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Lugares del horror y la memoria: claves del informe sobre el Bloque Catatumbo

«En Urabá no hay resistencia, hay berraquera»

Autor

CNMH

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Hornos de Juan Frío durante inspección judicial. Fotografía suministrada por La Opinión al CNMH.

Publicado

2 enero 2024


Lugares del horror y la memoria: claves del informe sobre el Bloque Catatumbo

La más reciente investigación del CNMH reconstruye la historia del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, que operó en 30 municipios de Norte de Santander entre 1999 y 2004.

 

En la larga historia del conflicto armado en el departamento de Norte de Santander ―ubicado al nororiente colombiano, en la frontera con Venezuela―, sobresalen los impactos humanitarios producidos por el Bloque Catatumbo (BC) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Una estructura compuesta por cuatro frentes desplegados en 30 municipios, bajo el comando de Jorge Iván Laverde Zapata, conocido como el Iguano.

Para aportar al esclarecimiento de los crímenes perpetrados por esta estructura, el Centro de Nacional de Memoria Histórica (CNMH) acaba de presentar en Cúcuta su más reciente informe: Memorias de sobrevivientes al Bloque Catatumbo, compuesto por dos tomos. La investigación hace parte de una serie sobre el origen y la actuación de los grupos paramilitares en las regiones, que reúne centenares de testimonios de excombatientes vinculados al Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad ―entre otras fuentes―.

El tomo I, titulado El estallido de un trueno ajeno, reconstruye la historia del BC, que operó entre 1999 y 2004, cuando se desmovilizó como resultado del proceso de negociación entre las AUC y el Gobierno colombiano. El documento detalla las estructuras y formas de operar de los frentes La Gabarra, Tibú, Fronteras y El Tarra.

 

 
 
 
 
 
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El tomo II, Guerra sin fronteras, resistencias sin límites, está centrado en los daños que el BC produjo en la sociedad nortesantandereana, pero también en las estrategias de afrontamiento de familias, comunidades y organizaciones. Estas últimas, situadas en el marco de la justicia transicional existente, la recomposición de formas organizativas y el impulso de acciones territoriales de memoria.

Entre muchos de sus aportes, el informe se destaca por la documentación de los espacios donde se violentaron y ocultaron los cuerpos de las víctimas; bienes civiles  ―rurales y urbanos, privados y comunitarios― empleados como centros de tortura, asesinato, inhumación y cremación. Además, registra aquellos lugares que han sido renombrados, resignificados y erigidos como monumentos en memoria de las víctimas.

Los sitios del horror

El BC ha sido reconocido públicamente por incinerar los cuerpos de sus víctimas. En una antigua fábrica de ladrillos ubicada en el corregimiento Juan Frío, en el municipio Villa del Rosario, varias decenas de cuerpos ―previamente inhumados― fueron cremados en hornos para evitar que fuesen descubiertos por la Fiscalía General.

 

Además de esos hornos ―recientemente intervenidos por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas― el informe del CNMH documentó la existencia de otros lugares de incineración a cielo abierto: las fincas Pacolandia, de Cúcuta; y Aguasucia, ubicada en inmediaciones del río Táchira.

 

Consulte aquí el El estallido de un trueno ajeno

 

Los ríos de la región también fueron usados para la desaparición de las víctimas. Al respecto, el informe señala: “Los principales ríos convertidos en acuafosas fueron los ríos San Martín, Campo Tres, Oro, Tarra, Zulia, Sardinata y, por supuesto, Catatumbo. En este último se establecieron puntos frecuentes de desaparición forzada”.

 

Ruinas de calabozo paramilitar en la base El Sesenta. Fotografía de Jhon Jairo Jácome para La Opinión y suministrada al CNMH.

 

Los paramilitares, además, establecieron centros urbanos de detención, tortura y asesinato: en La Gabarra, la base paramilitar El Sesenta y una casa ubicada en el barrio Once de Noviembre; en Tibú, “la casa de los enfermos”; en El Tarra, las residencias El Popular, El Capri y América; y en Las Mercedes (Sardinata), la Cantina Verde.

La destinación de viviendas y bases paramilitares para la perpetración de graves crímenes ocurrió «en prácticamente todos los municipios donde tuvo control el BC», según el informe. La Cúcuta urbana no fue la excepción; parqueaderos ubicados en el sector de Alejandría fueron usados como sitios de retención, mientras un sector de la central de abastos que se encontraba desocupado fue utilizado como lugar de torturas y ejecuciones.

 

Consulte aquí Guerra sin fronteras, resistencias sin límites

 

Espacios de uso comunitario también fueron usados por los paramilitares para arrojar los cuerpos de sus víctimas, lo que produjo temor en la población y restringió su uso. Así ocurrió con una cancha de fútbol ubicada en el barrio Cerro Norte, de Cúcuta, nombrada como El Chulo por la frecuente aparición de cadáveres. El sitio conocido como La Virgen, en Sardinata, también «fue convertido en una zona de ejecución y de abandono de cadáveres», de acuerdo con la investigación.

Lugares de memoria

Algunos de los sitios donde el BC perpetró graves crímenes han sido apropiados, renombrados y resignificados por organizaciones y comunidades de la región, tal como destaca el informe del CNMH.

Es así como en distintos municipios se han erigido placas y monumentos en memoria de las víctimas: en La Gabarra, en el sitio donde funcionó la base El Sesenta; en Sardinata, en la Virgen de la Ye, la Casa de la Cultura y el cementerio del corregimiento Las Mercedes; en El Tarra, en el parque principal; y en Cúcuta, en la central de abastos.

 

Memorial por las víctimas en el cementerio del municipio de Sardinata. Fotografía de Camilo Villamizar Hernández para el CNMH.

 

Otros lugares han sido renombrados. La cancha El Chulo se llama hoy cancha de La Paz; una asociación cultural de El Tarra lleva el nombre del exalcalde José de Dios Díaz Núñez, asesinado por el BC en 2003; y el frigorífico de Sardinata fue llamado Félix María Hernández Casas, en honor al pesero asesinado por paramilitares en 2000.

