En la frontera putumayense entre Colombia y Ecuador, en lo que los pobladores de la región conocen como el Corredor Puerto Vega Teteye, se encuentra la vereda Buenos Aires. Allí vivía Guillermo Veldaño. La mañana del lunes 12 de diciembre, dos hombres en moto llegaron a su casa, preguntándolo. Un vecino les dijo que estaba trabajando, así que se sentaron a esperar. Al medio día, como otros trabajadores colombianos, Guillermo Veldaño se fue a su casa a almorzar. Cuando llegó, los dos hombres le dispararon acabándole la vida. 

Guillermo pasaba los 40 años. Era un trabajador, un obrero de oficios varios en una empresa encargada del tratamiento de agua, y el control sobre las condiciones de explotación minero energética en el Putumayo. Era presidente de la Junta de Acción Comunal de Buenos Aires, y como muchos de los campesinos del sector, hacía parte del Sindicato de Trabajadores Campesinos del Cordón Fronterizo del Putumayo -SINTCACFROMAYO-, organización filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -FENSUAGRO- y por esta vía, de la Marcha Patriótica.

Con Guillermo ya son 94 los líderes sociales asesinados en el 2016, según un informe presentado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). A esta información se suman, entre enero y junio, 232 amenazas, 21 atentados, y 314 agresiones sexuales, dice el Programa Somos Defensores. En la primera semana de diciembre, durante la audiencia pública “Crímenes contra la paz” realizada en el Congreso de la República, organizaciones sociales aseguraron que “los ataques contra líderes sociales son una muestra de reorganización paramilitar en 27 de los 32 departamentos del país”, mientras le exigieron a la Fiscalía General de la Nación “una respuesta contundente, en materia de investigación, que envíe un mensaje a los responsables de estos crímenes de cero tolerancia”.  

Sin embargo, la Fiscalía aseguró que hasta el momento “no se advierte ningún grado de sistematicidad que nos permita establecer certeramente hasta hoy, que hay una mano negra invisible que está afectando a los líderes de derechos humanos” sino que existe una “multicausalidad” en los crímenes. Esta posición fue rechada por los voceros de las organizaciones asistentes, incluida Diana Sánchez, del Programa Somos Defensores, quien aseguró “que en el pasado nunca ha investigado los crímenes contra defensores de derechos humanos, y hoy (se) hace afirmaciones dejando de lado el contexto político”.

En lo que parecen coincidir la Fiscalía y las organizaciones sociales denunciantes, es en el vacío de control que se está generando en los territorios en los que se han presentado los hechos, espacios en los que previamente las FARC ejercían control territorial, y que han perdido en la medida en la que se dirigen a las zonas de concentración para la dejación de armas. 

Diversos informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) han evidenciado cómo las diferentes modalidades de violencia que se han vivido en los últimos años en Colombia, no buscan afectar únicamente a la víctima directa de la agresión, sino reconfigurar el espacio social y territorial en el que ella se encuentra. De esta manera, los panfletos, las desapariciones, la violencia sexual, y por supuesto, los asesinatos, según las organizaciones sociales, podrían ser la expresión criminal de una nueva oleada para presionar por una reorganización territorial, ante la no-presencia de las Farc en los territorios.

En un departamento como Putumayo la disputa de los diferentes actores armados por los recursos naturales ha sido una constante: 10 de sus 13 municipios cuentan con cultivos de coca, particularmente en los cercanías a Puerto Asis y el Corredor Puerto Vega Teteye. Se realiza extracción minera en Puerto Leguizamo, en los ríos Putumayo y Caquetá; mientras del 2004 al 2016 incrementó la adjudicación de concesiones para explotación petrolera, incluso en territorios en los que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) asegura, existe patrimonio arqueológico.

Para Diana Sánchez, directora del Programa Somos Defensores, es importante que el Gobierno “dé el salto de esquemas y medidas de protección, a una política de garantías colectivas”, que se traduce, según asegura la oficina de Naciones Unidas, en “quitar del contexto a los agresores mediante investigaciones profundas”.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos, la comunidad internacional, e incluso, las delegaciones de paz de gobierno y FARC, han insistido en la necesidad de realizar acciones efectivas inmediatas para frenar esta crisis humanitaria, ya que, como rezaba la convocatoria a la audiencia pública, “por la condición que ostentaban los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, se está enviando un mensaje equivocado a las comunidades que propenden por construir paz en sus territorios”.

Publicado en Noticias CNMH