Recordamos el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998, como un hecho que simboliza los riesgos, silenciamientos y violencias enfrentadas por quienes han defendido la vida y la dignidad humana en Colombia.

Jesús María Valle fue una voz crítica y persistente frente a las violaciones a los derechos humanos en Antioquia, en especial aquellas cometidas en el contexto del conflicto armado. Desde su ejercicio como abogado, líder social y presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia, denunció públicamente la complicidad entre las fuerzas militares y los grupos paramilitares en las masacres de La Granja y El Aro. 

Fue fundador en 1979 del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia, asumiendo la presidencia de dicho colectivo luego del asesinato del médico humanista Héctor Abad Gómez en 1987. Como presidente del CPDH, emprendió fuertes denuncias en contra de grupos paramilitares del departamento,[] además de denunciar masacres y asesinatos contra cooperativas de campesinos, dirigentes de la Unión Patriótica y líderes sindicales en la región de Urabá y el nordeste. 

Así mismo, denunció por años los abusos de fuerza y asesinatos cometidos por miembros del llamado Grupo Élite de la Policía en contra de jóvenes de los barrios marginales en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá entre 1989 y 1992. También fue candidato a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Su asesinato no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia dirigido contra defensores y defensoras de derechos humanos, orientado a acallar denuncias y restringir la participación crítica en la vida pública. Este crimen dejó una profunda huella en la memoria colectiva de la región y evidenció las condiciones de riesgo que han enfrentado históricamente quienes trabajan por los derechos humanos en el país.

Les invitamos a reconocer la memoria de Jesús María Valle como parte fundamental de la memoria histórica de Colombia, y a reafirmar que la defensa de los derechos humanos es una labor esencial para la democracia, la construcción de paz y la no repetición de las violencias. 

Recordar su vida y su asesinato es también un acto de compromiso con la verdad, la justicia y la dignidad de las víctimas.