de las resistencias y resiliencias ejercidas por las personas y comunidades que se han visto enfrentadas a este fenómeno. El objetivo es comprender que pasó y explicar cómo y por qué sucedió, con la esperanza de que hechos como estos jamás vuelvan a acontecer en Colombia. 

Lanzamientos de los informes:

Cúcuta // 2 de octubre

Lanzamiento de “Cruzando la Frontera”.
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Aula Máxima de la Universidad Libre – seccional Cúcuta.
Con presencia de Nicolás Montero, Jineth Bedoya, Patricia Ariza y César López.
Entrega del libro.

Desandando los pasos del éxodo. 
Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: Barrio Villa del Rosario (frontera de Colombia con el estado de Táchira).
Acto símbolo en La Playita.

Foro Fronteras Solidarias.
Hora: 4:00 p.m a 6:00 p.m.
Lugar: Universidad Francisco de Paula Santander.
Entrega del libro.

Tibú // 3 de octubre

Lanzamiento de “Con licencia para desplazar”.
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Club Barquito.

La Gabarra // 4 de octubre

Socialización Informe “Con licencia para desplazar”
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Polideportivo.

Bogotá // 7 de octubre: 

Lanzamiento de la serie completa “Una Nación Desplazada”.
Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: Centro Cultural Gabriel García Márquez (Calle 11 No. 5 – 60).
Entrega de los libros.

ENTRADA LIBRE. A los asistentes se les entregará los informes en el evento. 
Inscríbase al evento de BOGOTÁ haciendo click aquí

El Castillo, Meta // 10 de octubre: 

Lanzamiento de informe “Pueblos arrasados”.
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Institución Edicativa Ovidio Decroly.

Puerto Esperanza, Meta // 11 de octubre: 

Presentación de informe “Pueblos arrasados”.
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Salón comunal.

 


CNMH, Desplazamiento, Informes

Pueblos arrasados: el Castillo, Meta

Noticia

Autor

CNMH

Fotografía

CNMH

Publicado

09 Oct 2015


Pueblos arrasados: el Castillo, Meta

Pueblos arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo, Meta.


El desplazamiento forzado ocurrido en el municipio de El Castillo, Meta, que primero fue silencioso e invisible y luego generalizado, ocasionó también el arrasamiento de diferentes expresiones de vida cuando 19 de sus veredas y cuatro de sus centros poblados quedaron vacíos luego de las operaciones de retoma de la zona de distención y de la militarización y paramilitarización del territorio. A esto se suma el acumulado de violencia sociopolítica padecida por los habitantes del municipio desde la década de los ochenta, al fraguarse el exterminio de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, y la perpetuación de diferentes acciones por la guerrilla de las Farc. 

Pueblos arrasados es una invitación a descubrir qué ocurre en los lugares que quedaron vacíos como consecuencia del conflicto armado, desde el punto de vista de los daños y desestructuraciones, como de las resistencias y resiliencias de las personas y comunidades que se han visto enfrentadas a este fenómeno. El objetivo es comprender que pasó y explicar cómo y por qué sucedió, con la esperanza de que hechos como estos jamás vuelvan a acontecer en Colombia. 

Este informe hace parte de la serie titulada Una nación desplazada, que fue realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Esta serie surge como respuesta a los requerimientos elevados por la Corte Constitucional a partir de los autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en especial del Auto 219 de 2011, en torno a los derechos de verdad y justicia de las víctimas de desplazamiento forzado. 

AGENDA

El Castillo // 10 de octubre: 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Institución Educativa Ovidio Decroly

Puerto Esperanza // 11 de octubre: 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Salón Comunal

 


Desplazamiento, Meta, pueblo

Desplazamiento, el tema más documentado en los archivos

Noticia

Autor

CNMH

Fotografía

CNMH

Publicado

10 Ago 2017


Desplazamiento, el tema más documentado en los archivos

Desde 2015 hasta diciembre 2016, el Registro Especial de Archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica (READH) ha logrado registrar 1.126 archivos en el país. De estos, 783 archivos se refieren a desplazamiento forzado y se encuentran principalmente en los departamentos de Antioquia (144), Nariño (104), Santander (98) y Bogotá (87). Vea la infografía aquí


Los otros temas más documentados por los custodios de archivos de violaciones de derechos humanos son acerca de amenazas (643), homicidio (588), desaparición forzada (584), despojo (409), lesiones personales (404), detención arbitraria (379), asesinatos selectivos (334), violencia de género (320) y hostigamientos (309), entre otros que están igualmente identificados en los archivos registrados.

