Este estudio encontró que Colombia resulta ser el país del mundo con mayor tiempo (35 años ininterrumpidos), experiencias (14) y programas (9) de reintegración de excombatientes aplicados con secuencia o simultaneidad, de acuerdo con varias modalidades: amnistías y pactos de paz con las guerrillas nacionales casos M19 y EPL o de milicias insurgentes regionales como PRT, MAQL, CRS, MP, MIR, COAR; indulto y reintegración individual de personas desertoras o marginadas de las guerrillas y de pequeñas fracciones guerrilleras regionales casos ERP y ERG, entre otras; y desmovilización y sometimiento a la justicia de los paramilitares. El caso de los paramilitares no fue técnicamente un “acuerdo de paz” entre partes en guerra, sino un acuerdo para la desmovilización, desarme y acogimiento a la justicia de sus estructuras armadas, dada la relación histórica que tuvieron con la contrainsurgencia estatal.

El informe también se ocupó de seguir el rastro a los grupos armados sucesores del paramilitarismo que persistieron o se rearmaron, con particular asociación con economías ilegales y establece que una parte de los integrantes de las AUC lideró después de 2006 su emergencia y estructuración. Igualmente, hace referencia a los operativos y campañas de la fuerza pública y los organismos de seguridad en contra de los grupos posdesmovilización de las AUC, pero concluye que no logran contrarrestar la existencia e incluso la expansión de este fenómeno y que estos grupos son considerados la principal causa de graves violaciones de los derechos humanos en la última década.

El texto concluye que en Colombia, durante los últimos nueve gobiernos, se registra el desarrollo de políticas públicas, instrumentos legales, destinación de recursos, institucionalidad y entes responsables y especializados, para la reincorporación de excombatientes a la vida civil. Esta experiencia denota avances significativos en determinadas coyunturas, especialmente con los pactos de paz entre el Estado –a través de sus gobiernos nacionales – con guerrillas y milicias insurgentes, a la vez que resultados parciales y dinámicas contradictorias en el proceso de sometimiento a la justicia realizado con estructuras paramilitares. En todo caso, pone de presente las ambivalencias, continuidades y rupturas entre la guerra y la paz, de manera que en Colombia a diferencia de otros países con conflictos bélicos internos no se produjo una solución global y simultánea con todas las insurgencias y contrainsurgencias, sino procesos distintos, progresivos, con distancias de décadas.

Igualmente, el informe señala los aspectos críticos de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración, algunos de ellos son: 1) El débil marco de garantías de seguridad para la población amnistiada e indultada de las guerrillas. En los noventa, de aproximadamente 5.500 excombatientes acogidos a pactos de paz, aproximadamente un millar fue víctima de homicidio o desaparición forzada por parte de otros actores estatales o irregulares del conflicto. 2) Debilidades notables en las demoras y deficiencias estatales y gubernamentales en muchas de las gestiones y proyectos de los programas de reintegración. 3) Limitaciones notorias referidas al marginamiento de parte importante de la población desmovilizadas de las AUC, reincidencia al paramilitarismo o delincuencial, escasos resultados de empleabilidad y proyectos productivos y deficiencias en la conclusión pronta del proceso de reintegración.

El libro finaliza con recomendaciones dirigidas al Gobierno nacional, a todos los órganos del Estado, a las autoridades territoriales, a la fuerza pública, al Ministerio Público, a los entes de investigación y justicia y a la comunidad internacional, entre otros actores. Recomienda al Gobierno nacional, desarrollar una política nacional de paz permanente, participativa y sostenible, que se comprometa con la superación de la inequidad y la exclusión social; con la recuperación de la vigencia del orden constitucional y del control territorial de forma integral; con la vigencia efectiva del ejercicio de los derechos y garantías fundamentales; y con el fin del conflicto armado y la superación de la violencia sociopolítica, de las mafias y redes delincuenciales que prolongan escenarios de ilegalidad y violencia y de las expresiones vigentes del fenómeno paramilitar.

Publicado en Noticias CNMH