 

Lea también: 14 042 desmovilizados de grupos paramilitares han aportado a la memoria histórica

 

Las comunidades también han destinado lugares para la construcción de memoria y la documentación de violaciones a los derechos humanos. Es el caso de la Casa de la Memoria de El Aserrío, en Teorama; y las tres Casas de Derechos que existen en el Catatumbo.

 

La investigación del CNMH destaca el “insuficiente acompañamiento del Estado” a las iniciativas de memoria de los municipios donde operó el BC, donde existen importantes demandas de la comunidad para dignificar la memoria de las víctimas en el espacio público.

Otros hallazgos

Los dos tomos de Memorias de sobrevivientes al Bloque Catatumbo contribuyen al esclarecimiento de las alianzas entre el BC y agentes estatales, las fuentes de financiación de esa estructura paramilitar y los crímenes perpetrados contra la población civil.

Haciendo uso de múltiples fuentes, la investigación concluyó que «este grupo paramilitar tuvo como uno de sus patrones de macrocriminalidad el arrasamiento de caseríos completos», lo que fracturó la economía campesina y habilitó la siembra de grandes extensiones de palma de aceite.

Esta publicación se suma a otros aportes realizados por el CNMH para la reconstrucción de la memoria en Norte de Santander. Entre ellos, Hacer la guerra y matar la política. Líderes políticos asesinados en Norte de Santander (2014), Con licencia para desplazar. Masacres y configuración territorial en Tibú, Catatumbo (2015) y Catatumbo: memorias de vida y dignidad (2018).


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Bloque Catatumbo, Catatumbo, Desaparición Forzada, hornos crematorios, Informes, Investigaciones, Norte de Santander, Paramilitares, Paramilitarismo

Un informe necesario

Noticia

Autor

CNMH

Fotografía

CNMH

Publicado

28 Nov 2014


Un informe necesario

Alrededor de 100 personas se dieron cita el pasado 24 de noviembre en la Universidad ICESI para presenciar lanzamiento del informe “Patrones” y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960 – 2012).


El evento inició con la proyección de un corto que parte de la serie “La tierra en las venas”, el cual atestigua el desplazamiento, el despojo de tierras y la resistencia en el Urabá antioqueño.

Finalizada la proyección, el Dr. Jerónimo Botero, decano de la facultad de derecho y ciencias sociales de la universidad, agradeció al CNMH por la realización del evento y afirmó que existen grupos de profesores que están muy interesados en estos temas y que desean participar, no solo en su estudio e investigación, sino en la búsqueda de soluciones.

Posteriormente, John Jairo Rincón, relator del informe e investigador del CNMH, hizo un recuento de lo que fue la realización del informe y cuáles fueron sus principales hallazgos. Insistió en que el propósito de esta publicación era recrear y reconstruir las dinámicas de violencia que afectaron a la población campesina en esta subregión del Valle del Cauca; se trata de un recuento histórico que permite entender la estructuración socioeconómica en el centro y norte del Valle desde 1960 a 2012. “Entender cómo se configura un orden regional en el centro del Valle del Cauca: ¿quién manda? ¿Cómo manda? Y ¿Por qué mata?”, dijo. Además, aseguró que la referencia principal para la elaboración de este trabajo fue la versión de la población víctima, la cual se reconstruyó a través de entrevistas y de sus propios testimonios. Aquí es importante destacar que estas dinámicas de violencia no solo victimizaron a la población campesina, sino también a los indígenas y afros.

Por su parte, Inge Helena Valencia, Directora del Programa de Antropología de la Universidad ICESI, insistió en la importancia de entender la relación tierra – violencia para poder comprender las lógicas del conflicto porque el despojo no es otra cosa que una pérdida de autonomía, de poder y de organización. “Debemos pensar en la visibilidad/invisibilidad de los campesinos. Este informe los visibiliza, los nombra como actores en estas dinámicas”, aseguró.

Seguidamente, los y las lideresas provenientes de diversas regiones del Valle del Cauca tomaron la palabra. Orlando Buriticá afirmó que desde que los alzados en armas se hicieron dueños del territorio, los campesinos decidieron reorganizarse para recuperarlo. “Nosotros somos un centro muy importante: construimos paz, comida y empleo, pero el gobierno no nos tiene en cuenta”, dijo.

Luz Stella Tumiñán dijo que los indígenas y afro también son campesinos y comparten el mismo territorio, y todos unidos han tratado de lograr el reconocimiento que merecen. “La lucha no debemos verla separada, la debemos hacer en conjunto”, aseguró, pues, según sus palabras, con hambre no hay paz.

Finalmente, Orlando Naranjo aseguró que el informe era otra forma de reparación simbólica y un gran avance en esa búsqueda incansable por la verdad, la justicia y la restitución de los derechos de las víctimas, pero, comentó, aún queda mucho camino por recorrer. Invitó a los estudiantes para que visiten las organizaciones para conocer sus procesos y su memoria, esa que nos pertenece a todos.

Para finalizar, Joaquín Emilio Agudelo cantó a capela dos canciones colombianas que hicieron alusión a la violencia bipartidista vivida en los años 50 – 60.

* Descargar informe “Patrones” y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960 – 2012).

 


Informes, tierra, Valle del Cauca

Con luz de esperanza se lanzó el informe de Buenaventura

Noticia

Autor

Tatiana Peláez

Fotografía

César Romero

Publicado

09 Jun 2015


Con luz de esperanza se lanzó el informe de Buenaventura

Buenaventura amaneció sin luz el domingo 31 de mayo. Las Farc habían derribado la torre 17 que proveía de este servicio a la ciudad. El daño no era irreparable, pero sí llevaría cerca de tres días restaurar la energía. En la ciudad, de fondo, se oía el sonido de los motores de las plantas eléctricas, constante, ensordecedor.