El READH es un mecanismo de protección implementado por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos del CNMH  que busca la identificación, localización e inscripción de archivos que refieran violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, y que documenten los hechos de violencia ocurridos en ocasión del conflicto armado interno, así como las acciones emprendidas por la sociedad civil en materia de garantías de los derechos humanos.

Entre los aspectos que indica el READH está el grado de riesgo en que se encuentran estos archivos, tanto por factores de tipo natural o intencional, de pérdida o destrucción. A la fecha, se han encontrado 337 archivos en riesgo medio, 75 en riesgo alto y 26 en altísimo.

Así mismo, la información consolidada por el READH hasta ahora permite inferir que los principales custodios de archivos de derechos humanos son personas naturales o familias, de los cuales el 97% son líderes y lideresas comunitarias, el 49% son amas de casa, el 44% son campesinos y otro 44% son profesionales, principalmente.

El Registro, además, detalla las poblaciones específicas a las que se refieren los archivos que atañen las violaciones de derechos humanos. De lo registrado hasta el momento, uno de los registros principales cuyos archivos han sido incluidos en el READH están referidos a poblaciones de mujeres, después de la población general. Los temas más documentados por organizaciones de mujeres, han sido: desplazamiento forzado (124), amenazas (94), desaparición forzada (94), homicidio (94), violencia de género (82) y violencia sexual (73).

Desde el 2015, el READH está siendo desarrollado por siete equipos regionales que cubren gran parte del país: Caribe, Noroccidente, Nororiente, Pacífico, Andino Central, Suroccidente y Centro Sur. En este registro están representados 189 municipios, capitales de departamentos, municipios, veredas y territorios afectados por el conflicto armado.  

Para continuar con el proceso de registro, ¡Ayúdanos a encontrar los archivos de los derechos humanos! Las personas o entidades que quieran hacer parte del READH pueden contactarnos diligenciando el formulario de contacto. Haz click aquí.

Publicado en Noticias CNMH


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Desplazamiento

Ser trans e indígena en Colombia: la historia de Andrea Meza

Noticia

Autor

Juan Pablo Esterilla Puentes

Fotografía

Daniel Sarmiento

Publicado

13 Sep 2018


Ser trans e indígena en Colombia: la historia de Andrea Meza

Fue víctima del paramilitarismo, se exilió en Europa y ahora es una líder reconocida de la comunidad LGBTI.


Una mujer transgenerista pide una y otra vez la palabra en una reunión en la Gobernación de Cundinamarca.

-Andrea usted ya habló cuando estuvo el presidente en Girardot.
-Correcto doctor Rey, cuando estuvo el presidente en Girardot. Yo estoy en Bogotá y usted no me puede impedir a mí el derecho a la participación y a la expresión, le exijo respeto doctor Rey. Desde el año 2016 le estoy pidiendo una cita por escrito con la población y no me la ha dado, estoy grabando y necesito saber si me la va a dar o no para poder tomar acciones.

(El gobernador saca su agenda)

-4 de septiembre a las 10:00 a.m.
-Mi Dios me lo bendiga, me lo proteja.

Andrea Alexandra Meza no para de trabajar. Desde que nació hace 61 años en el seno de una familia wayuu en la ranchería Puturumana I de la Albania, Guajira, la vida le ha dado tantas vueltas como ella se las ha dado a la vida. Ella, -persona mayor, indígena y transgenerista-, es una de las víctimas del conflicto armado interno que ha encontrado en el ejercicio del liderazgo y las resistencias, el sentido de su existencia.

“Nunca me imaginé que la guerra me iba tratar tan fuerte, fue duro porque tenía mis arraigos en el Guamo, Tolima. Casi me matan y perdí todo. Salí estilo delincuente a las dos de la mañana y mi pareja no sé dónde quedó”, asegura Meza con voz quebrantada. Ese 29 de agosto, los cuatro sujetos armados que llegaron en dos motos de alto cilindraje a su peluquería, le reventaron la boca, le partieron el tabique y le dieron un calibrazo en la cabeza con una pistola 9 milímetros, fueron los responsables de inscribir en Andrea, una de las tantas formas de violencia y exclusión a las que se enfrentan la población LGBTI.

Tal y como lo sugiere uno de los testimonios que se recogió para la elaboración del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), “Aniquilar la Diferencia”, publicado en 2015, la guerra “impidió” que la población LGBTI amara. Según el Registro Único de Víctimas y con fecha de corte del 31 de julio de 2015, se identifican 1.795 personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, que han sufrido alguna manifestación de violencia por parte de actores armados. A ellas, se les ha quitado desde la posibilidad de amar a quien desean, hasta se les ha obligado a esconderse para evitar la violencia por el hecho de ser quienes son, por ejemplo.

