• La mayoría de las víctimas de minas antipersonal en el país han sido miembros de la fuerza pública; entre las víctimas civiles, se destacan niños, niñas y adolescentes. Las guerrillas han sido los mayores responsables de su utilización.
• Antioquia, Nariño y Meta son los departamentos que concentran el mayor número de víctimas heridas por estos artefactos desde 1958
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Las minas antipersonal tienen una misión que conservan para siempre: matar o mutilar sin mediar control humano. Ese objetivo para el que son instaladas no se acaba hasta que una víctima las activa por accidente, sin importar si explotan ante un soldado, un campesino, un niño o una niña. La mayor parte de las víctimas han sido miembros de la fuerza pública; entre los civiles afectados, alrededor de la tercera parte corresponden a niños, niñas y adolescentes.

Según los datos del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre 1958 y 2020 se han identificado en nuestro país 9.823 víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados. Las guerrillas han sido los principales victimarios, 1.614 víctimas corresponden a sus acciones, se desconoce el responsable para 1.273 de las personas afectadas y otras 222 se atribuyen a grupos armados sin identificar.

La mayoría de quienes sufren la explosión de una mina antipersonal sobreviven con secuelas físicas que permanecen el resto de la vida. Por lo general, las víctimas requieren cuidados permanentes, algo que agrava la situación de familias campesinas o que se sostienen en condiciones difíciles. Entre los sobrevivientes a la detonación de estas trampas explosivas, 3.157 han sufrido afectaciones físicas que han cambiado para siempre sus vidas. Antioquia es el departamento con la mayor proporción de víctimas heridas —22,1 % del total en el país—, seguido de Nariño —8,7 % del total— y Meta —8,3 %—.

La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, que suscribieron 122 países en Ottawa, Canadá, fue el primer convenio internacional en exigir a los países destinar recursos para atender a las víctimas y avanzar en el desminado de sus territorios.

Colombia fue uno de los Estados firmantes originales de este tratado, que se pactó el 3 de diciembre de 1997; lo ratificó el 6 de septiembre de 2000 y lo aplica desde su entrada en vigor, el 1 de marzo de 2001. En la actualidad, 162 países hacen parte de la Convención. La prohibición completa de las minas antipersonal ha servido para avanzar hacia un consenso mundial de compromiso con acciones para acabar con su presencia en los territorios. En el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, este 4 de abril, fecha que definió la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 2005 para llamar la atención sobre los efectos de estos artefactos en el mundo, el OMC y el Enfoque Diferencial de Discapacidad del CNMH presentan un tablero conmemorativo que reúne las principales cifras para dimensionar este problema en Colombia, y que puede ser consultado aquí

A finales de 2016, Colombia era el segundo país en el mundo en número de víctimas nuevas de minas antipersonal y remanentes explosivos de guerra, superado solo por Afganistán, y el primero en el mundo en cuanto al número de víctimas por el uso de estos artefactos explosivos en la fuerza pública. Para 2017, cuando se publicó el informe La guerra escondida: Minas antipersonal y remanentes explosivos en Colombia (que se puede descargar en el link https://bit.ly/31yk3Ml), nuestro país ocupaba el sexto lugar en el mundo en víctimas en general y el segundo lugar en víctimas de la fuerza pública. Actualmente, Colombia tiene 154 municipios libres de sospecha de minas y la proyección del Gobierno Nacional es entregar este año 190 municipios libres de sospecha de minas.