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Lugares del horror y la memoria: claves del informe sobre el Bloque Catatumbo

«En Urabá no hay resistencia, hay berraquera»

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CNMH

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Hornos de Juan Frío durante inspección judicial. Fotografía suministrada por La Opinión al CNMH.

Publicado

2 enero 2024


Lugares del horror y la memoria: claves del informe sobre el Bloque Catatumbo

La más reciente investigación del CNMH reconstruye la historia del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, que operó en 30 municipios de Norte de Santander entre 1999 y 2004.

 

En la larga historia del conflicto armado en el departamento de Norte de Santander ―ubicado al nororiente colombiano, en la frontera con Venezuela―, sobresalen los impactos humanitarios producidos por el Bloque Catatumbo (BC) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Una estructura compuesta por cuatro frentes desplegados en 30 municipios, bajo el comando de Jorge Iván Laverde Zapata, conocido como el Iguano.

Para aportar al esclarecimiento de los crímenes perpetrados por esta estructura, el Centro de Nacional de Memoria Histórica (CNMH) acaba de presentar en Cúcuta su más reciente informe: Memorias de sobrevivientes al Bloque Catatumbo, compuesto por dos tomos. La investigación hace parte de una serie sobre el origen y la actuación de los grupos paramilitares en las regiones, que reúne centenares de testimonios de excombatientes vinculados al Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad ―entre otras fuentes―.

El tomo I, titulado El estallido de un trueno ajeno, reconstruye la historia del BC, que operó entre 1999 y 2004, cuando se desmovilizó como resultado del proceso de negociación entre las AUC y el Gobierno colombiano. El documento detalla las estructuras y formas de operar de los frentes La Gabarra, Tibú, Fronteras y El Tarra.

 

 
 
 
 
 
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El tomo II, Guerra sin fronteras, resistencias sin límites, está centrado en los daños que el BC produjo en la sociedad nortesantandereana, pero también en las estrategias de afrontamiento de familias, comunidades y organizaciones. Estas últimas, situadas en el marco de la justicia transicional existente, la recomposición de formas organizativas y el impulso de acciones territoriales de memoria.

Entre muchos de sus aportes, el informe se destaca por la documentación de los espacios donde se violentaron y ocultaron los cuerpos de las víctimas; bienes civiles  ―rurales y urbanos, privados y comunitarios― empleados como centros de tortura, asesinato, inhumación y cremación. Además, registra aquellos lugares que han sido renombrados, resignificados y erigidos como monumentos en memoria de las víctimas.

Los sitios del horror

El BC ha sido reconocido públicamente por incinerar los cuerpos de sus víctimas. En una antigua fábrica de ladrillos ubicada en el corregimiento Juan Frío, en el municipio Villa del Rosario, varias decenas de cuerpos ―previamente inhumados― fueron cremados en hornos para evitar que fuesen descubiertos por la Fiscalía General.

 

Además de esos hornos ―recientemente intervenidos por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas― el informe del CNMH documentó la existencia de otros lugares de incineración a cielo abierto: las fincas Pacolandia, de Cúcuta; y Aguasucia, ubicada en inmediaciones del río Táchira.

 

Consulte aquí el El estallido de un trueno ajeno

 

Los ríos de la región también fueron usados para la desaparición de las víctimas. Al respecto, el informe señala: “Los principales ríos convertidos en acuafosas fueron los ríos San Martín, Campo Tres, Oro, Tarra, Zulia, Sardinata y, por supuesto, Catatumbo. En este último se establecieron puntos frecuentes de desaparición forzada”.

 

Ruinas de calabozo paramilitar en la base El Sesenta. Fotografía de Jhon Jairo Jácome para La Opinión y suministrada al CNMH.

 

Los paramilitares, además, establecieron centros urbanos de detención, tortura y asesinato: en La Gabarra, la base paramilitar El Sesenta y una casa ubicada en el barrio Once de Noviembre; en Tibú, “la casa de los enfermos”; en El Tarra, las residencias El Popular, El Capri y América; y en Las Mercedes (Sardinata), la Cantina Verde.

La destinación de viviendas y bases paramilitares para la perpetración de graves crímenes ocurrió «en prácticamente todos los municipios donde tuvo control el BC», según el informe. La Cúcuta urbana no fue la excepción; parqueaderos ubicados en el sector de Alejandría fueron usados como sitios de retención, mientras un sector de la central de abastos que se encontraba desocupado fue utilizado como lugar de torturas y ejecuciones.

