El informe ‘Guatemala nunca más’ fue elaborado en el desarrollo del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica en la década de los años noventa y analiza las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno de ese país. Fue dirigido por el defensor de los derechos humanos Juan José Gerardi, quien dos días después de la presentación del informe, el 26 de abril de 1998, fue asesinando a golpes.
Durante los años 80, la Iglesia Católica se convirtió en objeto de represión estatal, junto a otros sectores sociales que fueron acusados de subversivos. A finales de 1970 cuando decidieron denunciar las violaciones, la Iglesia fue un blanco de persecución, e incluso muchos centros parroquiales fueron tomados por el ejército y religiosos fueron amenazados, detenidos, torturados y desaparecidos.
Tras la firma de los acuerdos de paz, en diciembre de 1996, se puso fin al conflicto armado interno, iniciando un proceso de transición hacia la democracia. La Iglesia Católica, mediante la Oficina de Derechos Humanos del Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), creó una comisión ad hoc, el Proyecto Interdiocesano para la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), para hacer posible el conocimiento y reconocimiento de la verdad histórica durante el periodo del enfrentamiento armado interno, con la única finalidad de evitar que tales hechos se repitieran.
El informe tuvo un gran impacto tanto individual como colectivo, ya que permitió recuperar las voces de quienes fueron silenciados en la época de violencia política. Por primera vez había un documento que abordara las causas y raíces de la violencia en Guatemala desde los años cincuenta hasta la firma de la paz. Éste se encargó de visibilizar las violaciones de derechos humanos cometidos durante la época del conflicto, como lo son las 200 mil muertes de ciudadanos, un millón de desplazamientos y 50.000 desapariciones.
Como recomendaciones para superar el periodo de guerra civil, el informe planteó que el Estado, la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y otros actores armados reconocieran públicamente sus actos. Así mismo, estableció que se realizaran las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y un proceso de desmilitarización social que garantizara la disminución de la influencia militar en la sociedad civil. Finalmente concluyó que el Estado debía facilitar la devolución de la memoria a las comunidades que fueron afectadas por la guerra con el fin de lograr la reconciliación social.
Si quiere conocer más de esta experiencia inscríbase aquí en el Seminario Archivos para la Paz: usos sociales y lugares de memoria’, allí participará Patricia Ogaldes, en representación de la ODHAG.