Al ritmo de tambores más de 200 personas se unieron al coro “Todo el pueblo ay que ore”, y se dio inicio, a las 2:30 p.m. del 2 de junio, de la eucaristía presidida por monseñor Héctor Epalza en la Catedral de Buenaventura. En este acto litúrgico, con baile y música del Pacífico, Monseñor habló sobre cómo Buenaventura se ha convertido en un escenario de la barbarie contra la vida humana y resaltó cómo la comunidad continúa rechazando la cultura de la muerte.

Al finalizar la eucaristía, el Centro Nacional de Memoria Histórica entregó unas placas conmemorativas, en reconocimiento por su labor y su resistencia, a las organizaciones sociales de esta ciudad del Pacífico.

Al salir de la Catedral los asistentes marcharon a la plazoleta del CAN. Allí, las organizaciones Entretejiendo Voces y Madres por la Vida los esperaban con su plantón en honor a los desaparecidos de Buenaventura. Con fotografías, flores, velas y una canción que repetía “Tan solo la voz de un ángel nos da la consolación”, se exigió verdad, justicia y reparación.

“Buenaventura: un puerto sin comunidad”

Al finalizar el acto simbólico, las personas marcharon al auditorio de Confamar. La apertura del evento estuvo a cargo de Gonzalo Sánchez, Director del CNMH, quien reconoció la resistencia de la comunidad ante los hechos violentos y la grave situación humanitaria en la que viven, y aprovechó el espacio para hacer un llamado a romper con la indiferencia, no solo de las personas, sino de las instituciones estatales.

Constanza Millán, coordinadora de la investigación, agradeció a todas las personas y organizaciones sociales que ayudaron en la construcción del informe. Posteriormente, destacó los principales hallazgos de la investigación, como que la espiral de la violencia ascendió después de la desmovilización del Bloque Calima.

Monseñor Héctor Epalza, por su parte, mencionó que el título de esta publicación es desconcertante pero revela, de verdad, la situación que vive Buenaventura. “Buenaventura: un puerto sin comunidad no es una exageración, es una impresionante realidad que necesita atención afectiva y efectiva”, recalcó.

Pero quizá el momento más emotivo se vivió cuando Danelly Estupiñán, lideresa de la comunidad e integrante de la Minga por la Memoria, tomó el micrófono. Con el respaldo de todos los asistentes que la seguían detenidamente, y que en sus pausas la respaldaban con gritos de júbilo y porras, aseguró que los hijos e hijas de Buenaventura se niegan arrancar de su memoria todos los hechos violentos y violaciones a los derechos humanos ocurridos contra la población. Asimismo, mencionó que la estrategia de expansión portuaria es un generador de violencia en Buenaventura y que el informe hace parte de las pruebas que les permitirán lograr el acceso a la justicia. “Nosotros somos los dueños de esta tierra pues nuestros ancestros nos la han dejado”, mencionó.

Al terminar su discurso, una ola de esperanza, unión y fraternidad inundó el auditorio.

Fue entonces cuando Gonzalo Sánchez subió de nuevo al escenario para entregar unas placas conmemorativas a los líderes de la comunidad que se han destacado por su labor en la defensa de los derechos humanos.

Entrega de los archivos

Luego Gonzalo Sánchez entregó los archivos de Manuel Bedoya y Temístocles Machado a la comunidad de Buenaventura. Estos archivos dan cuenta de cómo era esta ciudad portuaria antes de que empezara el conflicto armado, cómo éste se fue intensificando con el paso de los años y de qué manera la comunidad ha resistido. Los archivos ya pueden ser consultados en Fundescodes y en el centro de documentación del CNMH.

Además, el Director del CNMH anunció el inicio de la intervención de uno de los fondos documentales más importantes, el de Narcilo Romero, que reúne las luchas sindicalistas de Colpuertos.

“Tocando la marea”

30 artistas del Semillero Teatral por la Vida entraron a escena para mostrar que la memoria está viva y que el arte es una posibilidad más para hacerle frente a la violencia. Después de un año de proceso, esta obra teatral expuso los planteamientos centrales del informe. Una prueba más de la capacidad que tienen las comunidades, y en especial los jóvenes, para entender su realidad, denunciar, resistir y reinterpretar sus vivencias a través de diferentes medios.

A las 7:00 p.m. y luego de una jornada extenuante, los asistentes recibieron el informe y partieron a sus hogares en medio de una oscuridad abrumadora, pero con una luz en sus ojos que ni el apagón más extenso logró opacar.



Buenaventura, Esperanza, Informes

CNMH lanza informe nacional de desplazamiento forzado

Noticia

Autor

CNMH

Fotografía

CNMH

Publicado

07 Oct 2015


CNMH lanza informe nacional de desplazamiento forzado

En el contexto de la violencia contemporánea, más de seis millones de personas se han visto forzadas a desplazarse dentro y fuera del territorio nacional, lo cual las ha obligado a abandonar sus hogares, sus tierras, sus bienes, sus costumbres, sus comunidades y sus medios de vida.

Esta cifra posiciona a Colombia, después de Siria, como el segundo país a nivel mundial con la mayor cantidad de desplazados internos.

Para entender la dimensión de la cifra: es igual a imaginar el éxodo de dos terceras partes de los habitantes de Bogotá, o la sumatoria de todos los habitantes de las ciudades más pobladas del país como Medellín, Cali y Barranquilla; o de manera más dramática en el escenario internacional, basta con imaginar el éxodo del total de la población de países como Dinamarca, Finlandia, Singapur o Costa Rica.

Asimismo, de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Colombia se ha convertido en el país de origen con el mayor número de solicitantes de refugio en las Américas, con aproximadamente cuatrocientos mil personas. 

 

Una nación desplazada, la nueva serie del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, surge como respuesta a los requerimientos elevados por la Corte Constitucional a partir de los autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en especial del Auto 219 de 2011, en torno a los derechos de verdad y justicia de las víctimas de desplazamiento forzado. Esta serie se compone de cuatro informes, que analizan el fenómeno del desplazamiento forzado desde distintos enfoques y regiones diferentes del país. 


una nacion desplazada portadaUna nación desplazada

El desplazamiento forzado permaneció inadvertido e invisibilizado durante la mayor parte del siglo XX, e incluso a comienzos del siglo XXI, bajo la justificación de que se trataba de una consecuencia o “efecto colateral” de las cinco décadas continuas de conflicto armado interno.

