CNMH presentó en Medellín informe sobre el Bloque Mineros de las AUC

• La Dirección de Acuerdos de la Verdad del CNMH presentó en Medellín, ante víctimas del conflicto armado, organizaciones sociales y académicos, el informe N° 12 de la serie sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones.
• El informe «El bloque Mineros de las AUC, violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexual» se construyó a partir de 1238 testimonios de desmovilizados, 33 entrevistas y 6 talleres de memoria histórica con víctimas, organizaciones y académicos.

La Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) presentó en Medellín el informe «El bloque Mineros de las AUC, violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexual». Al lanzamiento de la investigación N° 12 de la serie sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones asistieron representantes de las organizaciones de víctimas que participaron de los talleres de memoria histórica y validación, organizaciones sociales, ONG y académicos.

Para realizar el informe se revisaron 1238 aportes a la verdad que hicieron exintegrantes del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ante la DAV entre 2013 y 2020, en la implementación del Mecanismo no judicial de Contribución a la Verdad. Además, se realizaron 33 entrevistas y 6 talleres de memoria como parte de la estrategia de contribuciones voluntarias, con víctimas del conflicto armado, organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos, para reunir una pluralidad de voces en este ejercicio de memoria histórica y esclarecimiento de la verdad.

La trayectoria del Bloque Mineros

«El Bloque Mineros surgió en 1984, siendo conocido como el Grupo Mineros o Frente Caucasia, y fue parte de una avanzada de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio hacia el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, para ofrecer protección violenta a ganaderos, mineros y narcotraficantes asentados en estas regiones, y extender el proyecto político contrainsurgente», explicó el coordinador de la investigación, Juan Esteban Jaramillo.

A partir de 1994 se reconoce como Bloque Mineros. Desde ese año, la estructura se extendió hacia las subregiones Norte y Nordeste de Antioquia y Sur de Córdoba, donde creó una compleja estructura militar y financiera con férreas lealtades hacia su comandante, Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, que le representó la posibilidad de formar parte de los procesos de articulación del paramilitarismo en los ámbitos regional y nacional a través de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según el informe, 2789 integrantes del Bloque Mineros participaron de una ceremonia de desmovilización y dejación de armas en la finca Ranchería, en Tarazá, el 20 de enero de 2006. Sin embargo, este proceso, rodeado de serios cuestionamientos, no significó el desmonte del paramilitarismo. A partir de entonces aparecieron grupos posdesmovilización, con repertorios de violencia que incluyen masacres, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y violencia sexual, como parte de una estrategia de aniquilación, desplazamiento y contención de expresiones políticas de izquierda y alternativas, así como la consolidación de las economías criminales asociadas al narcotráfico y la minería.

«El accionar del Bloque Mineros se centró en provocar miedo y desconfianza, a través de la aniquilación de las relaciones de solidaridad a partir de asesinatos y castigos que fueran aleccionadores, así como en la apropiación de las economías basadas en el aprovechamiento de los recursos naturales», explicó José Manuel Hernández, correlator del informe.

Por su parte, Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de DD. HH. del Instituto Popular de Capacitación (IPC) validó el contenido del informe a partir de los graves daños socioculturales provocados por la actuación del Bloque Mineros, relacionados con la desintegración de las economías campesinas, que condujo a que la población perdiera su capacidad de autogestión para solventar sus necesidades básicas, para convertirse en dependiente de la economía criminal del narcotráfico, lo cual se hizo palpable en los corregimientos de El Guáimaro y La Caucana, del municipio de Tarazá. «La paz en estos territorios solo puede darse con un modelo de desarrollo para las comunidades. Hoy, en el Bajo Cauca hay 450.000 hectáreas dedicadas a la ganadería y alrededor de 300.000 hectáreas en solicitud para explotación minera; esto es el 95 por ciento del territorio», señaló.

En memoria de las víctimas

Los territorios del Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia y Sur de Córdoba han sufrido el recrudecimiento de la violencia por cuenta de las disputas bélicas que sostienen los actores armados ilegales en la región. Para quienes habitan estos territorios, los procesos transicionales de los últimos 15 años no han transformado la situación de violencia y permanente vulneración de los derechos humanos.

«Quiero encender una lucecita en memoria de esas víctimas, pero también en agradecimiento al Centro Nacional de Memoria Histórica por lo que viene trabajando con nosotros», dijo Magdalena Calle, representante de la Mesa Municipal de Víctimas de Yarumal y lideresa de la organización Madres por la Vida, que comenzó hace 15 años un proceso de documentación de los hechos relacionados con el conflicto armado en la subregión Norte de Antioquia. «Cada víctima es una memoria y cada víctima tiene una historia diferente», aseguró. Y agregó: «El tema de las mujeres es la memoria oculta del conflicto. El conflicto político armado en el Norte tiene nombres de mujeres y rostros de niños y niñas».

Durante el lanzamiento del informe, Magdalena recordó a su esposo, víctima de desaparición forzada, señalado de ser colaborador de la guerrilla por negarse a entregar su finca a los paramilitares. «Cuando Rodrigo Pérez Alzate contó la razón por la cual desapareció a mi esposo y en la forma como lo torturaron lo asesinaron y lo desaparecieron, yo, cuando trabajo con madres víctimas de desaparición forzada, digo: “Gracias a Dios mi esposo dio la vida, porque cuántas mamás y cuántas vidas no se salvaron porque esa finca no se convirtiera en una fosa común”», aseguró.