Andrea llegó a Bogotá y buscó refugio en el barrio Diana Turbay de la localidad Rafael Uribe. Sin embargo, al cabo de tres meses, -tiempo en el que además ya había logrado encontrar un trabajo en una peluquería-, el Bloque Tolima la ubicó nuevamente y no dejó espacio para dudas.

– “¿Usted qué hace aquí? se tiene que ir, pasamos en dos horas y si está ya sabe”. Hoy, desde la tranquilidad que le da el no sentirse perseguida por grupos armados ilegales, Andrea encuentra parecida esa frase que le dijeron, con otras que personas LGBTI recibieron durante los años noventa e inicios de los 2000, época en la que el conflicto se exacerbó en todo el país y afectó de manera diferencial a su comunidad.

“Para ellos, los de la costa, fue duro. Lo hemos hablado y hubo muchas violaciones a personas de la comunidad en los Montes de María, por ejemplo. A las lesbianas las abusaban para que supieran qué es ser mujer y a los gais los hacían desfilar desnudos por las calles. Algunas fueron empaladas en Sucre y Córdoba. Las admiro porque fue un gran acto de resistencia mantenerse en el territorio estando los actores armados ahí mismo y diciéndoles – ¡ah maricón! ¿no te valió? ¡Te voy a matar!”. Detrás de esas violencias que pretendían “enseñar” con el abuso lo que es “ser mujer” está la heteronormatividad, es decir, “la imposición tácita pero inequívoca de normas que regulan la identidad de género y la orientación sexual de las personas, construyendo un “otro” o una “otra”.

Pero ¿cuál fue el acto de resistencia de Andrea ante esa nueva amenaza? Comprometerse a pagarle treinta millones a una amiga que le prestó quince, empacar maleta, cruzar el charco hasta París, y en últimas afrontar que era nuevamente desplazada. “No fue fácil la salida del país, implicaba aceptar que ya no tendría nada. Llegué a Europa a ejercer la prostitución, cosa que no es dulce. Pararse uno en la calle a menos 5 o menos 10 grados con un abrigo hacia atrás para poder vender, ser humillada por lasnmismas personas LGBTI que para poder dormir en el piso con unos cojines me cobraban 500 euros, y cuidarme de gente que me quería robar lo que me hacía, o de clientes de todo tipo: agresivos, borrachos, ladrones, era muy duro”, sostiene.

Según cifras del Registro Único de Víctimas, el desplazamiento forzado es el hecho victimizante de mayor ocurrencia contra la población LGBTI (1.606 afectaciones), seguido por las amenazas (362 victimizaciones declaradas).


Luego de casi una década, Andrea regresó al país. Lo hizo justo cuando en sus palabras, “el boom de tratamiento a las víctimas” empezaba a emerger. Así pues, al cabo de un tiempo se dirigió a la ya instaurada Unidad de Víctimas para relatar las violencias que sufrió. En Colombia, el Formato Único de Declaración para la Solicitud de Inscripción en el Registro Único de Víctimas, solo incluyó hasta el año 2012, categorías de registro que permiten hacerle un seguimiento a las víctimas de los sectores sociales LGBTI. Bases de datos anteriores a este año como el Sistema de Información de Población Desplazada no incluían la variable de orientación sexual e identidad de género.

El destino inicial de Andrea para rehacer su vida sería nuevamente el Guamo, pero las condiciones de seguridad allí y en otros municipios del Tolima como Saldaña, no eran las más seguras. A las trans literalmente les “estaban robando lo que no se habían comido” con las extorsiones que les realizaban reductos del paramilitarismo. La Unidad reconocería en 2013 a Andrea Alexandra Meza como víctima y a partir de ese mismo año ella decidió radicarse en Girardot, Cundinamarca.

Sin embargo, rehacer su vida siendo transgenerista y ahora siendo persona mayor, no ha sido fácil. Tal y como se narra en el reciente Informe “Ojalá Nos Alcance la Vida” del Centro de Memoria Histórica con apoyo de la organización HelpAge International y liderado por la Corporación Asuntos Mayores (COASUMA), la exclusión y la discriminación, así como los prejuicios y estereotipos vinculados con la vejez y el envejecimiento, ubican a las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad y desigualdad social. “Yo como víctima, como población LGBTI, como indígena y como persona mayor no he visto la primera ayuda del Estado colombiano para mí, he presentado proyectos y no pasa nada”.