 

Consulte aquí Guerra sin fronteras, resistencias sin límites

 

Espacios de uso comunitario también fueron usados por los paramilitares para arrojar los cuerpos de sus víctimas, lo que produjo temor en la población y restringió su uso. Así ocurrió con una cancha de fútbol ubicada en el barrio Cerro Norte, de Cúcuta, nombrada como El Chulo por la frecuente aparición de cadáveres. El sitio conocido como La Virgen, en Sardinata, también «fue convertido en una zona de ejecución y de abandono de cadáveres», de acuerdo con la investigación.

Lugares de memoria

Algunos de los sitios donde el BC perpetró graves crímenes han sido apropiados, renombrados y resignificados por organizaciones y comunidades de la región, tal como destaca el informe del CNMH.

Es así como en distintos municipios se han erigido placas y monumentos en memoria de las víctimas: en La Gabarra, en el sitio donde funcionó la base El Sesenta; en Sardinata, en la Virgen de la Ye, la Casa de la Cultura y el cementerio del corregimiento Las Mercedes; en El Tarra, en el parque principal; y en Cúcuta, en la central de abastos.

 

Memorial por las víctimas en el cementerio del municipio de Sardinata. Fotografía de Camilo Villamizar Hernández para el CNMH.

 

Otros lugares han sido renombrados. La cancha El Chulo se llama hoy cancha de La Paz; una asociación cultural de El Tarra lleva el nombre del exalcalde José de Dios Díaz Núñez, asesinado por el BC en 2003; y el frigorífico de Sardinata fue llamado Félix María Hernández Casas, en honor al pesero asesinado por paramilitares en 2000.

 

Lea también: 14 042 desmovilizados de grupos paramilitares han aportado a la memoria histórica

 

Las comunidades también han destinado lugares para la construcción de memoria y la documentación de violaciones a los derechos humanos. Es el caso de la Casa de la Memoria de El Aserrío, en Teorama; y las tres Casas de Derechos que existen en el Catatumbo.

 

La investigación del CNMH destaca el “insuficiente acompañamiento del Estado” a las iniciativas de memoria de los municipios donde operó el BC, donde existen importantes demandas de la comunidad para dignificar la memoria de las víctimas en el espacio público.

Otros hallazgos

Los dos tomos de Memorias de sobrevivientes al Bloque Catatumbo contribuyen al esclarecimiento de las alianzas entre el BC y agentes estatales, las fuentes de financiación de esa estructura paramilitar y los crímenes perpetrados contra la población civil.

Haciendo uso de múltiples fuentes, la investigación concluyó que «este grupo paramilitar tuvo como uno de sus patrones de macrocriminalidad el arrasamiento de caseríos completos», lo que fracturó la economía campesina y habilitó la siembra de grandes extensiones de palma de aceite.

Esta publicación se suma a otros aportes realizados por el CNMH para la reconstrucción de la memoria en Norte de Santander. Entre ellos, Hacer la guerra y matar la política. Líderes políticos asesinados en Norte de Santander (2014), Con licencia para desplazar. Masacres y configuración territorial en Tibú, Catatumbo (2015) y Catatumbo: memorias de vida y dignidad (2018).


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La memoria puesta en un lugar

Noticia

Autor

CNMH

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CNMH

Publicado

05 Mar 2018


La memoria puesta en un lugar

El libro ‘La territorialización de la memoria en escenarios de posconflicto’, que resulta de una investigación apoyada por COLCIENCIAS, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), La Universidad de Caldas y la Red Internacional de Estudios sobre Territorio y Cultura (RETEC), cuyo propósito es consolidar que la memoria del conflicto armado necesita ser parte formal de la historia de Colombia para legitimar el testimonio de los pueblos que han sufrido la guerra.


En Colombia subsisten múltiples territorios donde se ejerce de manera diferenciada todo tipo de “soberanía”. Están aquellos que son producto de un ejercicio distinto de orden político o administrativo. Por ejemplo la calle que la gente duda en frecuentar porque sabe que allí roban o el barrio al que no pueden ingresar determinados individuos, son reflejos claros de espacios donde también se ejerce el poder, pero de distinta manera.

En las áreas del conflicto armado esas dinámicas de poder se maximizan. Zonas específicas a las que la gente teme acercarse, lugares considerados propiedad de un grupo o una persona, poblaciones donde la presencia institucional es ausente. Todos son territorios, pero también constituyen áreas en disputa. En esos lugares, cuando se habla de territorio también se habla de conflicto.

En esas circunstancias surge ‘La territorialización de la memoria en escenarios de posconflicto’. Esta investigación encontró que en los municipios caldenses de Pensilvania, Samaná, La Dorada y Aguadas, la población local viene adelantando durante más de 15 años, en medio del conflicto y su tensa calma, diferentes estrategias para hacer frente al conflicto armado.

