En el período posdesmovilización se registraron 574.806 víctimas atribuidas a los GAPD en modalidades de no letalidad (secuestros, desapariciones, amenazas y desplazamiento). Esto significa que durante esta última etapa se concentró el 33 por ciento de t odas las víctimas no letales atribuidas a los grupos paramilitares en el largo período que va de 1975 a 2015 (que en total sumó 1.729.450 víctimas no letales). 

Se reconoce a los grupos paramilitares y a los GAPD como actores responsables del 47,09% de la victimización letal en el conflicto armado en Colombia. Se registraron víctimas de violencia letal en 731 municipios del país por parte de los grupos paramilitares y los GAPD.

Se registra a los grupos paramilitares y a los GAPD como actores responsables del 24,22% de la victimización no letal en el conflicto armado en Colombia.

La modalidad de violencia letal más utilizada por los paramilitares y los GAPD fueron los asesinatos selectivos. Entre 1975 y 2005 los asesinatos selectivos eran la modalidad más usada en el 56,7% de los casos; entre 2006 y 2015 esta cifra ascendió a 82,23%. En cambio, las masacres disminuyeron de 41,88% entre 1975 y 2005 a 14,57% entre 2006 y 2015.

El desplazamiento forzado es la modalidad de violencia no letal predominante por parte de los paramilitares en toda la serie estudiada. Se mantiene por encima del 90% antes y después de la desmovilización de 2006. Las amenazas, por su parte, aumentaron de 3,5% entre 1975 y 2005 a 6,9% entre 206 y 2015.

Tras cuatro años de negociación, el Gobierno Nacional y la guerrilla más antigua y poderosa —militarmente— de Colombia firmaron un acuerdo para poner fin al alzamiento armado protagonizado por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) desde los años sesenta. No cabe duda de la transcendencia de dicho acuerdo y lo que representa para avanzar en la profundización de la democracia, el fin definitivo de la estrecha y nociva relación entre armas y política que ha caracterizado nuestra vida pública, y la búsqueda de una sociedad más incluyente y equitativa. 

Sin embargo, son varios los retos que plantea la etapa posterior a la firma de los acuerdos, el posconflicto y la consolidación de una paz estable y duradera. Uno de estos retos son, sin duda, los grupos armados surgidos del proceso de negociación entre las extintas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estos grupos armados aún mantienen control sobre la población y el territorio en regiones específicas de la geografía nacional y se siguen financiando mediante su capacidad de inserción en antiguas y nuevas economías ilegales. 

No cabe duda de que el Gobierno y la sociedad se han ocupado del fenómeno de los GAPD. De un lado, el primero, con mayor o menor éxito operativo, los ha enfrentado en el terreno militar y represivo, y de otro lado, en la sociedad se ha mantenido la discusión sobre si se trata de organizaciones con fines político-militares o si son simples grupos criminales a gran escala. Empero, el reto de los GAPD rebasa el debate sobre su denominación, su tratamiento estrictamente jurídico y las estrategias exclusivamente militares con que hasta ahora se ha enfrentado. 

Ante este desafío, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) consideró pertinente elaborar un informe sobre las dinámicas territoriales, los impactos que en términos de hechos victimizantes se le han atribuido a estas organizaciones armadas ilegales y los retos que estas representan para la actual etapa de posconflicto en Colombia. 

Esta investigación es un aporte en la dirección de entender el fenómeno de los GAPD más allá del corto plazo e inscribirlo en un marco de tiempo de “mayor aliento”. Es decir, como una etapa más del fenómeno de los grupos armados que desde los años ochenta se sumaron a la confrontación entre la guerrilla y el Estado. 

En este sentido, los lectores encontrarán en este informe un análisis de los factores estructurales que explican la temprana emergencia de los Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD), sus diversos desenlaces, muchas veces violentos, y especialmente las variaciones de las trayectorias regionales de este fenómeno que permiten entender esa tercera generación paramilitar más allá de la discusión sobre si se trata de organizaciones político-militares o si son simples grupos criminales a gran escala. 

Como bien evidencia esta investigación en varios de sus hallazgos, estos grupos han logrado adaptarse con éxito a la ofensiva estatal y se han logrado estabilizar en el territorio dando lugar a un contexto de inseguridad y violencia, si bien menos letal, mucho más orientado al desplazamiento y la amenaza. Por eso, en el último apartado, el informe ofrece algunas recomendaciones de política pública para atender el fenómeno de los GAPD y reconoce algunos aspectos básicos de lo que ha sido la respuesta institucional del Estado. 

El informe, no obstante, reconoce avances por parte del Estado en la caracterización del fenómeno y algunos ajustes institucionales que se han expresado en resultados operativos positivos. Sin embargo, insiste en que han sido insuficientes para desarticular estas organizaciones ilegales.