Andrea, la de porte indiscutible y energía inagotable, considera que las personas víctimas deben recibir más que conmemoraciones y mercados. Y es que precisamente ha sido, por ejemplo, desde la veeduría a esas iniciativas del Estado, -entregar mercados y conmemorar a las víctimas en actos cívicos-, que Andrea ha “levantado ampolla” con sus cuestionamientos; los cuales a la postre la han convertido en blanco de nuevas discriminaciones.

“Yo me levanté, pedí la palabra y dije: -doctor Villalba, yo quiero pedirle el favor que no se vaya a repetir lo que se ha venido repitiendo en años anteriores en cuanto a las ayudas. Los frijoles, la cebada, la avena y los atunes tienen gorgojos, quiero que se tomen los correctivos porque entre 2013 y 2015 se nos intoxicaron las víctimas-”. Como la Secretaria de Educación había sido la Secretaria de Gobierno durante los años de las conmemoraciones que critiqué, ella se paró y la cogió contra mí. –“Lo que está diciendo el señor Andrea no es cierto, el señor Andrea quería enlodarnos la fiesta, no tenemos la culpa que el señor Andrea no le gusten los payasos-”.

Ante el ataque de la Secretaria, Andrea no encontró respaldo alguno entre las personas que habían asistido a ese comité de justicia transicional del 2016 en Girardot, nadie se indignó por la ridiculización de la que fue objeto. Andrea no calló y actuó. “Doctora Sandra le exijo respeto porque yo salí hace muchos años del closet, tengo mucha autoestima, me quiero mucho y valgo mucho. Yo no entiendo usted porque me dice señor si estoy maquillada y no tengo barba ni bigote. Mañana mismo la denuncio ante la Fiscalía”. Y así sucedió.

A PRUEBA DE TODO, DESDE SIEMPRE

Barranquilla, Colombia, 1975.

-Ropa al piso.
– ¿Jueputa y ahora?

Andrea se quitó el camibuso, se bajó el pantalón y los interiores. Tan pronto se agachó, los demás de las filas empezaron a murmurar y ella corrió a taparse los senos. La señora miró el papel y la miró.

-Parese en la punta de los pies, (le hace presión con un dedo en ambos testículos y escribe apto).
-Doctora yo soy homosexual.
-Eso es piedrilla, en el Hospital Militar lo operan y queda un “monazo”.

A pesar de que inicialmente Andrea fue engañada, pues un militar -al que le había dado su confianza-, le mintió diciéndole que fuera al Batallón con un par de papeles para “sacarle la libreta”, hacer no solo el curso de suboficial sino completar ocho años al interior de la institución, fue algo que se convirtió en motivo de orgullo para ella. “La población LGBTI está preparada para todos los riesgos, no se le arruga a nada, si le toca tirar machete lo hace. Dependiendo la adversidad nos desenvolvemos, somos como el camaleón, ningún obstáculo nos queda grande. Yo tenía las fotos de mi paso por la Fuerza Pública y las tenía colgadas con orgullo en mi salón en el Guamo; esa soy yo les decía a mis clientes”.

De aquella formación castrense Andrea también recuerda, y se le dibuja una sonrisa en la cara, la estricta disciplina con la que ejercía sus funciones entre semana, pero también la libertad que tenían los fines de semana. “Yo tenía mi apartamento afuera. El viernes me entraba al edificio, me arreglaba, maquillaba, me ponía mis vestidos y pelucas, y rumbeaba diagonal al batallón con oficiales y suboficiales. Todo el mundo me conocía como Alexandra, yo me armaba el cuerpo con espuma y medias, ellos no me reconocían”, agrega.

Dentro de sus luchas de activismo, y por la generación y preservación de la memoria de personas LGBTI víctimas, se ha encontrado con violencias en su contra de quienes nunca pensó. “El respeto nos lo hemos ganado las transgeneristas con sangre, con golpes, nosotras mismas nos hemos hecho respetar por la sociedad. Las luchas de la población LGBTI las inician son siempre las mujeres transgeneristas reclamando sus derechos. Esto no nos lo reconoce la propia comunidad; los gais no quieren ver transgeneristas, las lesbianas tampoco, pero a nosotros nos ha tocado abrir los espacios y no en vano casi siempre se escucha -matan a mujer trans, matan a mujer trans, matan a mujer trans”.