Este informe contrarresta esta justificación simplista y explica los motivos por los cuales el éxodo de millones de mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, indígenas, negros, palenqueros, raizales y gitanos, predominantemente de origen campesino y rural, no puede explicarse exclusivamente como consecuencia de la guerra y las lógicas de confrontación entre diferentes actores armados. 

Así, este trabajo profundiza en la manera como el desplazamiento de la población también ha sido el resultado de múltiples prácticas violentas provocadas y promovidas por empresas criminales conformadas por alianzas entre distintos actores –narcotraficantes, empresarios y políticos–. Lo anterior debido a motivaciones ideológico-políticas, y también puramente rentistas funcionales a un modelo de acumulación y apropiación de poder y riqueza. 

Como consecuencia de lo anterior, esta forma de violencia ha resultado funcional a un modelo de desarrollo económico y social excluyente, inicuo, concentrador de la riqueza y discriminatorio, el cual ha sido impuesto a través de la violencia y ha transformado los territorios a partir de la expulsión de sus habitantes tradicionales y ancestrales. 

 

con licencia para desplazar portadaCon licencia para desplazar

Desde 1980 a 2013 los habitantes de la región de El Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, han sufrido 66 masacres que incidieron en el desplazamiento de más de 120 mil pobladores. De ellos, cerca de 47 mil fueron expulsados de Tibú; región de enorme importancia geoestratégica por ser zona de frontera con Venezuela y por contar con innumerables riquezas naturales.

Este informe describe la magnitud del desplazamiento forzado y las masacres cometidas en El Catatumbo, especialmente en Tibú. El equipo de investigadores buscó, a partir de las memorias de las víctimas, aportar al esclarecimiento de los impactos del desplazamiento en ellas y en los territorios; las causas, motivaciones y repertorios empleados por los responsables, y los contextos estructurales y coyunturales que propiciaron el éxodo forzado.

Finalmente, concluyeron que el desplazamiento violento de la población en Tibú no puede explicarse exclusivamente como efecto de la guerra y el accionar de los armados, sino que se debe a intereses políticos y económicos legales e ilegales vinculados a conflictos por la tierra y los recursos naturales. Todo ello refleja un carácter rentista en el desplazamiento y su funcionalidad para perpetuar un sector rural concentrado, inequitativo, excluyente e improductivo. 

cruzando la frontera portadaCruzando la frontera

En el contexto de la violencia contemporánea en Colombia, miles de ciudadanos se han visto forzados a migrar fuera del territorio nacional, cruzando las fronteras internacionales en búsqueda de protección o refugio en los países vecinos. Estas personas, además de abandonar su hogar y sus actividades económicas, huir de su país dejando atrás sus costumbres y sus formas de vida en Colombia, son víctimas de una modalidad de desplazamiento forzado: el éxodo transfronterizo. 

El alarmante número de víctimas del éxodo transfronterizo ha convertido al desplazamiento forzado en una problemática humanitaria de carácter regional, puesta en evidencia por la prolongación de los efectos del conflicto armado y la violencia generalizada en Colombia hacia los países vecinos. Con el objetivo de contribuir al proceso de reconstrucción de la memoria histórica sobre el desplazamiento forzado, este informe da cuenta del éxodo ocasionado en la frontera entre Colombia y Venezuela, escenario donde se estima el mayor número de víctimas de esta forma de violencia, son 204.340 colombianos refugiados o en situación similar de refugio en Venezuela según Acnur. Pretende visibilizar la prolongación de un fenómeno que trasciende las fronteras con la reconstrucción de los desplazamientos que han tenido lugar en el río Arauca, frontera natural que separa al departamento de Arauca y al estado venezolano de Apure. El informe espera aportar en la reconstrucción de los vínculos existentes entre el desplazamiento forzado en Colombia y la situación de los colombianos desplazados en territorio venezolano. 

pueblos arrasados portadaPueblos arrasados

El desplazamiento forzado ocurrido en el municipio de El Castillo, Meta, que primero fue silencioso e invisible y luego generalizado, ocasionó también el arrasamiento de diferentes expresiones de vida, cuando por lo menos 19 de sus veredas, y cuatro de sus centros poblados, quedaron vacíos luego de las operaciones de retoma de la zona de distención y de la militarización y toma del territorio por parte de los paramilitares. A esto se suma el acumulado de violencia sociopolítica padecida por los habitantes del municipio desde los años ochenta, al fraguarse el exterminio de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, y la perpetuación de diferentes acciones por la guerrilla de las Farc.

Lo ocurrido en El Castillo ilustra una realidad que la sociedad colombiana está en mora de reconocer y abordar. Así, como consecuencia de la violencia y del desplazamiento forzado no solo se han vaciado territorios enteros (municipios, veredas, corregimientos, centros poblados, barrios, resguardos indígenas) sino que, en silencio y en una penosa impunidad, se han desestructurado proyectos sociales, políticos, económicos, familiares, espirituales, ambientales y culturales.

El presente informe es una invitación a descubrir qué ocurre en los lugares que quedaron vacíos como consecuencia del conflicto armado, tanto desde el punto de vista de los daños y desestructuraciones, como de las resistencias y resiliencias ejercidas por las personas y comunidades que se han visto enfrentadas a este fenómeno. El objetivo es comprender que pasó y explicar cómo y por qué sucedió, con la esperanza de que hechos como estos jamás vuelvan a acontecer en Colombia. 

Lanzamientos de los informes:

Cúcuta // 2 de octubre

Lanzamiento de “Cruzando la Frontera”.
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Aula Máxima de la Universidad Libre – seccional Cúcuta.
Con presencia de Nicolás Montero, Jineth Bedoya, Patricia Ariza y César López.
Entrega del libro.