 

El enfoque de esta investigación asume el territorio más allá del espacio físico y lo aborda, según los investigadores, como “un ensamblaje geosociohistórico”, es decir como “una relación entre la geograficidad, la sociabilidad y la historicidad”. Al respecto, Beatriz Nates Cruz, coautora del libro y profesora titular de la Universidad de Caldas, señaló que el enfoque investigativo apunta a pensar el territorio no solo como una división político-administrativa, sino “como el sentido del lugar, porque las relaciones socio-espaciales acontecen, sin pensar, más allá de donde llega la circunscripción de un municipio o de un departamento”.

La investigación invita a entender el territorio como un lugar donde reside la memoria, pues, de acuerdo Beatriz Nates, los territorios a donde llegó la tragedia del conflicto armado tienen historias por recordar más allá del hecho traumático. “Hace un par de años, durante el desarrollo de la investigación, una investigadora dijo estar sorprendida porque, cuando fue a hablar de los resultados, se refirió a las canchas de fútbol donde los niños solían jugar. Ella habló de las masacres que ahí sucedieron y de inmediato la población la increpó por considerar la cancha no más como un lugar de muerte”.

El ejercicio de situar la memoria del conflicto armado en los lugares que la sustentan es, de acuerdo con la investigación, el mecanismo que le permite pasar a hacer parte formal de la historia. De esta manera, las voces de los pueblos cobran legitimidad y se incorporan en la historia misma de los lugares para que estos, a su vez, sean pensados como lugares de memoria.

Para la investigación, que derivó en ‘La territorialización de la memoria en escenarios de posconflicto’, se eligieron cuatro municipios caldenses que, si bien tienen procesos culturales diferentes, comparten el flagelo del conflicto armado y la iniciativa de emprender estrategias direccionadas a escenarios de posconflicto.

El primero es Samaná, el municipio que más padeció el rigor del conflicto en el nororiente de Caldas, pues fue uno de los lugares donde se asentó el FRENTE 47 de las FARC. Fue tan marcada la presencia guerrillera en esta zona que a uno de los corregimientos del municipio le decían el “Pequeño Caguán”, según relatan sus habitantes. Entre tanto, los paramilitares de las Autodefensas del Magdalena Medio, bajo el mando de Ramón Isaza, se asentaron en la planicie del Magdalena, especialmente en La Dorada, el segundo municipio incluido en esta investigación. Estas dos poblaciones quedaron en medio del fuego cruzado entre esos dos grupos armados.

También está Pensilvania, que en julio del año 2000 sufrió, durante 27 horas, una toma en el corregimiento de Arboleda por parte del FRENTE 47 de las FARC al mando del alias ‘Karina’. Y por último, Aguadas, “con un cruce muy fuerte entre paramilitarismo y, por otro lado, un movimiento indígena interesante en sus corregimientos”, explica la profesora Nates Cruz.

En conclusión este libro expone una serie de estrategias a partir de las cuales se plantean esquemas para políticas públicas de carácter territorial en el orden local, regional y nacional. “Es cierto que no se puede decidir una política específica para cada territorio, pero sí se puede caracterizar qué es lo que ha sucedido como hechos traumáticos y como identidad del lugar, para que entonces esa memoria territorializada cuente”, afirma la profesora Nates Cruz.


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La memoria histórica se metió a las aulas universitarias

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Publicado

27 Mar 2019


La memoria histórica se metió a las aulas universitarias

El sector académico está jugando cada vez un papel más importante en la reconstrucción del conflicto armado colombiano: no solo está recogiendo y ayudando a producir los relatos de la guerra en diferentes formatos, sino que está haciendo un análisis y una reflexión profunda sobre lo que significan esas memorias.


¿Cómo logró la memoria histórica y la construcción de paz posicionarse en los planes de estudio de las principales universidades de Colombia? ¿Para qué integrar a la academia a este campo, que durante décadas le ha permitido al país reconstruir lo que sucedió durante la guerra?

Patricia Nieto, directora del proyecto Hacemos Memoria y docente del diploma virtual en Memoria Histórica, de la Universidad de Antioquia, dice que la academia está jugando varios roles: por un lado, está estudiando los relatos de las comunidades “para tratar de interpretar sus alcances y sentidos” y, por el otro, se convirtió en “un dinamizador de la producción de esos relatos”. Hoy, las universidades son una pieza fundamental en el ejercicio de memoria histórica, que las comunidades llevan más de 50 años liderando, y por eso existe una gran oferta de grupos de investigación, cátedras, iniciativas universitarias, posgrados y diplomados con este enfoque.