Siempre que Andrea necesita volver a coger impulso sencillamente vuelve a la raíz, a los días de infancia en la Guajira en los que “vivía en un territorio prácticamente nómada”, sin cerca alguna y con una comunidad que siempre respetaba las decisiones de todos, la suya de ser mujer también. La Andrea de los 61 abriles a sus espaldas es en últimas la misma que recibió a los 15 el espaldarazo de su pueblo para “seguir volando”, la que se fue a vivir primero con una familia Arijuna a Maicao y la que terminó viviendo luego en ciudades y países tan distantes como Aruba, Francia, Popayán y Valledupar.

Andrea regresó a Colombia para seguir cuestionando, más cuando siente que todavía hay tanto por hacer por la población, su población LGBTI. “Yo solo quiero que nos valoren a todos como seres humanos que somos, que no nos discriminen ni nos menosprecien por el enfoque diferencial al que pertenecemos. En cuanto a los gobiernos que se nos dé la oportunidad también de superarnos como se les da a todos los heterosexuales. Que tengamos la oportunidad de poder estudiar, de poder ser profesionales. Somos gente buena y tenemos mucho talento”, concluye.

* Este artículo hace parte de Divergentes, un proyecto sobre movilización y organizaciones sociales del portal ¡PACIFISTA! 
Copyright: http://www.pacifista.co/ser-trans-e-indigena-en-colombia-la-historia-de-andrea-meza/

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Bloque Calima, Conflicto, DDHH, Desplazamiento, LGBTI, Reparaciones Colectivas, Transgénero, Víctimas

La comunidad de Pogue está en riesgo de un nuevo destierro

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CNMH

Publicado

16 May 2018


La comunidad de Pogue está en riesgo de un nuevo destierro

de Memoria Histórica (CNMH) alertamos a la Dirección de Víctimas de Quibdó, a la Unidad para las Víctimas (a nivel nacional), la Defensoría del Pueblo, y a todas las entidades pertinentes, del riesgo inminente de destierro de las familias de la comunidad de Pogue en Bojayá. Los últimos eventos violentos ocurridos en la comunidad tienen a las familias con temor a denunciar los hechos y en preparación para su desplazamiento a territorios cercanos donde se garantice su supervivencia. Solicitamos la presencia de los funcionarios respectivos para atender esta emergencia.


“Oiga señor Presidente
Hágasenos para acá
Y con esos otros grupos
Díganos qué va a pasar[…] 

Estribillo extremo a extremo
Nosotras queremos paz
Y por estas alabanzas
Es que hemos venido acá 

Oiga señor Presidente
Hágasenos para acá
Y con esos otros grupos
Díganos qué va a pasar 

Estribillo extremo a extremo
Nosotras queremos paz
Y por estas alabanzas
Es que hemos venido acá”

(Fragmento alabado por la paz, Grupo de alabadoras de Pogue-Bojayá, Chocó – Firma del acuerdo final de Paz con las FARC: Septiembre 26/2016)

 

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los municipios de Bojayá y Medio Atrato en el departamento de Chocó y Vigía del Fuerte en Antioquia, fueron declarados pueblos en riesgo por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en 2017, esto debido a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco de las amenazas promovidas por parte de grupos armados ilegales de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), hacia estos territorios que anteriormente eran asediados por la guerrilla de las FARC. En estos municipios de la región del Medio Atrato se presenta una alta probabilidad de confrontación armada y de destierro de las comunidades afrocolombianas pertenecientes al Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA) y de los resguardos indígenas de estos municipios. 

El pasado 15 de mayo de 2018, la comunidad de Pogue recibió una amenaza de destierro por parte de grupos ilegales que están alterando el control de los territorios, les tienen imposibilitada la comunicación, la movilización y han amenazado a varios de sus líderes y lideresas sociales. Esta situación es problemática porque atenta contra los derechos humanos territoriales y colectivos de las comunidades negras y pueblos indígenas del Medio Atrato. Ante esta lamentable noticia se les solicita a las autoridades su oportuna gestión con el fin de impedir daños sobre la población. 

Es fundamental recordar que el 2 de mayo de 2002 la comunidad de Bojayá sufrió una de las más terribles masacres del conflicto armado colombiano. Ese día guerrilleros de las FARC durante un enfrentamiento con las AUC, lanzaron un cilindro-bomba que impactó la iglesia de Bellavista, cabecera municipal, donde se refugiaba la comunidad. Esta acción terminó con la vida de aproximadamente 79 personas, dejó alrededor de 100 lesionados y causó el desplazamiento de 1.744 familias. Del fatídico suceso el 70% de las víctimas eran descendientes de Pogue-Bojayá. 