Desandando los pasos del éxodo. 
Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: Barrio Villa del Rosario (frontera de Colombia con el estado de Táchira).
Acto símbolo en La Playita.

Foro Fronteras Solidarias.
Hora: 4:00 p.m a 6:00 p.m.
Lugar: Universidad Francisco de Paula Santander.
Entrega del libro.

Tibú // 3 de octubre

Lanzamiento de “Con licencia para desplazar”.
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Club Barquito.

La Gabarra // 4 de octubre

Socialización Informe “Con licencia para desplazar”
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Polideportivo.

Bogotá // 7 de octubre: 

Lanzamiento de la serie completa “Una Nación Desplazada”.
Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: Centro Cultural Gabriel García Márquez (Calle 11 No. 5 – 60).
Entrega de los libros.

ENTRADA LIBRE. A los asistentes se les entregará los informes en el evento. 
Inscríbase al evento de BOGOTÁ haciendo click aquí

El Castillo, Meta // 10 de octubre: 

Lanzamiento de informe “Pueblos arrasados”.
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Institución Edicativa Ovidio Decroly.

Puerto Esperanza, Meta // 11 de octubre: 

Presentación de informe “Pueblos arrasados”.
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Salón comunal.

 


CNMH, Desplazamiento, Informes

La memoria y la justicia

Noticia

Autor

Gonzalo Sánchez Gómez

Fotografía

Maria Paula Durán

Publicado

18 May 2018


La memoria y la justicia

Palabras en entrega de Informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)   a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)


La memoria y la justicia suelen ser percibidas en diferentes contextos y tradiciones intelectuales de forma antagónica. En los estados totalitarios, la politización judicial, que de hecho tiene lugar, se presta para asociar el aparato judicial a la condición de un simple agente de victimización, más que de protección de derechos. En ese tipo de regímenes, la memoria se proyecta como un lugar de denuncia y resistencia, donde se hacen visibles las impunidades y las responsabilidades criminales y políticas involucradas. La justicia como otro lugar de la opresión, y la memoria como sustituto de la justicia extraviada, resumen de esa contraposición.

En la otra orilla del espectro de tensiones entre la justicia y la memoria, y en un contexto de diferente naturaleza al mencionado anteriormente, la memoria puede constituirse en un grave impedimento para el despliegue de la justicia.  La memoria justiciera que enarbola como lema el ojo por ojo, diente por diente, se contrapone a un accionar ponderado de la justicia, en el cual las responsabilidades y las penas se establecen dentro de una lógica de protección de los derechos de toda la ciudadanía, incluidos los de quienes han sido sus violadores. Mientras la memoria en este caso reclama venganza como rasero de acción punitiva, la justicia defiende derechos.

Ahora bien, estos dos diferentes tipos de antagonismo distan de ser una fatalidad, si bien nos alertan sobre los peligros de la simplificación de la comprensión de las relaciones entre justicia y memoria, como dos opuestos sin más.

En Colombia, las dinámicas que han seguido justicia y memoria no han estado exentas de conflicto. Es sabido que la impunidad en nuestro país, ha sido a menudo no solo una demostración de incapacidad del sistema judicial para enfrentar los elevados niveles de criminalidad y de violencia, sino que la impunidad ha operado muchas veces como parte de un engranaje delictivo de gran envergadura. Con todo, de manera progresiva y en el marco de la creación de una nueva institucionalidad, desde la Ley de Víctimas, y ahora en el marco del proceso de paz adelantado por el gobierno nacional, se ha venido generando una aproximación productiva entre los dos escenarios de esclarecimiento, que hay que celebrar.

En el desarrollo concreto de estas relaciones la documentación judicial, por un lado, se ha convertido en un insumo y en un objeto de análisis importante para la reconstrucción de la memoria histórica, como lo ilustran los informes sobre justicia y paz realizados por el propio CNMH y que hacen parte del acumulado que hoy ponemos a disposición de la JEP.

Por otro lado, los informes de memoria histórica se han convertido a su vez en soporte importante de la acción judicial. De hecho, el CNMH ha producido una serie de informes como parte de medidas de reparación, a solicitud de fiscales, entre otros, Recordar para Reparar, sobre las masacres de Matal de flor Amarillo y de Corocito en Arauca; y La Justicia Que Demanda Memoria, las víctimas del Bloque Calima en el suroccidente colombiano. A esto se suma la incorporación en los fallos judiciales en el plano nacional, y en instancias internacionales como la CIDH, de los contenidos de los informes sobre las masacres de Trujillo, Segovia, la Rochela, el Salado, el Placer etc.

En el escenario de la justicia transicional, en el que se inscribe la JEP, la comprensión de la violencia del conflicto armado dentro de lógicas judiciales como crímenes de sistema, macrocriminalidad, máximos responsables, permite redimensionar el trabajo de esclarecimiento realizado desde Memoria Histórica. En consecuencia, la apuesta que hacemos pública hoy, es la de una invitación al trabajo complementario entre la justicia y la memoria, entre la JEP y el CNMH, sin que ninguno de los dos campos o instancias pierda su sello diferencial.

Ese es el propósito que nos alienta al hacer entrega a la JEP de los informes de acceso público, realizados por Memoria Histórica a lo largo de los últimos diez años, en torno al esclarecimiento de las lógicas del conflicto armado, como un aporte significativo a la inmensa tarea que afronta la Jurisdicción Especial para la Paz. Confiamos en que el análisis de los actores armados, de las diferentes modalidades de victimización, el esclarecimiento y la comprensión de los contextos, las dinámicas territoriales, y el establecimiento de los daños, aspectos todos ellos abordados por el CNMH en sus diferentes informes, habrán de constituirse en insumo para la construcción de la verdad judicial, que tantas expectativas genera no solo en las víctimas, sus principales destinatarias, sino en la sociedad en general.