María Andrea Rocha, líder del equipo de Pedagogía del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), dice que la hermandad que existe hoy entre la academia y la memoria histórica es fundamental por dos motivos. Uno, porque las metodologías rigurosas de la academia “permiten enriquecer los procesos de reconstrucción de memoria, y tejer puentes con la comunidad de víctimas y sus saberes” y dos, porque permite “abrir espacios de interlocución y debate que robustecen la democracia, especialmente desde la territorialidad”.

Ese es, precisamente, el enfoque de la maestría en Conflicto y Paz la Universidad de Medellín, que desde hace tres años forma a académicos de la capital antioqueña y de Quibdó, con el objetivo de sentar bases para la transformación del país desde los territorios.

De hecho, el enfoque territorial es uno de los elementos comunes de este tipo de iniciativas. Gilma Turizo, Coordinadora de la Cátedra de Paz de la Universidad del Atlántico, asegura que la academia ha facilitado un diálogo regional que está permitiendo “reconstruir el tejido social y cultural”. Y gracias a eso, la universidad es hoy una participante activa “en la transformación de aquellos factores que han debilitado la convivencia en los territorios”.

En el caso de la Universidad del Atlántico, la memoria histórica está en el centro de la institución: ha sido una herramienta esencial para reconstruir su propia historia dentro de la guerra.  Esta universidad fue declarada sujeto de reparación colectiva en marzo de 2016, debido a los múltiples ataques de los que fue víctima su comunidad, en medio del conflicto armado.  El Centro de Memoria de la Universidad tiene registrados, desde 1999, un total de 71 hechos victimizantes; de estos, 24 han sido asesinatos de docentes, estudiantes y trabajadores.

“La memoria histórica nos permite reconstruir ese capítulo doloroso, en el que el departamento y Barranquilla se vieron oprimidos por los paramilitares. Nuestra universidad sufrió una de las peores atrocidades producto del conflicto en la región Caribe, y es por ello hemos venido haciendo grandes esfuerzos para que todo su andamiaje institucional esté en función de declararla libre del conflicto armado”, dice Gilma Turizo.

Las iniciativas de memoria surgen, en palabras de Patricia Nieto, porque hay una necesidad “genuina de contar lo que pasó” y de hacer un llamado público “de justicia y de verdad”. Son un ejercicio en busca de un “reconocimiento de esos hechos atroces”, para luego comenzar un proceso de “reparación moral y simbólica”. En este campo, la academia está jugando un rol esencial no solo acompañando a las comunidades a producir sus relatos en múltiples formatos, con el objetivo de crear un acervo cultural del pasado, sino generando análisis y reflexiones sobre esas memorias.

***

Aquí compilamos algunos estudios de paz, conflicto y memoria que existen en el país. Si conoce otros, pueden escribirnos a nuestras redes sociales (@CentroMemoriaH en TwitterFacebook e Instagram):

  • Diploma virtual en Memoria Histórica, en la Universidad de Antioquia.
  • Especialización en Justicia, Víctimas y Construcción de Paz, en la Universidad Nacional, Bogotá.
  • Especialización en Acción sin Daño y Construcción de Paz, en la Universidad Nacional, Bogotá.
  • Especialización en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario, en la Universidad Javeriana, Cali.
  • Especialización en Educación para la Paz y Convivencia, de la Universidad Libre, Bogotá.
  • Especialización en Conflictos Armados y Paz, de la Universidad de los Andes, Bogotá.
  • Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía, de la Universidad Santo Tomás, Bogotá.
  • Maestría en Paz y Resolución de Conflictos, de la Universidad Javeriana, Bogotá.
  • Maestría en Educación para la Paz, de la Universidad Distrital, Bogotá.
  • Maestría en Construcción de Paz, de la Universidad los Andes, Bogotá.
  • Maestría en Negociación y Manejo de Conflictos, de la Universidad del Norte, Barranquilla.
  • Maestría en Conflicto Social y Construcción de Paz, de la Universidad de Cartagena.
  • Maestría en Conflicto y Paz, de la Universidad de Medellín.
  • Maestría en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos, de la Universidad de Pamplona.
  • Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz, en la Universidad Javeriana, Cali.
  • Maestría en Justicia Social y Construcción de Paz, en la Universidad de Caldas.
  • Maestría en Educación y Cultura de Paz, en la Universidad Surcolombiana de Neiva.
  • Maestría en Justicia Transicional, Derechos Humanos y Conflicto, en la Universidad Externado, Bogotá.
  • Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto, en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) de Bogotá.

Publicado en Noticias CNMH



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