Hasta noviembre de 2016, Colombia era el 2° país en el mundo, después de Afganistán, en número de víctimas nuevas de Minas Antipersonal (MAP) y Remanentes Explosivos de Guerra (REG)  y el primero en el mundo en número de víctimas de la Fuerza Pública de estos artefactos explosivos .

Actualmente, Colombia ocupa el sexto lugar en el mundo de víctimas general, y el segundo lugar en el número de víctimas de la Fuerza Pública

Colombia es el único país de América en donde las guerrillas y otros grupos armados ilegales emplean estas armas a pesar de que su uso se encuentra prohibido por el Derecho Internacional Humanitario y la Convención de Ottawa. Colombia suscribió y ratificó este tratado mediante la Ley 759 de 2002.

• Desde 1990 y hasta el 31 de marzo de 2017 la DAICMA (Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal) registró un total de 11.481 víctimas de MAP y REG, de las cuales 7.028 son de la Fuerza Pública y 4.453, civiles.

• De las víctimas civiles, casi el 30% son niños, niñas y adolescentes y desde el 2008, el 25% (la cuarta parte) son erradicadores manuales de cultivos de uso ilícito.

• Entre 2002 y 2010 fue el periodo en que más colombianos resultaron afectados por Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos de Guerra, es decir, durante el despliegue de la política de Seguridad Democrática y el desarme paramilitar.

• Entre 2005 y 2006 Colombia fue el país que registró el mayor número de nuevas víctimas en el mundo.

• El 98% de los atentados suceden en zonas rurales.

• Los grupos armados que más han utilizado Minas Antipersonal en la historia del conflicto han sido las guerrillas. La victimización causada por los Remanentes Explosivos de Guerra (granadas, morteros, balas, etc.) es una responsabilidad compartida por la Fuerza Pública, las guerrillas y otros grupos armados ilegales.

• No toda Colombia está minada. En 25 municipios se concentra aproximadamente el 50% de la afectación.

• Vista Hermosa (Meta) es el municipio más afectado por Minas Antipersonal en Colombia.

• Cada 4 de abril se celebra el denominado Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal.

Es importante aclarar que el presente informe centra su análisis de manera particular en el uso de las Minas Antipersonal de fabricación improvisada por parte de las guerrillas y sus daños consecuentes. Aunque las Fuerzas Militares de Colombia emplearon Minas Antipersonal industriales hasta que en Colombia entró en vigor el Tratado de Ottawa el 1 de marzo de 2001, las 30 bases militares en donde existían campos minados fueron despejadas a través de desminado humanitario de 2004 a 2010. 

El empleo de estos artefactos no es aleatorio sino que responde a una lógica bélica. Sin embargo, el hecho de que estas armas sean activadas directamente por la víctima, y que además tal activación tenga lugar de forma diacrónica hace que sus efectos sean completamente indiscriminados. Es por esto que el empleo de Minas Antipersonal en Colombia es un reflejo de las dimensiones de la degradación del conflicto armado. 

Los REG (que pueden ser granadas, morteros, balas, entre otros) quedan en los campos después de los combates o pueden ser abandonados en las zonas donde la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales han estado. A diferencia de las Minas Antipersonal, en el caso de los Remanentes Explosivos de Guerra no existe una intencionalidad de hacer daño. No obstante, sí existe un efecto indiscriminado que en particular ha afectado en el país a niños, niñas y adolescentes quienes manipulan estas municiones que llaman su atención. 

Sin embargo, pese al alto nivel de afectación que hay en Colombia y a la creciente sensibilización frente a las víctimas directas de MAP y REG, las dimensiones, características, efectos colaterales y las muy diversas expresiones del daño que ocasionan, continúan siendo ignorados. Inclusive, el hecho de que las víctimas de MAP y REG registradas representen un número muy pequeño comparado con otros hechos victimizantes, ha contribuido a cierto grado de invisibilidad de la magnitud de este problema en Colombia.