Ahora bien, no obstante estas líneas de colaboración, es importante reconocer y construir las diferencias entre la verdad judicial y la memoria histórica, sus propósitos específicos y los tipos de relaciones, particularmente con las víctimas. La verdad histórica y la verdad judicial siguen distintas lógicas y sentidos, se asientan en diferentes metodologías y escenarios, y tienen diferentes protagonistas. La memoria, más que a individualizar, apunta abiertamente a desentrañar responsabilidades estructurales, tramas sociales y políticas, con un sentido que no se restringe a la determinación de los victimarios y de las culpabilidades.

Asimismo, el valor dado al testimonio y las modalidades del mismo en una y otra instancia son de diversa naturaleza y alcance, y es fundamental que así se mantengan. La voz de la víctima en el escenario de la memoria histórica excede el rol de simple fuente de información, y la aproximación entre esta y el CNMH se realiza de forma voluntaria exclusivamente. Por ello, aunque la memoria puede aportar a la verdad judicial, la judicialización de la memoria no deja de ser un riesgo, que hay que contemplar.

Mientras que la justicia es y seguirá siendo una atribución estatal, la memoria no dejará de ser esencialmente una construcción social. El lugar de producción y de legitimación de uno y otro campo son irreductibles, y su diferenciación es requerida en aras de preservar la pluralidad como elemento esencial de la democracia.

Desde luego hay muchos pendientes. Pero Colombia ha avanzado mucho en uno y otro campo: el de la justicia y el de la memoria. Fortalecer y potenciar esos acumulados en tiempos de posconflicto turbulento es una tarea de todos, como Estado y como sociedad. 

Señora Presidenta de la JEP, Magistrada Patricia Linares; Magistrada Julieta Lemaitre, Presidenta de la Sala de Reconocimiento: Señores y señoras magistrados y magistradas: en nombre del Centro Nacional de Memoria Histórica les hacemos entrega solemne hoy de nuestro acumulado, materializado en los 80 informes a la vista. Muchas gracias.

Mayo 17 de 2018

Publicado en Noticias CNMH



Informes, JEP

La memoria que demanda justicia

Noticia

Autor

Maria Paula Durán

Fotografía

Maria Paula Durán

Publicado

22 May 2018


La memoria y la justicia

El pasado 17 de mayo el Centro Nacional de Memoria Histórica entregó 80 de sus publicaciones, en su mayoría informes de esclarecimiento en clave de memoria, a la Jurisdicción Especial para la Paz.


En medio de un acto protocolario en las instalaciones de la sede de la JEP, el director general Gonzalo Sánchez —y los directores técnicos de varias áreas del CNMH— entregó a la presidenta de esta entidad, Patricia Linares, y a los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, el acumulado de investigaciones de memoria histórica que, por diez años, el Centro han construido con las víctimas del conflicto armado.

La magistrada Patricia Linares, quien a lo largo de su carrera trabajó y acompañó de cerca varios procesos del Centro de Memoria, dio apertura al encuentro, manifestando su interés y satisfacción por poder recoger, desde la labor de la JEP, la información, los testimonios y los aprendizajes plasmados en 80 informes de memoria histórica.

Acumulado

La presentación de la entrega estuvo desglosada por la información que los directores técnicos entregaron a la JEP. La primera en hacerlo fue Camila Medina, directora técnica de Construcción de la Memora del CNMH. Medina explicó los aportes de los informes, recogidos en siete líneas de investigación:

  • Memorias regionales, donde se encuentran los informes de los casos emblemáticos que marcaron la historia del conflicto armado.
  • Basta Ya regionales
  • Modalidades de violencia, donde se encuentran los informes de carácter nacional que dan cuenta de distintos hechos violentos como la desaparición forzada, la violencia sexual, entre otros.
  • Actores armados
  • Factores dinamizadores
  • Sujetos victimizados
  • Herramientas metodológicas

(Vea aquí el listado completo de los informes que hacen parte de cada una de las líneas de investigación)

Seguidamente, Andrés Suárez, asesor de la dirección general CNMH, y coordinador del Observatorio de Memoria y Conflicto, presentó los aportes que esta área ha hecho en términos de esclarecimiento. El OMC ha buscado responder la pregunta: “¿Quién le hizo qué a quién, cuándo dónde y cómo?” estableciendo, de esta manera, los presuntos responsables, los hechos victimizantes, las circunstancias de modo, el perfil de las víctimas, y el tiempo y lugar, a partir de 7.644 documentos y 585 fuentes.

Adicionalmente, Margoth Guerrero, directora técnica del Archivo de los DDHH del CNMH, presentó el acumulado y experiencias de esta dependencia. Por un lado, la creación e implementación del Registro Especial de Archivos como mecanismo de protección. Por otro lado, la creación de una Política Pública de Archivos de DDHH, Memoria Histórica y conflicto armado. Y, finalmente, la conformación de archivos plurales. Muchos de estos registros, tanto del Archivo como del Observatorio, han alimentado los informes de memoria entregados a la JEP.

De la misma manera, Álvaro Villarraga, director técnico de Acuerdos de la Verdad del CNMH, presentó el trabajo de acopiar los testimonios de más de 17 mil excombatientes de los grupos paramilitares, en el marco de la ley 1424.

Finalmente, Luis Carlos Sánchez, director técnico del Museo de Memoria Histórica de Colombia, presentó los avances de los diferentes procesos relacionados con la construcción física, de contenidos y programática del Museo. Además, extendió una invitación a la JEP a trabajar de manera conjunta con esta institución, que será un legado y un instrumento para el diálogo intergeneracional.

Memoria y justicia

Gonzalo Sánchez, por su parte, hizo entrega oficial de los textos, precedida de una reflexión sobre la relación entre la memoria y la justicia (Vea aquí las palabras del director del CNMH).  

Sánchez habló de la tensión que ha existido entre memoria y justicia en varios escenarios y sobre los peligros de la judicialización de la memoria pero también de la memoria justiciera. Y, finalmente, habló sobre los momentos en que la justicia ha tomado como insumo a la memoria y también cuando la justicia entiende a la memoria como una forma de reparación.