Conozca de la importancia estratégica de Pogue – Bojayá:

Conozca de la importancia simbólica de Pogue-Bojayá en el contexto de post acuerdo en el documental: Voces de Resistencia Volumen 1: Cantadoras de Pogue:

#AlertaenBojayá

 

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Bojayá, Desplazamiento, Pogue

“En los zapatos de los Embera Chamí”: una iniciativa contra la discriminación

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Rubiela Castelblanco

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Rubiela Castelblanco

Publicado

16 Nov 2018


“En los zapatos de los Embera Chamí”: una iniciativa contra la discriminación

Con este proyecto de memoria histórica, la profesora Rubiela Castelblanco logró que sus alumnos Embera Chamí del Instituto Puerto Pinzón, de Puerto Boyacá, tejieran relaciones de confianza con sus compañeros, y les enseñara el valor de la diversidad.


Si hubiera que darle nuevas definiciones a la palabra voluntad, quizás una de ellas sería Rubiela Castelblanco. Esta mujer, nacida en Boyacá y licenciada en ciencias sociales de la educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, está poniendo su granito de arena en la construcción de paz en el municipio de Puerto Boyacá, a través de la memoria histórica. Su finalidad: contribuir, como lo dice su proyecto de aula, a que “nos pongamos en los zapatos del otro”, en los zapatos de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad Embera Chamí que habitan el corregimiento de Puerto Pinzón, en Puerto Boyacá (Boyacá).

Luego de un largo proceso con la Secretaría de Educación de Puerto Boyacá, Rubiela fue seleccionada hace cinco años para ser el reemplazo de un colega que dictaba clases en la Institución Educativa Puerto Pinzón. Una vez empezó a tener contacto con sus alumnos, la profesora se dio cuenta de la situación de discriminación por la que pasaban los estudiantes Embera Chamí, quienes diariamente tienen que recorrer un camino de dos horas para llegar al centro educativo.

En esos encuentros iniciales surgió “En los zapatos del otro”, un proyecto de aula que busca que los estudiantes de esta comunidad indígena puedan salvaguardar sus memorias y que sus compañeros (a quienes los Embera llaman, con cariño, “los blancos”), comprendan el valor de la diversidad y aprendan a respetar la diferencia.

Su iniciativa tomó fuerza cuando empezó a trabajar con algunas de las publicaciones compiladas en la “Caja de Herramientas: Un viaje por la memoria histórica: aprender la paz y desaprender la guerra”, un conjunto de metodologías y de secuencias pedagógicas creada por el Área de Pedagogía del Centro Nacional de Memoria Histórica, que tienen como objetivo abrir discusiones sobre la memoria histórica del conflicto armado colombiano en el ámbito escolar.

Uno de los libros clave para el proyecto de la profesora Rubiela fue “Portete: el camino hacia la paz, el reconocimiento de nuestra diversidad”. Con él, ha hecho un proceso de reconstrucción de memorias plurales, complejas, y a veces contenciosas, que ha contribuido a que sus estudiantes reconozcan la riqueza étnica que hay en nuestro país y los factores que ponen en riesgo la supervivencia material y cultural de los pueblos étnicos.

Las memorias de los alumnos Embera de la profesora Rubiela dan cuenta de las formas de exclusión y violencias que, durante más de 60 años del conflicto armado, padecieron de manera más aguda los pueblos indígenas. “Muchos de ellos o sus familias han vivido el desplazamiento y la violencia en departamentos como Risaralda y Chocó. Es duro escuchar esas voces de desarraigo de la tierra, de las afectaciones por la minería; de familias separadas porque los padres decidieron enviar a sus hijos a otras partes, para que no sean reclutados o no tenga que sembrar coca”, asegura Rubiela.

Con “Ponte en mis zapatos” la profesora Rubiela quiere fortalecer la empatía en sus estudiantes, para que puedan establecer lazos de confianza con ella y sus compañeros, y se sientan libres de compartir sus costumbres, vivencias, arraigos, las marcas que les ha dejado el conflicto y las formas que han encontrado para resistirlo. En palabras de Rubiela, este proyecto de aula lleva implícito el mensaje de que “todos somos diferentes, pero, al fin y al cabo, hermanos”.

Actualmente en la institución educativa hay 15 niños Embera: once en primaria, tres en grado sexto y Dagoberto, el único estudiante Embera de grado noveno. “Todos lo respetan. De cariño le decimos ‘el líder’ y es nuestro intérprete. Me parece valioso que él nos dicte clases a nosotros en su lengua”, sostiene Rubiela.

“Esos niños que antes se sentían excluidos, tienen muchos conocimientos y aportes para convertirse en agentes de paz”, afirma la profesora Rubiela Castelblanco, sobre sus alumnos Embera.