No obstante, en los últimos meses ha habido un avance importante en la materia. Como en ningún otro hecho victimizante, el desminado humanitario permite realmente garantizar la no repetición de los hechos y garantizar que no haya más víctimas de MAP y REG. Lo anterior tiene un peso importante en la construcción de paz y la reconciliación si el proceso es realizado por los directamente responsables, como es el caso de la corporación Humanicemos, creada por las FARC-EP para esta labor y que está en proceso de acreditación ante la autoridad nacional de desminado. Esta actividad, además, será contemplada como una de las sanciones en el marco de Jurisdicción Especial de Paz para los excombatientes de este grupo guerrillero. Instamos a que las actividades de desminado humanitario se acompañen de actos de reconocimiento de responsabilidad y de reparación simbólica que busquen la dignificación de la población afectada que muchas veces fue llamada “terca” o “desobediente” por ser víctima de las minas antipersonal.

Esta nueva investigación, realizada en convenio con la Fundación Prolongar, presenta las lógicas, dimensiones y magnitudes del problema de las Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos de Guerra en Colombia. Analiza no solo la afectación que estas armas ocasionan en la corporalidad de sus víctimas directas, sino que amplía el análisis hasta la forma en que se ven perturbadas las relaciones familiares y comunitarias, así como a las huellas que quedan en los territorios afectados por estos artefactos explosivos. El informe también es un acercamiento a las respuestas institucionales y a las acciones resistentes de víctimas y comunidades afectadas. Se busca así contribuir al reconocimiento, a la dignificación y a visibilizar las víctimas de estos artefactos explosivos. 

La Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras reconoce como víctimas a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos como consecuencia de infracciones al DIH. Es por eso que los miembros de la Fuerza Pública afectados por Minas Antipersonal son considerados como víctimas. Este es el primer informe con perspectiva de memoria histórica en Colombia que reúne simultáneamente las voces de víctimas civiles y de la Fuerza Pública, en un momento de coyuntura histórica donde el fin del conflicto armado nacional parece vislumbrarse. 

El informe, además, se acompaña de una guía que rescata la metodología de reconstrucción de memoria empleada en los talleres llevados a cabo para la investigación. En ellos, el enfoque de discapacidad y el cuerpo como lugar esencial de memoria fueron centrales para su desarrollo. 

Algunos de los mensajes con los que los lectores se encontrarán a lo largo de este texto son: 

• Se encontraron correlaciones positivas entre:
  • Combates y victimización por MAP y REG
  • Presencia de cultivos de uso ilícito y victimización por MAP y REG
  • Aumento de desplazamiento forzado y victimización por MAP y REG
  • Aumento de deserción escolar y victimización por MAP y REG
  • Reducción de área cultivada por municipio y victimización por MAP y REG

A pesar de que las MAP se instalan bajo una lógica bélica, su efecto es indiscriminado. Esta es la principal razón para que se encuentren prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario. 

Las MAP y los REG transforman todas las dimensiones de la corporalidad (física, sensorial, emocional y afectiva) y causan daños morales, materiales y al proyecto de vida. 

Las MAP y los REG producen discapacidades que se agravan por factores sociales. Los sobrevivientes y sus familiares/cuidadoras se enfrentan cotidianamente a entornos discapacitantes y a barreras debidas a la actitud y al entorno. Todo lo anterior evita su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con los demás. 

Existen otras dimensiones de la afectación por MAP y REG, más allá de la directa y visible en los cuerpos: la sospecha de su presencia altera los sentidos de un territorio y la relación de sus habitantes con este. 

Hay 3 características de los atentados con MAP y REG:

• Anonimato de quien los instala/quien los ha dejado. 
• Los activa la propia víctima.
• Tiempos diferentes (incluso décadas) entre la instalación y el atentado.

 El informe encontró que lo anterior ha llevado a la autoinculpación de los sobrevivientes y sus familiares en gran parte de los casos. Por esta razón, la investigación hace una apuesta y no llama “accidente” si no “atentado” a este hecho victimizante. Creemos que la palabra “accidente” oculta la naturaleza del evento y no hace referencia al responsable.

Aunque el equipo de investigación encontró falencias en todos los componentes de la acción integral contra minas, como son el desminado humanitario y la educación en el riesgo de MAP y REG, sin lugar a dudas en la ruta de atención a víctimas es donde existen los mayores vacíos: 

La asociatividad y la cercanía con otras víctimas juegan un papel esencial en la recuperación. No obstante, es uno de los hechos victimizantes que menos asociaciones de víctimas tiene en el país. 

* Este informe se hizo en convenio con la Fundación Prolongar y contó con el apoyo financiero, logístico y de asistencia técnica de la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Saldarriaga Concha.