El pasado 23 de junio (en horas de la noche y frente a la casa de su hija, la abogada y defensora de derechos humanos Telemina Barros) un hombre de contextura joven se bajó de una motocicleta accionando un arma de fuego en contra Carmen. Los disparos los recibió su escolta, designado por la Unidad Nacional de Protección debido a las múltiples amenazas que ha recibido esta mujer. El pasado 18 de abril había manifestado estas intimidaciones. El esquema de seguridad reaccionó y se presentó un cruce de disparos. Uno de los atacantes resultó herido en una pierna y el otro, a bordo de la motocicleta, se fugó del lugar con rumbo desconocido.

Con gran preocupación el CNMH evidenció esta situación, que desde años atrás retratamos en el informe “Bahía Portete”, donde aproximadamente 40 paramilitares entraron a esta región del país, en La Alta Guajira, y con lista en mano torturan y asesinan a por lo menos seis personas, cuatro de ellas mujeres; profanaron el cementerio, saquearon y quemaron varias casas, generando así el desplazamiento forzado de más de 600 indígenas wayuu.

Este caso ilustra un patrón de violencia y tortura sexual contra las mujeres como mecanismo para arrasar y doblegar a miembros de un grupo étnico. Sin embargo, este es sólo un punto de partida para empezar a comprender las variadas formas de vinculación y afectación, desde una perspectiva de género, en el escenario del conflicto armado interno.

Desde hace seis meses la organización Wayuumunsurat y Carmen Fince, junto con la autoridad tradicional indígena Wayuu de Portete, lideran, impulsan y participan de un proceso de retorno a su territorio ancestral, luego de la masacre el 18 de abril de 2004 y el desplazamiento forzado de la comunidad.

Pero este año denunciaron más amenazas contra ellas. “Ahora hay muchas amenazas para que el retorno no se dé, y ya nosotros estamos dentro del territorio y de ahí no nos movemos, porque nosotros somos de ahí”, expreso Carmen en abril en entrevista con el CNMH. 

El CNMH insiste en su deber como precursor de memoria, comprometido con el derecho a la verdad y a la no repetición, y se une al clamor de todos los defensores de derechos humanos que son perseguidos en el país, para continuar gritando todos juntos: ¡Basta ya!