 

En el ánimo de seguir retroalimentando su iniciativa, la profesora Rubiela Castelblanco asistió a “Memorias que transforman: encuentro nacional de redes y experiencias educativas para la construcción de paz”, un evento que reunió en Bogotá a más de 350 estudiantes y profesores de colegios y universidades de 21 departamentos, para compartir iniciativas sobre construcción de paz y memoria, utilizando estrategias pedagógicas e investigativas.

Fue en ese espacio -que duró tres días-, que Rubiela me compartió un llamado que otros participantes también sugirieron: es necesario que los ejercicios de memoria histórica y construcción de paz, impulsados en las escuelas, estén acompañados por estrategias de cuidado emocional. La docente recuerda que en una oportunidad decidió hacer una mesa redonda con sus estudiantes de grado noveno. En ella, cada uno de los alumnos debía sugerir a quién querían perdonar en sus vidas: desde su círculo familiar, pasando por ellos mismos y por personas a las que no les conocen el rostro, pero que les causaron daño a ellos o a sus familias. Allí, la profe Rubiela entendió la necesidad de utilizar mecanismos para que no se abran nuevas heridas.

La profesora Rubiela ha hecho constantes viajes al resguardo indígena Embera para familiarizarse con las costumbres Chamí y con sus principios, como la armonía con la naturaleza. Así, ha recogido más herramientas para facilitar la interacción con sus alumnos que, antes de este proceso, se sentían discriminados por sus compañeros. Hoy el escenario es otro. Los indígenas están ganando espacios de liderazgo, con actividades como enseñarles a otros estudiantes a fabricar manillas y collares. En últimas, lo que esta docente espera, es contribuir a que jóvenes como Dagoberto y los demás Embera puedan convertirse en la nueva generación de dirigentes de su comunidad.

 

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Caja de Herramientas, Desplazamiento, Educación, Embera Chamí, Memoria Histórica, Pedagogía, Portete, Puerto Boyacá

Comunicado a la opinión pública con ocasión de La Minga Indígena del Chocó en Bogotá

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ONIC

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ONIC

Publicado

14 Nov 2018


Comunicado a la opinión pública con ocasión de La Minga Indígena del Chocó en Bogotá

El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Organización Nacional Indígena de Colombia, hacen un llamado para que se dé atención y se abra el diálogo con los indígenas Embera, Woainaan y Zenú que marcharon hasta Bogotá para reivindicar sus derechos.


Como plataforma de la voz de las víctimas del conflicto armado y, en este caso especial, la de los pueblos indígenas de Colombia, el Informe Nacional de Pueblos Indígenas y el enfoque Étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), llamamos la atención sobre la difícil situación que atraviesan los más de 450 indígenas del Chocó que marcharon hasta la ciudad de Bogotá.

Las cifras recogidas por el CNMH y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) dan cuenta de la histórica y profunda crisis en la que han vivido los pueblos Embera, Woaunaan y Zenú, que hoy se concentran en Bogotá para reivindicar la vida digna en sus territorios. Según los datos recogidos en el registro de afectaciones a pueblos indígenas que hará parte del próximo Informe Nacional de Pueblos Indígenas, entre 1959 y el 2017, en estas comunidades se han registrado 36.453 casos de victimización por diferentes modalidades, siendo la más recurrente el desplazamiento, lo que refleja el impacto desproporcionado del conflicto sobre estas poblaciones que han estado en el centro de los intereses de grupos armados.

Hoy estos pueblos están atravesando una emergencia humanitaria, que devela nuevas formas del conflicto armado y su proyección en el tiempo; además del reiterado incumplimiento de acuerdos con las comunidades indígenas, que no encuentran más opción que movilizarse pacíficamente para reivindicar sus derechos.

Tras su llegada a la capital el domingo 11 de noviembre, no puede ser la indolencia institucional la estrategia para superar la riesgosa situación que enfrentan niños, niñas, mujeres y hombres poco acostumbrados a la ciudad y sus duras condiciones. Hacemos un llamado para que a través del diálogo y la concertación se provean las garantías necesarias para la negociación teniendo claro que, ante cualquier situación, es deber del Estado velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos en su conjunto.

 

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Bogotá, Chocó, Desplazamiento, Embera, Gobierno Nacional, Indigenas

Las 33 masacres que devastaron a San Carlos

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CNMH

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Publicado

10 Jul 2019


Las 33 masacres que devastaron a San Carlos

Un 10 de julio de hace 15 años las Farc mataron a siete campesinos en San Carlos, Antioquia. Esa fue solo una de las 33 masacres que guerrilleros y paramilitares cometieron en menos de una década en ese municipio.


