La vida de Alejandro Cárdenas truncada por el exterminio de la UP  

Este 28 de junio se cumplen 35 años del asesinato de Alejandro Cárdenas Villa, líder social y político antioqueño, víctima del plan de exterminio contra la Unión Patriótica (UP) entre 1984 y 2002, cuya responsabilidad fue del Estado, según la Corte IDH.

Alejandro Cárdenas Villa tenía 39 años cuando sicarios lo asesinaron en el norte de Medellín. Salía de una reunión del gabinete municipal en la que participó como gerente de la Corporación de Vivienda y Desarrollo (Corvide) cuando lo atacaron a tiros en el parqueadero de la Feria de Ganados. El 28 de junio de 1989, el plan de exterminio contra miembros y militantes de la Unión Patriótica (UP) acabó con su vida y truncó su liderazgo por los más necesitados. 

Su asesinato acabó ese día su ideal por la justicia social y también su amor por la música, la vida del campo y el deporte. Dejó además un vacío irreparable para su esposa Haydé Socorro Montoya y sus hijos José Daniel y Lucas David. Hoy honramos su memoria con la esperanza de lograr la no repetición de aquella violencia sistemática, la cual se extendió alrededor de dos décadas y cuya responsabilidad es del Estado, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Desde su adolescencia le inquietaron los temas sociales. Participó en el movimiento estudiantil en los 70, en el Liceo Antioqueño y en su paso por la Universidad Nacional, donde inició sus estudios superiores, aunque más adelante se graduó como economista de la Universidad de Medellín y como especialista en Mercadeo Agropecuario. También hizo parte del movimiento campesino en el departamento de Córdoba y de la revista Alternativa, una de las primeras de ideología de izquierda en Colombia.

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Fue nombrado alcalde del municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño, para el periodo 1986-1988, cargo en el que acompañó al gobernador Antonio Roldán Betancur —quien fue asesinado una semana después que Alejandro Cárdenas— en sus acercamientos con la guerrilla en un intento por conseguir la paz para la región. En 1987 renunció por amenazas contra su vida.

En 1988 fue designado como gerente de Corvide, cargo en el que emprendió un plan de vivienda que tuvo como prioridad a madres cabeza de familia y cientos de damnificados por emergencias en la capital antioqueña. También tuvo el encargo de la presidencia de la UP en Antioquia ante amenazas contra Gabriel Jaime Santamaría —otro líder asesinado cuatro meses después que Alejandro Cárdenas—. 

El exterminio contra laUP

La UP se constituyó de manera formal como movimiento político en 1985 y fue el resultado del proceso de paz entre el Secretariado Nacional de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno que presidía Belisario Betancur. Sin embargo, grupos paramilitares y algunos sectores de la política tradicional, grupos empresariales y la fuerza pública se aliaron en una campaña violenta que tuvo como blancos a integrantes y simpatizantes de este colectivo.

El libro «Todo pasó frente a nuestros ojos: El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002», del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) revela que durante este periodo, según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto, 4153 personas que hacían parte de la UP fueron asesinadas, desaparecidas o secuestradas. Así mismo, la Corporación Reiniciar documentó ante la Corte IDH 2049 las víctimas que sobrevivieron a amenazas, intentos de homicidio, tortura, violencia sexual y violación de garantías judiciales, como la detención arbitraria o las judicializaciones infundadas, desplazamiento forzado y exilio.

«El universo de las víctimas de las distintas modalidades de violencia que fueron perpetradas contra los miembros de la UP fue de 6201. También es necesario mencionar que el Observatorio de Memoria y Conflicto, así como la Corporación Reiniciar han documentado hechos de violencia posteriores a la suspensión de la personería jurídica de la Unión Patriótica en el año 2002», señala la investigación.

En enero de 2023, la Corte IDH declaró que el Estado colombiano fue responsable por graves violaciones a los derechos humanos contra integrantes y simpatizantes de la UP. Según el tribunal, el Estado obstaculizó la actividad política de este colectivo mediante violencia física y simbólica, considerando al partido como un «enemigo interno». Así mismo, incumplió su deber de proteger a los miembros de la UP, ante un entorno de estigmatización. Retiró la personería jurídica al partido, situación que subsanó posteriormente el Consejo de Estado. Además, funcionarios públicos, incluyendo altas autoridades, emitieron declaraciones que agravaron la vulnerabilidad de los miembros del partido y promovieron ataques.