En suma, para Sánchez, esa relación debe ser complementaria. El acto de entrega de los informes de memoria es, entonces, justamente eso, una apuesta para que dos instituciones, la que trabaja por la memoria y la que trabaja por la justicia, actúen de manera conjunta en pro de la justicia restaurativa, teniendo como centro a las víctimas.

Para cerrar, el profesor Sánchez le entregó el informe Basta Ya a Julieta Lemaitre, magistrada Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (JEP). “Cuando empezó el trabajo del Grupo de Memoria Histórica, una colega nos advirtió que las víctimas siempre nos harían la siguiente pregunta: ¿Qué van a hacer ustedes con mi palabra? Hoy podemos decir que una respuesta importante es que las estamos entregando a la justicia”, le dijo Sánchez a Lemaitre.

Publicado en Noticias CNMH



Informes, JEP

Informe Hacia el fin del conflicto

Noticia

Autor

Reina Lucía Valencia

Fotografía

Juan Alberto Gómez Duque

Publicado

25 Jun 2018


Informe Hacia el fin del conflicto

Hacia el fin del conflicto, experiencias de desarme, desmovilización y paso de excombatientes a la vida civil en Colombia’ es una publicación resumida del informe ‘Desmovilización y Reintegración Paramilitar, Panorama Posacuerdos con las AUC’, escrito por Álvaro Villarraga Sarmiento, quien dirige la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica. El texto analiza las experiencias históricas recientes en Colombia sobre desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes a la vida civil. Actualmente, este análisis cobra importancia por el proceso de implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC y por la expectativa existente de lograr un acuerdo de paz con el ELN, lo que llevaría de manera general al fin del conflicto armado.


Este estudio encontró que Colombia resulta ser el país del mundo con mayor tiempo (35 años ininterrumpidos), experiencias (14) y programas (9) de reintegración de excombatientes aplicados con secuencia o simultaneidad, de acuerdo con varias modalidades: amnistías y pactos de paz con las guerrillas nacionales casos M19 y EPL o de milicias insurgentes regionales como PRT, MAQL, CRS, MP, MIR, COAR; indulto y reintegración individual de personas desertoras o marginadas de las guerrillas y de pequeñas fracciones guerrilleras regionales casos ERP y ERG, entre otras; y desmovilización y sometimiento a la justicia de los paramilitares. El caso de los paramilitares no fue técnicamente un “acuerdo de paz” entre partes en guerra, sino un acuerdo para la desmovilización, desarme y acogimiento a la justicia de sus estructuras armadas, dada la relación histórica que tuvieron con la contrainsurgencia estatal.

El informe también se ocupó de seguir el rastro a los grupos armados sucesores del paramilitarismo que persistieron o se rearmaron, con particular asociación con economías ilegales y establece que una parte de los integrantes de las AUC lideró después de 2006 su emergencia y estructuración. Igualmente, hace referencia a los operativos y campañas de la fuerza pública y los organismos de seguridad en contra de los grupos posdesmovilización de las AUC, pero concluye que no logran contrarrestar la existencia e incluso la expansión de este fenómeno y que estos grupos son considerados la principal causa de graves violaciones de los derechos humanos en la última década.

El texto concluye que en Colombia, durante los últimos nueve gobiernos, se registra el desarrollo de políticas públicas, instrumentos legales, destinación de recursos, institucionalidad y entes responsables y especializados, para la reincorporación de excombatientes a la vida civil. Esta experiencia denota avances significativos en determinadas coyunturas, especialmente con los pactos de paz entre el Estado –a través de sus gobiernos nacionales – con guerrillas y milicias insurgentes, a la vez que resultados parciales y dinámicas contradictorias en el proceso de sometimiento a la justicia realizado con estructuras paramilitares. En todo caso, pone de presente las ambivalencias, continuidades y rupturas entre la guerra y la paz, de manera que en Colombia a diferencia de otros países con conflictos bélicos internos no se produjo una solución global y simultánea con todas las insurgencias y contrainsurgencias, sino procesos distintos, progresivos, con distancias de décadas.

Igualmente, el informe señala los aspectos críticos de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración, algunos de ellos son: 1) El débil marco de garantías de seguridad para la población amnistiada e indultada de las guerrillas. En los noventa, de aproximadamente 5.500 excombatientes acogidos a pactos de paz, aproximadamente un millar fue víctima de homicidio o desaparición forzada por parte de otros actores estatales o irregulares del conflicto. 2) Debilidades notables en las demoras y deficiencias estatales y gubernamentales en muchas de las gestiones y proyectos de los programas de reintegración. 3) Limitaciones notorias referidas al marginamiento de parte importante de la población desmovilizadas de las AUC, reincidencia al paramilitarismo o delincuencial, escasos resultados de empleabilidad y proyectos productivos y deficiencias en la conclusión pronta del proceso de reintegración.

El libro finaliza con recomendaciones dirigidas al Gobierno nacional, a todos los órganos del Estado, a las autoridades territoriales, a la fuerza pública, al Ministerio Público, a los entes de investigación y justicia y a la comunidad internacional, entre otros actores. Recomienda al Gobierno nacional, desarrollar una política nacional de paz permanente, participativa y sostenible, que se comprometa con la superación de la inequidad y la exclusión social; con la recuperación de la vigencia del orden constitucional y del control territorial de forma integral; con la vigencia efectiva del ejercicio de los derechos y garantías fundamentales; y con el fin del conflicto armado y la superación de la violencia sociopolítica, de las mafias y redes delincuenciales que prolongan escenarios de ilegalidad y violencia y de las expresiones vigentes del fenómeno paramilitar.

Publicado en Noticias CNMH



Acuerdos de la Verdad, Desmovilización, Informes

El Bloque Calima cometió 119 masacres entre 1999 y 2004

Noticia

Autor

CNMH

Fotografía

CNMH

Publicado

24 Jul 2018


El Bloque Calima cometió 119 masacres entre 1999 y 2004

Este martes 24 de julio lanzamos un informe sobre el surgimiento y accionar de este grupo paramilitar en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, y su relación con el narcotráfico y otras economías ilegales. El documento es publicado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica.


El Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que operaba en el suroccidente de Colombia, fue responsable de 119 masacres entre 1999 y 2004 y de 3.400 hechos de desplazamiento forzado individual y colectivo. Estos son algunos de los hallazgos del informe “Bloque Calima de las AUC: depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano”, el segundo de la serie sobre el origen y actuación de los grupos paramilitares en las regiones de Colombia, que presenta el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), a través de su Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV).

El informe sobre el Bloque Calima de las AUC, que se presentará en Cali, Santander de Quilichao y Popayán, los días 24, 25 y 26 de julio respectivamente, presenta los hallazgos sobre el surgimiento, conformación, expansión y formas de actuación de este bloque paramilitar que operó entre 1999 y 2004 en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y algunos municipios de Huila y Quindío. Del mismo modo, busca dar a conocer la magnitud de los hechos violentos, así como los daños y afectaciones generadas en sectores campesinos, sindicales, grupos étnicos y, en general, la población civil de zonas rurales y urbanas. La publicación también da cuenta de las formas de financiación y los nexos con el narcotráfico y otras economías legales e ilegales del Bloque Calima de las AUC.

Este informe es un aporte al esclarecimiento histórico sobre el conflicto armado y las dinámicas de violencia social y política del suroccidente del país, lo que contribuye a garantizar el derecho de las víctimas y la sociedad a la verdad y la memoria histórica. Además, brinda material que puede constituirse en punto de partida para guiar futuras investigaciones sobre el Bloque Calima y los grupos armados en el país. Y por último, al reunir los testimonios de víctimas, actores de la región y miembros de los grupos paramilitares, brinda más elementos para una mejor comprensión sobre las dinámicas internas de esta estructura ilegal y las razones que definieron y sustentaron su violencia contra la población civil. Por lo tanto, este informe se convierte en un complemento de la verdad que resultará de mecanismos de verdad judicial, en este caso, de Justicia y Paz.

La Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica recopiló los relatos y las voces de personas oficialmente reconocidas como desmovilizadas del Bloque Calima y otros grupos paramilitares, quienes firmaron los Acuerdos de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica en el marco de la aplicación de la Ley 1424 de 2010 sobre diseñar e implementar un Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.

El Mecanismo no Judicial incluye la elaboración de informes de memoria referidos al conflicto armado, la violencia paramilitar desplegada en los territorios y los daños y afectaciones causadas a las víctimas. Estos también contienen testimonios de las víctimas y de otras voces como organizaciones sociales, funcionarios públicos, periodistas y, en general, las personas e instituciones que conocieron sobre las situaciones y hechos tratados.

La información relacionada con la programación de los eventos de lanzamiento del informe del Bloque Calima de las AUC se encuentra en la página web y las redes sociales del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Programación de los eventos de lanzamiento del informe “Bloque Calima de las AUC: depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano”.

Cali – 24 de julio
Lugar: Centro Cultural – Salón Madera. Carrera 5 # 6-05
Hora: 2:00 PM

Santander de Quilichao – 25 de julio
Lugar: Auditorio de Comfacauca Calle 5 # 9 – 50
Hora: 9:00 AM

Popayán – 26 de julio
Lugar: Auditorio del Centro Cultural del Banco de la República Carrera 6 # 2 – 78
Hora: 3:00 PM

Publicado en Noticias CNMH



AUC, Informes, Lanzamiento

Presentación del informe “Todo Pasó Frente A Nuestros Ojos”

Noticia

Autor

CNMH

Fotografía

CNMH

Publicado

29 Jul 2018


Presentación del informe “Todo Pasó Frente A Nuestros Ojos”

El Centro de Memoria Histórica presenta su nuevo informe, sobre el asesinato sistemático a los miembros de este partido político.


Luego de un arduo trabajo de revisión de archivos y de escuchar las memorias de las víctimas sobrevivientes de la Unión Patriótica (UP), el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) presenta su último informe de esclarecimiento titulado: “Todo pasó frente a nuestros ojos. Genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002.” Este informe es trascendental para el CNMH por la magnitud de la victimización, la sistematicidad y las enormes heridas que dejó en la democracia colombiana el asesinato de los miembros de este partido político.

El informe presenta una hipótesis explicativa sobre los engranajes, alianzas y recursos, con los que contaron las redes criminales para perpetrar el genocidio de esta corriente política que tantas esperanzas suscitó. Se trata de un texto solidario y preocupado por la suerte de las víctimas que, desde sus memorias compartidas con el CNMH, le permitirá al país comprender la magnitud de los daños individuales y colectivos ocasionados.

El informe explica cómo la UP fue víctima de una violencia sistemática y generalizada, cuyo objetivo fue la desaparición del grupo político por parte de redes y alianzas criminales en las que se vio involucrada parte de la sociedad y la institucionalidad, por acción o por omisión. Fue sistemática porque los actos de violencia en su contra se sucedían uno tras otro, sin detenerse, dirigidos en específico contra sus militantes debido a su identidad política. Fue generalizada porque se presentó en gran magnitud en todo el territorio nacional, con énfasis donde la dinámica de participación política de la UP fue más exitosa y en un largo periodo comprendido entre 1984 y 2002.

Este informe, al igual que los más de cien títulos publicados por el CNMH, no es una narrativa o verdad oficial sino un aporte a la memoria histórica y a la no repetición. Es, además, una invitación a mantener viva la memoria de las víctimas y a rendirles homenaje, a hacer justicia en el campo de la memoria histórica y a debatir sobre las condiciones que hicieron posible el horror.

Esperamos que los lectores encuentren en sus páginas, las huellas de un esfuerzo comprometido con la reparación simbólica de las víctimas y el esclarecimiento de lo ocurrido. El informe es también un aporte a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para seguir avanzando y dilucidando patrones y responsabilidades.

Publicado en Noticias CNMH



Informes, Lanzamiento

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