Después de casi tres años de total abandono, el corregimiento Samaná, en San Carlos, Antioquia, volvió a ser habitado a principios de 2004. Unas 70 personas, que habían huido de sus tierras por culpa de la violencia, creyeron que ya era seguro retornar. Pero no fue así: el 10 de julio, cinco meses luego de su regreso, siete campesinos fueron masacrados por guerrilleros del frente IX de las Farc.

“Se llevaron a todos los hombres, a las mujeres no, y dijeron que si nos poníamos a hacer mucho escándalo que nos mataban a todos por parejo… pero mataron fue a los hombres, que porque estaban cultivando, estaban trabajando en las tierras…”, nos contó una mujer durante la investigación de nuestro informe San Carlos. Memorias del éxodo en la guerra. El miedo forzó a desplazarse a 413 personas.

Ese municipio del oriente antioqueño, ubicado en la zona de embalses que produce una tercera parte de la energía del país, tiene una larga historia de sangre derramada: solo entre 1998 y 2005, los sancarlitanos fueron víctimas de 33 masacres, que dejaron 205 muertos. De esas, 23 fueron cometidas por paramilitares, 6 por las Farc y las demás por grupos sin identificar. Además, en ese mismo periodo, hubo 126 víctimas de asesinatos selectivos, 156 de desapariciones forzadas y 78 de minas antipersonal.

Te invitamos a conocer más acerca del informe “San Carlos. Memorias del éxodo en la guerra

Hasta antes de 1998, los habitantes de San Carlos recuerdan la presencia cotidiana de las guerrillas: dormían en sus casas, les pedían comida, les robaban animales. Pero la situación empezó a complicarse tras la llegada de los paramilitares en 1999. La guerrilla, que se sintió acosada, empezó a aumentar los retenes, los robos, las minas, los secuestros, las amenazas y los asesinatos selectivos. Y los paramilitares, para desplazar a la guerrilla e implantarse en el territorio, expusieron también su peor repertorio violento.

En nuestro informe explicamos que las masacres fueron parte esencial de la guerra en San Carlos por tres razones. Primero, por su intensidad y persistencia: muchas en muy poco tiempo. Segundo, por el exceso de violencia, la crueldad y en algunos casos la sevicia. Y tercero, por su potencial comunicativo para amplificar el terror. También identificamos tres tipos de masacres: en las que los habitantes fueron convocados y luego asesinados en público, en las que los armados recorrieron rutas del terror por varias veredas y en las que los victimarios instalaron retenes y “lista en mano” buscaron a sus víctimas.

Para los paramilitares, dice la investigación, se trataba de romper lazos sociales y “demostrarle a la población local la incapacidad de la guerrilla para protegerlos y la vulnerabilidad del territorio bajo su control”. Mientras que para la guerrilla las masacres “eran estrategias militares decididas y pensadas como retaliación frente a acciones de los paramilitares”.

La población civil, de poco más de 25 mil habitantes, quedó en medio de esa disputa, en una época recordada por las víctimas como “la guerra total”. Fue tan grave que, según cifras del Registro Único de Víctimas, casi 18 mil personas se desplazaron entre 1998 y 2005. “El desplazamiento fue una estrategia directa que los diferentes grupos armados emplearon para generar el desalojo y obtener el control de territorios con alto valor geoestratégico en el marco de la confrontación armada, o para desterrar a quienes consideraban enemigos directos o colaboradores del bando contrario”, explicamos en el informe.

Te invitamos a conocer el documental “Memorias del éxodo en la guerra

Ante la devastación del territorio, el exterminio del movimiento cívico y la violencia contra líderes y personas del común, los habitantes de San Carlos buscaron formas individuales y colectivas para resistir o sobrellevar el dominio de los grupos armados: usar los espacios a horas determinadas, adoptar lenguajes cifrados para comunicarse, acudir a su tradición religiosa, no entregar las escuelas a los armados, tratar de negociar con sus victimarios y hasta conformar grupos para enfrentarlos directamente.

También, a medida que pudieron retornar, crearon iniciativas de memoria histórica y reconstrucción del tejido social. Una de las más importantes fue el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE), un lugar de memoria que la comunidad creó en 2008 en un edificio que había sido usado por paramilitares y narcotraficantes. A ese lugar se le suman otras iniciativas, como jardines de memoria o mingas muralistas, con las que los habitantes de San Carlos le apuestan a comprender y resignificar lo que pasó en la guerra.

 


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