La desaparición de Omaira Montoya, militante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ocurrió en la ciudad de Barranquilla en septiembre de 1977. Este caso fue el primero de miles similares que han ocurrido en el país, gran parte de los cuales han quedado en la impunidad; la mayoría debido a que solo en 1991 la Constitución Política estableció el derecho a no ser desaparecido y apenas en el año 2000 el Código Penal colombiano tipificó como delito esa conducta, la cual hasta aquel entonces había sido investigada como una modalidad de secuestro, sin serlo.

En este libro se realiza un minucioso recuento de los instrumentos internacionales en materia de desaparición forzada y los intentos colombianos por tipificar este crimen, así como de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional colombiana, el sistema interamericano de derechos humanos y los órganos que interpretan los tratados y los pactos suscritos al amparo de las Naciones Unidas.

En este informe se seleccionaron 13 casos de desaparición forzada ocurridos en Colombia entre 1977 y 2011. Cada uno de ellos visibiliza una tipología diferente de desaparición forzada (victimarios, víctima, metodología y respuesta del Estado).

Son historias muy bien documentadas y dolorosas de las víctimas y sus familias. Allí se documenta las investigaciones penales y disciplinarias que se han hecho por esos casos, así como la suerte que han corrido en instancias internacionales. Al final, se evidencia la ineficacia del Estado, pues todos los casos han quedado impunes y solo se han impuesto sanciones menores.

El mayor reto de este informe es reflejar los impactos psicosociales del delito de la desaparición forzada por cuanto supone exponer la dimensión del dolor y el sufrimiento, lo cual es a todas luces innombrable por la profundidad que implica en todos los aspectos de la vida de quienes se ven sometidos a una experiencia tan extrema.

Allí se realiza un ejercicio de memoria a través de testimonios, lo cual permite no sólo comprender la forma de explicar y ver el mundo de las personas victimizadas sino que, a través de ellas, es posible conocer el contexto histórico, social y político como referentes desde los cuales se narra la experiencia; es decir, evidenciar el sistema de creencias y valores de la sociedad colombiana.

¿Ha sido eficaz el Estado colombiano para combatir, prevenir y sancionar a los responsables de un crimen contra la humanidad como la desaparición forzada de personas? Luego de leer este informe, lamentablemente la respuesta es que el Estado colombiano no ha sido eficaz en cumplir con esas obligaciones. Lo mismo puede decirse del papel del Estado en materia de búsqueda de las víctimas directas de la desaparición forzada.